Raúl Lara Mazatan
Expediente 842/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Raúl Lara Mazatan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No hay. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Del mismo modo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, de conformidad con el considerando vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su concesión, mientras que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al término de seis meses, conforme con el diverso vigésimo, fracción III, del acuerdo general de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Oficio. Agréguese a los antecedentes, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, a través del cual informa las gestiones relativas al cumplimiento del fallo protector pronunciado en este juicio. Requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad oficiante un plazo prudente de diez días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, a fin que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo o no informar la imposibilidad que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese.
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA AL PERITO OCTAVIO ALBERTO ORELLANA WIARCO. Escrito. Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por el perito oficial, mediante el cual solicita que comparezca a este juzgado federal la parte quejosa, a realizar una amplia muestra de escritura y firma, bajo la dirección del experto. Acuerdo. En tales condiciones, a fin que se pueda materializar el desahogo de la prueba pericial ofrecida en autos por las partes, se señalan las trece horas del trece de agosto de dos mil diecinueve, para que comparezca Juan Martínez Celada, ante esta presencia judicial a estampar su firma por diez veces, la que servirá de base para el cotejo con la firma que aparece en el documento impugnado, además, deberá presentar su credencial para votar y varios documentos oficiales, como pasaporte, cedula profesional, licencia de conducir, entre otros, donde obren sus firmas autógrafas; asimismo, se autoriza al perito oficial tome la muestra de escritura y firma que necesita para rendir su dictamen pericial, lo cual deberá acontecer en la diligencia de mérito. Una vez que se encuentre integrada la prueba pericial, se fijará término para que los expertos rindan su dictamen. Notifíquese personalmente a las partes, así como a los auxiliares en la administración de justicia.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Visto lo de cuenta, se recibe el oficio de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer Mesa I, con residencia en esta ciudad; ahora bien, de la constancia que allegó la autoridad, se advierte que el veinticuatro de julio en curso, ordenó la inmediata libertad del quejoso, mediante oficio de esa misma fecha dirigido al Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Laguna I, con residencia en esta ciudad. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, de la constancia remitida por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer Mesa I, con residencia en esta ciudad, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. El contenido del numeral y fracción en cita, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- 1).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- Marcada con el INCISO a), Le reclamo la Orden que Dio para que detuvieran a mi representado RAUL LARA MAZATAN elementos a su cargo, sin hacer delito alguno. 2.- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA; Marcada con el INCISO b ), Le reclamo LA DETENCION E INCOMUNICACION de que está siendo objeto mi representado por parte de agentes de la Dirección de Seguridad Pública de esta Ciudad". En tal virtud, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral citado, ello, porque de la constancia remitida por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer Mesa I, con residencia en esta ciudad, se advierte que el veinticuatro de julio en curso, ordenó la inmediata libertad del quejoso, mediante oficio de esa misma fecha dirigido al Inspector de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado Región Laguna I, con residencia en esta ciudad; la cual goza de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en el ejercicio de funciones. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego entonces, es de estimarse que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, lo que significa que las autoridades a quienes se les atribuyeron, dejaron de afectar la esfera jurídica del quejoso, esto es, lo restituyeron en el pleno goce de sus derechos que considero violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan los actos, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a los quejosos en el goce de las garantías violadas; de ahí que la cesación de efectos sea el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado, deje de afectar la esfera jurídica de éstos, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que ameriten ser borradas por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional; esto es, la restitución a los agraviados en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Apoya las consideraciones anteriores, por identidad jurídica substancial la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en el tomo XI, marzo de 2000, página 875, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que se lee bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto." En tal virtud, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la imparticion de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia. Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que se señalaron las diez horas con cincuenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, de ahí que, por mayoría de razón resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, si a la fecha en que ha de celebrarse la audiencia aparece demostrada una causal de improcedencia notoria y manifiesta; en tales condiciones se deja sin efectos la fecha señalada con antelación para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo.
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