Raul Humberto Sanchez Zamudio

Expediente 1355/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1355/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Raul Humberto Sanchez Zamudio
  • Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Incidente. En el presente juicio de amparo no se aperturó incidente de suspensión. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración, conforme al artículo 18, fracción I), inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma, el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    toda vez que la parte quejosa no atendio el aviso de 2 de enero de 2023 se notifica por este medio el auto de Mexicali, Baja California, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra actos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California. Por lo anterior, se les ordenó que procedieran en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dicte las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral 139/2017-VII, lo que implica dejar sin efectos las audiencias señaladas fuera del término que establecen 123 y 125, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, y señalarlas dentro del término que establecen los numerales en cuestión, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos por escrito, de conformidad con el artículo 129, de Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió dictar las medidas necesarias para que se desahogaran los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral 139/2017-VII, de su índice, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos. Causa ejecutoria. Por proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada; por lo que en el mismo acuerdo se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el veintiocho de noviembre del año en curso, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, declarado cerrada la instrucción en el juicio laboral 139/2017-VII, de su índice. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en proveído de seis de diciembre del mismo año, se dio la vista a la parte quejosa y autoridad tercero interesada, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, dicto el auto que declaró cerrada la instrucción, turnándose el expediente para el dictamen correspondiente, en el juicio laboral 139/2017-VII, de su índice. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista y autoridad tercero interesada, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, téngase por consentida esta determinación y ordénese el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra actos del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California. Por lo anterior, se les ordenó que procedieran en los términos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En virtud de lo hasta aquí narrado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada es para los efectos siguientes: i. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, dicte las medidas necesarias para que se desahoguen los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral 139/2017-VII, lo que implica dejar sin efectos las audiencias señaladas fuera del término que establecen 123 y 125, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, y señalarlas dentro del término que establecen los numerales en cuestión, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos por escrito, de conformidad con el artículo 129, de Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California. Importa destacar que los alcances de la protección constitucional se limitan única y exclusivamente a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento. Al respecto es aplicable la tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2005150, de epígrafe siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Con lo anterior queda claro que para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la propia autoridad responsable estuvo constreñida a proceder en los términos siguientes: Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable debió dictar las medidas necesarias para que se desahogaran los medios de convicción pendientes, en el juicio laboral 139/2017-VII, de su índice, hecho lo anterior, deberá cerrar de inmediato el periodo probatorio y dictar proveído en el que se les conceda a las partes término de cuarenta y ocho horas para que presenten sus alegatos. Causa ejecutoria. Por proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada; por lo que en el mismo acuerdo se requirió su cumplimiento. Actuaciones llevadas a cabo en acatamiento al fallo protector. En cumplimiento del fallo protector, el veintiocho de noviembre del año en curso, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, declarado cerrada la instrucción en el juicio laboral 139/2017-VII, de su índice. Vista. Con dichas constancias remitidas y demás obrantes en autos, en proveído de seis de diciembre del mismo año, se dio la vista a la parte quejosa y autoridad tercero interesada, sin que hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Dictamen de fallo cumplido. Pues bien, de las constancias relatadas se evidencia que la autoridad responsable dio total cumplimiento al fallo protector. Toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, dicto el auto que declaró cerrada la instrucción, turnándose el expediente para el dictamen correspondiente, en el juicio laboral 139/2017-VII, de su índice. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte amparista y autoridad tercero interesada, por el plazo de quince días, contados a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, téngase por consentida esta determinación y ordénese el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, el licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", virtud que, el Juez Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, disfruta de su período vacacional, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintidós, aprobado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informado mediante oficio CCJ/ST/5553/2022 de veintidós de noviembre del año en curso, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura de la Federación, asistido del licenciado Martín Arreola Cháidez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta que remite el Secretario General del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Informa sobre cumplimiento. La autoridad antes citada, en lo que interesa, anexa al oficio de cuenta, copia certificada de constancias en las que consta declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen, mediante los cuales se le tiene informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Vista. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196, primer y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista y correr traslado tanto a la parte quejosa así como a la autoridad tercero interesada, con el oficio y anexos registrados con el número de orden 19595 (diecinueve mil quinientos noventa y cinco), para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en la que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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