Raúl Jaime Ramos Espinoza

Expediente 1293/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1293/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
19/08/2016

Partes del expediente

  • Raúl Jaime Ramos Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el autorizado legal del quejoso ******************** visto su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa la copia certificada que solicita, teniéndose por autorizadas para recibirla a la personas que señala, previa razón que por su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    PREVIO CITATORIO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la demanda de garantías que promueve RAÚL JAIME RAMOS ESPINOZA, por su propio derecho, contra el acto reclamado al juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1293/2016. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Es así, pues del análisis de la demanda de garantías, se advierte, que como acto reclamado se atribuye al juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 28/2015, que al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, confirmó el auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que le negó la petición que realizó, en el sentido de que señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Margarita López Santos. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 28/2015, que al resolver el recurso de revocación interpuesto por el quejoso, confirmó el auto de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que le negó la petición que realizó, en el sentido de que señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Margarita López Santos, no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia que se pronuncie en el juicio natural, en caso de ser favorable, y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda, y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona, sin gozar de las amplias facultades a que se refiere el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes, que en términos del artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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