Raúl Junior Hernández González
Expediente 854/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Raúl Junior Hernández González
- Óscar Huerta Vázquez
Actuaciones
- Principal
Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes, y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. En la inteligencia que para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama de cuenta, que remite el Jefe de la Oficina Telegráfica en Zacatecas, mediante el cual, en relación a los oficios 9144/2018 y 9145/2018, del índice de este juzgado, dirigidos a las autoridades responsables que los quejosos señalaron como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y Comisionado General de la Policía Federal, Dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, la Oficina de la colonia Chapultepec, Polanco, en la Ciudad de México, que es a la que corresponde su entrega, informó que no pueden ser entregados a sus destinatarios por falta de domicilio; al respecto, toda vez que los citados oficios también fueron enviados por correo ordinario, una vez que se reciban en este juzgado los acuses de recibo postal correspondientes, se acordará lo conducente.
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por Luis David González Jiménez, Raúl Junior Hernández González, Cristóbal Pulido Alanís, Juan Torres Salazar, Oscar Huerta Vázquez, Pablo Hernández Morales, Christián Alejandro Martínez Díaz, Juan Alberto González Domínguez, Primitivo Zarate Domínguez, Noé Romero Estrada, Marco Antonio Ortega Hernández y Jacobo Zúñiga Oballe, por propio derecho, contra actos del Secretario de Gobernación y otras autoridades, se acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que en la misma se señala como autoridades responsables al Secretario de Gobernación, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Coordinador del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social, Director Operativo de la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Subdirector de ejecución de Sanciones a Ceferesos, Extranjeros, Indígenas, y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Director del Centro Federal de Readaptación Número 2 "Occidente", Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Número 2 "Occidente", Director Administrativo del Centro Federal de Readaptación Número 2 "Occidente", Secretario de Seguridad Pública y Comisionado General de la Policía Federal, y como acto reclamado: ". la posible orden de traslado del lugar de nuestra actual reclusión a otro centro penitenciario fuera del estado de Jalisco injustificadamente." Por lo que, antes de verificar sobre la procedencia o improcedencia de la demanda de garantías, es conveniente determinar sobre la competencia de la demanda en estudio, así tenemos que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que: 1. Luis David González Jiménez, Raúl Junior Hernández González, Cristóbal Pulido Alanís, Juan Torres Salazar, Oscar Huerta Vázquez, Pablo Hernández Morales, Christián Alejandro Martínez Díaz, Juan Alberto González Domínguez, Primitivo Zarate Domínguez, Noé Romero Estrada, Marco Antonio Ortega Hernández y Jacobo Zúñiga Oballe, se encuentran interno en el Centro Penitenciario Federal número Dos "Occidente", en el estado de Jalisco. 2. Luis David González Jiménez, Raúl Junior Hernández González, Cristóbal Pulido Alanís, Juan Torres Salazar, Oscar Huerta Vázquez, Pablo Hernández Morales, Christián Alejandro Martínez Díaz, Juan Alberto González Domínguez, Primitivo Zarate Domínguez, Noé Romero Estrada, Marco Antonio Ortega Hernández y Jacobo Zúñiga Oballe, tienen conocimiento de la existencia de una orden de traslado del Centro penitenciario en que actualmente se encuentran recluidos a uno diverso fuera del Estado de Jalisco; lo que constituye el acto reclamado de la demanda de garantías que ahora se analiza. De lo anterior, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, toda vez que la parte quejosa expresamente en su demanda de amparo manifiesta que las autoridades de las que emana el acto reclamado reside en el Estado de Jalisco y en la Ciudad de México, sin que los quejosos hayan señalado autoridad alguna dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por lo que esta autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, declina competencia legal en favor del Juez de Distrito en turno en cuya jurisdicción residen las autoridades a las que se les atribuye la emisión y ejecución del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda. Sirve de sustento a lo antes señalado en lo conducente la Tesis I.1o.A.44, legible en la página 1299, A XIV, Agosto de 2001, Materias Administrativa, Común, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al efecto dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 134, V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." Ahora bien, teniendo en consideración que en la especie, los quejosos reclaman de las autoridades señaladas como responsables, el traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio conocido en Jalisco, en el que se encuentran recluidos, a uno diverso, en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado consistente en el traslado de los quejosos Luis David González Jiménez, Raúl Junior Hernández González, Cristóbal Pulido Alanís, Juan Torres Salazar, Oscar Huerta Vázquez, Pablo Hernández Morales, Christián Alejandro Martínez Díaz, Juan Alberto González Domínguez, Primitivo Zarate Domínguez, Noé Romero Estrada, Marco Antonio Ortega Hernández y Jacobo Zúñiga Oballe, del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio conocido en Jalisco, en el que actualmente se encuentran, a uno diverso fuera del Estado de Jalisco. En el entendido, de que la suspensión de plano y de oficio otorgada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, tendrá por efecto que el órgano jurisdiccional decrete la suspensión de los actos reclamados y dicte todas las medidas necesarias para que las autoridades responsables realicen las gestiones, para que cesen de inmediato las determinaciones consistentes en el traslado de los directos quejosos Luis David González Jiménez, Raúl Junior Hernández González, Cristóbal Pulido Alanís, Juan Torres Salazar, Oscar Huerta Vázquez, Pablo Hernández Morales, Christián Alejandro Martínez Díaz, Juan Alberto González Domínguez, Primitivo Zarate Domínguez, Noé Romero Estrada, Marco Antonio Ortega Hernández y Jacobo Zúñiga Oballe, del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio el Salto, Jalisco, en el que dicen se encuentran recluidos, en caso de que aún no se lleve a cabo el mismo; y si ya se realizó el traslado las referidas autoridades deberán informar a este órgano jurisdiccional, dentro del término de veinticuatro horas el lugar al que fueron trasladados y en que se encuentran Luis David González Jiménez, Raúl Junior Hernández González, Cristóbal Pulido Alanís, Juan Torres Salazar, Oscar Huerta Vázquez, Pablo Hernández Morales, Christián Alejandro Martínez Díaz, Juan Alberto González Domínguez, Primitivo Zarate Domínguez, Noé Romero Estrada, Marco Antonio Ortega Hernández y Jacobo Zúñiga Oballe. Con fundamento en lo establecido por los artículos 126, párrafo segundo y 158, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento que se haya dado respecto de la medida suspensional, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda de garantías. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, en virtud que en párrafos precedentes se ordenó suspender de plano éste. En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de que se trata al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en Turno, a quien se estima competente para conocer de ella, en razón que es dentro de su jurisdicción donde radican las autoridades a quienes se atribuye el acto reclamado; dejando en este juzgado copia certificada de dicha demanda para formar el cuaderno correspondiente. Como lo solicitan los quejosos y con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entréguese a éstos copia autorizada del presente auto en el lugar de su reclusión. En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Luis David González Jiménez, sin perjuicio que el juez a quien corresponda conocer la demanda, una vez que se pronuncie sobre la competencia planteada, designe a diverso quejoso con tal carácter, o bien, lo designen los propios quejosos. Toda vez que los quejosos señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión y manifiestan que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", con domicilio conocido en Jalisco; con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione al Actuario de su adscripción, a fin que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique a los quejosos, el contenido del presente proveído, por conducto de su representante común Luis David González Jiménez, entregando a los mismos la copia que al efecto solicitan. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
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