Raul Lozada Viveros

Expediente 1421/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1421/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2023

Partes del expediente

  • Raul Lozada Viveros

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Informa cumplimiento. La Tesorera Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, informa que solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, continúe con el procedimiento interno a fin de realizar el pago del 50% restante de los honorarios de los peritos en materias de ingeniería hidráulica, medio ambiente, urbanismo y antropología social, propuestos por la comunidad de indígena de San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior. Sin que por el momento haya lugar a requerir, hasta en tanto las demás autoridades requeridas cumplan con lo ordenado en el proveído de ocho de septiembre actual. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado y constancias. Agréguense el oficio y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la responsable, las documentales que anexa a su oficio de cuenta, consistentes en copias certificadas del escrito presentado el veintinueve de mayo actual y sus anexos; proveído de esa fecha dictado en el juicio 995/2019, y sus notificaciones; las que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese contexto, se precisa que en el presente asunto, el acto reclamado consiste en: La omisión de proveer el escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó la apertura del incidente de liquidación de laudo en el expediente laboral 995/2019 del índice de la responsable. No obstante, el Presidente de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado remitió copia certificada de: Escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, por el autorizado de la parte quejosa, en el que solicitó la apertura del incidente de liquidación de laudo en el expediente laboral 995/2019 del índice de la responsable. Proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés Constancias de notificación a las partes del auto referido. Lo anterior, en el juicio laboral 995/2019. De lo anterior, se desprende que mediante proveído dictado el veintinueve de mayo del presente año, en el juicio 995/2019, del índice de la junta responsable: Acordó el escrito presentado por ******************** apoderado de la parte actora. Ordenó la apertura del incidente de liquidación. Fijaron las doce horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre actual, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ordenó su notificación, la que se realizó a la parte aquí quejosa el veintitrés de agosto actual -posterior a la presentación de la demanda-. En consecuencia, han cesado los efectos de la omisión reclamada, por lo que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. La Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en cumplimiento a la sentencia de amparo, remite copia certificada de lo siguiente: Constancias de notificación a los testigos de la parte actora, ***, *** y ***, respecto del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitido dentro del juicio laboral D-7/***, de su índice; y Razones actuariales de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante las cuales el actuario adscrito a dicha junta, asentó la imposibilidad que tuvo para notificarles a los testigos de la parte demandada, *** y ***, el referido acuerdo. Se requiere cumplimiento. En consecuencia, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuerdo que recayó a las razones actuariales de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en relación con el juicio laboral D-*** de su índice Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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