Raúl Mares Núñez
Expediente 884/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Raúl Mares Núñez
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE TESTIMONIO DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN EL RECURSO DE QUEJA CIVIL 166/2018. EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN GUANAJUATO, RESOLVIÓ: ÚNICO.- ES INFUNDADO EL RECURSO DE QUEJA. ACÚSESE RECIBO. DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN Y ARCHIVO. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, Y TODA VEZ QUE EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA SE ENCUENTRA TOTALMENTE CONCLUIDO, CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES RESGUARDADOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN APROBADO EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE, SE DETERMINA DESTRUIR ESTA PIEZA DE ACTUACIONES. NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO QUE REMITE EL ACTUARIO JUDICIAL DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO, CON SEDE EN GUANAJUATO, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA QUE SE ADMITIÓ EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO EN EL PRESENTE ASUNTO, EL CUAL QUEDÓ REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 166/2018; PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
- Principal
INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE DE RECURSO DE QUEJA PROPUESTO POR LA PARTE QUEJOSA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A, 99, 100 Y 101 LEY DE AMPARO. RÍNDASE INFORME CON JUSTIFICACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 101 PÁRRAFO PRIMERO LEY DE LA MATERIA. REMÍTASE AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. I. Parte quejosa. Raúl Mares Núñez. II. Autoridades responsables. Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. III. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 884/2018-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: La falta o ilegal notificación que se le practicó del incidente de actualización de la pensión alimenticia dentro del juicio 493/2013-C del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, que promovió en su contra Rosa Adriana Cervantes Belmontes. El embargo trabado respecto del bien inmueble ubicado en calle Arturo Valdez Sánchez número 1125 del fraccionamiento León 1 de esta ciudad, en dicho incidente. El acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio civil citado supralíneas, a través del cual el juez aprobó dicho embargo. V. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados indicados en los incisos 1) y 2) se actualiza la causa de improcedencia referida, por lo siguiente: Primeramente, es necesario destacar que el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, estatuye: "Artículo 328. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse sin haber pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que este sea resuelto." De la interpretación literal del numeral transcrito se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un mecanismo de defensa, a través del cual se puede conseguir la nulidad de las notificaciones que no fueren realizadas en la forma que establecen las disposiciones correspondientes. Ciertamente, la nulidad de notificaciones tiene como finalidad anular la notificación y en este caso, además, el embargo que se practique en forma distinta a la prevenida por la ley y que lesione los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa esencialmente reclama en esta instancia constitucional la falta o ilegal notificación que se le practicó del incidente de actualización de la pensión alimenticia dentro del juicio 493/2013-C del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, que promovió en su contra Rosa Adriana Cervantes Belmontes, así como el embargo trabado respecto del bien inmueble ubicado en calle Arturo Valdez Sánchez número 1125 del fraccionamiento León 1 de esta ciudad, en dicho incidente; es incuestionable que previo acudir al presente juicio de amparo debió promover el incidente de nulidad previsto en el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, para cumplir con el principio de definitividad rector del juicio de amparo, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. En efecto, como el solicitante del amparo no controvirtió los actos que cuestiona a través del medio de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Además de que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que los actos reclamados: I. No importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, III. Al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento, en sentido estricto: porque es la parte demandada del juicio de origen, incluso manifestó que fue condenado a la disolución del vínculo matrimonial y al pago de pensión alimenticia a favor de su menor hija; y, por equiparación: ya que no prevalece la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, lo que en el caso no sucede dado que tiene conocimiento del procedimiento instaurado en su contra que concluyó con una sentencia condenatoria. Además, tampoco le corresponde dicha calidad por el hecho de haber comparecido al procedimiento natural y estimar que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas, en razón de que la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al resolver la contradicción de tesis 10/2004, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, determinó lo siguiente: "... De todo lo que se ha dicho se llega a la conclusión, de que en este caso sí existe contradicción de tesis, consistente en determinar si el demandado que habiendo comparecido al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto estado del procedimiento se actuó a sus espaldas, se le puede equiparar como tercero extraño al juicio ... SEXTO.- Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que le dieron origen, esta Primera Sala considera que si bien es cierto que de todo lo anterior se desprende la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, también lo es que el tema de la contienda ya se encuentra resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 12/2000-PL, en la que se emitió criterio respecto del tema de referencia, de ahí que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente. Dicha jurisprudencia, es del tenor siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 39/2001. Página: 93. 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.-' ...En efecto, del contenido de la tesis de jurisprudencia, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. ..." Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial; es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento y comparecer al juicio, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña por equiparación. La jurisprudencia de referencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 39/2001, página 93, con el siguiente rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.- La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." Por ello, se afirma que la parte quejosa previo a instar el presente juicio de amparo debió interponer el señalado medio de defensa -incidente de nulidad-, para así cumplir con el principio de definitividad, rector de esta instancia constitucional. Además, cobra relevancia destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), estableció el criterio de que el hecho de que un acto tenga la característica de irreparable no exime al gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios en su contra, puesto que tal hipótesis no está contemplada como excepción al principio de definitividad en la Constitución Federal, ni en la Ley de Amparo. Dicho criterio jurisprudencial sigue vigente, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, y el cual se encuentra publicado en la página 729, del Libro X, julio de 2012, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Asimismo, se torna aplicable al caso lo dispuesto por la Tesis 1ª. CCXLV/2017 (10ª.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 422, del Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." De igual forma, se invoca la Tesis VI.1º.74 C sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 576, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "TERCERO EXTRAÑO. NO HAY EQUIPARACION CUANDO EL DEMANDADO ACUDE A PEDIR AMPARO IMPUGNANDO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LA SENTENCIA. No puede equipararse a la situación que guarda un tercero extraño al juicio, con aquél que fue emplazado con el carácter de demandado, y después de dictada la sentencia condenatoria por el juez, acude al juicio de amparo en la vía indirecta controvirtiendo exclusivamente el procedimiento de ejecución, por lo que si no está a discusión la omisión en las notificaciones practicadas con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia respectiva, puede decirse que sí estuvo en condiciones de interponer el incidente de nulidad de actuaciones a que se refiere el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla y, al no hacerlo, los actos reclamados no pueden considerarse definitivos para los efectos del juicio de garantías por no haber agotado previamente a su interposición el medio ordinario que establece la ley." Sin que obste a lo anterior la tesis invocada por el quejoso en su demanda de amparo de rubro "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. TIENE ESE CARÁCTER AQUEL QUE AUN CUANDO FUE PARTE FORMAL EN EL JUICIO DE ORIGEN E, INCLUSO, COMPARECIÓ A ÉL, NO LE NOTIFICARON LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, SU EJECUCIÓN Y TODO LO ACTUADO EN ESA ETAPA PROCESAL"; sin embargo, esta juzgadora no comparte dicho criterio sino los diversos invocados en los párrafos que anteceden, aunado a que, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, al tratarse de una tesis aislada, no se encuentra obligada a acatarla. Finalmente, por lo que respecta al acto reclamado señalado en el inciso 3), consistente en el acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio 493/2013-C del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, a través del cual el juez aprobó el embargo trabado sobre el bien inmueble propiedad del aquí quejoso, se actualiza la misma causal de improcedencia invocada, toda vez que contra dicho auto la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el recurso de revocación, tal como se ve en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Guanajuato que establece: "ARTÍCULO 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." En esa tesitura, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a Sergio Blanco Granados y José Alberto Ledezma Granados en virtud de que no cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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