Raúl Madrazo Lemarroy

Expediente 1691/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1691/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Raúl Madrazo Lemarroy

Actuaciones

  1. Principal

    SE ORDENA ACUMULAR EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, AL DIVERSO 1688/20222-VII DE ESTA ESTADISTICA.

  2. Incidental

    MESA VI. VISTOS, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1691/2022-VI; y, Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejoso ** que solicitó contra los actos y autoridades mencionados en los Considerandos Primero y Segundo por los motivos expresados en el Tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa ** contra el acto y las autoridades mencionados en los Considerandos Primero y Segundo y para los efectos precisados en el Cuarto de los Considerandos de la presente interlocutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: SE ADMITE DEMANDA

  4. Incidental

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, AUTO QUE A LA LETRA REFIERE: MESA VI. Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintidós. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples del escrito inicial de demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1691/2022-VI, promovido por ** por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y otra autoridad. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye el quejoso y que determinan la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedora a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las diez horas con cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, los actos reclamados materia del presente incidente de suspensión, se hacen consistir en: - La imposición de la multa consistente en cien veces el valor de la Unidad de la Medida y Actualización diaria, ordenada en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente 645/2020, y su ejecución. - La omisión por parte de la autoridad responsable jurisdiccional de otorgar garantía de audiencia al quejoso, previa a la imposición de la multa relatada con anterioridad. Una vez precisados los actos reclamados, con relación a la imposición del primero de ellos, con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que es inconcuso que el acto reclamado reviste el carácter de consumado en virtud de que ya fue ordenado por la autoridad responsable judicial, y contra actos de esta naturaleza no es procedente conceder la medida cautelar, tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, pues de concederse tal medida, este órgano de control constitucional estaría dando a la medida suspensional, efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que llegare a dictarse en el juicio principal; pues de concederse la protección de la justicia federal, el efecto sería el de reponer al quejoso en el goce de su derecho violado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 45, del tomo IV, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, octava época, con número de registro 226599, que establece: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión pues equivaldría darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia definitiva en el amparo que se pronuncie." Luego, con relación a las consecuencias y efectos que pueda ocasionar la ejecución de la multa impugnada, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, procede conceder la suspensión provisional solicitada para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar el acto reclamado, hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia. En ese sentido, toda vez que la medida suspensional se decreta en contra de una multa derivada de un procedimiento administrativo, es evidente que constituye un crédito fiscal en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Es aplicable, por identidad jurídica, la tesis 2a./J. 50/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2003, Novena Época, visible a página 252, que establece: "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SON APROVECHAMIENTOS QUE CONSTITUYEN UN CRÉDITO FISCAL. Las multas que impone el Poder Judicial de la Federación pertenecen al rubro de aprovechamientos federales, según lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, ya que constituyen ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de los que obtiene por contribuciones o ingresos derivados de financiamientos y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, lo que se corrobora por el hecho de que dentro de la clasificación que el artículo 2o. del propio Código hace de las contribuciones en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, no están comprendidas aquellas multas, ni tampoco como accesorios de las contribuciones, ya que su imposición no tiene origen en el ejercicio de la potestad tributaria, sino en facultades admonitorias y sancionatorias, establecidas legalmente por la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia, a cargo de los gobernados y de las autoridades. En ese sentido, estrictamente deben conceptuarse como multas no fiscales, pero que dan lugar a un crédito fiscal, pues los créditos fiscales que el Estado o sus organismos descentralizados tienen derecho a percibir, pueden provenir, entre otros rubros, de los aprovechamientos, según lo señala el numeral 4o. de dicho Código; por tanto, si las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación tienen carácter de aprovechamientos, es incuestionable que, determinadas en cantidad líquida, constituyen un crédito fiscal y el Estado está facultado para proceder a su cobro, inclusive a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en el capítulo tercero del título quinto del referido Código." Medida cautelar que, de conformidad con lo que constituye el artículo 135 de la Ley de Amparo, surtirá sus efectos si el quejoso acredita que ha constituido o constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; ello como garantía para asegurar el interés fiscal. Lo anterior, al atender que la sanción impuesta al peticionario de amparo constituye el cobro de una sanción de naturaleza fiscal, la cual debe ser condicionada para que surta efectos la suspensión concedida, en términos del citado artículo 135 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A, sustentada por los Plenos de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, noviembre de 2015, Décima Época, consultable en la página 2118, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." También, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 138/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Novena Época, en la página 445, que establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Así como la jurisprudencia 2a/J.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2005, Tomo XXII, Novena Época, visible a página 365, de rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Asimismo, la suspensión concedida en esta determinación no surtirá efectos en tratándose de actos posteriores a su concesión, o bien si provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables. Por otra parte, tocante al acto reclamado señalado con el arábigo 2, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión provisional solicitada, pues tal acto constituye un acto omisivo, mismo que no es dable de ser suspendido, puesto que importa una omisión y no así un actuar, motivo por el cual no existe una circunstancia dable de ser suspendida, máxime que conceder la suspensión solicitada, se le estaría dando carácter restitutorio a tal medida, mismo que es propio de la sentencia que llegara a dictarse en el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.3o.C.25 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, consultable a página 1468, cuyo rubro reza: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS." Así como la diversa, tesis XXI.2o.11 K, consultable en la página 214, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 199059; con el rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Atento a lo anterior, toda vez que se concedió la medida cautelar provisional solicitada por la parte quejosa, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que practique la notificación del presente proveído al tercero interesado **. Lo anterior, en cumplimiento a la jurisprudencia P./J. 143/2000 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2000, Tomo XII, Novena Época, visible en la página 23, que refiere: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos" Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio físico que señala el promovente en su escrito inicial de demanda; asimismo, por autorizadas en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las personas que refiere. Ahora bien, con relación a la solicitud del quejoso para que se le expida copia certificada por duplicado y separado del presente auto, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídase en un tanto la copia de la presente determinación; lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. Asimismo, respecto a su solicitud de que se le expidan copias certificadas de la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, que determina que únicamente se puede autorizar la expedición de copias relativas a actuaciones que obren en autos al momento en que se formula la petición, no así de las que en el futuro se puedan emitir, se informa al quejoso que su petición deberá solicitarlas una vez que obren en autos la actuación referida Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

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