Raúl Junior Hernández González

Expediente 484/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
484/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2019

Partes del expediente

  • Raúl Junior Hernández González

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; por el que informa que ese tribunal aceptó la competencia declinada en el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en este expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Junior Hernández González, Juan Jesús Chairez Alonso, Moisés Iván Villagómez Ochoa, Jesús Alberto Pereyra Burgos y Luis David González Jiménez; contra actos del Director General del Centro Penitenciario Federal número dos "occidente" y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno y regístrese con el número 484/2019. En ese tenor, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se arriba a la conclusión de que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por las razones que a continuación se exponen: El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El aludido precepto establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, en el caso, Raúl Junior Hernández González, Juan Jesús Chairez Alonso, Moisés Iván Villagómez Ochoa, Jesús Alberto Pereyra Burgos y Luis David González Jiménez, señalaron como acto reclamado: "El de no proveernos la atención médica y los medicamentos recetados por los expertos y especialistas enmedicina" (sic)" Y señalaron como autoridades responsables: "1.- Director General del CEFERESO #2 "OCCIDENTE", con residencia en Puente Grande, Jalisco. 2.- Comité Técnico CEFERESO #2 "OCCIDENTE", con residencia en Puente Grande Jalisco. 3.- Jefe o Jefa del Área de Servicios Médicos del CEFERESO #2 "OCCIDENTE", con residencia en Puente Grande, Jalisco." Y como antecedentes del acto, mencionaron: ". no me proveen de la atención médica y no me dan los medicamentos prescritos por el médico." Con base en lo narrado, bajo protesta de decir verdad, se determina que debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado sí contiene ejecución material, porque si bien es cierto que se aduce una omisión de proporcionar atención médica adecuada, no menos verdad es que la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En consecuencia, y atendiendo a que los directos quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente", con residencia en Puente Grande, Jalisco y que es en ese centro de reclusión en el que se les brindará la atención médica necesaria, es que tiene ejecución material en dicha entidad. Por tanto, de conformidad con lo que prevé el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, resulta legalmente incompetente para conocer de la controversia que se le plantea, y estima competente a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Zapopan, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutarán los actos respecto a la atención médica que deben recibir los impetrantes de amparo. Así las cosas, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, remítase la demanda de cuenta al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en Zapopan, Jalisco, en turno, para los efectos que señala el segundo de los preceptos legales invocados, a quien se ordena la remisión de la demanda, solicitando el acuse de recibo. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que haya lugar a notificar en forma personal a las partes, el presente auto, en razón que de ello se ocupará el juzgado a quien se declina competencia cuando provea lo conducente. Sin que en el caso sea necesario pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que no se trata de alguno de los previstos en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XVI.P. J/3 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en la página: 2124, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario". NOTIFÍQUESE.

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