Raúl Lara Sánchez

Expediente 979/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
979/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Raúl Lara Sánchez
  • tercero interesado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; con relación al punto 7.1.1, numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se concedió la protección constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, el cuaderno original del incidente de suspensión resulta depurable una vez que transcurra el término antes señalado, pues se negó y concedió la medida cautelar, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Por otra parte, conforme al diverso 8.1.1, numeral 2, inciso a), del citado manual, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se deprende: 1. Sentencia que otorgó el amparo. Mediante audiencia constitucional de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el treinta de marzo siguiente, se otorgó el amparo y protección de la justicia Federal, al peticionario del amparo, para los efectos siguientes: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la sentencia, el director del Hospital General Regional 220 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México, Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social: Deje insubsistente el oficio **** de trece de enero del año en curso. Emita una nueva respuesta en la que conteste en forma congruente, completa, exhaustiva y de manera fundada y motivada y, atendiendo a los puntos de las solicitudes formuladas por el impetrante, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, es decir, en el caso de que el directo quejoso no se encuentre vacunado contra el COVID-19, precisar atendiendo al calendario y actividades federales y estatales, el lugar donde puede obtener dicho beneficio; asimismo, notifique en breve termino su determinación en el domicilio señalado para tal efecto". 2. Auto por el cual causó ejecutoria y requerimiento de cumplimiento por parte de las autoridades responsables. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria por ministerio de ley la sentencia amparante, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, diera cumplimiento a los efectos antes mencionados. Así, la autoridad responsable remitió el oficio de veintisiete de abril siguiente, con el cual acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector; sin embargo, por auto de treinta de abril anterior, este Órgano Jurisdiccional consideró que del contenido de los oficios se desprendió que el Director General Regional 220 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México, Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social no emitió una respuesta en la cual atendiera todas las peticiones formuladas por el justiciable, al haberse limitado a señalar la existencia del plan para ejecutar el programa de vacunación contra el virus SARS COV-2, así como el sitio web para su inscripción, dejando de contestar cada una de las peticiones que el quejoso solicitó por escrito del diecisiete de diciembre del año anterior, lo cual denotaba una falta de fundamentación y motivación; por tanto, nuevamente se requirió su cumplimiento. En mérito de ello, mediante oficio de cinco de mayo del año en curso, la autoridad responsable informó haber dado cumplimiento al fallo protector. Y, con lo cual el siete de mayo siguiente, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que su interés legal conviniera, con lo cual el peticionario del amparo desahogó dicha vista otorgada. Así las cosas, mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, nuevamente este órgano jurisdiccional consideró que no se tenía por cumplida la sentencia, cuenta habida que no emitió una respuesta donde atendiera todas las peticiones formuladas por el justiciable, dado que se limitó a señalar que dicho hospital no se encontraba contemplado dentro de aquellos del plan de vacunación para recibir dosis de vacunas contra el virus SARS COV2, limitándose a señalar que el gobierno federal era a quien le correspondía determinar las sedes para aplicar la vacuna, asimismo proporcionó el sitio web para su inscripción; cuestiones con las cuales se estimó que no se emitió una determinación fundada y motivada, requiriéndose nuevamente su cumplimiento. Acto seguido, la autoridad responsable el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, remitió las constancias con los cuales acreditó haber dado cumplimiento a la sentencia, con lo cual el veintisiete de mayo siguiente, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que su interés legal conviniera; vista que desahogó el uno de junio anterior. Con motivo de lo anterior, por auto de quince de junio del año en curso, este Órgano Federal consideró que la autoridad responsable parcialmente dio respuesta respecto de los lugares donde el quejoso pudiera obtener el beneficio de la vacuna contra el virus SARS COV2; sin embargo, omitió dar respuesta a todas las peticiones que elevó mediante escrito de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, concretamente respecto a si el quejoso se encuentra o no vacunado contra dicho virus, con lo cual se requirió nuevamente su cumplimiento. En atención al requerimiento anterior, la autoridad responsable remitió un oficio con el cual adujo haber acreditado el fallo protector; con lo cual se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, por lo que el siete de julio del año en curso, se estimó que la sentencia de amparo no se encontraba debidamente cumplida dado que la autoridad responsable no había notificado al quejoso la respuesta a sus peticiones, aunado a que tampoco su respuesta se encontraba ajustada a la realidad del quejoso, puesto que el principal objetivo de la solicitud era ser vacunado contra el virus Sars-cov2 (enfermedad covid 19), con independencia de que la institución lo hiciera directamente, volviéndose a requerir su cumplimiento. Con lo cual, el catorce de julio del año en curso, la autoridad responsable remitió las constancias con las cuales acreditó haber dado cumplimiento al fallo protector. 3. Vista con el cumplimiento. Mediante proveído de quince de julio de dos mil veintiuno se ordeno´ dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, con base en los elementos obrantes en el expediente y los datos aportados por la responsable. 4. Notificación. El acuerdo anterior, se notificó a la parte quejosa por medio de lista electrónica el veinte de julio de dos mil veintiuno. 5. Desahogo de vista. En esta fecha se hice constar que el peticionario del amparo SÍ desahogó la vista dentro del plazo concedido para tal efecto y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria federal se encuentra o no cumplida. Con lo anterior, debe decirse que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según el arábigo 2º de la Ley de Amparo, tienen valor probatorio, se advierte que la autoridad responsable el doce de julio de dos mil veintiuno, emitió una respuesta dirigida al peticionario del amparo en la cual le explicó que dicho instituto de salud, no se encuentra contemplado para la concentración de vacunas a los derechohabientes, por lo que para poder acceder a la vacuna contra el virus Sars-cov2 (covid19) debía ingresar a la página establecida por la Secretaría de Salud, a efecto de atender al programa de vacunación, pero adicional a ello, la responsable de mutuo propio, ingresó al sistema antes referido donde pudo constatar que el peticionario del amparo ya se encontraba registrado ante el sitio web para la segunda dosis, e inclusive ya estaba vacunado, informando además que quedaba insubsistente el oficio 160110252110/DIR/009/2021 de trece de enero de dos mil veinte. Oficio del cual se desprende que fue notificado en el domicilio que el quejoso señaló para tales efectos, sin advertirse quién firmó tal acuse, empero, válidamente puede desprenderse que fue notificado por la responsable al quejoso o a una persona autorizada para tales efectos. En consecuencia a lo anterior, se procede al análisis del defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se cita de forma ilustrativa el criterio jurisprudencial 1469 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte-SCJN Décima Segunda Sección-Ejecución de sentencias de amparo, Sexta Época, página 1664, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO. La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege, es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo." En la parte considerativa del cumplimiento antes analizado, este órgano estima que el acuerdo dictado por la responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor de ese fallo, dado que no fue más allá del alcance de los términos de la ejecutoria que otorgó la protección federal respecto de los actos vinculados a los propios del efecto restitutorio del amparo concedido; además, no existió defecto porque no omite el estudio de las cuestiones que le ordenó resolver la citada ejecutoria que concedió el amparo. Cierto es, no se advierte que en el juicio que aquí ocupa, exista defecto o exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que de manera puntual, la autoridad responsable el doce de julio de dos mil veintiuno, emitió una respuesta dirigida al peticionario del amparo en la cual le explicó que dicho instituto de salud, no se encuentra contemplado para la concentración de vacunas a los derechohabientes, por lo que para poder acceder a la vacuna contra el virus Sars-cov2 (covid19) debía ingresar a la página establecida por la Secretaría de Salud, a efecto de atender al programa de vacunación, pero adicional a ello, la responsable de mutuo propio, ingresó al sistema antes referido donde pudo constatar que el peticionario del amparo ya se encontraba registrado ante el sitio web para la segunda dosis, e inclusive ya estaba vacunado, informando además que quedaba insubsistente el oficio 160110252110/DIR/009/2021 de trece de enero de dos mil veinte; con lo cual queda cumplida la sentencia de amparo. No pasan inadvertidas las manifestaciones del quejoso vertidas en escrito de veintiuno de julio anterior, donde expone que existe un defecto en la fundamentación del acto, sin embargo, debemos recordar que el quejoso en primer lugar se dolió de la omisión de dar respuesta a su petición de diciesiete de diciembre de dos mil veinte, en la que solicitó a la responsable para que le proporcionara la fecha y hora a efecto de que le fuera aplicada la vacuna contra el virus SARS COV-2; y con motivo de ello, dentro de la secuela del sumario constitucional, amplió su demanda, contra la contestación dada a dicha petición. Así, dentro de la sentencia de amparo, se estimó que respecto del primer acto reclamado, había cesado en sus efectos, por haberse dado respuesta; sin embargo, se otorgó el amparo y protección de la justicia federal respecto del segundo acto, cuenta habida que de conformidad con el artículo 8º constitucional, la responsable debía pronunciarse respecto de la petición elevada por el justiciable, empero, atendiendo a todos los puntos planteados, dado que no le dio a conocer todas las medidas adoptadas respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS COV2, pues el principal objetivo del escrito del quejoso, era ser vacunado, con independencia de que la instutición responsable lo hiciera de manera directa, por lo que debía explicarle las reglas de la vacunación para que el quejoso accediera a ella. En tales condiciones, la autoridad responsale informó que el peticionario del amparo acorde con lo verificado en el sitio web de la Secretaría de Salud para poder acceder a la vacuna contra el virus Sars-cov2, ya había sido registrado debidamente, e inclusive ya contaba con un esquema de vacunación completo, es decir, con ambas dosis, con lo cual queda satisfecha la sentencia de amparo, al habérsele restituido el goce de sus derechos fundamentales acorde con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que exista un defecto como lo pretende hacer ver el amparista, por lo que en todo caso, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. En tales condiciones, este Juzgador considera que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que le habían sido violados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, al advertirse que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos que se precisaron en la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 130/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de dos mil doce, materia común, página 487, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA EMITIDA EN AMPARO DIRECTO. PARA CONSIDERAR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR DEBE REALIZARSE UN EXAMEN COMPARATIVO GENERAL O BÁSICO A FIN DE CONOCER SI LA FORMA DE REPONER EL PROCEDIMIENTO O LA EMISIÓN DE LA NUEVA RESOLUCIÓN ACATA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEFINIDOS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Conforme al artículo 105, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, procede la inconformidad contra el auto que tenga por cumplida la ejecutoria que concede la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, para tener por cumplida una sentencia de amparo directo que otorgó la protección por violaciones cometidas en la secuela del procedimiento o en la sentencia o laudo reclamados, no basta con que la autoridad responsable reponga el procedimiento o deje insubsistente la resolución respectiva sustituyéndola por otra para considerar que con ello se restituye a la quejosa en el goce del derecho fundamental transgredido, sino que es necesario realizar un examen comparativo general o básico para conocer si la forma de reponer el procedimiento o la emisión de la nueva resolución acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos sustantivos, incluyendo la hipótesis en que se haya dejado en libertad de jurisdicción a la responsable, pues es posible que el tribunal de amparo haya ordenado la reiteración de ciertos puntos o definido la manera de decidir sobre algunos aspectos. De manera que sólo a través de dicho estudio podrá advertirse si se alcanza el efecto restitutorio del amparo, conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo, además de no extralimitar la materia de la inconformidad pronunciándose sobre temas de debido, exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, o de repetición del acto reclamado, revisables a través de distintos medios de defensa con características y naturaleza propias." Finalmente no se desatiende el hecho de que la presente determinación sea emitida por el Secretario encargado del despacho, sin embargo, dado el carácter de urgencia de cumplir con la sentencia, se estima aplicable por analogía la 2a./J. 22/2021 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2023104, Undécima Época, Materias(s): Común, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1891, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con epígrafe y texto: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se declara que el Hospital General Regional 220 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México, Poniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el treinta de marzo siguiente, por este Juzgado Federal. SEGUNDO. Envíese testimonio a la autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el escrito de cuenta, signado por el quejoso Raúl Lara Sánchez, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto a la vista ordenada en proveído de quince de los cursantes, referente al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, se tienen por hechos los argumentos de la parte quejosa, mismos que serán tomados en consideración al momento de valorar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, quince de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.

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