Raúl Mario Castillón Campaña

Expediente 186/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
186/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Raúl Mario Castillón Campaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    De la certificación de cuenta, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Colima, Colima, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento suscrito por el Secretario del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual devuelve el original del juicio de amparo citado al rubro, además remite copia autorizada de la resolución dictada en el conflicto competencial 14/2022, cuyos resolutivos dicen: "PRIMERO. Existe conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito el Estado de Colima y el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo promovida por Raúl Mario Castillón Campaña." Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el cuaderno de antecedentes que se formó, empero solo las constancias que obran en original, toda vez que las demás resultan innecesarias dado que ya obran en este expediente, así como el oficio que contiene el proveído antes mencionado. En consecuencia, en estricto cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, este juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del análisis de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades citadas reclamo: CONSEJO CONSULTIVO le reclamo la determinación contenida en el oficio número PCC/GAAL/2022/005 de fecha 17 de febrero de esta anualidad, donde se afirma que mi impugnación es extemporánea y como consecuencia, no es procedente la constitución del COMITÉ REVISOR para su estudio de mi inconformidad; y como consecuencia AL CUERPO COLEGIADO de la DELEGCIÓN COLIMA de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, le reclamo la negativa de otorgarme el documento que acredita mis buenas prácticas empresariales, lo cual hizo de manera arbitraria, sin darme el derecho de audiencia mínimo además de tratarse de un Cuerpo Colegiado que se integró sin cumplir los requerimientos del artículo 40 de los ESTATUTOS DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, sin que esta autoridad, para efectos del amparo, haya cumplido con las formalidades mínimas de fundamentación y motivación; a la DIRECCIÓN GENERAL y al CONSEJO CONSULTIVO, ambos dependientes de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, así como a la DELEGACIÓN COLIMA de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN y LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, les reclamo la confirmación y su anuencia de los actos reclamados, ya citados, emitido por el CUERPO COLEGIADO de la DELEGACION COLIMA de la CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, así mismo les reclamo la ilegal integración en sí, del CUERPO COLEGIADO CITADO, que se formó con motivo de expedirme un Documento que Acredite las Buenas Prácticas Empresariales de mi parte como afiliado." Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Así, de la interpretación gramatical del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los artículos 1o., último párrafo, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que deberá valorarse por el tribunal de amparo. Así que, del nuevo concepto de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares que pudieran dar lugar a una violación derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. Entonces, el actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. Las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. En esa tesitura, teniendo en cuenta la evolución que ha tenido el concepto de autoridad responsable, resulta evidente que tal concepto se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado. En efecto, para determinar quién puede ser autoridad para efectos de este proceso constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad; por tanto, determinar el concepto de autoridad, es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo. Las consideraciones anteriores dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 65/2018 (10a.), número de registro 2017394, que al respecto sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 408/2017, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, página 647, que dice: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." De lo anterior se puede inferir que las Cámaras de Comercio de la Industria de la Construcción, no pueden ser ubicadas en un plano de supra a subordinación ya que se rigen fundamentalmente por un estatuto interno general, y que sus órganos contarán con las facultades concedidas en dicho estatuto, lo cual no constituye una norma general de orden público que ponga a la Institución en un plano de supra a subordinación respecto de la peticionaria de la amparo. Lo anterior se advierte de los artículos 1, 4, 7, fracciones X y XV, 11, 16, 17, 18, fracción XXII, 20 fracciones I y VII, 22, fracción XI, 24, fracción III, 26, 27, 28 y 41 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, preceptos que a la letra dicen: " Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional. Tiene por objeto normar la constitución y funcionamiento de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de las Cámaras de Industria, así como de las Confederaciones que las agrupan. También tiene por objeto normar al Sistema de Información Empresarial Mexicano. Artículo 4.- Las Cámaras y sus Confederaciones son instituciones de interés público, autónomas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a lo dispuesto en esta Ley y para los fines que ella establece. Las Cámaras estarán conformadas por Comerciantes o Industriales, según lo dispuesto en las fracciones III y IV del artículo 2; sus Confederaciones estarán conformadas sólo por Cámaras. Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como la generación y distribución de la riqueza. Son órganos de consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las actividades que representan. La actividad de las Cámaras y sus Confederaciones será la propia de su objeto; no tendrán fines de lucro y se abstendrán de realizar actividades religiosas o partidistas. Las entidades extranjeras o binacionales que tengan por objeto igual o semejante al de las Cámaras que se regulan en esta Ley, requerirán autorización de la Secretaría para operar en el territorio nacional y actuarán como asociaciones sujetas al derecho común. Artículo 7.- Las Cámaras tendrán por objeto: X. Prestar los servicios que determinen sus Estatutos en beneficio de sus afiliados, dentro de los niveles de calidad que se determinen conjuntamente con su Confederación; XV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus Estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales. Artículo 11.- Las Cámaras de Industria serán específicas o genéricas, nacionales o regionales. Las Cámaras de Industria específicas nacionales se integrarán con empresas y sus establecimientos en el país, que realicen actividades en un mismo giro industrial. La Cámara de Industria genérica nacional se integrará con empresas y sus establecimientos en el país, que realicen actividades para las cuales no existan Cámaras de Industria específicas. Las Cámaras de Industria específicas regionales se integrarán con empresas y sus establecimientos en una o varias entidades federativas que realicen actividades en un mismo giro industrial. Las Cámaras de Industria genéricas regionales se integrarán con empresas y sus establecimientos en una entidad federativa, que realicen actividades para las cuales no existan Cámaras de Industria específicas. Cada Cámara de Industria específica y genérica, nacional y regional, podrá establecer delegaciones para el cumplimiento de su objeto, en los términos establecidos en el capítulo VIII del presente título de esta Ley y de su Reglamento. Artículo 16.- Los Estatutos de las Cámaras y Confederaciones deberán contener por lo menos lo siguiente: I. Denominación que deberá hacer referencia al giro y circunscripción autorizados; II. Domicilio, el cual deberá estar dentro de la circunscripción autorizada; III. Objeto que se propone; IV. Procedimientos para la integración de sus órganos de gobierno y sus atribuciones, así como las facultades generales o especiales otorgadas a las personas que la representarán; V. La forma y requisitos para la celebración y validez de las reuniones de sus órganos de gobierno, para la toma de decisiones por parte de los mismos y para la impugnación de éstas; VI. Los casos y procedimientos de remoción de consejeros y otros dirigentes, incluyendo al Presidente; VII. Los derechos y obligaciones de los afiliados, garantizando la posibilidad de acceso a toda empresa del giro o entidad correspondientes a la Cámara, y los casos de suspensión de derechos; VIII. Derechos y obligaciones de los afiliados o de las Cámaras, según corresponda; IX. Derechos y obligaciones de las delegaciones de las Cámaras; X. Facultades y funciones en materia de representación, administración, usufructo, prestación de servicios y otras cuestiones vinculadas a su objeto que las Cámaras transfieren a sus delegaciones; (REFORMADA, D.O.F. 9 DE JUNIO DE 2009) XI. Procedimientos para la solución de controversias para lo cual se insertará una cláusula que establezca la obligación de la Cámara de someterse al arbitraje cuando el afiliado opte por dicho procedimiento y de informar a sus afiliados sobre los recursos disponibles en general y conforme a lo estipulado en la fracción VIII del artículo 22 de esta ley, para la promoción de procedimientos por la vía arbitral; XII. Procedimientos de disolución y liquidación, y XIII. Los demás elementos que establezca el Reglamento. La Secretaría registrará los Estatutos y sus modificaciones, los cuales deberán constar en instrumento otorgado ante fedatario público competente. Artículo 17.- La afiliación a las Cámaras será un acto voluntario de los Comerciantes e Industriales. Los afiliados tendrán los siguientes derechos y obligaciones ante su Cámara: I. Participar en las sesiones de la Asamblea General, por sí o a través de su representante; II. Votar por sí o a través de su representante y poder ser electos miembros del Consejo Directivo, así como para desempeñar otros cargos directivos y de representación; III. Recibir los servicios señalados en los Estatutos; IV. Someter a consideración de los órganos de su Cámara los actos u omisiones que en su concepto sean contrarios a los Estatutos respectivos; V. Contribuir al sostenimiento de su Cámara; VI. Cumplir las resoluciones de la Asamblea General y demás órganos, adoptadas conforme a esta Ley, su Reglamento y los Estatutos; VII. Contribuir a la formación de los criterios de desarrollo del sector representado por la Cámara, y VIII. Los demás que establezcan esta Ley, su Reglamento o los Estatutos. Artículo 18.- Las Cámaras tendrán los siguientes derechos y obligaciones frente a sus Confederaciones: . (XXII). Los demás que establezca la presente Ley, su Reglamento o los Estatutos de la Cámara respectiva. Artículo 20.- La Asamblea General es el órgano supremo de las Cámaras y Confederaciones. Estará integrada respectivamente por sus afiliados y por representantes de las Cámaras, y le corresponderá: I. Aprobar los Estatutos y sus modificaciones; (.) VII. Las demás funciones que establezcan esta Ley, su Reglamento y los propios Estatutos. Artículo 22.- El Consejo Directivo será el órgano ejecutivo de una Cámara o Confederación y tendrá las siguientes atribuciones: (.) XI. Las demás que señalen esta Ley y los Estatutos respectivos. Artículo 24.- El Consejo Directivo será encabezado por un Presidente, los Vicepresidentes que se requieran según los Estatutos y el objeto de la Cámara o Confederación, un Tesorero y un Secretario, de acuerdo a los siguientes requisitos: El Presidente será electo en la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, la que deberá realizarse en la misma fecha en que se reúna la Asamblea General en sesión ordinaria; II. A propuesta del Presidente, el Consejo Directivo aprobará la designación de los Vicepresidentes, Tesorero y Secretario; III. El Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y Secretario desempeñarán las funciones que determinen los Estatutos respectivos, respondiendo al objeto de la Cámara o Confederación, según corresponda; IV. El Presidente, Vicepresidentes y Tesorero durarán en su cargo un año y podrán ser reelectos para el mismo cargo en dos ocasiones por un año más, cada una en forma consecutiva. Para poder ocupar nuevamente el mismo cargo, deberán dejar transcurrir un periodo al menos, de tres años; V. El Secretario durará en su cargo un año y podrá ser reelecto cuantas veces sea necesario; VI. El Presidente, los Vicepresidentes y el Tesorero de una Cámara deberán ser representantes de empresas afiliadas que realicen la actividad correspondiente al giro de la Cámara de que se trate; VII. El Presidente de una Confederación deberá haber sido Presidente de una de las Cámaras integrantes. Para ser designado Vicepresidente o Tesorero de una Confederación se requerirá de la aprobación de la Cámara a la que pertenece; VIII. Los cargos de Presidente, Vicepresidentes y Tesorero serán honoríficos, personales y no podrán ejercerse por medio de representantes, y IX. El cargo de Secretario podrá ser remunerado, es personal y no podrá ejercerse por medio de representantes. Artículo 26.- Las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y las Cámaras de Industria podrán establecer en su circunscripción las delegaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto. El Consejo Directivo de cada Cámara determinará la sede y circunscripción de sus delegaciones. Los derechos y obligaciones de las delegaciones se establecerán en los Estatutos de la Cámara a la cual pertenecen. Las delegaciones no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios. Artículo 27.- Las delegaciones son parte integral de la Cámara a la que representan, por lo que los afiliados de la delegación lo son de la Cámara, con todos los derechos y obligaciones correspondientes. Artículo 28.- Las delegaciones tendrán las funciones señaladas para las Cámaras por esta Ley, exclusivamente dentro de su circunscripción y en cumplimiento a los acuerdos del Consejo Directivo y de los Estatutos de la Cámara. Asimismo, representarán y promoverán a la Cámara a la cual pertenezcan ante los Comerciantes e Industriales según corresponda, así como frente a las instancias de Gobierno y la sociedad. Las Cámaras podrán delegar en ellas las funciones, facultades, responsabilidades y obligaciones que determinen sus Estatutos. Artículo 41.- La Secretaría solicitará a la Asamblea General que, conforme a sus Estatutos, tome los acuerdos necesarios para corregir cualquiera de las condiciones de los integrantes del Consejo Directivo y demás directivos de una Cámara o Confederación, cuando éstas: I. Reincidan en cualquiera de las conductas a que se refiere el artículo anterior, y se les hubiere sancionado conforme al mismo; II. Incumplan con su objeto o con las obligaciones que les encomienda la presente Ley; III. Desarrollen actividades religiosas, partidistas o de especulación comercial, o IV. Utilicen o dispongan de la información a que tengan acceso con motivo de la operación del SIEM, en forma diversa a la establecida en esta Ley o en las reglas de operación que emita la Secretaría." Como puede observarse la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción es una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformada por comerciantes o industriales (afiliados de manera voluntaria) y constituida conforme a lo dispuesto en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y para los fines que ella establece, pero que se rige de manera destacada por sus propios estatutos, los que serán registrados junto con sus modificaciones por la Secretaría de Economía, y constarán en instrumento otorgado ante fedatario público competente. Por tanto, los actos reclamados consistentes en la negativa de expedición del documento que acredite buenas prácticas empresariales, así como el no analizar la inconformidad reclamada en la que el quejoso no participó en el proceso de elección para seleccionar integrantes del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Colima, para el período 2022-2024, primordialmente por el rechazo de una planilla que presidía y, por ende, tuviera la opción de ser votado; no se despliegan a través del uso de atribuciones legales que estén conferidas en una norma general, por lo cual no puede estimarse que la nombrada institución sea autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, porque la relación que entabla con sus afiliados, no denota una característica de supra a subordinación, sino en un plano de igualdad, es decir, de coordinación. Habida cuenta de lo anterior sobre el tema en particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 108/2016, de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, determinó en esencia: "En tal contexto, es dable concluir que cuando se reclama de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, su Presidente Nacional, así como diversos órganos internos integrantes de la misma, diversas violaciones en el proceso para llevar a cabo la elección de los integrantes de su Consejo Directivo, el juicio de amparo resulta improcedente, debido a que en tales supuestos las personas señaladas no revisten la calidad de autoridad responsable." En consecuencia, en atención a que el acto reclamado, consiste en la negativa a otorgarle el documento que acredite las buenas prácticas empresariales del quejoso; así como la abstención de no analizar la correspondiente inconformidad, redunda en que no pueda participar como candidato a Presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dichas autoridades carecen del carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, al no ser un acto de autoridad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Resulta importante destacar que este juzgador no inadvierte la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Página 929, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 2, Materia Común, registro 2007580, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y restructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad p ara efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañan a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues de requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, aclaró el rubro de la jurisprudencia antes transcrita, para quedar en los siguientes términos: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA". Sin embargo, en el caso resulta inaplicable dicho criterio, pues, no constituye una tesis temática, sino que es un criterio específico en relación con actos que se reclaman en materia de suministro y venta de energía eléctrica, lo que en el caso no acontece. Se cita por mayoría de razón, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, registro 2019230, de rubro y contenido siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". Como se lee del criterio señalado, en el caso en que exista jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, aplicable al caso de que se trata, es dable desechar la demanda de amparo, al existir, en consecuencia, una causa notoria y manifiesta de improcedencia; ello, pues sostener lo contrario, se traduciría en que un órgano de menor jerarquía al Máximo Tribunal del País pudiera revisar un criterio obligatorio, situación que dijo la Segunda Sala, sería tanto como distorsionar la certeza y seguridad jurídica que genera la jurisprudencia emitida por la suprema Corte. De igual forma, sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L, sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito (10a), visible en página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto, dicen: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Aunado a ello, en el caso a estudio, se tienen todos los elementos para en auto inicial advertir la improcedencia, pues el propio quejoso acompañó a su demanda el oficio materia de reclamo, entonces aun tramitando el juicio de amparo hasta la audiencia constitucional, en nada cambiaría el sentido, pues la naturaleza de la autoridad responsable seguirá siendo la misma. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente

  3. Principal

    Colima, Colima, treinta de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de veintiocho de marzo del año en curso, del que se desprende que admitió el conflicto competencial suscitado por éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México para conocer de la demanda de amparo promovida por Raúl Mario Castillón Campaña, mismo que se registró con el número estadístico 14/2022. Cúmplase.

  4. Principal

    Colima, Colima, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 186202VII, del índice de este juzgado, promovido por Raúl Mario Castillón Campaña, asimismo, hace del conocimiento el proveído dictado el once de marzo del presente año, en el juicio de amparo 485/2022 de su índice, del que se advierte que dicho Órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada por este juzgador. En éste, el Juzgado de Distrito en mención refiere que el acto reclamado carece de ejecución material, al ser declarativo; por ende, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe aplicarse el contenido del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, mismo que prevé que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; asimismo, que el hecho que se haya señalado como una de las responsables a la Delegación en Colima de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, le otorga competencia a este juzgador. Apreciaciones de las cuales respetuosamente disiente el suscrito Juzgador Federal, ya que el acto que por esta vía se reclama, es de naturaleza positiva, que en consecuencia trasciende en la materialidad, por lo que la competencia para conocer del presente juicio no se debe sustentar en el párrafo tercero del artículo 37 de la ley de la materia, sino en su párrafo primero; el cual, a la letra dice: ARTÍCULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutado o se haya ejecutado el acto reclamado. Si el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda (Énfasis añadido Del citado numeral se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. Establecido lo anterior, se tiene que la ejecución es el criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o que sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso sometido a estudio, se desprende que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: La determinación emitida el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, contenida en el oficio PCC/GAAL/2022/005 emitido por el Presidente del Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Construcción, con sede en Ciudad de México, por la cual se declaró extemporánea la impugnación realizada en contra de lo decidido en sesión de uno del mismo mes y año, del índice de la Delegación Colima de dicha Cámara, en la que se negó la expedición del documento mediante el cual se acreditan buenas prácticas empresariales del aquí quejoso; ante lo cual, la citada autoridad con sede en ciudad de México, estableció que al resultar extemporánea la inconformidad en contra de dicha negativa, no fue posible constituir el comité revisor para analizar su solicitud como candidato para integrar un comité directivo en conjunto con su planilla respectiva. Ahora bien, de los antecedentes de los actos reclamados plasmados en la demanda, se obtiene que el quejoso se ostenta como afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC quien, en términos de los Lineamientos para la Asamblea General en Sesión Ordinaria 2022" y en atención a la Convocatoria a Asamblea General en Sesión Ordinaria de Afiliados de dicha Cámara, publicada en el periódico "Diario de Colima" de diecisiete de enero de dos mil veintidós, elevó su solicitud respectiva ante dicha Cámara, por conducto de la Delegación en Colima, para integrar un comité directivo, junto con su planilla propuesta. Sin embargo, el uno de febrero del año en curso, dicha autoridad, con residencia en esta ciudad, determinó el no otorgarle el documento que acreditara las buenas prácticas empresariales de dicha parte, por lo que el dos siguiente, el representante de la Dirección General de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con sede en Ciudad de México, tomando en cuenta dicha negativa, mediante oficio DJ/GMC/2022/308, le señaló que podía recurrir tal determinación, en términos del artículo 26 de los citados lineamientos y le requirió para que presentara diversa información faltante para completar su solicitud. Por lo que ante la omisión de recurrir en término lo decidido el uno de febrero pasado, la citada Cámara, con residencia en Ciudad de México, determinó como extemporánea su impugnación el diecisiete de febrero de esta anualidad, mediante el oficio PCC/GAAL/2022/005. En esa tesitura, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, de lo que esencialmente se duele la parte quejosa, es del referido oficio PCC/GAAL/2022/005 de diecisiete de febrero de esta anualidad, el cual señala como acto reclamado y le atribuye vicios propios. De ese modo, dicho acto es de naturaleza positiva, el cual si bien entraña una negativa, concerniente a no admitir su solicitud para conformar un comité revisor a fin de analizar la determinación contenida en el diverso oficio DJ/GMC/2022/308 de dos de febrero del año en curso, ello, con motivo de que su presentación fue extemporánea; empero, sus consecuencias se materializarán en la Ciudad de México, lugar en donde se emitió el acto reclamado y tiene ejecución; por tanto, el Juez de Distrito competente será el de la Ciudad de México, con especialización en materia administrativa. Para sustentar lo anterior, es pertinente citar la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2004PL, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la parte que interesa, lo siguiente: ".Los criterios legales contenidos en el artículo 36 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso El punto concreto de contradicción radica en qué Juez de Distrito resulta competente para conocer de la constitucionalidad de la resolución dictada en segunda instancia que ordena reponer una fase procedimental llevada a cabo en primera instancia, a partir de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Para resolver dicho problema interpretativo es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 36 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. El acto reclamado en los juicios de garantías que dieron origen a la presente contradicción es de carácter jurisdiccional, porque se trata, en ambos casos, de una resolución dictada por un tribunal de segunda instancia que ordena la reposición de una fase procedimental de primera instancia. Con esa base procesal de derecho común, es posible estudiar con mayores elementos las particularidades de las resoluciones que ordenan reponer el procedimiento. Podría pensarse que las decisiones que ordenan la reposición del procedimiento han sido caracterizadas como decisiones declarativas, porque a través de ellas: 1) se declara la existencia de una violación durante el procedimiento de primera instancia; y, 2) a través de ellas no se reemplaza directamente el acto procesal ilegal por parte del tribunal de segunda instancia. La demanda que tiene por objeto demostrar una violación trascendente en el procedimiento jurisdiccional de primera instancia no presenta únicamente por objeto obtener un pronunciamiento jurisdiccional en el que sólo se declare la existencia o inexistencia de la violación procesal. Ese tipo de demandas no sólo busca la declaración de la existencia de la violación procesal alegada, sino también obtener del órgano jurisdiccional de segunda instancia una orden dirigida al Juez de primera instancia para que se verifique una restitución de los derechos transgredidos. Es decir, las causales de ilegalidad previstas en la legislación procesal civil y en la normatividad procesal de los juicios agrarios, que sirvieron de base en los juicios naturales que originaron la presente contradicción de tesis para emitir las respectivas resoluciones de reposición de procedimiento, tienen por objeto que se repare la violación respectiva en orden a restaurar el estado jurídico de las cosas en beneficio de la parte respectiva. En esa medida, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento pueden caracterizarse como decisiones jurisdiccionales declarativas de violaciones que, sin embargo, presentan como un diverso elemento una orden de hacer dirigida al órgano jurisdiccional de primera instancia, tendente a restaurar la situación procesal declarada contraria a derecho. Como se ha dicho, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En esa virtud, porque las resoluciones jurisdiccionales de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Las razones expuestas generan que los juicios de amparo contra las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia deban ser del conocimiento del Juez de Distrito más cercano al órgano jurisdiccional de primera instancia que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectiva, con el fin de lograr la eficacia del proceso de amparo y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada Lo resaltado es por este órgano jurisdiccional De la transcrita ejecutoria, emergió la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, novena época, localizable en la página 229, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo, tuvo ejecución en la Ciudad de México, lugar donde se lleva a cabo el proceso de elección del Comité Directivo 2022-2024 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para el cual se postuló el aquí quejoso, pues su Director General es quien tiene facultades para realizar la elección respectiva, conforme a los lineamientos que lo rigen; por ello, al tratarse de un acto positivo que tiene ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, es que resulta competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecutó el acto que en esta vía se reclama, a saber, en la Ciudad de México. De igual modo, es aplicable al caso, la tesis P. XCIII/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 79, que a la letra señala: COMPETENCIA EN CONFLICTOS EN QUE INTERVENGAN LAS CAMARAS DE COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA. PARA DETERMINAR SI ES FEDERAL POR RAZON DE LA MATERIA DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia de un juez de Distrito en materia administrativa o civil en un conflicto en los que intervengan las Cámaras de Comercio y de la Industria hay que atender a la naturaleza del acto reclamado. Por lo tanto, cuando el acto reclamado se hace consistir en un acto emitido por una autoridad administrativa, como sería la autorización o aprobación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, respecto de los acuerdos tomados por la Cámara, sería competente el juez de Distrito en materia administrativa, dada la naturaleza administrativa de dicho acto. En cambio, si el acto reclamado es esencialmente civil, como sería la acción de nulidad de una convocatoria a una asamblea extraordinaria, y la de los acuerdos resueltos en la misma, el juez competente será el juez de Distrito en materia civil en atención a que las Cámaras no tienen el carácter de autoridad administrativa, tanto porque no pertenecen a la organización estatal, como porque los actos que realizan en relación con sus agremiados no tienen la naturaleza de actos de autoridad, carecen de imperio y de coacción para hacer cumplir sus determinaciones, razón por la que sus actos no son ni formal ni materialmente administrativos". (Lo resaltado es por este juzgado). Cabe señalar que no se soslaya la intervención que tuvo la Delegación en Colima de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al negar la expedición del documento que acredite las buenas prácticas del quejoso, pues su actuación se circunscribe a lo que establecen los Lineamientos para las Asambleas Delegacionales 2022; es decir, la misma actúa como auxiliar de la Comisión Ejecutiva con sede en Ciudad de México en el territorio de Colima, mas no decide quién integrará el Comité Directivo, pues en términos de los artículos 25 y 50 de dichos lineamientos, quien tiene facultades para ello es la Dirección General de dicha Cámara, con sede en Ciudad de México. Para mayor ilustración, se citan dichos numerales: Artículo 25 La Dirección General o su Representante, únicamente registrará las planillas que satisfagan los requisitos que establecen los artículos 84 y 85 y demás relativos de los Estatutos y los presentes Lineamientos, previa expedición del Documento que Acredita las Buenas Prácticas Empresariales del Cuerpo Colegiado o Comité Revisor al que alude el artículo 86 de los Estatutos, de las personas que integren la(s) planilla(s). Dicho documento, deberá constar en el formato que previamente la Dirección General, a través de la Dirección Jurídica les haga llegar y será aprobada por mayoría absoluta de votos de los integrantes de dicho órgano (Cuerpo Colegiado o Comité Revisor) que se encuentren presentes Artículo 50.- En lo que se desahogan los puntos del orden del día publicados en la Convocatoria, los Escrutadores junto con el representante de la Dirección General comprobarán el resultado de las votaciones en la Plataforma Digital en el siguiente orden: Informe de Actividades, Estados Financieros y la votación para elegir al Comité Directivo, llenando un escrutinio por cada votación y remitiéndosela al Presidente de la Asamblea, el cual en el punto del Orden correspondiente dará a conocer el resultado de la elección. La falta de firma de alguno de los Escrutadores no será motivo para que el escrutinio no tenga validez. El Representante de la Dirección General asentará la falta de firma, en conjunto con el o los demás escrutadores Cobra aplicación, por las razones que la conforman, la tesis que obra en la página 97, del Informe 1972, Parte II, Materia Común, Informes, Séptima Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Lo resaltado es por este juzgado De igual modo, sirve de apoyo en lo conducente, la tesis I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora En tales circunstancias, y tomando en consideración que, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, basta que esté debidamente evidenciado en autos que los actos reclamados tratan de ejecutarse, se estén ejecutando o se hayan ejecutado, dentro de la jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo; por lo que este juzgador considera que en el caso se actualiza la hipótesis en referencia, dado que el aludido acto reclamado reviste ejecución material, pues tuvo verificativo en la Ciudad de México, lugar en donde tiene su sede la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; es decir, el procedimiento de elección del Consejo Directivo de la aludida Cámara por el periodo 20222024, y particularmente la decisión inmersa en el oficio PCC/GAAL/2022/005 tuvo verificativo en la sede central de la mencionada Cámara, ubicada en Periférico Sur, número 4839, colonia Parques del Pedregal, en la Ciudad de México. Además, de acuerdo con las indicadas reglas sobre la competencia en amparo, de la interpretación teleológica de las mismas, se pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. A las consideraciones anteriores, es aplicable la Tesis I.15o.A.41 K, publicada en la página 2288, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito En mérito de lo expuesto, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, reitera lo expuesto en la determinación de siete de marzo de dos mil veintidós; por ende, insiste en declinar la competencia legal para conocer del presente juicio en favor del Juez Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien no la aceptó, al tenor de los razonamientos vertidos en el acuerdo dictado el once de marzo del presente año, en el juicio de amparo 485/2022 de su índice. Por tanto, de conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos originales al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en esta ciudad, para que se avoque al conocimiento del conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el diverso antes señalado y resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juez Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que, en su caso, exponga ante el tribunal de alzada lo que estime pertinente. Notifíquese por lista.

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