Raul Herrera Maldonado

Expediente 554/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
554/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Raul Herrera Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a seis de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 2 establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, donde se sobreseyó, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causa estado para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 3 Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se ha sobreseído respecto de los actos reclamados, y en el que existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152, del citado Acuerdo General; 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 Artículo 15 Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 4 por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. DIGITALIZACIÒN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." José Alfonso García López 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b 25/04/24 16:35:10 5 DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 214 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Coordinador Penal Zona 02 Costa del Instituto de la Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, a través del cual, informa que debido al cambio de adscripción del defensor público Edgar Abel Moreno Eleria, designado para representar al quejoso en esta contienda constitucional nombra como nuevo representante al licenciado Jorge Jaime Hernández Ramírez. Ante esa circunstancia, se ordena notificar la resolución constitucional emitida el nueve de diciembre pasado al segundo de los defensores nombrados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por la licenciada Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales número 554/2021, promovido por Raúl Herrera Maldonado, por su propio derecho, contra actos del Juez de Ejecución de Sentencia, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. La Secretaria hace constar que de la consulta efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el módulo "Agenda visita a OJ", opción "Consulta General" no se advierte que alguna de las partes solicitara cita para comparecer a esta audiencia. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan: No. CONSTANCIAS 1 ESCRITO INICIAL DE DEMANDA DE AMPARO 2 ADMISIÓN DE DEMANDA 3 CONSTANCIA DE EMPLAZAMIENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 4 ACUERDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DONDE SE TIENE POR DESIGNADO DEFENSOR PÚBLICO Asimismo, se da cuenta a la Jueza con la constancia de notificación personal efectuada al quejoso privado de su libertad. La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias para los efectos legales procedentes, los cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Respecto a las manifestaciones que alude el impetrante, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción para que le notifique la sentencia que en esta data se emite al defensor público Edgar Abel Moreno Eleria, para que se ponga en contacto con el justiciable interno, a fin de que este le haga saber si tiene alguna inquietud respecto al presente juicio, y a actúe en consecuencia para el debido ejercicio del encargo conferido. En corolario a lo antepuesto, también se requiere al nombrado defensor público federal, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de la sentencia que se emite, acredite ante este juzgado haber tenido contacto con el quejoso, a fin de hacer patente su asistencia legal y garantizar la tutela jurisdiccional efectiva del impetrante. Por otra parte, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO 1 JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CON RESIDENCIA EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ. NIEGA La Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Período probatorio. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley Amparo, se abre el período de pruebas, en el que se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. PARTE OFERENTE FOJAS O TOMO DE PRUEBAS 1 QUEJOSO DOCUMENTALES EXHIBIDAS CON EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA 2 QUEJOSO INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO 2 JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA CON RESIDENCIA EN TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ, CHIAPAS. TOMO DE PRUEBAS EN RESGUARDO DE LA SECRETARÍA La Jueza de Distrito acuerda: Se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Luego, al no existir medios de convicción pendientes por desahogar, se cierra el período probatorio. Enseguida se abre el periodo de alegatos, por lo que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; en consecuencia, se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 554/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda recibido el veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno a este juzgado, Raúl Herrera Maldonado por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintisiete de octubre del año en curso, se admitió a trámite el expediente 554/2021, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desprende del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 de once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte, publicados en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que los actos reclamados a la autoridad responsable consisten en: La omisión de pronunciarse respecto a la resolución de veintiocho de julio del año en curso emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en la controversia de traslado 125/2021 en la cual declinó competencia a su favor, así como la falta de notificación de dicha determinación. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Juez de Ejecución de Sentencia, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, negó categóricamente los actos que se les reclaman. Atento lo anterior, debe decirse El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos aparezca plenamente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se pruebe su existencia. El motivo de sobreseimiento previsto en dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). La inexistencia propiamente dicha implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/95, estableció que la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha en la cual se presentó la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, atento a la primera hipótesis. Tocante a la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Aquí, debe hacerse hincapié en que la reversión de la carga de la prueba que impone la ley al quejoso, parte de un supuesto, la afirmación de su inexistencia hecha por la autoridad señalada como responsable; en cambio, la falta de manifestación o informe, produce una presunción de certeza, según previene el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. En síntesis, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de autoridad a quien se atribuye, mientras que la negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Por ende los actos cuya existencia es negada por las autoridades responsables, no tienen el carácter de negativos, pues no consisten en un rehusar a hacer algo por parte de las autoridades responsables en favor de lo solicitado por el gobernado, de ahí que la carga de la prueba corresponde al quejoso, quien tiene el deber de acreditar la existencia de los actos reclamados, conforme con la máxima de derecho que señala que "El que afirma debe probar". Sentado lo antepuesto, se tiene que en el presente asunto, la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencia, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas al rendir su informe justificado negó el acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse respecto a la resolución de veintiocho de julio del año en curso emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en la controversia de traslado 125/2021 en la cual declinó competencia a su favor, así como la falta de notificación de dicha determinación. Ahora, de la constancias que la responsable acompañó como apoyo a su informe, consistentes en copias certificadas del cuadernillo previo 95/2021 las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que se trata de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, se advierte que el siete de septiembre del año en curso, aceptó la incompetencia planteada, solicitó al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS- CHIAPAS" con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas a fin de que remitiera extracto de antecedentes penales del quejoso Raúl Herrera Maldonado; asimismo, informara las causas que dieron origen a su traslado y qué órgano jurisdiccional calificó de legal su traslado. También, que requirió al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para que en el término de tres días siguientes al en que quedara legalmente notificado informara si existe acuerdo entre el Estado de Chiapas y el Estado de Jalisco (lugar al que desea ser trasladado el impetrante). Finalmente, ordenó notificar el contenido de ese auto a la persona privada de la libertad Raúl Huerta Maldonado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 3 [lugar de su reclusión]. Proveído que el actuario judicial adscrito al juzgado responsable notificó personalmente el diez de septiembre siguiente (foja 47 del cuaderno de pruebas), la cual firmó manifestando que quedaba debidamente enterado de su contenido. Actuaciones que evidencian que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintiséis de octubre del dos mil veintiuno- las omisiones reclamadas eran inexistentes. Cabe destacar, que con dichas constancias se dio vista personal al justiciable y a su defensor, sin que alguno de ellos aportara prueba que desacredite el dicho de la responsable. Aunado a que, en acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, se ordenó correrle traslado con el citado proveído de siete de septiembre del dos mil veintiuno, y en la diligencia de notificación practicada por el actuario judicial el justiciable manifestó que no era su deseo pronunciarse al respecto, que la autoridad responsable le notificó la admisión de su traslado. En ese orden de ideas, se concluye la actualización de la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo VI, (materia común) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Raúl Herrera Maldonado, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a su defensor público. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la licenciada Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en proveído de cinco de noviembre del año en curso, se tuvo al Juez de Primera Instancia de Ejecución de Sentencias, con residencia en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número 3, con residencia en esta ciudad rindiendo su informe justificado. En consecuencia, se ordenó darle vista personalmente al promovente en virtud de encontrarse privado de la libertad; no obstante, se soslayó la instrucción de correr traslado con las constancias que lo integran. Ante esa circunstancia y dada su relevancia, se considera menester que el justiciable tenga conocimiento completo del proveído de siete de septiembre del año en curso dictado por la responsable en el expediente de control número 95/2021. Bajo esas premisas, y en aras de no dejarlo en estado de indefensión, se instruye al actuario de la adscripción para que de manera personal notifique al promovente Raúl Herrera Maldonado el presente proveído y haga entrega del auto de siete de septiembre del año en curso dictado por la aludida responsable en el 18/08/22 11:02:30 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 2 citado expediente, a fin de que se encuentre esté en aptitud de imponerse de su contenido. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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