Raúl Javier Clerici Canale
Expediente 113/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ciudad
- Raúl Javier Clerici Canale
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de mayo de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las que se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 1440/2020. Del actuario notificador adscrito a la Junta responsable, el haber omitido emplazar a los demandados en dicho juicio. Acerca del acto a), se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no menciona si acepta o niega la existencia del reclamo constitucional en cuanto a este acto, pues se enfocó en contestar lo relacionado al acto b); sin embargo, debe tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues se advierte que el veinticinco de enero de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para las ocho horas con treinta minutos del trece de junio del presente año; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintidós), existía el acto reclamado. Luego, de las constancias que la autoridad remitió se advierte que el uno de marzo del año en curso, la junta responsable corrigió el procedimiento y señaló las nueve horas del treinta de marzo siguiente para su celebración. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Después, con respecto al acto b), se provee: Como se dijo anteriormente, el presidente de la junta responsable admitió en su informe justificado la existencia del acto reclamado que se analiza. En dicho informe, remitió razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario, de la que se denota que no fue posible emplazar a la demandada CUSTOMER ENGAGEMENT SERVICES MEXICO, GT SERVICE en virtud de que no fue posible ubicar el domicilio para tal efecto. También, exhibió copia certificada de la citada determinación judicial de veinticinco de enero de este año, se advierte que la junta responsable proveerá lo conducente en cuanto al emplazamiento de la antedicha demandada, una vez que la parte actora se sirva proporcionar el domicilio; en tanto, que a la diversa demandada SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL RECURSO HUMANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ya se encuentra emplazada, pues acudió por conducto de su apoderada legal en la multicitada audiencia de veinticinco de enero del año que transcurre. Ese informe con justificación y anexo comentado, además del adjunto de auto de uno de marzo del año actual (el cual fue materia de análisis en párrafos precedentes), se agregó en los presentes autos mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, y en el mismo, se requirió a las autoridades responsables para que remitieran copia certificada de las constancias relativas a la notificación de la parte quejosa para tener certeza de que esté en aptitud de ofrecer nuevo domicilio de la demandada faltante de emplazamiento. A lo cual las autoridades oficiantes de cuenta dieron contestación remitiendo razones de fijación de notificación a favor de la parte quejosa efectuadas el dieciséis de este mes y año, y las cuales se agregan en esta data. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del auto reclamado en el que se indicó la fecha señalada para la audiencia laboral de ley, señalada fuera de los plazos y términos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo -fecha lejana-, la cual estaba programada para el trece de junio de este año; sin embargo, la junta responsable emitió diverso acuerdo el uno de marzo pasado (durante el trámite de este sumario), en el que corrigió el procedimiento del juicio y fijó para el verificativo de la audiencia laboral a que se refiere el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, las nueve horas del treinta de marzo del presente año. De modo que aquél auto en el que se fijó la fecha lejana para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que, por lo que refiere al diverso demandado ordenó su emplazamiento en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, por causas ajenas a su voluntad; donde posteriormente, la junta proveyó al respecto para dar oportunidad a la parte quejosa para que proporcione nuevo domicilio. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento. De ahí, que con tal actuación desplegada por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la demandada "CUSTOMER ENGAGEMENT SERVICES MEXICO, GT SERVICE", aún no ha sido emplazada a juicio; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte éste acató la orden de la junta de trabajo y pretendió emplazar a dicha parte demandada; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de la parte pasivo o, bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con cincuenta y tres minutos del ocho de abril del año en curso-. Finalmente, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 31/MARZO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos presentados por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las que se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo en el juicio laboral 1440/2020. Del actuario notificador adscrito a la Junta responsable, el haber omitido emplazar a los demandados en dicho juicio. Acerca del acto a), se acuerda lo siguiente: Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, no menciona si acepta o niega la existencia del reclamo constitucional en cuanto a este acto, pues se enfocó en contestar lo relacionado al acto b); sin embargo, debe tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues se advierte que el veinticinco de enero de dos mil veintidós dictó un auto, en el que señaló nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para las ocho horas con treinta minutos del trece de junio del presente año; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de enero de dos mil veintidós), existía el acto reclamado. Luego, de las constancias que la autoridad remitió se advierte que el uno de marzo del año en curso, la junta responsable corrigió el procedimiento y señaló las nueve horas del treinta de marzo siguiente para su celebración. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia bifásica dentro del plazo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual ya aconteció, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Después, con respecto al acto b), se provee: Como se dijo anteriormente, el presidente de la junta responsable admitió en su informe justificado la existencia del acto reclamado que se analiza. En dicho informe, remitió razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario, de la que se denota que no fue posible emplazar a la demandada CUSTOMER ENGAGEMENT SERVICES MEXICO, GT SERVICE en virtud de que no fue posible ubicar el domicilio para tal efecto. También, exhibió copia certificada de la citada determinación judicial de veinticinco de enero de este año, se advierte que la junta responsable proveerá lo conducente en cuanto al emplazamiento de la antedicha demandada, una vez que la parte actora se sirva proporcionar el domicilio; en tanto, que a la diversa demandada SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL RECURSO HUMANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ya se encuentra emplazada, pues acudió por conducto de su apoderada legal en la multicitada audiencia de veinticinco de enero del año que transcurre. Ese informe con justificación y anexo comentado, además del adjunto de auto de uno de marzo del año actual (el cual fue materia de análisis en párrafos precedentes), se agregó en los presentes autos mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, y en el mismo, se requirió a las autoridades responsables para que remitieran copia certificada de las constancias relativas a la notificación de la parte quejosa para tener certeza de que esté en aptitud de ofrecer nuevo domicilio de la demandada faltante de emplazamiento. A lo cual las autoridades oficiantes de cuenta dieron contestación remitiendo razones de fijación de notificación a favor de la parte quejosa efectuadas el dieciséis de este mes y año, y las cuales se agregan en esta data. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del auto reclamado en el que se indicó la fecha señalada para la audiencia laboral de ley, señalada fuera de los plazos y términos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo -fecha lejana-, la cual estaba programada para el trece de junio de este año; sin embargo, la junta responsable emitió diverso acuerdo el uno de marzo pasado (durante el trámite de este sumario), en el que corrigió el procedimiento del juicio y fijó para el verificativo de la audiencia laboral a que se refiere el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, las nueve horas del treinta de marzo del presente año. De modo que aquél auto en el que se fijó la fecha lejana para la audiencia y que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce de su derecho conculcado; en tanto que, por lo que refiere al diverso demandado ordenó su emplazamiento en el domicilio proporcionado por la parte actora -aquí quejoso-, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, por causas ajenas a su voluntad; donde posteriormente, la junta proveyó al respecto para dar oportunidad a la parte quejosa para que proporcione nuevo domicilio. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento. De ahí, que con tal actuación desplegada por las responsables se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos del reclamo constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que la demandada CUSTOMER ENGAGEMENT SERVICES MEXICO, GT SERVICE", aún no ha sido emplazada a juicio; sin embargo, tal eventualidad no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte éste acató la orden de la junta de trabajo y pretendió emplazar a dicha parte demandada; sin embargo, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial levantada, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio actual o correcto de la parte pasivo o, bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga; de modo que actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con cincuenta y tres minutos del ocho de abril del año en curso-. Finalmente, se exhorta a la autoridad encargada del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que mediante auto de catorce de marzo de dos mil veintidós se señalaron las once horas con cincuenta y tres minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional del presente juicio; sin embargo, lo correcto es el año dos mil veintidós. Regularización de procedimiento. En ese contexto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en este juicio y, en su lugar, se fijan las once horas con cincuenta y tres minutos del ocho de abril de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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