Raúl Maciel Abarca
Expediente 159/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Raúl Maciel Abarca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 159/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Raúl Maciel Abarca, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta. 2.- Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ACTO RECLAMADO: "Del primero de las responsables, la negativa de proporcionar los autos tanto original como duplicado del expediente 254/2014-II, que se lleva ante el Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, y que promovió el suscrito en contra de Nacional Financiera S.N.C. en su carácter de Fiduciaria en el fideicomiso Bahía de Zihuatanejo. Negativa que no se encuentra fundada en ningún precepto legal ni en ningún recurso ordinario o extraordinario, desconociendo el paradero de dicho expediente y en cuanto al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se le reclama, la omisión en ordenarle a su inferior, que permita los autos del expediente al suscrito, a pesar de haberle solicitado su auxilio y apoyo mediante una excitativa de justicia, la cual se manda agregar en copia con sello en directo de recibido, al ser el juez señalado como responsable, su subordinado directo." SEGUNDO.- Previa prevención que se formuló y desahogada que fue, por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 159/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto de un tribunal laboral realizado después de concluido el juicio que puede estimarse de imposible reparación. SEGUNDO.- Precisión del acto. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio del escrito de demanda y del desahogo se establece que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado: 1.- La omisión de proveer su escrito de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, presentado el veintisiete de enero siguiente. Del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta: 2.- La negativa de permitirle imponerse física y materialmente de los autos del original y duplicado del expediente 254/2014-II, relativo al juicio ordinario civil, que promovió en contra de Nacional Financiera S.N.C. en su carácter de Fiduciaria en el fideicomiso Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI). TERCERO.- Inexistencia del acto. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado (foja 46) negó el acto reclamado, consistente en la omisión de dar contestación a la petición que le fue presentada el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; en virtud de que refiere que ya había dado contestación a la petición del quejoso, a través de cédula que señala fijó en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al no haber señalado el quejoso domicilio para oír y recibir notificaciones. Lo que además se corrobora con la documental consistente en la cédula de notificación de dos de febrero de dos mil diecisiete, a través del cual se dio contestación a la petición del quejoso (foja 48); a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues de su contenido se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías (dieciséis de febrero de dos mil diecisiete), dicha autoridad ya había dado contestación a la petición del quejoso, cuya omisión reclama en el presente juicio. Así las cosas, ante la inexistencia del acto cuya inconstitucionalidad se acusa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO.- Existencia del acto. El Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Azueta, con residencia en Zihuatanejo, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado (folio 3) negó el acto que se le atribuye; sin embargo, en virtud de que éste es de carácter negativo, corresponde a las responsables la carga probatoria para demostrar que no incurrieron en la omisión que se les atribuye, circunstancia que no aconteció; en consecuencia, debe tenerse por cierto. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia número 8 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Séptima Época, que se ve en el Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, página 8 que en seguida se transcribe: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". QUINTO.- Improcedencia. Ahora bien, una vez verificada la certeza de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, oficiosamente se analiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Conforme con el texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia en comento, se actualiza con los siguientes elementos: I) puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; II) todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, y III) que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Sirve de apoyo por analogía la tesis: 2a./J. 9/98, visible en la Página: 210, de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso particular, se actualizan los elementos anteriores, dado que, mediante escrito presentado el ocho de mayo del año en curso, en la oficialía de partes de este juzgado de Distrito el quejoso Raúl Maciel Abarca, informó que el veinticinco de abril de esta anualidad al comparecer ante el juez responsable, le fue puesto a la vista y prestado los autos del expediente natural, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del citado Código Adjetivo, para tener por acreditado que a partir de esa fecha, se impuso de los autos del juicio de origen; de ahí que, si en la fecha en que se promovió el amparo que nos ocupa (dieciséis de febrero de dos mil diecisiete), dicha conducta existía en la vida jurídica, al haberse impuesto el quejoso de los autos del expediente 254/2014-II, relativo al juicio ordinario civil, que promovió en contra de Nacional Financiera S.N.C. en su carácter de Fiduciaria en el fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, se produjo una situación jurídica que destruyó los efectos del acto reclamado, provocando la desaparición de las causas que motivaron el juicio, dado que se dejaron las cosas en el mismo estado en que se encontrarían, como si se concediera el amparo, situación que hace innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del respectivo acto reclamado; por ello, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio. Es aplicable al caso por analogía la tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee el juicio de amparo número 159/2017, por las razones contenidas en el considerando cuarto y último de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el catorce de junio de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el citado quejoso Raúl Maciel Abarca, no compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito de desistimiento del presente juicio, recibido en proveído de nueve del mes en curso, dentro del término concedido para ello; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, y al efecto continúese con el trámite de este asunto; en el entendido que podrá comparecer para tal efecto, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Raúl Maciel Abarca, mediante el cual manifiesta que por así convenir a sus intereses, desiste de la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción I, última parte de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado de Distrito, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía, a ratificar el desistimiento aludido, apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, se continuará con el trámite del juicio. Ahora bien, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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