Raúl Martínez Medina
Expediente 209/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Raúl Martínez Medina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se declara que el auto por el que desechó la demanda de amparo ha causado estado. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve Raúl Martínez Medina, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 209/2019-9. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Se señala como acto reclamado señala la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estrado, en dictar el laudo respetivo en el juicio laboral *******, en donde con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró el cierre de instrucción; controvertido en el que el mencionado tiene el carácter de parte actora. Acto reclamado que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: lo cual se actualiza en el presente asunto, pues el quejoso reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estrado, la omisión en dictar el laudo, en donde con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró el cierre de instrucción. Lo anterior es así ya que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo cual debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que en el caso esta Juzgadora no advierte del contenido de la demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que en el controvertido de origen, con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción, sin que a la fecha se haya emitido el laudo El precitado dispositivo constitucional, prevé el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual, encuentra su base en los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dispone que después de cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, y señala los requisitos que éste debe contener; por su parte los numerales 886 al 889 del ordenamiento legal en comento establecen que del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes contarán con cinco días para hacer las observaciones que crean pertinentes u ordenar el desahogo de las diligencias que consideren convenientes, y posteriormente, dentro de los diez días siguientes se llevará a cabo la audiencia de discusión, votación y aprobación del proyecto de laudo, el cual si se aprueba sin modificaciones se elevará a la categoría de laudo. Se estableció que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesiva en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ahí que, si con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente de origen se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al Secretario Proyectista para la elaboración del proyecto correspondiente; el plazo de veinticinco días a que se refieren los artículos 885, y 886 al 889 de la Ley Federal del Trabajo, inició el seis de diciembre de dos mil dieciocho y concluyó el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; descontando el período vacacional del mencionado Tribunal que comprendió del veinte de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero de dos mil diecinueve, tal como se desprende del oficio 2529/2018 suscrito por la Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la que se agrega a los presentes autos copia autorizada de la misma para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve Raúl Martínez Medina, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados para tal efecto en términos amplios del numeral 12 de la Ley de la Materia a **********. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. Dígasele al promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto y las constancias que lo integren estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y que tienen el derecho para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición, presume su consentimiento a ella.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo que promueve Raúl Martínez Medina, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 209/2019-9. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Se señala como acto reclamado señala la omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estrado, en dictar el laudo respetivo en el juicio laboral *******, en donde con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró el cierre de instrucción; controvertido en el que el mencionado tiene el carácter de parte actora. Acto reclamado que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trascienden en el interior o trámite del juicio laboral que se tramita ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violación al artículo 8o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: lo cual se actualiza en el presente asunto, pues el quejoso reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estrado, la omisión en dictar el laudo, en donde con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró el cierre de instrucción. Lo anterior es así ya que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo cual debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Máxime que en el caso esta Juzgadora no advierte del contenido de la demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que en el controvertido de origen, con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción, sin que a la fecha se haya emitido el laudo El precitado dispositivo constitucional, prevé el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, el cual, encuentra su base en los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo dispone que después de cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo, y señala los requisitos que éste debe contener; por su parte los numerales 886 al 889 del ordenamiento legal en comento establecen que del proyecto de laudo se entregará una copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes contarán con cinco días para hacer las observaciones que crean pertinentes u ordenar el desahogo de las diligencias que consideren convenientes, y posteriormente, dentro de los diez días siguientes se llevará a cabo la audiencia de discusión, votación y aprobación del proyecto de laudo, el cual si se aprueba sin modificaciones se elevará a la categoría de laudo. Se estableció que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesiva en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De ahí que, si con fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, en el expediente de origen se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos al Secretario Proyectista para la elaboración del proyecto correspondiente; el plazo de veinticinco días a que se refieren los artículos 885, y 886 al 889 de la Ley Federal del Trabajo, inició el seis de diciembre de dos mil dieciocho y concluyó el veinticinco de enero de dos mil diecinueve; descontando el período vacacional del mencionado Tribunal que comprendió del veinte de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero de dos mil diecinueve, tal como se desprende del oficio 2529/2018 suscrito por la Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de la que se agrega a los presentes autos copia autorizada de la misma para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve Raúl Martínez Medina, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, y por autorizados para tal efecto en términos amplios del numeral 12 de la Ley de la Materia a **********. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que de ser necesario, las diligencias derivadas del presente asunto las puedan llevar a cabo en días y horas inhábiles. Dígasele al promovente que las resoluciones que se dicten en el presente asunto y las constancias que lo integren estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, y que tienen el derecho para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición, presume su consentimiento a ella.
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