Raúl Manuel González Alavez y Otros.

Expediente 616/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
616/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Raúl Manuel González Alavez y Otros.
  • Raúl Manuel González Alavez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. I. Estado de autos, determinación causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de mayo del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por 1) ****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. I. Registro de demanda. Téngase por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; al que acompaña: 1) un cuadernillo de copia certificada de todo lo actuado en el juicio ********y 2) *************, por propio derecho, contra actos del juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 616/2022. II. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. III. Se acepta la competencia planteada. Ahora, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, por las razones que expone la oficiante, se acepta la separación planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo. IV. Se convalidan actuaciones y se solicita vinculación definitiva. En atención a lo anterior, se convalidan las actuaciones que integran el expediente 550/2022, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; asimismo, se le solicita para que instruya a quien corresponda vincule de manera definitiva el expediente electrónico del citado juicio, al presente sumario constitucional. V. Precisión de los actos reclamados Es oportuno precisar que este juicio de amparo se seguirá únicamente por el acto reclamado por los quejosos que le atribuye únicamente a la juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la mixteca, consistente en: "Todo lo actuado en el expediente civil ******" Dado que así fue planteada la separación de autos por el homologo federal, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; por tanto, se instruye al oficial judicial "A", realice la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en esos términos. VI. Representante común. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se les tiene designando como representante común de la parte quejosa a *********, sin perjuicio de que dicha parte lo substituya por otro. VII. Análisis de la demanda y desechamiento. Ahora, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo que promovió a) *******y b) *********, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1631 del Tomo XX, de septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 180663, de epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. " Bajo ese panorama, de las constancias que integran la demanda así como de su análisis, se aprecia que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ..XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La causal de improcedencia prevista en la referida disposición no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." Del referido artículo, en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueva contra actos dictados por tribunales judiciales administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora, es pertinente destacar que en la jurisprudencia 1a./J. 16/2013 (10a.), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó el primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, anterior a su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de idéntica finalidad al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor antes trascrito; en el que sentó el siguiente criterio: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. EL AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA EL ACTO QUE PONGA FIN A LA DILIGENCIA SALVO QUE SE TRATE DE ACTOS INTERMEDIOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Las diligencias de jurisdicción voluntaria deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en los términos del primer párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de este Alto Tribunal en las tesis jurisprudenciales de rubros: "PRENDA MERCANTIL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL ACUERDO QUE ADMITE A TRÁMITE LA PETICIÓN DEL ACREEDOR PARA QUE EL JUEZ AUTORICE LA VENTA DE LOS BIENES DADOS EN GARANTÍA."; "PRENDA MERCANTIL, VENTA JUDICIAL DE LA. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 341 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO."; y en las ejecutorias de las que derivaron éstas, estableció que cuando dichos actos provinieran de un procedimiento, el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento; supuesto en el cual, de acuerdo al inciso b), de la fracción III, del artículo 107 Constitucional, en estos casos debe respetarse el principio de definitividad. No obstante, aplicando por analogía la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, si durante el procedimiento de jurisdicción voluntaria existe un acto intermedio de imposible reparación, el amparo indirecto procedería excepcionalmente respecto de dicho acto, una vez que se hubiesen agotado los medios ordinarios de defensa que existan en su contra, sin requerir que se emita la determinación final que proceda. Así, por regla general el amparo indirecto sólo procede contra el acto que ponga fin a la diligencia de jurisdicción voluntaria, salvo que el acto sea de imposible reparación, supuesto en el cual el amparo indirecto procederá en contra de actos intermedios, debiendo en ambos casos respetarse el principio de definitividad". (Lo subrayado es propio). De conformidad con la jurisprudencia trascrita, tratándose de actos dictados en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, los cuales se consideran fuera de juicio, para efecto de lo que dispone el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto solo resulta procedente contra el acto que ponga fin a dicho procedimiento, salvo que se trate de actos de imposible reparación, debiendo observarse en todo caso el principio de definitividad. Así las cosas, el criterio mencionado resulta aplicable tratándose de actos prejudiciales, por tratarse de actos fuera de juicio; por tanto, el juicio de amparo solo procede contra la última resolución dictada en dicho procedimiento, siempre y cuando excepcionalmente se trate de actos de imposible reparación. En ese sentido, cabe destacar que por actos de imposible reparación se entiende aquellos que afectan derechos sustantivos, que de acuerdo con la doctrina, son los que se identifican con los bienes de la vida, los cuales pueden considerarse sustantivos, por ejemplo los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil, la libertad personal, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, entre otros. Mientras que los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo; esto es, tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida. En ese orden de ideas, los actos de imposible reparación no incluyen violaciones formales, adjetivas o procesales, porque éstas inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, en busca de un fallo favorable y, una vez alcanzado dicho objetivo, los efectos producidos se extinguen sin haber originado alguna afectación a los derechos sustantivos del gobernado ni a su esfera jurídica. Así, para que un acto se considere de esa índole necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. De modo que, aunque es verdad que el legislador instituyó como una regla de procedencia cuando se trata de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, debe considerarse que dichos actos cuando se emiten dentro de un procedimiento fuera de juicio o después de concluido, el juicio de amparo no puede proceder contra todos los actos de ese procedimiento sino contra aquella que le pone fin; en otras palabras, cuando los actos emitidos fuera de juicio o después de concluido emanan de un procedimiento jurisdiccional, el juicio de amparo procede contra la decisión que le pone fin a ese procedimiento, a menos que se trate de un acto intermedio que importe la posible violación de derechos fundamentales o la afectación a derechos sustantivos. Bajo ese panorama, resulta indispensable relatar los antecedentes del acto reclamado: A) *******y ********, mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, promovieron ante el juez Primero Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, suspensión provisional de obra nueva con la finalidad de que se suspenda la obra y demolición de lo construido en el inmueble de su propiedad (fojas 33 a 46). B) Mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable dio trámite a la petición realizada, bajo el número ****** y ordenó el traslado del personal de dicho juzgado para que procedieran a dar fe de la existencia de la obra y de sus dimensiones y si se considera que hay fundamento para la suspensión se decrete bajo responsabilidad de los promoventes (fojas 31 y 47). C) En diligencia de suspensión de obra nueva, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el personal del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, se hizo presente en el inmueble de los promoventes y decretó la suspensión de la obra (fojas 48, 51 a 54) ***********Reina Soledad López Roldan, mediante escrito fechado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, promovieron ante el juez Primero Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, demanda de en la vía sumaria civil, en la que reclamaron el interdicto de la suspensión definitiva y demolición de lo construido 16 a 30). E) En acuerdo ******, y tuvo a **********y **********, demandado en la vía sumaria civil, en ejercicio de la acción interdictal de suspensión de obra nueva y demolición de lo construido contra, los aquí quejosos, ********o ******y **********, entre otros (fojas 10 a 15). De igual manera, se ordenó emplazar a los demandados a efecto de que comparezcan a ese juicio de defender sus derechos y oponer las excepciones que estimen convenientes; diligencia que se desahogó el veintiuno de abril de dos mil veintidós, como lo manifestaron los promoventes en la demanda de amparo. Bajo ese panorama, se aprecia que indudablemente se torna improcedente el juicio de amparo que promueven los quejosos en el que reclaman todo lo actuado en el expediente******, relativo al acto prejudicial de suspensión provisional de obra nueva. Es así, pues aunque en inicio la tramitación de un acto prejudicial deviene impugnable en amparo indirecto por aplicación de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al tratarse de actos fuera de juicio, ello no se actualiza cuando ya tuvo inicio el juicio que prosiguió a aquel acto prejudicial, dado que será entonces en ese juicio y no en amparo biinstancial, donde el quejoso deberá hacer valer la defensa que corresponda frente a las actuaciones prejudiciales que estima verificadas ilegalmente en su perjuicio. En efecto, a la anterior conclusión se llega partiendo de la jurisprudencia 1a./J.23/96, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO, ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS MISMOS. Siendo los medios preparatorios a juicio, determinadas diligencias que preparan la acción para promover un juicio, generalmente preconstitutivas de pruebas, y que las mismas no forman parte del juicio, ya que como su nombre lo indica preparan, pero no son el mismo, aunque sirvan de apoyo a la acción o excepción que se intente, la falta de emplazamiento a tales medios preparatorios, debe estimarse como un acto ejecutado fuera de juicio, ya que éste debe entenderse como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma hasta que se dicta sentencia definitiva, y contra esa irregularidad es procedente el amparo indirecto en los términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, habida cuenta que la falta de emplazamiento resulta ser una violación que de resultar fundada deja sin defensa al quejoso ante tales diligencias previas. Sin que sea obstáculo para su procedencia el que la falta de emplazamiento no sea un acto de imposible reparación, pues no se trata de actos realizados dentro del juicio como lo establece la fracción IV del artículo 114 de la ley de la materia, interpretada a contrario sensu." La resolución de contradicción de tesis de donde derivó la anterior jurisprudencia (expediente 39/95), aparece pronunciada en los siguientes términos, en lo que interesa: ". Ahora bien, como se dejó precisado en párrafos anteriores, los medios preparatorios a juicio son actos previos a éste, de conformidad con la doctrina y con los propios Códigos de Procedimientos Civiles, tanto del Estado de Jalisco como el del Distrito Federal, de donde derivan los juicios de amparo resueltos en definitiva por los Tribunales Colegiados discrepantes. Por lo que se la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, antes transcrito, que establece que será procedente el juicio de amparo ante el juez de Distrito "...IV. "Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las "cosas una ejecución que sea de imposible reparación...". Debe estimarse que no resulta aplicable dicha fracción, tratándose de actos previos al juicio, ni interpretada a contrario sensu, en el sentido que lo sostuvo el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, al interpretar que es improcedente el juicio de amparo indirecto porque se trata de actos reparables por algún medio legal, pues la fracción de la Ley de la Materia antes referida, es clara y precisa, al establecer que procede contra actos en el juicio.. . De donde resulta que los medios preparatorios a juicio al ser previos a éste anteriores a la demanda no son actos que formen parte, por si mismos, aunque lo resuelto en ellos sirva como prueba en el juicio, y por tanto no encuadran dentro del supuesto jurídico al que alude dicha fracción, interpretada a contrario sensu, para determinar la improcedencia del juicio de amparo por tal razón, como sostiene el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito. En cambio, siendo los medios preparatorios actos prejudiciales que tratan de preconstituir una prueba ante el órgano judicial competente, para que esta sea valorada en la futura acción o excepción que se hará valer, debe estimarse que son actos fuera de juicio y si satisfacen la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo antes referido, pues esta en lo conducente establece que procederá el juicio de amparo ante el Juez de Distrito: "...III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o "del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de "concluido..." Y tratándose de la falta de emplazamiento a medios preparatorios se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, sin posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en tales medios, que si bien pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta, pues con relación a la fracción en estudio no se hace distinción a ese respecto, al determinar que procede el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales fuera de juicio o después de concluido. Criterio que en relación a los actos preparatorios a juicio en forma general sostuvo el Tribunal Pleno al fallar la contradicción de tesis número 6/95, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito; el 13 de agosto de 1996, por unanimidad de once votos, habiendo sido ponente el Ministro Guillermo I. Ortíz Mayagoitia." (el subrayado es propio). No obstante que en la resolución transcrita aparece que el tema toral ahí abordado consistió en dilucidar el caso en que sí procedía el amparo indirecto contra actos fuera de juicio (acto prejudicial), teniéndose que únicamente llegó a aludirse, en cuanto a la defensa del quejoso, que si bien éste ".pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta,."; debe considerarse que se establecieron de manera más determinante los alcances de la jurisprudencia en comento, al pronunciar la misma Primera Sala del Alto Tribunal la resolución respectiva en el diverso expediente de contradicción de tesis número 131/2003, que lo declaró sin materia con base en las consideraciones que igualmente es oportuno trascribir aquí: ".En cambio, siendo los medios preparatorios actos prejudiciales que tratan de preconstituir una prueba ante el órgano judicial competente, para que esta sea valorada en la futura acción o excepción que se hará valer, debe estimarse que son actos fuera de juicio y si satisfacen la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo antes referido, pues esta en lo conducente establece que procederá el juicio de amparo ante el Juez de Distrito: '...III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o 'del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de 'concluido...' Y tratándose de la falta de emplazamiento a medios preparatorios se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, sin posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en tales medios, que si bien pudiera hacer valer en el procedimiento que se instaure en su contra, ello no impide que en tales medios preparatorios no se le dé esta posibilidad, y sin que se haga necesario además establecer la gravedad de la falta, pues con relación a la fracción en estudio no se hace distinción a ese respecto, al determinar que procede el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales fuera de juicio o después de concluido." De acuerdo con la transcripción anterior, en especial con su parte última subrayada, los medios preparatorios a juicio son actos fuera de juicio conforme a lo previsto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, impugnables en amparo indirecto, dado que, con la falta de emplazamiento a tales medios se deja en estado de indefensión a la parte afectada, esto es, sin la posibilidad para hacer valer la defensa que estime pertinente en esos medios. Empero, igualmente se señala en dicha resolución, que lo anterior no impide, que en el procedimiento que se instaure en su contra (entendiéndose con ello al juicio propiamente dicho) haga valer el afectado la defensa a que se ha hecho referencia. En tales condiciones, válidamente puede concluirse, que conforme a la resolución que dio lugar a la jurisprudencia 23/96, emitida por esta Sala, objeto de interpretación de los Tribunales Colegiados contendientes, que a su vez motivó la presente contradicción de tesis, contra las irregularidades o ilegalidad en el emplazamiento a medios preparatorios a juicio es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, siempre que el afectado tenga conocimiento de las mismas hasta antes que dé inicio el procedimiento o juicio que se pretende preparar, conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, y no así cuando dicho procedimiento o juicio haya iniciado, caso en el que deberá hacer valer las defensas y excepciones que procedan para su defensa. Cabe precisar, que la finalidad de las contradicciones de tesis no es tanto aclarar o explicar las que ya se hubiera resuelto, o bien resolver los problemas de aplicación de las mismas, sino exclusivamente pronunciarse sobre un problema jurídico, en caso de proceder su análisis de fondo. En suma, del contenido expreso de la tesis de jurisprudencia 23/96 sustentada por esta Sala, se infiere que la falta de emplazamiento a medios preparatorios a juicio es impugnable en amparo indirecto, en la inteligencia de que si ya dio inicio el procedimiento propiamente dicho, estará en aptitud el afectado de plantear las excepciones y defensas que al efecto estime procedentes. Por tanto, al haberse ocupado y resuelto por esta Sala el tema de la presente contradicción, por ser aplicable al caso concreto, no queda más que reiterar, en esas circunstancias, que lo procedente es declararla sin materia." (el subrayado que no aparece en negrita, es autoría de este órgano jurisdiccional). Lo transcrito revela que el amparo indirecto será procedente contra los actos de imposible reparación realizados en el trámite de actos prejudiciales, a condición de que no hubiere dado inicio el procedimiento judicial que posteriormente llega a promoverse por la contraria del quejoso pues, de ser ese el caso, como sucede cuando dicho impetrante manifiesta haber tenido conocimiento de aquellos medios preparatorios con el emplazamiento del juicio posterior, será entonces en la defensa que despliegue en ese litigio dicho demandado, vía excepción o defensa que proceda, donde deberá aducir las irregularidades que atribuye a aquella tramitación preparatoria. En tales condiciones, se reitera que los quejosos reclaman todo lo actuado en el expediente 290/2021, relativo al acto prejudicial de suspensión de obra nueva, aduciendo que hasta el momento del emplazamiento del juicio sumario civil iniciado en cumplimiento a esos actos prejudiciales (294/2021) fue que tuvieron conocimiento de aquella interpelación; es inconcuso que, atento a los alcances de la jurisprudencia citada con anterioridad, deviene improcedente el amparo indirecto pues, ya se explicó, será en vía de defensa o excepción donde habría de hacerse valer la irregularidad de aquel trámite previamente verificado al juicio. Consecuentemente, todos los anteriores motivos y fundamentos conducen a desechar de plano la demanda de amparo por notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, acorde a lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento legal. VIII. Autorizados, notificación y consulta a través del Portal de Juicio en Línea. Se autoriza en términos del primer párrafo del artículo **************Manuel Alejandro Ávila Sánchez, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mediante el acceso informático servercjf3/regprof, y el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Sirve de apoyo a esa consideración la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". En tanto que a la última persona que refiere, se le autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "ISRAELOCHOALARA", dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por ello, con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico con el referido usuario, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. Lo anterior, no obstante a que también señaló domicilio físico para tal efecto; sin embargo, se opta por tal medio, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. IX. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. X. Autorización de medios electrónicos. Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". XI. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través del usuario proporcionado.

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