Raúl Manuel González Alavez y Otros.

Expediente 550/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
550/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Raúl Manuel González Alavez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 550/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 545/2018 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 1° Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de inconformidad contra el proveído de veintiséis de abril del año en curso, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin que se hubiera interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2° Se declara consentida la determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara consentido el referido acuerdo y, por ende, queda firme esa determinación. 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia sea consultable por internet. 5° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino. Por haberse concedido a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo mencionado. 7° Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el mismo numeral, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es depurable. 8° Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 9° Devolución de documental. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental, consistente en a) copia certificada del acta de matrimonio con fecha de registro diecisiete de mayo de mil novecientos sesenta y nueve (foja 34), b) escrito firmado por la promovente, dirigido al juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, con sello de recepción de once de junio de dos mil dieciocho (fojas 35 y 36) y c) original de la receta médica de dieciocho de enero del año en curso (foja 37). Ante ello, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Para ese efecto, deberá obtener su cita con código QR para tener acceso al edificio en el que se encuentra este Juzgado de Distrito, mismo que podrán obtener en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 10° Tomo anexo. Toda vez que el juez Mixto del distrito judicial de Huajuapan de León, Oaxaca remitió copia certificada de constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 8/2018, que obra en un tomo por separado; por tanto, por oficio que al efecto se gire, se ordena la devolución de esa documental a la citada autoridad responsable, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. 11° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 550/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado por los quejosos Raúl Manuel González Alavez y Lorenza Benita Cruz López, mediante el cual dan cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintiuno de enero de este año. 2. Estado de autos. De la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que los quejosos Raúl Manuel González Alavez y Lorenza Benita Cruz López solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos siguientes: 1) El acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, en el cual se ordenó formar expediente, admitir a trámite en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido, y emplazar a los aquí quejosos. 2) La falta de notificación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el cual se ordenó notificar en proveído de treinta de noviembre del año en curso, dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. 3) Todo lo actuado en el expediente civil 290/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, relativo al acto prejudicial de suspensión provisional de obra nueva. En tales condiciones, a fin de lograr un mejor análisis de los actos reclamados, con el consecuente logro del cumplimiento de las sentencias de amparo que, en su caso, llegare a concederse, y de los medios de impugnación que se formularen, atento a la jurisprudencia P./J.76/97, que por contradicción de tesis sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 197671, con el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Y sin necesidad de abrir el incidente correspondiente, por economía procesal, dado que está identificada la naturaleza diversa de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, de plano, se decreta la separación de juicios. No se soslaya el hecho de que el trámite tratándose de la separación de juicios, sea vía incidental; porque, se estima, ningún perjuicio se ocasiona a las partes al resolverse de plano en tal aspecto, pues, en el caso, se observa el principio de pronta y expedita administración de justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, en este juicio de amparo 550/2022 se continuará conociendo y se resolverá respecto de los actos siguientes: 1) El acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, en el cual se ordenó formar expediente y admitir a trámite en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido, así como su notificación. 2) La falta de notificación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el cual se ordenó se notificar en proveído de treinta de noviembre del año en curso dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. Que atribuye a la autoridad responsable: a) Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. Así como su ejecución al: b) Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. En otro juicio de amparo se analizará el acto reclamado al juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, consistente en: Todo lo actuado en el expediente civil 290/2021, del índice del citado Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, relativo al acto prejudicial de suspensión provisional de obra nueva. Por lo que se ordena formar un tomo de copias certificadas con las constancias respectivas de este juicio. Se invoca en apoyo la tesis P./J.78/97, visible en la página 117, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, septiembre de 1997, con el rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente en aras de una mejor administración de justicia". Presentación del expediente en la Oficialía de Partes. Expediente que deberá presentarse ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en este municipio, a fin de que lo turne a este mismo órgano jurisdiccional en atención a los criterios siguientes: "SEPARACION DE JUICIOS, EL JUEZ DE DISTRITO AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenara el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia. (Jurisprudencia número P./J. 78/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 117, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 197669). "CONFLICTO DE COMPETENCIA DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE JUICIOS EN AMPARO INDIRECTO. NO ES JURÍDICAMENTE VIABLE QUE EXISTA, CUANDO EL ASUNTO SEPARADO ES DE LA COMPETENCIA DEL JUEZ QUE DETERMINÓ LA ESCISIÓN. En la tesis de jurisprudencia P./J. 77/97, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el trámite de separación de juicios debía ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos de la Ley de Amparo relativos a la acumulación en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. Así, el procedimiento de separación de juicios de amparo tendrá los elementos siguientes: 1. Puede iniciarse a petición de parte o de oficio; para lo cual la demanda debió haber sido admitida por el Juez que conoce de la Litis originalmente planteada. 2. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes referentes a la conexidad de los litigios constitucionales o a la ausencia de ésta. 3. Transcurrido el plazo, dentro de los tres días siguientes se celebrará la audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, se dictará la resolución correspondiente, ordenando la separación de los autos cuando lo estime pertinente. 4. Finalmente, al decretarse la separación, el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resultan, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración; una vez integrados ordenará el trato que a cada uno corresponda jurídicamente; de este modo, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada y si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea del Alto Tribunal, de un Tribunal Colegiado de Circuito o de otro Juez de Distrito, le dará el trámite correspondiente. Lo anterior permite concluir que si el asunto separado es de su competencia, no debe remitirlo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a uno diverso, sino únicamente registrarlo y ordenar que se le devuelva. En consecuencia, no es jurídicamente viable que exista un conflicto de competencia derivado de un procedimiento de separación de juicios de amparo indirecto, cuando el asunto separado es de la competencia del Juez que determinó la escisión, pues no podría generarse un conflicto consigo mismo. (Tesis II.3o.A.31 k (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con el número de registro 2023132, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, mayo de dos mil veintiuno, tomo III, página 2442). 3. Desechamiento de los actos reclamados en este juicio de amparo 550/2022. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". 3.1 Análisis de dos actos reclamados. Como ya se anticipó, los quejosos reclaman del juez y actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca: 1) El acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, en el cual se ordenó formar expediente y admitir a trámite en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido; así como 2) la notificación de este auto. 3) La falta de notificación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el cual se ordenó que se notificara en proveído de treinta de noviembre del año en curso dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca. 3.2 Respecto del acto precisado en el punto 1) se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), en relación con el 107, fracción III, de la Constitución Federal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: - - - - (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: - -- - (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De los artículos y fracciones citados se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una sentencia a su favor; por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se toma, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación, si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que los quejosos reclaman 1) el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca (cuya copia simple anexaron a su escrito de demanda), en el cual se ordenó formar el citado expediente 294/2021 y admitir a trámite en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido. Sin embargo, ese acto no constituye un acto de imposible reparación, ya que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por los quejosos y de la lectura a la copia simple que anexan a su demanda, se desprende que en dicho auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, únicamente se ordenó formar el expediente 294/2021 y se admitió a trámite en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido; asimismo, ordenó notificar personalmente a los quejosos el auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y el propio auto de treinta de noviembre último; por lo que en dicho procedimiento no se ha dictado resolución definitiva, en tanto que los quejosos se encuentran en posibilidad de comparecer a dicho procedimiento, para hacer valer sus derechos. Es decir, no existe alguna afectación irreparable a los quejosos y sobre todo actual, esto es, la afectación, daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a realizar, porque si bien se duele del auto de inicio de dicho juicio 294/2021, también lo es que, de los antecedentes narrados, no se desprende que se haya dictado resolución definitiva. Por tanto, se insiste, los quejosos se encuentran en aptitud de comparecer a dicho juicio y defender sus derechos. Lo anterior es así, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal por medio de los derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, y que, por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, pues tal violación es susceptible de ser reparada a través del juicio de nulidad. De ahí que se actualiza dicha causal. |3.3. Por otra parte, respecto de los restantes actos reclamados, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." En efecto, el precepto anteriormente transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por tribunal judicial en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo supliría las facultades de la jurisdicción común. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, cuyo tenor es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En ese orden de ideas, debe precisarse que los artículos 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca establecen el incidente de nulidad de actuaciones, en el caso, de notificaciones. En efecto, dichos dispositivos señalan: "Artículo 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo VI del título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 75.- La nulidad de actuaciones por falta o defecto del emplazamiento se tramitará por cuerda separada, conforme al artículo 404 de este Código, sin suspensión del principal, deberá resolverse tan luego se agote el procedimiento incidental, pero siempre antes de pronunciares sentencia definitiva. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones, se tramitarán en la misma forma y se fallarán en la sentencia definitiva." De la lectura de los preceptos legales transcritos se desprende que contra aquellas actuaciones y, en específico, de aquellas notificaciones que se consideren realizadas en contravención a las disposiciones de la materia, procede el incidente de nulidad de actuaciones, el cual debe interponerse en la actuación subsecuente en que intervenga quien se sienta afectado, so pena de convalidar de pleno derecho dicha actuación; asimismo, se desprende que, en caso de resultar procedente la referida incidencia, la actuación o notificación respectiva se declarará nula. Establecido lo anterior, es pertinente narrar brevemente los antecedentes expuestos por los quejosos bajo protesta de decir verdad, según los cuales: 1) El veintiuno de abril del dos mil veintidós les fue notificado por parte del actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, el acuerdo de fecha treinta de noviembre del año dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021, de su índice, mediante el cual, entre otras cuestiones, ordena notificar el mismo auto y el diverso de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a los aquí quejosos. 2) En la cédula de notificación de fecha veintidós de abril de dos mil veintidós, como lo mencionan los quejosos, se les notificó el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, no así el diverso de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, en su escrito aclaratorio precisan que la notificación de veintiuno de abril del dos mil veintidós -notificación del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno-, les causa perjuicio. De ahí que los quejosos reclaman 2) la notificación del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; así como 3) la falta de notificación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el cual se ordenó que se notificara en el citado proveído de treinta de noviembre último, en el expediente civil 294/2021, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca; actos contra los cuales procede el aludido incidente de nulidad de actuaciones, con lo cual, de resultar fundado, se puede declarar nula la notificación del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno y, como consecuencia, se ordenará notificar dicho auto, así como el diverso auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Así, como los quejosos no observaron el principio de definitividad contra los citados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Teniendo aplicación la jurisprudencia número 447, visible a fojas 297 y 298, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". También apoya lo antes expuesto la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable a foja seiscientos setenta y ocho, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, de la Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Y la tesis IX.1o.18 C del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la página 764 del tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de 1997, Novena Época, con registro digital 198095, que dispone lo siguiente: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE. Es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la notificación practicada en un juicio del orden civil, por operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; medio de defensa mediante el cual se puede nulificar la notificación reclamada y que, por tanto, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo." Sin que sea óbice a lo anterior la eventual posibilidad de ser considerados como actos de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alta Tribunal del País, consultable en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las citadas causales de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113, de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo, respecto de los citados actos. 4. Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Debido a la situación de contingencia sanitaria que atraviesa el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Notificación personal. Se instruye al (a la) actuario (a) que al llevar a cabo la notificación de este acuerdo, deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de las partes, como lo determina el primer párrafo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 de que se trata (reformado en su periodo de vigencia 7/2022 y 8/2022). 8. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 550/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Manuel González Alavez y Lorenza Benita Cruz López, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca y otra autoridad, depositada el trece de mayo del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 550/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. Ahora, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Como en la demanda de amparo la parte quejosa precisa que reclama del 1) juez y 2) actuario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, respectivamente, lo siguiente: El auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021, del índice de la responsable, mediante el cual se formó el expediente y se admitió a trámite en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión definitiva de obra nueva y demolición de lo construido, contra los quejosos. La falta de notificación del acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 294/2021. Sin embargo, en el apartado de hechos de la demanda los quejosos señalan ".además de que jamás fuimos notificados para comparecer al juicio o acto prejudicial de suspensión provisional de obra nueva y defender los derechos que en su caso nos pudieron corresponder". Por ello, se les requiere para que indiquen si también reclaman la falta de notificación para comparecer al juicio o acto prejudicial de suspensión provisional de obra nueva. De ser así, precisen el número de expediente, del que deriva el citado acto reclamado. O bien, indiquen si únicamente reclaman los actos que precisaron en el capítulo de actos reclamados derivados del expediente 294/2021, del índice de la responsable. En vía de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, deberán aclarar en qué proveído se ordenó notificar a los aquí quejosos el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, así como el diverso de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno o, bien, deberán aclarar respecto a qué se ordenó notificar en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Ello, porque en el capítulo de "acto reclamado", primero indican que reclaman el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; sin embargo, en la parte final precisan que en dicho auto se comisionó al ejecutor llevador del expediente 294/2021, para que notificara a los quejosos el auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno; lo que genera confusión. Lo anterior, aunque pudiera advertirse de las constancias que remita la autoridad responsable con su informe justificado, empero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Ley de Amparo, es uno de los requisitos de procedibilidad que la parte quejosa debe expresar en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo, por su contenido, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable." (Jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 713, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Irregularidades que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, entre ellas, a la (s) autoridad(es) responsable (s), con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se le reclama al rendir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." 4. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con el requerimiento formulado en los puntos citados, en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 5. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. 6. Autorizados. De conformidad con el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos amplios a 1) Israel Ochoa Lara (cédula profesional 1644673, número de registro único 39942), 2) Yaha Rosa Sandoval Juárez (cédula profesional 8476034, número de registro único 148592), por encontrarse registro a su favor en la base de datos del sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley se tiene únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que menciona en su escrito de cuenta, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. 7. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por los diversos 7/2022 y 8/2022), se exhorta a las partes, particularmente al quejoso, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 8. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por los diversos 7/2022 y 8/2022. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano