Raúl Martínez Jiménez

Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
8/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Raúl Martínez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual, informa el contenido del auto de veinticuatro de enero del presente año, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 8/2023 del índice de este juzgado e informa que aceptó la competencia declinada. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya a lugar. En consecuencia, al advertirse que se encuentra totalmente concluido el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que como se advierte de los párrafos que preceden, el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, es competente para conocer y resolver de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diez de enero del presente año, se tuvo con facultades amplias conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángel Nava Reyes, empero, en términos de la certificación secretaria del cuenta se desprende que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, no se tiene registro de cedula profesional a nombre del citado. En ese sentido, a fin de evitar violaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese lo anterior, y con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene al designado Ángel Nava Reyes autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de licenciada en derecho. No pasa desapercibido que la quejosa anexó copia simple de cédula profesional; sin embargo, la misma carece de eficacia probatoria, al haber sido exhibida en copia simple. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN RAZÓN DE QUE RAÚL MARTÍNEZ JIMÉNEZ (EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el once de enero de dos mil veintidós; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de NUEVE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Uruapan, Michoacán, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Martínez Jiménez, por propio derecho contra actos que atribuye a la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 8/2023. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA La suscrita Jueza considera que respecto al acto reclamado por el quejoso, la competencia por territorio para conocer el presente juicio de amparo, en el caos, no corresponde a un Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad, por las razones que enseguida se expondrán. Esto es, las reglas de competencia, para conocer de una demanda de amparo, se ubican en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en el citado precepto, a efecto de fijar la competencia, se establece una primera distinción entre actos que requieren ejecución material (primer y segundo párrafos) y actos que no requieren ejecución material (tercer párrafo) a saber: Si el acto requiere ejecución material, será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. O bien, cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto, por haberse presentado, ante él, la demanda de amparo. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda de amparo. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de los supuestos indicados, y en ese orden de ideas, para el caso, debe atenderse a la hipótesis que prevé el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo (actos que tienen ejecución material). Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Junta especial número treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien reclama la sentencia interlocutoria, dictada el trece de octubre del dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 647/2016 y quien ordenó remitir los autos de ese asunto a la diversa Junta Especial número cincuenta y nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Asunto de origen que versa, sobre un procedimiento en materia de seguridad social, toda vez que en términos de la demanda de amparo, Raúl Martínez Jiménez en su carácter de parte actora en ese proceso, demandó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las prestaciones siguientes: la liberación del crédito hipotecario 02 041 2411 2 del inmueble ubicado en calle Valle de San Juan, lote 30, Manzana 377, Colonia Vista del Valle, Baja California; así como la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad, la liberación del crédito, adeudo, de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que tiene la demandada con motivo del crédito otorgado sobre el citado inmueble. Luego, se tiene que el trámite inicial de la demanda laboral, estaba a cargo de la Junta especial número treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Morelia, Michoacán la cual, por resolución incidental dictada, el trece de octubre del dos mil veintidós, resolvió un incidente de incompetencia planteado por la parte demanda, en el caso, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y resolvió declinar la competencia de ese procedimiento a la Junta Especial número cincuenta y nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la cual, como hecho notorio para esta juzgadora, se ubica en Tijuana, Baja California. En ese sentido, a consideración de la suscrita, atendiendo a la naturaleza procesal del acto reclamado, sus efectos se trasladan, directamente al proceso en materia del trabajo del cual es parte actora la aquí quejosa, es decir, tiene impacto material en ese procedimiento, porque, a partir de su declinación de competencia, se ve imposibilitada esa autoridad responsable para continuar el mismo, pero además, en términos del artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo, establece que será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928 fracción V de esta Ley o, en su caso, cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio, en el período de conciliación. Es decir, la posible nulidad de las actuaciones en el proceso del trabajo de origen, afectarían materialmente la esfera jurídica del quejoso Raúl Martínez Jiménez, y en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proyectarán los efectos de ese acto reclamado directamente en el proceso de seguridad social que inició la parte quejosa, y que repercuten sus efectos en Morelia, Michoacán sede de la autoridad que conoce, hasta este momento de ese procedimiento. Lo anterior, si se toma en cuenta que no se tiene noticia o por lo menos los antecedentes del acto reclamado no lo revelan, que la Junta especial número cincuenta y nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje se haya pronunciado ya, respecto a la la competencia plantada a su favor. Por tanto, el seguimiento de ese proceso en materia del trabajo, tienen su principal impacto y ejecución ante la potestad de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Morelia, Michoacán, esto es, materialmente los efectos del acto reclamado irradian a ese proceso y repercuten materialmente en Morelia, Michoacán, sede de la autoridad responsable. Lo anterior, no obstante que el quejoso afirme prestar sus labores en una empresa con residencie en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es decir, en un lugar distinto a aquél en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que está llevando el procedimiento laboral, en razón a que, en este caso, la competencia para conocer del juicio recae en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce de ese proceso laboral, porque, tiene efectos materiales de ejecución en ese proceso, con independencia del lugar de residencia laboral de la parte quejosa. Por lo tanto a consideración de la suscrita, el Juez competente para conocer del presente juicio de amparo, por lo que se refiere a dicho acto reclamado es aquel del lugar donde tiene ejecución el acto que se reclama (sito que corresponde al de la ubicación donde se lleva el proceso laboral del quejoso). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, primer párrafo, y 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declina competencia legal al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, en turno, por lo que se ordena remitir el presente juicio, previo cuaderno de antecedentes que del mismo se deje en este Juzgado, de lo cual se solicita al Juez que por razón de turno le corresponda conocer del mismo, acuse el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones relativas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la parte quejosa ha señalado en su escrito de demanda domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y por autorizando para tal efecto, con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de amparo, a Ángel Nava Reyes, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Citlali Rico Villicaña. En tanto que, con relación al correo electrónico que indica y número telefónico, no puede hacer las veces de medios de notificaciones procesales, en su caso, solo será un medio para establecer contacto con la parte actora, sin que ello produzca efectos de notificación. SE AUTORIZA LA EXPEDICION DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES; AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuente con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuente con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo. DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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