Raúl Jiménez Naranjo

Expediente 620/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
620/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Raúl Jiménez Naranjo
  • Leticia López Clemente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con ocho minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 620/2023, promovido por Raúl Jiménez Naranjo, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. S E N T E N C I A Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto número 620/2023 promovido por Raúl Jiménez Naranjo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día diez siguiente en este órgano jurisdiccional, Raúl Jiménez Naranjo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo. Secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo. Diligenciario del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo ACTO RECLAMADO: La radicación, sustanciación y sentencia condenatoria dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 265/2019 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo con residencia en Calpulalpan, en el cual figura como demandado en su carácter de deudor principal, a consecuencia de la falta de emplazamiento dentro del citado juicio Actos que considera violan los derechos contenidos en el artículos 1º, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda por lo que se refiere a la autoridad señalada como Secretario de Acuerdos del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo y se admitió por las restantes responsables, a las cuales se solicitaron informes justificados y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. Además, se ordenó el emplazamiento a los terceros interesados Leticia López Clemente y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, representado por José Luis Cruz Sánchez. Finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: La radicación, sustanciación y sentencia condenatoria dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 265/2019 del índice del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo con residencia en Calpulalpan, en el cual figura como demandado en su carácter de deudor principal, a consecuencia de la falta de emplazamiento dentro del citado juicio. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo con sede en Calpulalpan, Tlaxcala, y Diligenciaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional, al rendir sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama (fojas 34 y 36). Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora de las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 265/2019 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Leticia López Clemente contra Raúl Jiménez Naranjo y Mario Luis Flores Ramírez, dentro del cual se advierte la existencia material del acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Efectivamente, para que esta autoridad pueda resolver la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución procesal que impide se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo que se traduce en un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo. En el caso, la tercera interesada Leticia López Clemente, en el escrito por el cual se apersonó al presente asunto (fojas 40 a 42), hace valer como causal de improcedencia la relativa a que la promoción del juicio de amparo es extemporánea, toda vez que una vez dictada la sentencia en el juicio de origen, Raúl Jiménez Naranjo fue requerido de pago en diligencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, sin que hubiera promovido el juicio de amparo en el término que para tal fin establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. La causal de improcedencia es fundada, en atención a lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. "Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. "Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." De conformidad con la citada fracción, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro del plazo previsto para ello en la ley de la materia. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; "II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; "III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Toda vez que los actos reclamados consisten en la diligencia de emplazamiento practicada al quejoso Raúl Jiménez Naranjo dentro del juicio ejecutivo mercantil 265/2019 promovido por Leticia López Clemente contra Raúl Jiménez Naranjo y Mario Luis Flores Ramírez del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, así como todo lo actuado en dicho procedimiento, no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo cual se debe estar al plazo general que es de quince días, contado de la forma que estatuye el numeral 18 de la Ley de Amparo, que es la siguiente: a.- Desde el día siguiente al en que hubiese surtido efectos la notificación al quejoso del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado. b.- Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar. c.- Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. Establecido lo anterior, corresponde ahora señalar que la causa que aquí se analiza y torna improcedente el presente juicio de control constitucional, tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo genérico de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, en aquellos casos que no se esté en algunas de las excepciones que prevé el mismo numeral. Esto tiene su razón en que el legislador consideró que si un gobernado afectado por el acto de autoridad no se opone a él a través de su demanda de derechos fundamentales, significa que lo consintió. Lo anterior resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional (fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida) no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular, cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, se cita la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Época: Octava Época Registro: 219095 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1992 Materia(s): Común Tesis: Página: 364 "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." El criterio que precede se considera afín a la Ley de Amparo vigente, donde se pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a.- Un acto de autoridad. b.- Una persona afectada por tal acto. c.- La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d.- El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e.- El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, es oportuno precisar que el estudio de la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie es de estudio preferente. En el caso a estudio, el aquí quejoso reclama el emplazamiento que le fue efectuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 265/2019 del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo promovido por Leticia López Clemente, así como todo lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo la sentencia que al efecto se dictó. Además, en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, el quejoso refiere que el dos de mayo de dos mil veintitrés, al encontrarse en dicho órgano jurisdiccional en el que realizaba diversos trámites de carácter personal, se percató de la existencia de la existencia del juicio mercantil seguido en su contra, el cual le fue proporcionado para su consulta y que ahí se enteró del juicio en el que figura como demandado. Empero, Leticia López Clemente, tercera interesada en el presente asunto, hace valer como causal de improcedencia la relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, toda vez que refiere que una vez que se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de origen, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo el dieciséis de julio de dos mil veintidós, la cual se entendió con el ahora quejoso. En ese sentido, la suscrita juzgadora advierte que asiste la razón a la tercera interesada, toda vez que a foja 88 de las copias certificadas del juicio de origen, obra el acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, en el cual se facultó al Diligenciario Judicial para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y procediera al embargo de bienes para el pago del adeudo establecido en la sentencia emitida en dicho juicio (la cual se dictó el veintisiete de enero de dos mil veinte, como se aprecia a fojas 64 a 82). Además, de fojas 92 a 94 del sumario de origen se advierte el acta de embargo y requerimiento de pago de dieciséis de marzo de dos mil veintidós la cual se entendió directamente con el aquí quejoso Raúl Jiménez Naranjo. Por tanto, de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda empezó a contarse a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, lo cual sucedió el dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Luego, si la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el nueve de mayo de dos mil veintitrés, debe concluirse que el juicio constitucional fue promovido de manera extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Conclusión a la que arriba esta autoridad judicial, pues se valora que a foja 94 de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil, obra la firma del ahora quejoso Raúl Jiménez Naranjo, la cual a simple vista coincide con los rasgos de la plasmada en la demanda que dio origen a este juicio de amparo, aunado a que dicha diligencia y firma que la calza no fueron objetadas por el quejoso de mérito dentro del presente juicio de amparo. Por tanto, debe concluirse que por lo menos desde la indicada fecha (dieciséis de marzo de dos mil veintidós), el quejoso tenía conocimiento de la diligencia de emplazamiento que pretende controvertir en el presente sumario constitucional y de todo lo actuado en ese sumario, incluyendo la sentencia que al efecto se dictó, de ahí que la promoción del presente juico resulte extemporánea. Sobre el particular, tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Quinta Época Registro: 338362 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XXVI Materia(s): Común Tesis: Página: 193 "ACTOS CONSENTIDOS. Contra ellos es improcedente el juicio de amparo, y deben entenderse así si dicho juicio no se ha promovido dentro del plazo que la ley señala". En mérito de todo lo anterior, y en virtud de que la parte quejosa no promovió el presente juicio de amparo dentro del plazo legal que tenía para hacerlo, es que se estima actualizada la causa de improcedencia hecha valer por la tercera interesada, la cual está prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo y, por ello, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales. Cabe señalar que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, esta juzgadora se encuentra impedida para entrar al estudio y análisis del fondo del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se les informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, pueden obtenerlas del expediente electrónico, si cuentan con usuario y tienen acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Raúl Jiménez Naranjo, atento a lo expuesto en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable, Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, Calpulalpan, Tlaxcala, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés y remite copia certificada completa y legible del citatorio de ocho de abril de dos mil diecinueve y de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a ******************** en el juicio ejecutivo mercantil ******************** de su índice, dejando con ello, sin efectos el apercibimiento realizado en autos. Atento a lo anterior, se tienen por recibidas las anteriores constancias, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Con el contenido de las actuaciones remitidas, dese vista a las partes, para que en el término de ocho días manifiesten lo que a su interés convenga. En mérito de lo anterior, y considerando el contenido de la certificación de cuenta y estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para esta fecha, sin embargo, dada la vista ordenada en el presente acuerdo a las partes con las constancias recibidas en párrafos anteriores, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Secretaria Damayanty Rojas Huerta, encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, por vacaciones de la Titular, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de conformidad con el oficio CCJ/ST/3336/2023, con motivo de la sesión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veintitrés por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para esté día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que no obra la constancia de notificación del oficio 23159 girado a la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo con Sede en Calpulalpan, Tlaxcala, el diecinueve de julio de año en curso, a fin de que remita copia certificada completa y legible del citatorio de dos de abril de dos mil diecinueve y de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a Raúl Jiménez Naranjo en el juicio ejecutivo mercantil 265/2019 de su índice. Lo anterior, toda vez que dicha autoridad gozaba de su primer período vacacional comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, reanudando sus labores el uno de agosto de la presente anualidad. En mérito de lo anterior, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que de las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************del índice de la autoridad responsable, se advierte que el citatorio de ocho de abril de dos mil diecinueve, que precedió a la diligencia de emplazamiento efectuada al aquí quejoso ******************** - la cual constituye el acto reclamado - no se encuentra completa, toda vez que en la parte final de dicha actuación se aprecia que el texto se entrecorta, lo que impide determinar su contenido (foja 13 vuelta del tomo II de pruebas). En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable, Juez de Primero Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito judicial de Ocampo con sede en Calpulalpan, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita copia certificada completa y legible del citatorio de ocho de abril de dos mil diecinueve y de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a ******************** en el juicio ejecutivo mercantil ********************de su índice. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá una multa por la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

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