Raul Lima Garcia

Expediente 1127/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1127/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Raul Lima Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. INFORMES PREVIOS. Con conocimiento de las partes, intégrense los informes previos rendidos por las autoridades responsables: 5.TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA (FERNANDO FIERRO ALDANA).6.DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos aquellos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental respectiva. QUEJOSO EXHIBE BILLETE DE DEPÓSITO. Intégrese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Raúl Lima García, mediante el cual exhibe el billete de depósito N 925822, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $2,700.00 (dos mil setecientos pesos, cero centavos 00/100), para que continúe surtiendo sus efectos la suspensión provisional que le fue concedida mediante auto de diecisiete de noviembre del año en curso. En consecuencia, toda vez que el referido billete de depósito cubre los requisitos señalados, téngase por exhibido, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, guárdese en el seguro del juzgado y regístrese bajo el número que le corresponda en el libro respectivo, por lo que se tiene al quejoso dando cumplimiento a la medida de aseguramiento pecuniaria requerida únicamente. Así mismo, para facilitar el manejo y evitar el extravió ó deterioro de dicho billete de depósito, agréguese copia fotostática simple del mismo con la leyenda "fotocopia sin valor"; mientras que su original se ordena entregar a la secretaria encargada de la caja de valores para su resguardo. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución sí se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Incidental

    RESERVA DE AUDIENCIA INCIDENTAL. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia incidental fue señalada para la fecha en que se actúa; sin embargo, las autoridades responsables: 1.JUEZ PENAL DE TEHUACÁN PUEBLA.2.JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (GABRIEL PÉREZ ROCHA PÉREZ). 3. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL SUR-ORIENTE, CON SEDE EN TEHUACÁN, PUEBLA (DAVID RODRÍGUEZ GONZÁLEZ). 4. ENCARGADO DE LA FISCALÍA REGIÓN SUR-ORIENTE. 5. TITULAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA (FERNANDO FIERRO ALDANA). 6. DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA. 7. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL, GRUPO TEHUACÁN, PUEBLA. 8. TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO POLICIAL, GRUPO AJALPAN, PUEBLA. No han rendido sus respectivos informes previos ni obra constancia de notificación que acredite que dichas autoridades recibieron la misiva respectiva por la cual se les requirió los aludidos informes. Finalmente, con la finalidad de que las autoridades responsables citadas tengan la debida oportunidad para rendir sus respectivos informes previos y este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para resolver lo relativo a la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se reserva resolver lo procedente a la suspensión definitiva, señalando para tal efecto las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU DIFERIMIENTO TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES LOCALES O FORÁNEAS." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación sí se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso de la medida cautelar en que se actúa. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES.

  3. Principal

    INFORME JUSTIFICADO. Intégrese a los autos el informe justificado de las siguientes autoridades: 5 Titular de la Agencia Estatal de investigación en el Estado de Puebla.6 Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de Puebla. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. DOMICILIO. Se tiene a la autoridad responsable 6. Jefe Policial de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de Puebla, señalando como domicilio el que indica. MEDIOS DE CONTACTO. Ténganse el correo electrónico y número telefónico que señalan las autoridades responsables, como medios de comunicación no procesal, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Los registros con los que se dio cuenta y el presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues fue(ron) presentada físicamente recibido (s) vía correo institucional debe constar por escrito ya que impulsa el procedimiento y genera una notificación u oficio. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Incidental

    diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN. Con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19, y, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y, con una copia de la demanda, se forma por separado el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1127/2023, promovido por Raúl Lima García, contra actos del 1. Gabriel Pérez Rocha Pérez, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla y otras autoridades. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (recursos, promociones, etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso, hecha la excepción de los escritos de demanda, dada la trascendencia del documento. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. CUESTIONES PRELIMINARES. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, consistentes en: a) La orden de aprehensión girada en contra del quejoso; y, b) El aseguramiento del vehículo Volkswagen, color blanco de seis velocidades, año 2016, línea vento, serie MEX5H2600GT062290. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Respecto del acto reclamado precisado como aseguramiento del vehículo Volkswagen, color blanco de seis velocidades, año 2016, línea vento, serie MEX5H2600GT062290; la parte quejosa acreditó indiciariamente su interés suspensional con las documentales que adjunta a su escrito inicial de demanda. Ahora bien, de conformidad con el artículo 128, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional, dado que no procede concederle respecto de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por las autoridades señaladas como responsables. Ello, porque no se satisface el requisito a que alude la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que procederá conceder la suspensión cuando no se sigue perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; esto es así, por que expresamente el párrafo tercero del citado numeral (128), establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación, o medida cautelar concedida, como en el caso nos ocupa respecto del aseguramiento del vehículo Volkswagen, color blanco de seis velocidades, año 2016, línea vento, serie MEX5H2600GT062290 y que pudiera corresponder a una medida cautelar contenida en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una técnica de investigación a fin de proteger los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia cuyo dato de localización rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL. LA PROHIBICIÓN PARA DECRETARLA, PREVISTA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ESTÁ REFERIDA A DETERMINACIONES EMITIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA). El párrafo citado establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Ahora bien, de una interpretación teleológica, se advierte que la adición de esa porción normativa obedeció a la necesidad de atender a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que instauró un nuevo sistema de justicia penal; por ello, considerar que dicho párrafo rige también para medidas cautelares dictadas en procesos civiles o mercantiles, sería contrario a la intención que se infiere de la exposición de motivos del decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Amparo y de otros ordenamientos legales, publicado en el medio de difusión oficial indicado el 17 de junio de 2016, en cuanto a adecuarlos para coadyuvar a la mejor operación y funcionamiento del sistema penal, máxime que uno de sus fundamentos es el decimocuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del que deriva que los Jueces de Control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad. De acuerdo con lo anterior, la prohibición para decretar la suspensión en el amparo contra una medida cautelar concedida por autoridad judicial, contenida en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, se refiere a determinaciones emitidas en procedimientos penales de corte acusatorio y no en procesos civiles, lato sensu, que merecen un tratamiento jurídico diverso, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 53/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES." Por tanto, de conceder la suspensión solicitada, se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita, y que no se obstaculice la persecución e investigación de los delitos; por lo que, como ya se dijo se niega la suspensión provisional solicitada. Finalmente, por lo que respecta a su solicitud de que se conceda la presente suspensión con efectos restitutorios, dígasele a la parte quejosa que dicho efecto es propio de la sentencia definitiva del que deriva el presente incidente de suspensión. CONCESIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR POR LO QUE HACE A LA ORDEN DE APREHENSIÓN. Con fundamento en los artículos 136, 139, 147, 162 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, y hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva; por lo que, mientras esto último no ocurra, no deberán privar a Raúl Lima García, de su libertad personal, ni presentarlo por medio de la fuerza pública con motivo de la orden privativa de libertad reclamada, por quedar al respecto a disposición de este juzgado de Distrito y a la de la autoridad respectiva (penales administrativas o judiciales), por lo que hace a la continuación del procedimiento. Tratándose de casos urgentes y respecto de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 Constitucional y el diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, las autoridades ministeriales podrán, bajo su más estricta responsabilidad, ordenar su detención, debiendo fundar y expresar los indicios que motiven su proceder; y, sin perjuicio de que las autoridades ministeriales practiquen las diligencias de averiguación previa o carpeta de investigación, según corresponda, y hagan la consignación o la puesta a disposición respectiva, acorde lo establecido en el numeral 16 Constitucional. Sí la orden de captura fue emitida por autoridades judiciales, con motivo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión provisional concedida, sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que quede recluida y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. En la inteligencia de que por ningún motivo se podrá ejecutar en contra de la parte quejosa alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. La medida cautelar concedida surte efectos de inmediato, pero no los surtirá si ya se hubiese ejecutado alguno de los actos restrictivos de la libertad que la parte quejosa reclama, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprende en la comisión de flagrante delito; tampoco surtirá efecto alguno respecto de la ejecución de actos emitidos con posterioridad a la concesión de la medida que provisionalmente aquí se decreta. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONCEDIDA. A fin de que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y se presente al procedimiento penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; este órgano jurisdiccional, en uso de la facultad discrecional que le confiere el artículo 168 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 1ª./J. 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". Estima procedente fijar a la peticionaria de amparo, las siguientes medidas de efectividad: 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 138, fracción I, 147, primer párrafo y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días comparezca ante la autoridad responsable, y en su caso, rinda la declaración correspondiente, acreditándolo en ese mismo lapso ante este Tribunal Federal. El plazo concedido en la anterior medida de efectividad empezará a contar a partir de que se tenga certeza respecto del acto reclamado y de la autoridad que lo emitió, acorde con la jurisprudencia 1ª/J. 149/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." 2. Deberá otorgar caución a satisfacción de este juzgado de Distrito por la cantidad de $2,700.00 (dos mil setecientos pesos, cero centavos 00/100, moneda nacional), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues de resultar cierto el acto, debe garantizarse que no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido ante la autoridad responsable ordenadora. Lo anterior es así, toda vez que la fracción I, del artículo 168, de la Ley de Amparo, establece que el monto de la garantía, se fijará tomando en consideración: a) la naturaleza, modalidades y características del delito imputado a la parte quejosa; b) las características personales y situación económica del mismo; y, c) la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia; elementos que no se encuentran sustentados con prueba alguna exhibida por la parte promovente. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1127/2023, formado con la demanda promovida por Raúl Lima García; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. En el entendido, que de no exhibir la garantía fijada dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar los actos reclamados. 3. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por dicha potestad. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la suspensión provisional concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda y escrito aclaratorio a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen; 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrán rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o Fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables (con excepción de los Jueces de Distrito) con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables, que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental, para que se lleve a cabo la celebración de la audiencia incidental, fecha que se fija tomando en consideración que el veinte de noviembre de dos mil veintitrés, es considerado inhábil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones electrónicas el Portal del Consejo de la Judicatura Federal. Además, ténganse el correo electrónico proporcionado, únicamente como medio para establecer contacto, sin que ello implique que pueda presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales. AUTORIZADO. Se tiene(n) como autorizado(s) en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Enrique Torres Hernández, designado(s), atento a que del dato proporcionado acredita(n) encontrarse legalmente autorizado(s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Por otra parte, en virtud de que la parte quejosa solicitó que las notificaciones de las resoluciones judiciales que deriven de este expediente, se le realicen de forma electrónica, así como la consulta del mismo vía electrónica; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62 y 64 del ya mencionado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en razón que después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se acreditó que el usuario "Enriquetohe93", a nombre de Enrique Torres Hernández (autorizado en términos amplios del promovente), se encuentra vigente, se le concede el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y se ordena que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realicen vía electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 13 y 64 del acuerdo aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. Se autoriza a la persona actuaria o diversa empleada adscrita, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señale la denominación correcta de la autoridad responsable, ya sea al momento de este auto, o de futuras actuaciones sin ulterior acuerdo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. COPIAS CERTIFICADAS. Ahora, respecto de las copias certificadas de esta determinación y de la suspensión definitiva solicitadas por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, así como en el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, hágasele saber que podrá descargar en su equipo de cómputo copia del presente acuerdo junto con las evidencias criptográficas del suscrito Juez y del secretario que da fe, los cuales en conjunto se consideran copias certificadas electrónicamente; lo anterior, tomando en consideración que a la parte quejosa se le autorizó el acceso al expediente electrónico. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por cualquier medio de comunicación interna al oficial judicial "a" de la adscripción.

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