Raul Lascares Sanchez

Expediente 1040/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1040/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Raul Lascares Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito con residencia en Oaxaca, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio, con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** contra el auto de desechamiento de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, e informa que admitió dicho medio de impugnación, el cual quedó registrado con el número ******************** de su índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita para notificar personalmente al quejoso ..., el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, por las razones que expone. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa por lista de acuerdos el citado proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En otro apartado, visto el escrito firmado por el quejoso Raúl Lascares Sánchez, atento a su contenido, toda vez que interpone recurso de queja contra el auto de desechamiento de cuatro de octubre del año en curso, dictado por este Juzgado en el presente juicio. En consecuencia, procédase conforme a lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase informe al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en Turno, acompañando copia certificada de las constancias necesarias para su substanciación, manifestándole que es cierta la determinación impugnada. SE DEJA DISPONIBLE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Instrúyase a la Oficial Judicial "A", Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el tribunal que por turno conozca tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE. "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de control con el número .... TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSO ... demandado en el expediente ... AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juez Segundo Familiar y Civil de la Villa de Etla Oaxaca. ACTO RECLAMADO La resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente ..., en la que deja sin efecto la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, y en sustitución requiere al quejoso realizar el pago de las tres quincenas adeudadas de la pensión alimenticia, para lo cual deberá exhibir la cantidad de $6,376.50 (seis mil trescientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos). DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 62, 112 y 113, en relación con el numeral 61 fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, dado que antes de acudir al juicio de amparo a combatir el acto que se duele, el promovente debió agotar el medio ordinario de defensa (principio de definitividad), previsto en la legislación correspondiente. Dicho artículo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Novena Época, Registro: 191539, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a. LVI/2000, Página: 156; cuyo rubro menciona: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de las cuales, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. No es óbice a lo anterior, que el acto impugnado pueda considerarse de ejecución irreparable, ya que tal circunstancia no es impedimento jurídico para dejar de cumplir con el presupuesto de DEFINITIVIDAD del acto reclamado, salvo los casos expresamente previstos por la propia ley de amparo. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117, con el rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Previamente, deben citarse algunos antecedentes del acto reclamado, para plasmar la improcedencia del juicio de amparo: 1. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca, en el expediente familiar 378/2016, requirió al demandado Raúl Lascares Sánchez, para que exhibiera el monto equivalente al descuento que percibía siendo empleado del Poder Judicial del Estado, correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre y primera y segunda de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Contra dicho requerimiento el demandado Raúl Lascares Sánchez, interpuso el recurso de revocación, mismo que lo resolvió la Juez Segundo Familiar y Civil de Etla, Oaxaca, en autos del ahora expediente 94/2023, el doce de mayo del año en curso, donde se revocó parcialmente dicho acuerdo y resuelve requerir nuevamente el pago de las tres quincenas tomando como base el importe del salario mínimo vigente del dos mil veintiuno ($141.70), pero sin argumentar los motivos que la llevaron a fijar dicha pensión, es decir, no expuso los motivos por los cuales resultaba proporcional dicha fijación de pensión. 3. Contra dicha resolución el demandado Raúl Lascares Sánchez, promovió juicio de amparo, del que conoció este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado bajo el número 539/2023, resolviéndose el veinte de julio del presente año, en el que se concedió la protección de la Justicia Federal por falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. 4. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 539/2023, del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, la Juez Segundo Familiar y Civil de Etla, Oaxaca, dicto la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Sin embargo, conforme a lo anteriormente expuesto, antes de acudir al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover RECURSO DE REVOCACIÓN contra el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ..., del índice del Juzgado Segundo Familiar y Civil de la Villa de Etla Oaxaca, por el que determina dejar sin efecto la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, y en sustitución requiere al quejoso realizar el pago de las tres quincenas adeudadas de la pensión alimenticia, para lo cual deberá exhibir la cantidad de $6,376.50 (seis mil trescientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos), equivalente a razón de un salario mínimo diario vigente, siendo este la cantidad de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos, setenta centavos M/N), en términos del artículo 667 del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca. Dicho numeral dispone: "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro del tercero día, concurran o no las partes aquella audiencia." De ahí que el RECURSO DE REVOCACIÓN, es el medio previsto en la misma legislación procesal, por el cual, el impetrante en dicho juicio familiar, podría impugnar el citado auto reclamado, dictado en el expediente familiar ... del índice del Juzgado Segundo Familiar y Civil de la Villa de Etla Oaxaca. Razón por la cual el promovente necesariamente debió agotar el medio de impugnación previsto y sancionado por los numerales 664 y 667, del ordenamiento antes citado, previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, sin que constituya alguno de los supuestos legales previstos en la misma fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, para eximir de tal condición previa a la acción de amparo. Además, es un hecho notorio que el juicio de amparo 539/2023 de este índice, se originó con motivo de la resolución que resolvió el recurso de revocación interpuesto por Raúl Lascares Sánchez, contra el requerimiento de pagos de pensiones alimenticias adeudadas, mismo supuesto por el que se promueve este nuevo juicio de amparo, por lo que no opera una excepción al principio de definitividad. Es aplicable, lo previsto por la jurisprudencia número XXII. J/12, visible en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." En consecuencia, se corrobora que el promovente, necesariamente debió agotar el medio de impugnación antes citado, previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, sin que constituya alguno de los supuestos legales previstos en la misma fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para eximir de tal condición previa a la acción de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 1999, tomo X, registro 193142, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Julio de 2012, página 729, registro 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107,fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, resulta improcedente la demanda de amparo en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. COMUNICACIONES NO PROCESALES Se le tiene señalando el número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber a la quejosa que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de control con el número .... TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. QUEJOSO ... demandado en el expediente ... AUTORIDAD RESPONSABLE 1. Juez Segundo Familiar y Civil de la Villa de Etla Oaxaca. ACTO RECLAMADO La resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés dictada en el expediente ..., en la que deja sin efecto la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, y en sustitución requiere al quejoso realizar el pago de las tres quincenas adeudadas de la pensión alimenticia, para lo cual deberá exhibir la cantidad de $6,376.50 (seis mil trescientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos). DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Con fundamento en los artículos 62, 112 y 113, en relación con el numeral 61 fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, dado que antes de acudir al juicio de amparo a combatir el acto que se duele, el promovente debió agotar el medio ordinario de defensa (principio de definitividad), previsto en la legislación correspondiente. Dicho artículo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Novena Época, Registro: 191539, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, Materia(s): Común, Tesis: 2a. LVI/2000, Página: 156; cuyo rubro menciona: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de las cuales, la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Pues, si las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. No es óbice a lo anterior, que el acto impugnado pueda considerarse de ejecución irreparable, ya que tal circunstancia no es impedimento jurídico para dejar de cumplir con el presupuesto de DEFINITIVIDAD del acto reclamado, salvo los casos expresamente previstos por la propia ley de amparo. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas del Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, registro digital 2017117, con el rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Previamente, deben citarse algunos antecedentes del acto reclamado, para plasmar la improcedencia del juicio de amparo: 1. El ocho de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Primero de lo Civil de Etla, Oaxaca, en el expediente familiar 378/2016, requirió al demandado Raúl Lascares Sánchez, para que exhibiera el monto equivalente al descuento que percibía siendo empleado del Poder Judicial del Estado, correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre y primera y segunda de noviembre de dos mil veintiuno. 2. Contra dicho requerimiento el demandado Raúl Lascares Sánchez, interpuso el recurso de revocación, mismo que lo resolvió la Juez Segundo Familiar y Civil de Etla, Oaxaca, en autos del ahora expediente 94/2023, el doce de mayo del año en curso, donde se revocó parcialmente dicho acuerdo y resuelve requerir nuevamente el pago de las tres quincenas tomando como base el importe del salario mínimo vigente del dos mil veintiuno ($141.70), pero sin argumentar los motivos que la llevaron a fijar dicha pensión, es decir, no expuso los motivos por los cuales resultaba proporcional dicha fijación de pensión. 3. Contra dicha resolución el demandado Raúl Lascares Sánchez, promovió juicio de amparo, del que conoció este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado bajo el número 539/2023, resolviéndose el veinte de julio del presente año, en el que se concedió la protección de la Justicia Federal por falta de fundamentación y motivación del acto reclamado. 4. En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo indirecto 539/2023, del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, la Juez Segundo Familiar y Civil de Etla, Oaxaca, dicto la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. Sin embargo, conforme a lo anteriormente expuesto, antes de acudir al juicio de amparo como medio extraordinario de defensa, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, es necesario agotar en primer término la jurisdicción ordinaria; por lo que en el caso, la parte quejosa debió promover RECURSO DE REVOCACIÓN contra el auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ..., del índice del Juzgado Segundo Familiar y Civil de la Villa de Etla Oaxaca, por el que determina dejar sin efecto la resolución de doce de mayo de dos mil veintidós, y en sustitución requiere al quejoso realizar el pago de las tres quincenas adeudadas de la pensión alimenticia, para lo cual deberá exhibir la cantidad de $6,376.50 (seis mil trescientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos), equivalente a razón de un salario mínimo diario vigente, siendo este la cantidad de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos, setenta centavos M/N), en términos del artículo 667 del Código de Procedimientos Civiles de Oaxaca. Dicho numeral dispone: "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro del tercero día, concurran o no las partes aquella audiencia." De ahí que el RECURSO DE REVOCACIÓN, es el medio previsto en la misma legislación procesal, por el cual, el impetrante en dicho juicio familiar, podría impugnar el citado auto reclamado, dictado en el expediente familiar ... del índice del Juzgado Segundo Familiar y Civil de la Villa de Etla Oaxaca. Razón por la cual el promovente necesariamente debió agotar el medio de impugnación previsto y sancionado por los numerales 664 y 667, del ordenamiento antes citado, previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, sin que constituya alguno de los supuestos legales previstos en la misma fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, para eximir de tal condición previa a la acción de amparo. Además, es un hecho notorio que el juicio de amparo 539/2023 de este índice, se originó con motivo de la resolución que resolvió el recurso de revocación interpuesto por Raúl Lascares Sánchez, contra el requerimiento de pagos de pensiones alimenticias adeudadas, mismo supuesto por el que se promueve este nuevo juicio de amparo, por lo que no opera una excepción al principio de definitividad. Es aplicable, lo previsto por la jurisprudencia número XXII. J/12, visible en la página doscientos noventa y cinco, del tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." En consecuencia, se corrobora que el promovente, necesariamente debió agotar el medio de impugnación antes citado, previo a promover el juicio de amparo, pues éste es un medio de defensa a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, sin que constituya alguno de los supuestos legales previstos en la misma fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para eximir de tal condición previa a la acción de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Octubre de 1999, tomo X, registro 193142, de rubro y texto siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Julio de 2012, página 729, registro 2001155, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107,fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, resulta improcedente la demanda de amparo en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. COMUNICACIONES NO PROCESALES Se le tiene señalando el número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección .. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber a la quejosa que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE.

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