Raúl Márquez Moncada

Expediente 2182/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2182/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2015

Partes del expediente

  • Raúl Márquez Moncada

Actuaciones

  1. Principal

    En dieciocho de diciembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, en contra del auto dictado el tres de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 2182/2015, transcurrió del once al diecisiete de diciembre de dos mil quince, lo que se asienta para los efectos legales. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el tres de diciembre de dos mil quince, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por RAÚL MÁRQUEZ MONCADA; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, en su oportunidad y, de conformidad en la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior y en razón de que el proveído por el que se desechó la demanda de garantías no requiere ejecución material, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo en vigor, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Javier Gutiérrez Zúñiga, Secretario que autoriza y da fe. JeNn! ?

  2. Principal

    En tres de diciembre de dos mil quince, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de diciembre de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el Director de Obras Públicas, así como el Jefe de la Unidad de Inspección de Obras del Departamento de Licencias y Permisos para la Construcción del Departamento de Obras Públicas, ambas autoridades en Téul de González Ortega, Zacatecas; no han remitido a este Juzgado la orden de suspensión de la edificación; no obstante los múltiples requerimientos que se les ha hecho; en consecuencia, requiérase de nueva cuenta a las mencionadas autoridades para que de inmediato remitan a este Tribunal Federal copia certificada de la referida orden de suspensión de la edificación; o bien, informe a este si el acta circunstancia de suspensión de obra que envió con su oficio 83 de catorce de mayo del año en curso, es el único documento que obra en sus archivos; y en caso de ser afirmativo lo haga saber a este Tribunal Federal para los efectos legales conducentes. En atención a lo anterior, requiérase nuevamente al Presidente Municipal de Téul de González Ortega, Zacatecas, en cuanto superior jerárquico de las mencionadas responsables Director de Obras Públicas, así como el Jefe de la Unidad de Inspección de Obras del Departamento de Licencias y Permisos para la Construcción del Departamento de Obras Públicas, a fin de que los obligue a cumplir con lo antes solicitado, toda vez que este Juzgado debe recabar las constancias que estime necesarias para resolver el presente asunto, debiendo remitir la constancia con la que acredite que acató dicha disposición; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que al efecto se le concede, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de siete de octubre actual, y se le aplicará una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo vigente, por conducto de la Recaudación de Rentas de la Secretaría de Finanzas de esta ciudad. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Finalmente, requiérase a la quejosa Marisol Zapata Gaeta, para que en el término de TRES DÍAS, siguientes a la legal notificación de este auto, informe a este Juzgado si a la fecha aún se encuentra vigente el acto reclamado (suspensión de construcción); lo anterior, a fin de que este Tribunal Federal esté en condiciones de pronunciarse respecto de la sentencia respectiva. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA, MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, en funciones de Juez del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante el licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "Vista la demanda de garantías promovida por Raúl Márquez Moncada contra el acto reclamado al Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 2182/2015 que por su orden le corresponde; en atención a su contenido, se acuerda: Como punto de partida, es pertinente acotar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." (.) Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente claro conforme a la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.". En el caso concreto, este resolutor considera que la acción de amparo intentada se ubica en el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así pues, como cuestión previa al ejercicio de la acción de amparo, la impetrante de garantías debió de interponer el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado, como medio óptimo y eficaz para modificar, revocar o nulificar los efectos perjudiciales sobre su esfera jurídica ocasionados por el acto reclamado. Los dispositivos legales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo en vigor, textualmente disponen: C.P.E.U.M.: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" (.) "III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" (.) "b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y" (.) Ley de Amparo: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." "Se exceptúa de lo anterior:" "a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;" "b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;" "c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." "Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" (.) En efecto, el juicio de amparo biinstancial por regla general procede en contra de resoluciones dictadas fuera y después de concluido el juicio, o bien, emitidas durante el curso de éste, siempre y cuando su ejecución resulte de imposible reparación, entendida por tal a aquella que afecte de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de la parte quejosa contemplados en la Carta Magna, así como los tratados internaciones en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano; sin embargo, de acuerdo a los numerales transcritos, establece como exigencia sine quo non (sin la cual no) el deber de agotar el recurso o medio de defensa contemplado en la ley ordinaria, ya que con su interposición sería factible revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Ahora, como excepción a la regla descrita, el legislador dispuso como no exigible ese deber, cuando se trate de algún acto que importe peligro de privación de la vida del quejoso, afecte su libertad personal fuera de procedimiento, implique incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, extradición o desaparición forzada, así como alguno de los proscritos en numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; también, cuando el acto reclamado implique per se (por sí) afectación a la libertad personal del solicitante de amparo, como lo son: órdenes de aprehensión, de detención, de arraigo, resolución que niegue su libertad personal bajo caución, entre otras. También, existe excepción cuando el acto reclamado sea impugnado en la vía indirecta, por quien se ostente como persona extraña al procedimiento jurisdiccional del cual emanó. Entonces, los anteriores supuestos señalados en el último de los numerales reproducido, constituyen circunstancias particulares que eximen al gobernado de atender al principio de definitividad. Luego, en el caso sometido a examen, la parte quejosa reclama ante esta instancia de control constitucional el auto de once de agosto de dos mil quince, emitido por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital, dentro de los autos del incidente de liquidación de Intereses moratorios, derivado del juicio especial hipotecario número 367/2012, en donde medularmente requirió al quejoso para que dentro del término de tres días nombrara perito de su parte para que interviniera el en avalúo del bien dado en garantía, y se le apercibió que en caso de no hacerlo pediría su derecho, Sin embargo, tal auto reclamado debió ser impugnado por el quejoso de forma previa, mediante la interposición del recurso de revocación, de acuerdo a lo estatuido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, en su numeral 367, al tratarse de un auto de trámite emitido durante la etapa postulatoria o de instrucción del Intereses moratorios, derivado del juicio especial hipotecario número 367/2012, instaurado en su contra por Metro Financiera S.AP. DE C.V., representada por el licenciado José Benjamín España de Robles. "Artículo 367.- Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." Se afirma lo anterior, pues el recurso de revocación constituye un medio de impugnación ordinario con efectos suficientes para revocar o modificar los producidos por el acuerdo reclamado, traduciéndose así en un recurso sencillo y rápido, cuya eficacia resulta acorde a los requisitos establecidos por el ordinal 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno. "Artículo 25.- Protección Judicial" "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violenten sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." (.) Por otra parte, no se percibe se esté ante el caso de excepción establecido en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se adelantó, se trata de una resolución de trámite dictada en la etapa postulatoria dentro de los autos del incidente de liquidación de Intereses moratorios, derivado del juicio especial hipotecario número 367/2012, instaurado en su contra por Metro Financiera S.AP. DE C.V., representada por el licenciado José Benjamín España de Robles, que no implica afectación a su libertad personal, ni directa ni indirecta, tampoco se trata de una persona ajena al procedimiento, por ser él, el propio quejoso, quien señala que fue debidamente emplazado, y dio contestación en tiempo y forma, nombro abogado patrono para que lo representara y señaló domicilio en esta ciudad de Zacatecas, sede del juez natural, En ese orden de ideas, más allá de los efectos irreparables que pudiera implicar el acuerdo reclamado, los cuales no se califican, era menester que el impetrante de amparo lo recurriera con la interposición del recurso ordinario descrito, por ser ello un presupuesto de procedencia de la acción de amparo, distinto y autónomo al primero (irreparabilidad del acto reclamado), cuya observancia la tornaría procedente; sin embargo, al soslayarse esta circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la presente demanda de amparo propuesta. Cobra aplicación al presente caso en lo conducente, la tesis 1a./J.113/2013(10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 350, tomo I, libro 1, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se reproduce: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Énfasis añadido) Sin que se esté ante el supuesto de excepción, por irrecurribilidad del acto reclamado ipso iure (por mérito de la ley), en términos del numeral 700 de la legislación adjetiva local, el cual dispone que tratándose de la ejecución de alguna providencia precautoria no serán admitidos recurso o excepciones. Por ende, resultaba factible y necesario, en términos del citado ordinal 61, fracción XVIII de la ley de la materia, la impugnación del acto reclamado por medio del recurso de ordinario señalado en líneas supra. "Artículo 700.- En la ejecución de la precautoria no se admitirán recursos ni excepciones." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Raúl Marquez Moncada, contra el acto reclamado al Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la capital, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en los términos ya expuestos. Por otra parte, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado Héctor Hugo Ortiz Lara (cédula 2048407); en tanto que, como domicilio para oír y recibir notificaciones el localizado en calle Canteros número 20, colonia Infonavit Tres Cruces de esta ciudad capital. Finalmente, en términos del artículo 3° de la nueva Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. "

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