Raul Martin Ramirez Espinosa

Expediente 752/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
752/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2020

Partes del expediente

  • Raul Martin Ramirez Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    CITATORIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, QUE DICE: MESA "2" Ciudad de México, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ------------------------------, en calidad de conocido del directo quejoso ----------------------, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2020-2 y fórmese expediente electrónico e impreso. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes... Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: De acuerdo con la certificación de cuenta, la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, con la firma electrónica de ---------------------------------, no así del promovente -----------------------------, ni del directo quejoso -------------------------. Sin embargo, se precisa que los actos que se alegan en la demanda, no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal que sigue: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" Ese precepto legal revela que en los casos en que se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para promover directamente el juicio de amparo relativo, cualquier persona puede hacerlo en su favor. Con lo anterior queda patente la intención perseguida por el legislador federal al contemplar el supuesto jurídico inmerso en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que no es otra más que la de facilitar el acceso a la vía constitucional cuando la propia parte quejosa enfrenta una imposibilidad real para instar directamente la acción de amparo ante los tribunales federales. Así las cosas, la interpretación literal y gramatical del artículo 15 de la Ley de Amparo, conduce a considerar que dichos supuestos operan cuando se reclame algún acto que implique un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para acudir directamente o por un representante a instar la vía constitucional; lo que en la especie no acontece. Lo anterior, dado que el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en: ".la determinación de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, modificando mi estancia ordenada en el Centro de Observación y Clasificación y enviándome ilegalmente con el resto de población penitenciaria." En ese sentido, del contenido integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso no se advierte que el impetrante se encuentre imposibilitado para suscribir por propio derecho incluso de manera escrita, el ocurso de amparo. En consecuencia, no se actualiza ningún supuesto a que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, no encuadra en lo previsto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. En ese sentido, dado que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de servicios en línea, debe atender a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda; por tanto, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica de ----------------------------, ni del directo quejoso ------------------------------------. Ahora, se debe puntualizar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° y 6° de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" [.] "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". (Lo destacado no es de origen) De acuerdo con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Ahora bien, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, y para el supuesto de presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL o e.firma) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los Acuerdos Generales 1/2013 y 1/2015, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Asimismo, el ocho de junio de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, mediante el cual se reiteran las disposiciones relativas a la promoción y tramitación de los expedientes presentados a través del sistema electrónico. En esa tesitura, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con el Acuerdo General 12/20201, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover, entre otras materias, la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica" (FIREL o e.firma), entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL o e.firma) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, en relación con el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. La misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o por órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si el postulante de derechos fundamentales pretendía instar la protección constitucional de manera electrónica, debió cumplir con el requisito antes citado; esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta tal requisito, debe considerarse que el directo quejoso ---------------------------, no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o e.firma), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Además, de la lectura integral de la demanda que se atiende se aprecia que los actos reclamados consistente en ".la determinación de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, modificando mi estancia ordenada en el Centro de Observación y Clasificación y enviándome ilegalmente con el resto de población penitenciaria.". Por tanto, se advierte que en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como de los numerales 10 segundo párrafo, 17 y 42, 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo... Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 6º y 15 de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica de -------------------------------------------------------------------------, en calidad de conocido del directo quejoso --------------------------- En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que inste nuevamente la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, a saber Calle ------------------------------------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México. Por otra parte, téngaseles por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a -----------------------------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario -------------; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16....".... Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico ------------------------------------------------------------, así como el teléfono (55)------, ext. 4319. Habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que en caso de ser necesario practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Se reserva notificación Ahora, es de precisar que el Consejo de Salubridad General, en uso de su facultad prevista en el artículo 9o., fracción XVII, de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió el diverso Acuerdo General 13 de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así como la circular SECNO/29/2020 emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial estableció que del período comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a lo anterior, el presente asunto requiere la notificación personal de la parte quejosa, dado que éste no solicitó la práctica de notificaciones de manera electrónica. No obstante, realizarla de manera personal en tal domicilio contravendría lo dispuesto en el numeral 14, del diverso Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la Circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En ese tenor, con fundamento en el diverso ordinal 1° de dicha normatividad, se suspenden los plazos y términos procesales en el presente asunto; hasta en tanto se decrete la reanudación de labores de este Juzgado Federal; asimismo, se reserva dicha notificación una vez que se regularicen las actividades jurisdiccionales; diligencia que se practicará de manera escalonada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...."

  2. Principal

    MESA "2" Ciudad de México, veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ------------------------------, en calidad de conocido del directo quejoso ----------------------, contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2020-2 y fórmese expediente electrónico e impreso. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes... Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: De acuerdo con la certificación de cuenta, la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, con la firma electrónica de ---------------------------------, no así del promovente -----------------------------, ni del directo quejoso -------------------------. Sin embargo, se precisa que los actos que se alegan en la demanda, no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal que sigue: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" Ese precepto legal revela que en los casos en que se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para promover directamente el juicio de amparo relativo, cualquier persona puede hacerlo en su favor. Con lo anterior queda patente la intención perseguida por el legislador federal al contemplar el supuesto jurídico inmerso en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que no es otra más que la de facilitar el acceso a la vía constitucional cuando la propia parte quejosa enfrenta una imposibilidad real para instar directamente la acción de amparo ante los tribunales federales. Así las cosas, la interpretación literal y gramatical del artículo 15 de la Ley de Amparo, conduce a considerar que dichos supuestos operan cuando se reclame algún acto que implique un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para acudir directamente o por un representante a instar la vía constitucional; lo que en la especie no acontece. Lo anterior, dado que el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en: ".la determinación de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, modificando mi estancia ordenada en el Centro de Observación y Clasificación y enviándome ilegalmente con el resto de población penitenciaria." En ese sentido, del contenido integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso no se advierte que el impetrante se encuentre imposibilitado para suscribir por propio derecho incluso de manera escrita, el ocurso de amparo. En consecuencia, no se actualiza ningún supuesto a que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, no encuadra en lo previsto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. En ese sentido, dado que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de servicios en línea, debe atender a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda; por tanto, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica de ----------------------------, ni del directo quejoso ------------------------------------. Ahora, se debe puntualizar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° y 6° de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" [.] "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". (Lo destacado no es de origen) De acuerdo con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Ahora bien, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, y para el supuesto de presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL o e.firma) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los Acuerdos Generales 1/2013 y 1/2015, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. Asimismo, el ocho de junio de dos mil veinte, se aprobó el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, mediante el cual se reiteran las disposiciones relativas a la promoción y tramitación de los expedientes presentados a través del sistema electrónico. En esa tesitura, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con el Acuerdo General 12/20201, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover, entre otras materias, la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica" (FIREL o e.firma), entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL o e.firma) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta. Lo anterior, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, en relación con el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. La misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o por órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si el postulante de derechos fundamentales pretendía instar la protección constitucional de manera electrónica, debió cumplir con el requisito antes citado; esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta tal requisito, debe considerarse que el directo quejoso ---------------------------, no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o e.firma), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Además, de la lectura integral de la demanda que se atiende se aprecia que los actos reclamados consistente en ".la determinación de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, modificando mi estancia ordenada en el Centro de Observación y Clasificación y enviándome ilegalmente con el resto de población penitenciaria.". Por tanto, se advierte que en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como de los numerales 10 segundo párrafo, 17 y 42, 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo... Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal, 6º y 15 de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica de -------------------------------------------------------------------------, en calidad de conocido del directo quejoso --------------------------- En ese sentido, se dejan a salvo los derechos de la parte quejosa para que inste nuevamente la acción de amparo con las formalidades y precisiones descritas en los párrafos que anteceden. Domicilio de la parte quejosa y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su demanda de amparo, a saber Calle ------------------------------------------------------------------------------------------, en la Ciudad de México. Por otra parte, téngaseles por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ---------------------------------------------------------------------------------------------------------. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas a -----------------------------------------------, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Autorización del Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con el usuario -------------; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16....".... Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico ------------------------------------------------------------, así como el teléfono (55)------, ext. 4319. Habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que en caso de ser necesario practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Se reserva notificación Ahora, es de precisar que el Consejo de Salubridad General, en uso de su facultad prevista en el artículo 9o., fracción XVII, de su reglamento interior, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (Covid-19). Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió el diverso Acuerdo General 13 de dos mil veinte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así como la circular SECNO/29/2020 emitida en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial estableció que del período comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En atención a lo anterior, el presente asunto requiere la notificación personal de la parte quejosa, dado que éste no solicitó la práctica de notificaciones de manera electrónica. No obstante, realizarla de manera personal en tal domicilio contravendría lo dispuesto en el numeral 14, del diverso Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como a la Circular SECNO/29/2020 de cuatro de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En ese tenor, con fundamento en el diverso ordinal 1° de dicha normatividad, se suspenden los plazos y términos procesales en el presente asunto; hasta en tanto se decrete la reanudación de labores de este Juzgado Federal; asimismo, se reserva dicha notificación una vez que se regularicen las actividades jurisdiccionales; diligencia que se practicará de manera escalonada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa...."

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