Raúl Herrera Rangel

Expediente 1423/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1423/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Raúl Herrera Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el escrito del quejoso Raúl Herrera Rangel, agréguese a los autos para que obre como corresponda, en atención a su contenido, como lo solicita expídasele copia certificada de los documentos que indica, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa constancia que de su entrega quede agregada en autos. (III)

  2. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte que la parte quejosa no se presentó ante la responsable para la entrega de la documentación requerida, ni la misma remitió las constancias que así lo acreditaran en el término concedido en proveído de dos de mayo del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el cinco de agosto de dos mil quince, por este juzgado se concedió el amparo para los siguientes efectos: a) Al advertirse que el artículo 12, fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, resulta inconstitucional, lo que se impone es desincorporarlo de la esfera jurídica del quejoso, así como para que no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto tenga vigencia. b) Que la autoridad responsable denominada Subdelegado Estatal Prestaciones en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deje insubsistente el oficio PSEH/01413/2015, de veinticinco de mayo de dos mil quince, en el que le informa a Raúl Herrera Rangel, que no tiene derecho a recibir una pensión como esposo por estar desempeñando un trabajo remunerado que implica la incorporación al régimen del articulo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, e) Dicte uno nuevo en el que sin aplicar el dispositivo considerado contrario al Texto Supremo, resuelva la petición que formuló el ahora quejoso, observando en todo momento las disposiciones previstas en los artículos articulas 1°, fracción 1, 3°, fracción VIII, 5°, fracción V, 16, párrafos primero y segundo, fracciones 111 y IV, 21 fracciones III y V, 42, fracción 11, 48, 73, 74, 75 y 76, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como del propio reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio de la precitada ley, en todo aquello que no es materia de la declaración de inconstitucionalidad del numeral precisado en el inciso a). Inconforme con lo anterior, el Presidente Constitucional de loa Estados Unidos Mexicanos, interpuso recurso de revisión (fojas 93 a 107), del que tocó conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien por ejecutoria emitida el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión administrativo...., determinó confirmar la sentencia recurrida (fojas 116 a 166). Mediante proveído de siete de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado recibió los autos del expediente en que se actúa y se requirió a las autoridades responsables y superior jerárquico el cumplimiento al fallo protector (foja 167 a 168). Ahora bien, respecto de la autoridad responsable Presidente Constitucional de loa Estados Unidos Mexicanos, no procede verificar el cumplimiento de la ejecutoria que concedió el amparo, por lo siguiente: En efecto, es importante señalar que cuando el juicio de amparo se ha promovido contra la ley y se ha obtenido pronunciamiento favorable al respecto, el fallo protector nulifica la eficacia de la norma declarada inconstitucional en relación con el peticionario de garantías, porque los alcances son los de anular todo acto de aplicación que con base en la misma se llegue a concretar; dicha circunstancia deriva de lo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 73 de la Ley de Amparo y consiste en que "las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas y oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda". Este principio significa que en amparo contra leyes, la sentencia que, en su caso, otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión tendrá un alcance relativo, en virtud de que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo, mas no así a personas ajenas al mismo. Por tal razón, los efectos de una sentencia que otorga el amparo contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, sino también que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la misma ya no podrá válidamente serle aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. Lo anterior, permite a este juzgador establecer que en el caso en estudio el efecto de la ejecutoria pronunciada en favor de la parte quejosa actúa hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se le aplique la norma inconstitucional; esta situación produce, como consecuencia que no sea necesario que las autoridades que participaron en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional emitan un acto dando cumplimiento a la misma, si tomamos en consideración que en el juicio de amparo rige el principio de relatividad y que el efecto de la sentencia no afecta la vigencia de la ley, ni su eficacia se produce en favor de personas distintas de la parte quejosa, por lo que el fallo que nos ocupa no implica dejar insubsistentes los actos que son de alcance general que concurren a dar vigencia a la ley. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado la siguiente tesis, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XLV, página ciento veintiuno, cuyo rubro y texto dicen: "LEY INCONSTITUCIONAL, EFECTO DEL AMPARO CONTRA LA. Cuando la Justicia de la Unión concede el amparo contra una ley, el cumplimiento de la ejecutoria respectiva consiste en que la autoridad responsable se abstenga de aplicar la ley inconstitucional, en relación exclusivamente con quienes obtuvieron la protección. Tal es la característica esencial de nuestro juicio de garantías, consignada en el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución: "La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". En consecuencia, el cumplimiento de la ejecutoria respectiva no estriba en que el órgano legislativo esté obligado a derogar o a modificar, por virtud de dicha ejecutoria, la ley inconstitucional, pues si por tal se entendiera su obligación, resultaría que la sentencia de amparo asumiría alcances de declaración general respecto de la ley, que es precisamente lo vedado por el precepto antes transcrito." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXV/97, visible en la página cuatrocientos catorce, del tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo que a continuación se transcribe: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Ahora bien, tomando en consideración que en la resolución de mérito, se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal contra la aplicación del artículo 12, fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que se deje insubsistente el oficio ...., de veinticinco de mayo de dos mil quince y se dicte uno nuevo en el que sin aplicar el dispositivo considerado contrario al Texto Supremo, resuelva la petición que formuló el quejoso, mediante el aludido proveído de siete de abril del año en curso, se requirió al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cumplimiento de la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo. Por oficio recibido en este Juzgado, el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la delegada del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Aguascalientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó el cumplimiento dado a la sentencia amparadora y remitió las constancias correspondientes con lo que se dio vista. De las documentales que remitió la responsable para demostrar el cumplimiento con valor probatorio pleno, se advierte que: El once de abril de dos mil dieciséis, giró oficio número PSEH/1619 dirigido al quejoso, en el que le informa que dejó sin efectos el acto impugnado; asimismo, Desincorporó de su esfera jurídica el artículo 12, fracción II, inciso c) del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio; Declaró procedente el otorgamiento de una pensión por viudez a favor del quejoso. En tales condiciones este Juzgado considera que se ha restituido a la parte agraviada en el goce del derecho violado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y tercero, del ordenamiento legal invocado, se declara cumplida la ejecutoria en su totalidad, sin exceso ni defectos en la misma. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el cinco de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a revisión es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, señalando como fecha probable de destrucción el veinticuatro de noviembre dos mil dieciséis; mientras tanto, guárdese en el archivo de este Juzgado en el legajo correspondiente; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al referido Tribunal Colegiado, las cuales deberán integrarse al expediente principal para que obren como corresponda. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(III)

  3. Principal

    Visto el oficio de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual comunica a este Tribunal que no existe acto alguno que realizar por parte de dicha autoridad destinado a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos toda vez que está únicamente ejerció facultades legislativas; por lo tanto, dése cuenta nuevamente con el mismo una vez que la diversa autoridad informe del citado cumplimiento.(III)

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa. (III)

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