Raúl Humberto Navarrete Narváez
Expediente 1003/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Raúl Humberto Navarrete Narváez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito remitido en línea por ********************, defensor particular de ******************** parte quejosa en este asunto, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el treinta y uno de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, con apoyo en los artículos 80, 81, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, expídanse las copias respectivas, glósese a este expediente una copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse las demás entre las partes. Por lo tanto, en términos del artículo 89 de la Ley de la Materia, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente remítase el presente recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que la citada superioridad acuerde lo que legalmente proceda. En el entendido, que se ha hecho disponible el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, mediante la opción vincular con otro órgano, restando que la superioridad, realice la vinculación correspondiente, para la substanciación del recurso en comento; es decir, no se remite el expediente original del presente juicio de amparo, así como tampoco se remite el escrito de agravios, toda vez que fue presentado en línea. Notifíquese, personalmente a la parte tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1003/2023-VII, promovido por Esteban de Jesús Castellanos Cámara defensor particular de Raúl Humberto Navarrete Narváez, contra actos que atribuye a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial Penal y Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Raúl Humberto Navarrete Narváez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto emitido por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial Penal y Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió la aludida demanda de amparo indirecto, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete, se emplazó a los terceros interesados en este asunto; y se solicitó a la autoridad señalada como responsable que rinda su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta respectiva. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente; y artículos primero, fracción XIV, segundo, fracción XIV, punto tercero (modificada mediante el acuerdo general 53/2013 por el mismo órgano), y artículo cuarto, fracción XIV, todos del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que los actos reclamados provienen de una autoridad residente en este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija claramente el acto reclamado, para lo cual debe analizarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que, el peticionario del amparo reclama, la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida en autos de la carpeta administrativa 231/2021, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial Penal y Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, que dictó auto de vinculación a proceso emitido en su contra por el ilícito de Falsedad de Declaraciones e Informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 285, fracción I, en relación al 12 y 87, del Código Penal del Estado de Yucatán. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial Penal y Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe con justificación. Certeza que se encuentra corroborada con las resoluciones que adjuntó el juez responsable en disco óptico y la carpeta administrativa 231/2021, los que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que los primeros, son documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las atribuciones que les asigna la ley; mientras que el restante, contiene las actuaciones llevadas a cabo por la responsable que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas, así como, de los hechos que contienen. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, ni quien esto juzga advierte la actualización de alguna de oficio, por tanto, procede avocarse al estudio de los conceptos de violación, sin que exista la necesidad de transcribirlos, en virtud de que su reproducción no es necesaria para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, según lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 2ª./J.58/2012. Quinto. Estudio del fondo del asunto. Son infundados, los conceptos de violación expresados por el quejoso, aun en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Al caso se invoca la Jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Segundo, cuyo texto y rubro son: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Para sustentar la negativa de amparo, resulta indispensable realizar una síntesis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son del tenor siguiente: Esencialmente señala que el juez responsable vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a los informes que supuestamente fueron dados con falsedad, además la autoridad responsable lo vinculó a proceso por la supuesta comisión de un delito continuado al fundamentarlo en el artículo 12 de la legislación sustantiva. Lo anterior -explica- debido a que le atribuye una forma de participación que no concuerda con los hechos materia de la imputación y vinculación, al señalar que el quejoso dio instrucciones a su mandataria para la ejecución de diversos actos, lo cual, no resulta compatible con la autoría material y directa contenida en el auto de vinculación. Argumentos que como se adelantó, resultan infundados, como enseguida se verá. Para dar solución a los motivos de disenso que hace valer el quejoso, es necesario transcribir el artículo 19 de la Constitución Federal, así como los diversos preceptos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo conducente establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (.) El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Aunado a lo anterior, debe agregarse que como todo acto de autoridad, además de ajustarse a las premisas legales anteriores, debe cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De las trascripciones efectuadas, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso, atento a lo establecido en la Carta Magna y en la legislación secundaria aplicable, deben cumplirse tanto requisitos de forma como de fondo. I. Requisitos formales. A. Debe ser emitido por autoridad judicial competente. De las constancias que acompañó la responsable a su informe justificado, consistentes en copia certificada de los registros audiovisuales de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el diverso juicio de amparo 1913/2021, del índice de este Juzgado Federal, se obtiene que el Juez de Control en esta ciudad, vinculó a proceso a Raúl Humberto Navarrete Narváez, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad. En el particular, el auto de vinculación a proceso impugnado fue emitido por un Juez Segundo de Control del Primer Departamento Judicial del Estado, de esta ciudad, autoridad competente para emitir las resoluciones relativas al auto de vinculación a proceso, respecto de un delito del orden común (falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad) que se puso a su conocimiento, ya que los hechos materia de estudio están previstos y sancionados en una codificación del Estado de Yucatán, que en el caso es el Código Penal, aunado a que se perpetraron en el municipio en donde ejerce jurisdicción. En consecuencia, el requisito en comento se encuentra colmado. B. Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado se puso a disposición de la autoridad judicial; plazo que se puede duplicar únicamente a petición del imputado o su defensor. En la especie, resulta un hecho notorio para quien resuelve las constancias del diverso juicio de amparo 1913/2021 de las que se observa la audiencia de imputación que cumplió con este requisito, ya que el juez del conocimiento decretó la vinculación a proceso del quejoso a las doce horas con cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que resulta inconcuso que el auto de plazo constitucional se emitió dentro de la duplicidad del plazo solicitado, al haber iniciado el veinticuatro de ese mismo mes y año las nueve horas con cincuenta y siete minutos. Lo anterior con independencia que esa determinación quedó insubsistente con motivo de la concesión otorgada en el diverso juicio de amparo número 1913/2021-VII, del índice de este juzgado federal, y en su lugar se emitió la resolución del treinta y uno de mayo del año en curso, la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. C. Que se haya formulado imputación. La audiencia inicial tuvo lugar el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en dicha diligencia, previa individualización de los asistentes, el juez de la causa dio el uso de la voz a la representación social, quien formuló imputación en contra del quejoso por su probable intervención en el hecho delictuoso de Falsedad de Declaraciones e Informes dados a una autoridad, previsto y sancionado por el artículo 285, fracción I, en relación al 12 y 87, del Código Penal del Estado de Yucatán. En la propia audiencia se le hizo saber que se inició una investigación en su contra, por los hechos consistentes en que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, Janette Navarrete Coronado ostentándose apoderada general para asuntos judiciales de Raúl Humberto Navarrete Narváez presentó demanda de juicio ordinario civil de nulidad de escritura pública con número de expediente 79/2018, señalando de falso el contenido de la escritura pública número cuarenta y siete de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, celebrada ante el notario público número siete, Jorge H. Aguilar Aguilar otorgado por Raúl Humberto Navarrete Narváez favor de Jorge Eduardo Navarrete Pérez, así como de falso el contenido del acta número ochocientos ochenta y cuatro de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, celebrada ante el notario público número veinticuatro, abogado Manuel Calero Rosado, respecto a un contrato en dación en pago celebrado entre Navarrete Pérez como apoderado legal de Navarrete Narváez con Carolina de San Martín Pérez Arce, para ello Navarrete Narváez firmó un pagaré por la cantidad de siete millones trescientos treinta y cinco mil quinientos pesos, moneda nacional, con un interés moratorio del 4% pagadero en la ciudad de Tizimín, Yucatán, con vencimiento el doce de septiembre de dos mil quince, incluso se realizó un primer pago el doce de agosto de dos mil quince, quedando asentado al reverso de ese pagaré; asimismo el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, nuevamente Navarrete Coronado con el mismo carácter de representante legal el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, compareció a interponer denuncia y/o querella número 183/2018 ante la Agencia Décimo Quinta del Ministerio Público el Fuero Común en contra de Jorge Eduardo Navarrete Pérez por hechos posiblemente delictuosos, por los mismos hechos, esto es, nuevamente señaló de falsos los citados documentos, por no haberlos firmado su mandante, tanto el poder como el pagaré derivado del acta que contiene la dación en pago, por no haber contraído esa deuda. También el diecinueve de enero de dos mil diecinueve, ante la autoridad civil que conoce de ese asunto señaló Raúl Humberto Navarrete Narváez no haber firmado el poder a favor de Jorge Eduardo Navarrete Pérez y el pagaré citado, señalando esa falsedad ya que nunca otorgó ese poder ni contrajo la deuda en comento; todo lo anterior con conocimiento de que sí fueron firmados por Navarrete Narváez, ya que existen diversos medios de prueba que demuestran esto, como son los dictámenes periciales desahogados en la carpeta de investigación el tres de mayo de dos mil dieciocho, incluso obra un dictamen pericial realizado por un perito tercero Héctor Humberto Durán Pérez en el procedimiento civil de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, quienes arribaron a la conclusión de que la firma del poder contenida en la escritura pública número 47 del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis y el pagaré en comento, sí fueron puestos del puño y letra del quejoso Raúl Humberto Navarrete Narváez, además Carolina de San Martín Pérez Arce refirió que el quejoso firmó el pagaré, incluso hizo un pago, así como que Jorge Eduardo Navarrete Pérez, se presentó con un poder otorgado a su favor por el quejoso; también las comparecencias de los notarios públicos número siete, Jorge H. Aguilar Aguilar y el diverso número veinticuatro, abogado Manuel Calero Rosado, quienes afirmaron que ante ellos compareció el quejoso a otorgar el poder contenido en la escritura pública número 47 y el contrato en dación en pago, respectivamente, por lo que con dichas actuaciones ocasionó una incorrecta administración de justicia y un perjuicio a Navarrete Pérez, al afrontar diversos procedimientos judiciales instaurados en su contra, conducta que encuadra en el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, previsto y sancionado en el artículo 285 párrafo primero, fracción I, en relación con los numerales al 12 y 87 del Código Penal del Estado, atentando al bien jurídico como lo es la correcta administración de justicia y la fe pública. De lo anterior, se tiene que el imputado por conducto de la defensa no debatió ni negó la circunstancia de que el quejoso Raúl Humberto Navarrete Narváez se haya presentado por conducto de su representante legal para asuntos judiciales Navarrete Coronado en la vía civil y penal, a interponer las respectivas demandas, es decir con un poder amplió otorgado a su favor por el imputado Navarrete Narváez, señalando de falso el contenido de la escritura pública 47 de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, que contiene un poder general otorgado por Navarrete Narváez a favor de Navarrete Pérez; así como el acta número 884 de fecha treinta de septiembre de dos mil dieciséis, respecto de un contrato de dación en pago celebrado entre Navarrete Pérez y Carolina de San Martín Pérez Arce, ya que nunca otorgó ese poder ni firmó ningún pagaré, por no haber contraído deuda alguna, es decir sostuvo que el quejoso sí compareció ante esas autoridades a interponer las demandas por conducto de su apoderada legal. Incluso en el procedimiento civil el quejoso Navarrete Narváez, al comparecer diecinueve de enero de dos mil diecinueve, reiteró no haber otorgado el poder en cuestión ni el pagaré, por no tener deuda alguna con Carolina de San Martín Pérez Arce. Por ello, se estima que fue acertado lo señalado por el juez responsable al precisar que el actuar de Navarrete Narváez en las demandas penal y civil interpuestas, fue de manera continua como mandante, esto es, en términos de lo dispuesto en los artículos 1707, 1709, 1710, 1720 y 1724 del Código Civil del Estado de Yucatán. Sin que su conducta justifique su finalidad de recuperación de los quince predios que dice el quejoso Navarrete Narváez son de su propiedad, toda vez que esos datos no forman parte de la carpeta administrativa por la cual se le fincó auto de vinculación a proceso, ya que se pretende demostrar la posible participación en el delito de falsedad de declaración e informes dados a las autoridades citadas, pues para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la Ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable a responsabilidad del imputado en su comisión, lo que excluye un análisis completo de los elementos del delito, dado que lo relevante para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es explicar el delito, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma jurídico-penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. En efecto, al no ser contradicha esa denuncia interpuesta ante la autoridad investigadora en la audiencia que se analiza, fue acertado tenerla como un dato de prueba al ser obtenida en términos de los artículos 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, genera un indicio de que a Navarrete Narváez le constan los hechos narrados en su denuncia penal y en su demanda civil, en las fechas en que estas se presentaron. Incluso ese actuar de Navarrete Pérez según se desprende de los antecedentes invocados por las partes en esa audiencia de vinculación y por el quejoso en la demanda de amparo que se analiza, con el uso de ese poder y título de crédito que refiere el quejoso no fueron firmados por Navarrete Narváez, se fincó responsabilidad penal al primero por el diverso delito de fraude específico, por considerar que Navarrete Pérez aprovechándose de ese poder para actos de administración y dominio que otorgado, dio en dación en pago por la suma de cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesos moneda nacional, los quince predios a Carolina de San Martín Pérez Arce quien es su madre, y de esta manera le favoreció a sabiendas que esos predios valen mucho más dinero. Pero sobre todo para arribar a la conclusión que los datos de prueba que el juez responsable tuvo a bien considerar con un nivel probatorio planteado mínimo, en razón en esta etapa de vinculación a proceso el ministerio público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del imputado. Sin que ello implique trasgredir el principio de presunción de inocencia, pues el Juzgador, al analizar los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, debe partir de la base de que el quejoso es inocente y que corresponde a la representación social la carga de ofrecer datos de prueba idóneos y pertinentes para establecer un hecho de que la ley señala como delito y es probable la participación del imputado en su comisión. En efecto, para establecer que el poder otorgado a Navarrete Pérez y el pagaré en comento, el juez acertadamente tuvo como datos las testimoniales y peritajes invocados, generando indicios de que sí fueron firmados por el quejoso Navarrete Narváez, contrario a lo afirmado por el quejoso, al interponer por conducto de su apoderada legal Navarrete Coronado las denuncia y/o querella y la demanda civil ya citadas, incluso ante la autoridad civil éste reiteró no haberlos firmados, de ahí la falsedad de sus declaraciones. Así las cosas, resultó apegado a derecho que el Juez responsable haya emitido auto de vinculación a proceso en contra del imputado, para lo cual, contario a lo expuesto por el ahora quejoso en sus conceptos de violación, se precisó la realización de la conducta ilícita de manera continua, con las diversas actuaciones presuntamente efectuadas por el quejoso (demandas civil y denuncia penal), así como su diversa comparecencia ante la autoridad civil, aunado a que no se requiere prueba plena de su responsabilidad en este momento procesal ni los elementos del tipo penal en cuestión, sino solo datos que conlleven a demostrar que el hecho materia de la imputación se encuentra sancionado por la ley penal como delito y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, como lo establece el ordinal 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consideraciones anteriores que se estiman suficientes para satisfacer el requisito relativo a que para dictar auto de vinculación a proceso únicamente es necesario que se encuadre la conducta a la norma penal, lo cual es contrario a lo aducido por el recurrente en sus agravios, pues como se vio el juzgador no sólo se concretó a afirmar que el imputado fue quien probablemente participó en el evento, sino que como ya se vio, esa determinación la tomó acorde con los datos de prueba allegados por el fiscal, los cuales le generaron mayor convicción que los ofertados por el imputado; de ahí lo infundado de los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2014800, cuyo rubro y texto dicen: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley..." En consecuencia, ante lo infundado e inatendible de los conceptos de violación propuestos y al no advertir este juzgador la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: Primero. La justicia federal no ampara ni protege a Raúl Humberto Navarrete Narváez, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial Penal y Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
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Mérida, Yucatán, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, en el sentido que de autos consta que el informe justificado rendido por el Juez adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, fue puesto a la vista de las partes por acuerdo de veinte de julio del año en curso, por lo que aún se encuentra transcurriendo el término señalado en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido del informe en comento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta y siete minutos del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a la autoridad responsable de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Juez adscrito al Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, el cual se ordena agregar a estos autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase el informe de mérito a la vista de las partes para el uso de sus derechos si así lo estimaren pertinente. Asimismo, guárdese en la secretaria de este Juzgado el disco compacto remitido por la primera autoridad citada. De igual forma, de conformidad con los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, se ordena formar un cuaderno auxiliar con las constancias adjuntas al informe de cuenta, así como las diversas que eventualmente se exhiban y que no resulte indispensable su glosa a este expediente, en el entendido que el cuaderno auxiliar de referencia queda formalmente vinculado al presente juicio de amparo y a disposición de las partes para su consulta. Ahora bien, de constancias adjuntas al informe de cuenta se advierte la personalidad con que se ostenta Esteban de Jesús Castellanos Cámara, como defensor del quejoso ********************. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 6 y 14 de la Ley de Amparo, se tiene a Esteban de Jesús Castellanos Cámara como defensor del quejoso ********************. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.
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