Raúl Jesús Martínez Garza

Expediente 1443/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1443/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Raúl Jesús Martínez Garza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó con incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia. Por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será el TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE DESTRUCCIÓN en la carátula del expediente, y una vez que transcurra el término que se refiere el párrafo anterior, una vez al año y previamente a la visita de inspección se destruirán estos expedientes y se remitirá dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 1443/2023 del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido; por tanto, se provee: En tales condiciones, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el del artículo 20, fracción III del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, siempre y cuando se haya negado la suspensión respecto de todos los actos reclamados. Por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE DE DESTRUCCIÓN en la carátula del expediente, y una vez que transcurra el término que se refiere el párrafo anterior, una vez al año y previamente a la visita de inspección se destruirán estos expedientes y se remitirá dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de la Jueza de Oralidad Familiar de distrito judicial de Puebla, mediante el cual remite las constancias solicitadas el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para que surta sus efectos legales procedentes. De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, se advierte que mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ......... promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable a la jueza de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla, de quien reclamó el ilegal de emplazamiento practicado dentro de las carpetas JOF/DJP/1346/2021/GC y JOF/DJP/1347/2021/GC del Juzgado de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla; y, como consecuencia, todo lo actuado en dichas carpetas. Al respecto, la autoridad responsable Jueza de Oralidad Familiar de distrito judicial de Puebla, en el oficio de cuenta por el que da cumplimiento al requerimiento de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, informa que la aquí tercera interesada .......... y el quejoso .......... en audiencia de veintidós del mismo mes y año, celebraron convenio por el cual ponen fin a la Litis, y remite copia certificada del memorial de audiencia oral familiar (guardia y custodia, visita y convivencia, alimentos) de veinticinco de septiembre del año en curso pronunciado dentro de la carpeta digital JOF/DJP/1346/2021/GC, -a la cual se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo -, de la que se advierte que tiene por terminada la controversia, aprobándose el convenio formulado ante la presencia judicial, mismo que fuera ratificado en todas y cada una de sus partes, por lo que se eleva a categoría de cosa juzgada, dejando sin efectos los requerimientos y apercibimiento decretados, archivando el asuntos como totalmente concluido. Por lo anterior, en el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que ha operado un cambio de situación jurídica respecto al acto reclamado. A fin de establecer lo anterior, se precisa lo estipulado por el citado precepto legal, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;. De la composición del artículo que precede, se advierte que el cambio de situación jurídica se actualiza cuando concurren los siguientes supuestos: a) En el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. b) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Así, el cambio de situación jurídica como causal de improcedencia, tiene como objetivo el evitar trastocar situaciones jurídicas acontecidas con posterioridad a la emisión del acto reclamado a través de las cuales deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, es decir, busca evitar el estudio de violaciones consumadas y que no puedan ser reparadas a través del juicio de garantías, el cual tiene precisamente como fin velar por el respeto de los derechos fundamentales, por lo que en caso de transgresión, el efecto restitutorio del amparo es siempre el restablecer a favor del quejoso las garantías constitucionales violadas, situación que no acontecería si el acto reclamado se consumó irreparablemente. Por ende, no se podría conceder el amparo, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un juicio relativo a otro acto. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose del cambio de situación jurídica, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la Litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido controvertida ni resuelta conforme a derecho; esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que se analiza. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Raúl Jesús Martínez Garza reclamó de la jueza de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ......., por el que manifiesta que con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés las partes dentro del procedimiento litigioso de origen llegaron a un acuerdo, presentando convenido ante la autoridad responsable Jueza de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla, dictándose la sentencia correspondiente. En tales condiciones, a efecto de verificar lo manifestado por el ocursante, gírese atento oficio a la citada responsable, a fin de que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias que menciona el quejoso en el escrito de cuenta, remitiéndole para tal efecto copia simple del mismo. Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de ley.

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