Raúl Isaac Martínez Rodríguez
Expediente 360/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Isaac Martínez Rodríguez
- Fiscal de Distrito Zona Norte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 20, fracción I, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 20, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, como lo indica el numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. En la inteligencia de que en el presente asunto, no obra algún documento original exhibido por las partes. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno el original del incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y negado la definitiva, es susceptible de destrucción, dentro del término de tres años, acorde a lo contemplado en el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2, punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las doce horas con diez minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke Garcia, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo número 360/2023-VII-A, sin la comparecencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de garantías y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se advierte que ninguna de las partes ofreció medio de convicción alguno, asimismo, se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se pasa a la etapa de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que el Agente del Ministerio Público de la Federación si realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda, para lo cual firman esta acta el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en unión del Secretario con quien actúa y da fe.Visto para resolver el juicio de amparo 360/2023-VII-A, promovido por ******************** por su propio derecho, contra actos de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió día veintiocho de marzo del mismo año, en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamó de la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistente en la solicitud de orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización, presentación y/o citación que pretenden llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de marzo de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 360/2023-VII-A; solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien sí presentó pedimento; señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el directo quejoso consiste en la solicitud de orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización, presentación y/o citación que pretenden llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables. TERCERO. Las autoridades responsables, Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Coordinadora de Amparo y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, la Inspectora Jefa encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial, Zona Norte, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres víctimas del Delito por razones de Género y a la Familia, la Subcoordinadora Regional adscrito a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Ordenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, la Encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaria de Despliegue Policial, Zona Norte, y el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, todos con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negaron categóricamente el acto materia de reclamo. Al respecto, ante la negativa especifica externada por las precitadas autoridades responsables al rendir sus informes justificados en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por su parte, no obstante, de que el Oficial de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y Familia, con sede en esta ciudad, así como la Guardia Nacional en Chihuahua, Chihuahua y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, ambos con sede en Chihuahua Capital, fueron omisos de rendir sus informes justificados; sin embargo, también resulta inexistente el acto que se les reclama, toda vez que, en su carácter de autoridades ejecutoras, no pueden ejecutar un acto del cual no se les ha encomendado por parte de la ordenadora, es por ello que se sobresee en el juicio de amparo también por dichas autoridades responsables. Al respecto, es oportuno citar la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 344709, Semanario Judicial de la Federación. Tomo C, página 82, de contenido siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, INEXISTENCIA DE SUS ACTOS. Los actos que atribuye el quejoso a la autoridad ejecutora, no pueden tenerse por ciertos, a pesar de que ésta no haya rendido informe previo, si la autoridad ordenadora niega los actos que se le atribuyen, al informar sobre su intervención." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto que reclamado a la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en la solicitud de orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización, presentación y/o citación que pretenden llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza, da fe. Doy Fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 360/2023-VII-A, promovido por ********************, contra actos de los Fiscal de Distrito, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés y remitido a este juzgado el día siguiente hábil, el promovente solicitó la apertura del incidente de suspensión, contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quien esencialmente reclamó solicitud de orden de aprehensión, comparecencia, detención, localización, presentación y/o citación que pretenden llevar a cabo las autoridades señaladas como responsables. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de marzo del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las autoridades señaladas como responsables su informe previo y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se inició en los términos que constan en el acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, Fiscal de Distrito, Zona Norte, Fiscal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y la Familia, Zona Norte, Agentes del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y Familia, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada e Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Coordinador Regional de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Zona Norte, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Chihuahua, Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niños y Niñas, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y Familia, todas con residencia en la localidad, al rendir sus respectivos informes previos, negaron categóricamente los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó y respecto de los actos reclamados de éstas autoridades responsables. Lo anterior, tiene apoyo con la tesis con número de registro 326347 visible en la página 5683 del Tomo LXXIII, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, que reza: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTUA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de la suspensión, contra actos de esa naturaleza." Por su parte, no obstante, de que el Oficial de la Agencia Estatal de Investigación adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niñas y Niños, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Genero y Familia, con sede en esta ciudad, así como la Guardia Nacional en Chihuahua, Chihuahua y el Secretario de Seguridad Pública Estatal, ambos con sede en Chihuahua Capital, fueron omisos de rendir sus informes previos; sin embargo, también resulta inexistente el acto que se les reclama, toda vez que, en su carácter de autoridades ejecutoras, no pueden ejecutar un acto del cual no se les ha encomendado por parte de la ordenadora, es por ello que se niega la suspensión definitiva por dichas autoridades. Al respecto, es oportuno citar la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada con el registro digital 344709, Semanario Judicial de la Federación. Tomo C, página 82, de contenido siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, INEXISTENCIA DE SUS ACTOS. Los actos que atribuye el quejoso a la autoridad ejecutora, no pueden tenerse por ciertos, a pesar de que ésta no haya rendido informe previo, si la autoridad ordenadora niega los actos que se le atribuyen, al informar sobre su intervención." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. De conformidad con el considerando único de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva a ********************, contra los actos y las autoridades responsables precisadas en dicho considerando. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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