Raúl Lugo Barrón

Expediente 1518/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1518/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Raúl Lugo Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el licenciado Francisco Samuel Loredo Martínez, autorizado de la parte quejosa Esmeralda Flores Hernández, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento de la sentencia dictada en autos...requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, para que dentro plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de las constancias de notificación efectuadas a las partes del auto de catorce del citado mes y año, dictado dentro del expediente laboral 68/E/2011, en el que señaló las diez horas del día treinta y uno de enero del dos mil veintidós, para celebrar la Audiencia Incidental de Pruebas y Alegatos relativo a la apertura del Incidente de Liquidación, así como el acuse del oficio por el cual requiere al Gobierno del Estado la regularización en el pago de gratificación a la parte actora, en cumplimiento al laudo de seis de octubre de dos mil quince, con sello de recepción de dicho oficio. Apercibido, que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1518/2021, promovido por Raúl Lugo Barrón; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el nueve siguiente, compareció Raúl Lugo Barrón, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad responsable al no desplegar actividad procesal dentro del expediente laboral 248/1/2004 toda vez que no se ha dictado acuerdo a mi escrito de fecha 7 de julio de 2021 mediante el cual solicito se giren oficios para proporcionar domicilio del demandado." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1518/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 248/E01/2004, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de proveer sobre el escrito de siete de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 248/E01/2004. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, si bien, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que del mismo se advierte su certeza, pues refirió que el once de octubre de dos mil veintiuno dictó el acuerdo correspondiente al ocurso motivo del presente amparo, en el que declinó su competencia en atención de que las prestaciones reclamadas emanan de un riesgo profesional, deberá conocer y resolver la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de once de octubre de dos mil veintiuno. En dicho auto (once de octubre de dos mil veintiuno) se documentó el escrito de siete de julio del año en curso, a través del cual, se solicitó girar oficio a diferentes dependencias; atento a lo solicitado, así como al estado procesal del sumario de origen, determinó declararse incompetente para conocer sobre la demanda presentada, y ordenó remitir los autos a la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, en virtud de que las prestaciones de seguridad social que la parte actora intenta, son competencia de la aludida autoridad laboral. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de once de octubre de dos mil veintiuno, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que se pronunciara sobre el escrito de siete de julio de dos mil veintiuno, dentro del sumario de origen, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Finalmente conviene precisar que los criterios que se citan en esta resolución, son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se

  4. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

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