Raúl Jesús Méndez Rodríguez
Expediente 743/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 Cps Oaxaca, Miahuatlán, Oaxaca
- Raúl Jesús Méndez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL 743/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1° Requerimiento. Visto el estado de autos, se advierte que el director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz no ha informado si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos de dicho centro penitenciario a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso ********************, que hubiese sido depositado en el período comprendido del doce de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dirigido a este órgano jurisdiccional; pese a que el veintiuno del mes actual quedó notificado del proveído dictado el diecisiete del mismo mes y año, en el que se le hizo esa petición. 2° Requerimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se solicita nuevamente a la citada autoridad penitenciaria, para que, dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación cumpla con lo referido en el párrafo anterior. 2.1. Apercibimiento. Se les apercibe que, de no hacerlo o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente al importe de cincuenta unidades de medida de actualización, consistente en la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, 00/100, moneda nacional); de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 743/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, advirtiéndose que hasta el día de hoy no se ha recibido en la oficialía de partes de este Juzgado, escrito mediante el que el quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo, no obstante haber quedado notificado el doce de octubre último. Requerimiento a autoridad. Por tanto, a fin de establecer si la resolución de que se trata ha adquirido firmeza, además, por razón de seguridad y certeza jurídica, al tener el control de correspondencia de los reclusos, requiérase al director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece, Cps-Oaxaca, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la fecha en que quede notificado del oficio respectivo, con transcripción de este acuerdo, comunique si dentro de la correspondencia enviada o pendiente por enviar de los internos de dicho centro penitenciario a su cargo, se encuentra algún escrito del quejoso Raúl Jesús Méndez Rodríguez, que hubiese sido depositado en el período comprendido del doce de octubre al dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, dirigido a este órgano jurisdiccional; de ser así, comunique la fecha en que fue enviado a esta autoridad de amparo y remita las constancias relativas. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 743/2023 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 743/2023; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Presentación. Mediante escrito presentado en línea sin firma electrónica ni evidencia criptográfica el uno de agosto de dos mil veintitrés a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ************ en favor de ************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridad responsable que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 4, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y requerimiento. En auto de uno de agosto del año en curso, con la demanda de amparo se: a) Ordenó formar expediente con el número 743/2023. b) Envió un despacho al juez Mixto de Primera Instancia, en turno, con sede en Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que se hiciera presente en el Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA", en donde se encuentra interno el directo quejoso ************ y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo: I. Certificara el estado físico del agraviado. II. Le notificara el contenido de este proveído; y, III. Lo requiera, para que, en ese acto manifiestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida a su favor por **************** o, bien, en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de ese proveído, realizara dicha manifestación ante este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. IV. Además, se solicitó a la citada autoridad judicial, para que, en auxilio de las funciones de este Juzgado de Distrito, notificara y entregara el oficio que derivó de ese auto a la autoridad responsable directora del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-OAXACA"; y, c) Se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos consistentes en la omisión de brindar atención médica al quejoso, tortura, malos tratos y golpes. Tercero. Ratificación y admisión de la demanda. El nueve de agosto último se tuvo al directo quejoso ratificando la demanda de amparo promovida a su favor por *************; por lo que se admitió a trámite esa promoción inicial, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se citó a las partes a la audiencia constitucional y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se dio vista a la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional, para que investigara los hechos relativos a la tortura que la promovente, dijo, padecía el directo quejoso, acorde a los hechos expresados en la demanda de amparo. Cuarto. Audiencia constitucional. Previo el trámite respectivo, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, reformado por el diverso Acuerdo General 30/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil veintidós, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y los actos se reclaman de una autoridad residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por el quejoso y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en: a) Omisión de brindarle atención médica. b) Tortura. c) Golpes; y, d) Vejaciones. Que atribuye a la directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Tercero. Inexistencia de diversos actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable, consistentes en tortura, golpes y vejaciones. Lo anterior, toda vez que así lo indicó en su informe justificado, sin que el quejoso hubiese aportado pruebas para desvirtuar esa negativa ni de autos se desprende su existencia. Además, de la interpretación de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, se aprecia que corresponde a las partes desvirtuar la negativa de los actos atribuidos a las responsables, debiendo acreditar la existencia de los actos reclamados y la inconstitucionalidad de los mismos; lo que en el caso concreto no aconteció. Ello se corrobora del análisis realizado a las constancias del sumario, pues de ellas no se advierte medio de convicción alguno del que se evidencie la tortura, golpes, vejaciones o malos tratos llevados a cabo por la responsable contra el directo agraviado; puesto que de las manifestaciones, bajo protesta de decir verdad contenidas en el escrito inicial de demanda promovida por ***************, se advierte expuso ser esposa del quejoso **************; que el uno de agosto de este año recibió una llamada de este último, en la que le refirió que se sentía mal y que no podía respirar, lo que informó a los guardias, quienes le dijeron que no le proporcionarían nada y que lo golpearían en caso de que continuara insistiendo al respecto. Ahora, de la nota médica fechada el dos de agosto de dos mil veintitrés (posterior a la presentación de la demanda) se aprecia que el quejoso fue valorado medicamente, siendo diagnosticado con *********, *************, ***********, *********** y **********; se precisó su correspondiente plan de tratamiento; documental con valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. Manifestaciones y señalamiento que se revalidan, con la diligencia de certificación de estado físico de tres de agosto del año que transcurre, realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia, en la que hizo constar que el quejoso no presentaba lesiones visibles ni deterioro físico, en la que este último señaló que no había sido víctima de incomunicación, intimidación, tortura, azotes, palos, tormentos, tortura psicológica, agresión física, segregación o cualquier otro acto que importe peligro de privación de la vida o que esté prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. En esas condiciones, no se cuenta con evidencia razonable para considerar que se cometieron actos de tortura, golpes o malos tratos contra el quejoso, dado que no obran constancias suficientes que permitan establecer esas circunstancias, como fue sostenido en el escrito de demanda; además, el quejoso no aportó medio de convicción alguno a efecto de demostrar su existencia, no obstante que le corresponde la carga de la prueba conforme a lo establecido en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, al no existir dato objetivo alguno que confirme la participación de la autoridad en la ejecución de los actos reclamados consistentes en tortura, golpes y vejaciones o malos tratos; lo conducente es sobreseer en este juicio de amparo, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsable niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de un acto reclamado. La directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado por el quejoso, consistente en la omisión de brindarle atención médica, pues, al respecto, señaló que el dos de agoto de este año el agraviado recibió atención médica general y le fue proporcionado el tratamiento respectivo. Sin embargo, como esa manifestación, en su caso, es materia de estudio de fondo del asunto y no respecto de la existencia del acto que se le reclama, se tiene por cierta la falta de atención médica que se le atribuye. Quinto. Causa de improcedencia. Respecto al referido acto reclamado, consistente en la omisión de brindar atención médica al agraviado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". De conformidad con lo dispuesto en el precepto legal y la fracción transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando se trate de actos emanados de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. Disponiéndose como excepción, que no existirá obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En relación con el principio de definitividad, se considera que la premisa fundamental en la que se sostiene el propósito de garantizar la eficacia del juicio de amparo, de acuerdo a su naturaleza y objetivo, radica en que la procedencia de la acción no es irrestricta, dado que las normas constitucionales y especiales que regulan el juicio de amparo conforman una estructura cuyo contenido está dotado de ciertos principios que al mismo tiempo definen su diferencia con los medios legales de defensa ordinarios. Por su parte, en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecen los principios generales del juicio de amparo, entre los que destaca el de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto u abstención de una autoridad. Dicho principio se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. De ahí que el juicio de amparo, como procedimiento de control constitucional extraordinario, se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, los cuales se prevén en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional con el propósito de que, previo a la promoción del juicio, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genere certidumbre en el ordenamiento jurídico. Para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Ahora, la regla general que establece la definitividad en el juicio de amparo de ninguna manera es absoluta, de ahí que no opere en todos los casos ni en todas las materias, pues las excepciones que inciden en la aplicación y eficacia del principio están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia. Además, la observancia a ese principio se hace exigible cuando contra el acto reclamado, la ley que lo rige establece un recurso por el que pueda ser modificado, revocado o nulificado; en esa medida, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que cumpla requerimientos específicos relativos a que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir, que esté en ley; y, que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin la exigencia de mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión por la Ley de Amparo. Los artículos 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracciones I, IV, VI y VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal disponen: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; (.)." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y " "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el juez de control o de ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes;" "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; IV. Medidas de seguridad; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y " De la lectura de los preceptos legales reproducidos se advierte que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en relación con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de su internamiento; y que cuando se trate de peticiones urgentes, se podrá acudir de manera directa ante el juez de Ejecución para plantearla, quien oficiosamente suspenderá de inmediato el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva la problemática. También se contempla que si se trata de omisiones, el juez de ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. Destacándose que en aquellos casos donde los jueces de ejecución reciban promociones que, por su naturaleza, no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, imponiéndose al director la obligación de resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Además, en el supuesto de que la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; mientras que si la petición no hubiera sido resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución a demandar esa omisión, hipótesis en la que el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Así también, que las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas por la ley, tendrán acción judicial ante el juez de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cuestiones, las controversias sobre las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. Aunado a ello, en la legislación federal que se viene aludiendo se prevé la procedencia del recurso de revocación contra las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en la propia ley; medio de impugnación que tendrá por objeto que el juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda; además, se contempla el recurso de apelación, que se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugne y tendrá por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución objetada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. De lo anterior se sigue que el trámite hasta aquí señalado constituye la existencia de todo un sistema de impugnación de los actos, hechos u omisiones que se generen durante el tiempo de internamiento; esto porque tal procedimiento que inicia con una petición, constituye un verdadero medio de impugnación; pues cumple con la condición de constituir un instrumento previsto o contemplado dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, cuyo objetivo es modificar, revocar o nulificar el acto, hecho u omisión relacionado con las condiciones de internamiento; por tanto, genera la obligación para el promovente, de agotarlo previamente al juicio de amparo, a menos que opere alguna excepción al principio de definitividad. Así, es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquellas legitimadas puedan plantear peticiones ante el juez de Ejecución, cuando se trate de actos, hechos u omisiones de carácter urgente, verbigracia, un aspecto relacionado con la salud del interno que amerite atención inmediata, caso en el cual la autoridad de ejecución procederá a suspender oficiosamente y de inmediato el hecho o acto origen de esa petición o bien, en su caso, si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria. Lo anterior pone de manifiesto que será obligación de la persona sujeta a internamiento agotar dicho procedimiento; porque, además, con la interposición de tal medio de impugnación se prevé la suspensión del acto combatido, sin prever mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados; al contemplarse que tal medida cautelar opera de oficio y de inmediato; lo que evidencia que en estos supuestos de asuntos de urgencia, tampoco opera dicha excepción al principio de definitividad. En tanto que si se trata de un planteamiento que no tenga esa calidad de urgente y, en general, todas aquellas cuestiones que a pesar de no atenderse de inmediato, su subsistencia no deja sin materia la petición de que se trate, la legislación en estudio prevé que serán canalizadas a través del director del centro para su atención y tramitación, quien tendrá la obligación de resolver lo conducente dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición, para lo cual deberá notificar lo correspondiente al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución, teniendo la posibilidad, en caso de que no se resuelva a sus intereses, de formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Inclusive, si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el gestionante estará en aptitud de acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, quien adoptará la decisión que corresponda en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Entonces, si de la demanda de amparo se advierte que el quejoso se inconformó contra la falta de atención médica, tal como se precisó, resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. En el caso, sin bien, el agraviado aduce que solicitó a la autoridad penitenciaria le brindara atención médica, a lo que hizo caso omiso; sin embargo, ante esa omisión, está en aptitud de formular controversia ante el juez de Ejecución, en virtud que, como se adujo, si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el gestionante estará en aptitud de acudir ante esa autoridad judicial y demandar esa negligencia, quien adoptará la decisión que corresponda en un plazo no mayor a setenta y dos horas. Ello es así, porque la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que si se trata de omisiones, el juez de Ejecución será la autoridad legitimada para conocer de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, para lo cual determinará las acciones a realizar por parte de la autoridad penitenciaria. Incluso, dicho ordenamiento contempla expresamente en su artículo 115, que los internos pueden acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición y, en ese caso, dicho juez, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva, en definitiva, o si se trata de omisiones, determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; por lo que es evidente que en este caso no opera excepción al principio de definitividad. Así, como quedó establecido en párrafos anteriores, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de amparo, es preciso que se cumplan requerimientos específicos, como son: a) Que ese recurso o medio de defensa sea legal, es decir que esté en ley, b) Que a través de ese medio sea posible modificar o revocar el acto de autoridad; y, c) Que no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo. De ahí que si, en el caso, el procedimiento a que se viene haciendo alusión se encuentra contenido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y constituye un instrumento legal en sentido formal y material de aplicación en todo el territorio nacional, con ello se satisface el primero de los requisitos acotados. Además, el procedimiento cuya tramitación ahí se contiene y del que se estableció el mecanismo, fases y plazos que lo componen, tiene como finalidad, precisamente, revocar, nulificar o modificar todos aquellos hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, atribuibles a las autoridades penitenciarias, lo que implica que esos hechos, actos u omisiones puedan modificarse o revocarse a consecuencia del accionar de la propia autoridad penitenciaria o por determinación del juez de Ejecución a quien se dota, como ya se dijo, de facultades legales para resolver, entre otras cuestiones, aquéllas relacionadas con las condiciones de internamiento y demás aspectos vinculados con ellas; además de estar prevista la posibilidad de recurrir las determinaciones que se adopten contra los intereses de la persona privada de la libertad; lo cual convierte tal trámite en un verdadero medio de defensa, con lo que se cumple la segunda de los condicionantes señaladas. Asimismo, se consideró la viabilidad de la suspensión respecto a una cuestión de esa naturaleza, sin exigir mayores requisitos que los contemplados en la Ley de Amparo, pues en términos del artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que basta con la sola petición del interno ante el juez de Ejecución, para que éste, de oficio, suspenda de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva o si se trata de omisiones, determine las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria, lo cual implica que se satisface plenamente la exigencia señalada como tercer requisito. Además, no se está en el caso de que se surtan las diversas excepciones al principio de definitividad previstos en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución Federal; ni que el acto carezca de fundamentación. Es así, porque las condiciones de internamiento están reguladas en el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y, por tanto, el incumplimiento a tales deberes por parte de la autoridad carcelaria produce una violación a tal norma secundaria, de manera directa, y a la Constitución Federal en forma indirecta; y por otro lado, al ser el acto reclamado una omisión, no está sujeto a la condicionante constitucional de estar fundado, precisamente, atendiendo a su naturaleza omisiva. Incluso, la circunstancia de que el acto reclamado llegara a afectar algún derecho sustantivo del quejoso (derecho a la salud) y éste pudiera considerarse como de imposible reparación, no autoriza inobservar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ello, en virtud de que la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; pues mientras el acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad reclamado y en su especial trascendencia en la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la regla de definitividad consiste en la exigencia de agotar previamente al juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. De ahí que, aun tratándose de actos que sean de imposible reparación, antes de acudirse al juicio de amparo, es necesario agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley, salvo las excepciones previstas al respecto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia 1a./J.79/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Lo expuesto permite considerar que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentra establecido un procedimiento para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y las normas que deben observarse durante el internamiento, tendentes a garantizar a las personas privadas de su libertad el goce de los derechos fundamentales que éstos tienen reconocidos; en tanto que el quejoso se ubica en el supuesto que prevé el artículo 116 de esa ley, en el que se contempla expresamente que deben sujetarse a ese procedimiento, a través del cual pueden lograr que el juez de Ejecución determine las acciones a realizar por la autoridad penitenciaria; es inconcuso que ello los obliga a seguir tal trámite, donde podrán hacer valer lo aducido en su demanda de amparo, respecto de las omisiones que imputan a las autoridades responsables y, en su momento, una vez que lo hayan agotado, dispondrán de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el procedimiento en cuestión. Conforme a lo expuesto, válidamente puede concluirse que el quejoso no podía promover directamente el juicio de amparo, sin antes agotar la tramitación del procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues éste constituye un mecanismo de defensa que, de resultar fundado, podrá generar la insubsistencia legal de los actos reclamados, lo que provoca la improcedencia de esta instancia constitucional. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en esta instancia constitucional respecto del acto analizado en este considerando. El sobreseimiento por las causales de improcedencia decretada impide el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa; atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *************, contra los actos reclamados, consistentes en la omisión de brindarle atención médica, tortura, golpes y vejaciones, que atribuyó a la directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente y, al quejoso *********** en el lugar en que se encuentra recluido; por lo que, se autoriza al (la) actuario (a) en turno, a fin de que, con anuencia del Consejo de la Judicatura Federal, con las medidas de seguridad debidas y previo procedimiento de autorización que realice dicho (a) fedatario (a) público (envío de oficio y de lista de internos para tener acceso al mismo), se traslade y haga presente en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece, en el día de la semana que específicamente se programe para tal fin; hecho lo cual, notifique personalmente esta sentencia al agraviado. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 743/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1° Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que en proveído de once de septiembre del año en curso se agregó el informe justificado de la autoridad responsable directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "Cps-Oaxaca", residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y se le tuvo remitiendo diversas constancias relacionadas con los actos reclamados; con el que se ordenó dar vista a las partes, lo que se hizo del conocimiento del quejoso el catorce del mismo mes y año. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que el agraviado quede notificado con la anticipación debida del citado informe justificado y se imponga del contenido de la documental anexa al mismo; se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con treinta y dos minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. 2° Notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen los oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite; con excepción de las partes procesales a quienes deban notificarse vía electrónica o interconexión. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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