Raúl López Jiménez

Expediente 195/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
195/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
  • Raúl López Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 31 a la 34), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: EnTuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguense al juicio de amparo en que se actúa, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Presidente e Integrantes de la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompañan, consistentes en copia certificada de los escritos de veinte de abril y nueve de julio de dos mil dieciocho, así como del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral *********** Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. En primer término es dable indicar, que en el caso concreto, atendiendo al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión de las autoridades responsables, consistente en no acordar los escritos que le fueron presentados el veinte de abril y nueve de julio de dos mil dieciocho, a través de los cuales, con el primero, el actor********* solicitó nombrar como su apoderado legal al licenciado ********** exhibiendo poder para tal efecto y revocando los poderes anteriormente otorgados, además de solicitar copia certificada de las actuaciones del juicio laboral ********* al tiempo que con el segundo de los escritos en mención solicitó se dictaran las medidas tendentes requerir el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral de referencia. En ese orden de ideas, este juzgador advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuestión que por ser de orden público, su estudio es de oficio, conforme a lo previsto en el artículo 62 de la referida ley, como enseguida se verá. En efecto, precisa señalar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con folio 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele, como se dijo con anterioridad, de la omisión de las autoridades responsables, consistente en no acordar los escritos que le fueron presentados el veinte de abril y nueve de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que efectivamente el veinte de abril de dos mil dieciocho el aquí quejoso presentó escrito ante la autoridad responsable a través del cual solicitó nombrar como su apoderado legal al licenciado ************ exhibiendo poder para tal efecto y revocando los poderes anteriormente otorgados, además de solicitar copia certificada de las actuaciones del juicio laboral ********** asimismo, el nueve de julio de dos mil dieciocho presentó ante la responsable un escrito en a través del cual solicitó se dictaran las medidas tendentes requerir el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral *********** Sin embargo, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la Junta Especial Número 03 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, emitió un proveído, en el cual tuvo como apoderado legal del aquí quejoso al licenciado ********** puntualizando que le reconocería la personalidad hasta en tanto acreditara con documento idóneo ser licenciado en derecho, de conformidad con el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se tuvo por revocado el poder otorgado por la parte actora a diversos profesionistas con anterioridad a esa fecha. Finalmente, acordó favorablemente la solicitud del impetrante en relación con la expedición de copias certificadas del juicio laboral de origen. En cuanto al escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho, la responsable acordó en sentido negativo la petición efectuada por el aquí quejoso, toda vez que refiere, el laudo de treinta de noviembre de dos mil quince, no ha quedado firme, dado que de autos se advierte la aclaración del laudo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, misma que no ha sido notificada a las partes. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de las autoridades responsables relativa a no acordar los escritos que le fueron presentados el veinte de abril y nueve de julio de dos mil dieciocho, han cesado, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella, toda vez que los escritos se acordaron con fecha posterior a la presentación de la demanda. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con diez minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del mismo y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público Federal y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Incidental

    Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitó ********** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando quinto de este fallo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese en el incidente de suspensión en que se actúa de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, los informes previos rendidos por las autoridades responsables Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, a través del Presidente, Secretaria y representante del capital; y dése cuenta con los mismos en la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 de la ley en la materia. No pasa desapercibido para este juzgador que el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, carece de la firma del representante de trabajo; sin embargo, de dicha promoción se advierte que el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas, no asentó razón en ese sentido, lo que genera la presunción que dicho oficio se presentó en original y con la referida signatura, amén que del sello puesto por el citado técnico, se advierte la leyenda siguiente: "obra firma: sí". Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 32/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, de libro IV, enero de 2012, tomo 4, visible a página 3632, registro 2000130, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida". Notifíquese.

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