Raul Hernandez Sandoval

Expediente 964/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
964/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Raul Hernandez Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presente autos, se advierte que por auto de primero de febrero de dos mil veintidós, se proveyó sobre el archivo definitivo del presente asunto; asimismo, toda vez que el quejoso exhibió en su escrito inicial de demanda, como prueba de su parte, el cheque ****, por la cantidad de ******, en auto de cinco de octubre de ese mismo año, se hizo de su conocimiento que el referido cheque, quedaba a su disposición por un plazo de dos años, bajo el apercibimiento que de no acudir a recibirlo, se haría efectivo a favor del Erario Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación1 . No obstante lo anterior, al tratarse de un documento exhibido como prueba por la parte quejosa, y no como una garantía constituida por la Tesorería de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley mencionada2 , es evidente que no se puede dársele el destino previsto en el primero de los referidos ordinales; por tanto, requiérase al quejoso para que en el término de noventa días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, comparezca ante este órgano jurisdiccional a efecto de recibirlo, previa toma de razón que se deje en autos para constancia legal; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, el mismo será glosado a los autos y será destruido junto con el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se advierte que mediante proveído uno de febrero de dos mil veintidós, se proveyó sobre el archivo definitivo del presente asunto; asimismo, sin que pase desapercibido que la parte quejosa exhibió el cheque número ****, por la cantidad de ****, expedido a favor de ****, por el Banco HSBC México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Se ponen a disposición el cheque En consecuencia, póngase a disposición de la parte quejosa, el cheque con número **** por la cantidad de ****, expedido a favor de ****, por el Banco HSBC México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; en consecuencia, hágase de su conocimiento que el mismo queda a su disposición por un plazo de dos años, contados a partir de la legal notificación del presente proveído; en el entendido que de no reclamarlo, se hará efectivos a favor del Erario Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; primero de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Calificación del destino del expediente principal. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que el presente expediente carece de relevancia documental, se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro de los treinta días siguientes, a que se refieren los párrafos primero y tercero del citado numeral, procédase a la destrucción del presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Calificación de los cuadernos incidentales Por otra parte, con fundamento en el inciso c) del numeral 21, en relación con el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que se NEGÓ tanto la suspensión provisional como definitiva. En consecuencia, transcurridos los seis meses, contados a partir de esta data, y dentro de los treinta días siguientes, a que se refiere el artículo 20, penúltimo párrafo del Acuerdo General citado, procédase a la destrucción del cuaderno duplicado del incidente de suspensión, y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que respecta al cuaderno original, una vez transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro de los treinta días siguientes, a que se refieren los párrafos primero y tercero del citado numeral, procédase a la destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, levántese la constancia correspondiente al destino de los incidentes en los cuadernos relativos. Se devuelven constancias a la responsable. Devuélvanse a la autoridad responsable Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, las documentales que acompañó como complemento a su informe justificado. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  4. Principal

    VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 964/2021, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, *****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos con domicilio conocido en Cuernavaca, Morelos. Representante Legal y Gerente general de HSBC, Sucursal 1670, Plaza Laurel, con domicilio en ****. Representante Legal y Gerente General de Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, sucursal 0397, Plaza Apolo, con domicilio en Av. Vicente Guerrero 478, Zona 1, Lomas de la Selva, C.P. 62270 en Cuernavaca, Morelos. IV. ACTO QUE SE RECLAMA DE CADA AUTORIDAD. Reclamo de las autoridades señaladas como responsables, la orden verbal o escrita de embargo bloqueo, congelamiento, aseguramiento o inmovilización de cuentas bancarias a mi nombre, en especial de las cuentas bancarias: 1) *****) aperturada en la institución bancaria HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSCB, de la que es titular el quejoso, y; 2) ****) aperturada en la institución bancaria Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, de la que es titular el quejoso. Así como el impedimento de disponer de los recursos que existe en dichas cuentas bancarias". Actos que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose con el número de expediente *****, misma que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede. Se precisa que mediante acuerdo dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para el efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y, en su caso, indicara el acto que le reclama de manera específica; sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordenó continuar con la tramitación del juicio únicamente con las autoridades y actos señalados en el escrito inicial de demanda. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, los actos reclamados, son atribuidos a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, atendiendo por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de garantías. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La orden de bloqueo, congelamiento, aseguramiento o inmovilización de las cuentas bancarias 6069480218 y 60521911269 aperturadas a nombre del quejoso Raúl Hernandez Sandoval, la primera en la Institución Bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y la segunda Institución Bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. TERCERO. INEXISTENCIA DE UN ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Banco Santander (México) Sociedad Anónima, Institución de Bancar Múltiple Grupo Financiero Santander y HSBC MÉXICO Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, toda vez que al rendir su informe justificado por conducto de su apoderado legal, así lo manifestaron. Apoya lo anterior la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que se corrobora con las constancias que obran en autos, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 205, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a ley de la materia, y de las que se desprende que la Dirección General de Recaudación de la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos emitió el oficio SFINMORDGR/2021/000069, por el que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitó que se aseguraran las cuentas del quejoso Raúl Hernández Sandoval debido al crédito fiscal firme que tiene con dicha institución por el monto de $2,011,880.00 (dos millones once mil ochocientos ochenta pesos), con número de resolución determinante DGAFEM/SVD/2015-10/3878 de veinte de octubre de dos mil quince, así como el embargo que se llevó a cabo en su contra el diez de marzo de dos mil veintiuno. Por otra parte, la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por conducto de la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Federal, al rendir su informe justificado indicó que esta no emitió, ni realizó los actos de ejecución del crédito fiscal con número de resolución determinante DGAFEM/SVD/2015-10/3878 de veinte de octubre de dos mil quince, ya que el oficio por el cual se solicitó el aseguramiento de la cuentas bancarias del quejoso fue emitido por la Dirección General de Recaudación; no obstante, refiere que dado que la Procuraduría Fiscal del Estado de Morelos es la representante común de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, así como de la Dirección General de Recaudación, la cual es una unidad administrativa de la referida Secretaría, por tanto rinde el informe justificado, en su representación indicando que son ciertos los actos reclamados. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Octavo Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo constituyen presupuestos procesales que deben estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. En el caso concreto, el acto reclamado, como ya se dijo, consiste en la orden emitida con efectos de bloquear, congelar e inmovilizar las cuentas aperturadas en las instituciones bancarias señaladas en la demanda de amparo. Ahora, el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento, toda vez que en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que no tiene ninguna orden judicial o administrativa condenatoria para el embargo, ni crédito fiscal a favor del fisco federal que no haya cubierto. Sin embargo, de las constancias de las que este juzgado se allegó, se advierte lo siguiente: Resolución determinante de veinte de octubre de dos mil quince, número DGAFEM/SVD/2015-10/3878 emitida por la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, con motivo de la visita domiciliaria practicada al amparo de la orden número VFR-1700004/14 contenida en el oficio número DGAFEM/SP/2014-05/0973. Inconforme con dicha resolución el aquí quejoso demandó la nulidad de dicha resolución, controversia que quedó radicada en la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el número 96/16-24-01-6, órgano jurisdiccional que dictó sentencia el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada. No obstante, la parte aquí quejosa presentó juicio de amparo directo en contra de dicha determinación, el cual quedó radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con el número A.D. 812/2018, expediente que se resolvió mediante ejecutoria de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región en Acapulco, Guerrero, órgano jurisdiccional que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para que se dejara sin efectos la resolución dictada por la Sala responsable. El dos de enero de dos mil veinte, la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo dicta sentencia nuevamente en el expediente 96/16-24.-01-6, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada. Inconforme con dicha resolución el quejoso atacó vía amparo la misma, quedando registrado dicho asunto con el número 71/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, órgano jurisdiccional que el seis noviembre de dos mil veinte, negó el amparo y protección de la justicia federal. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, se dictó mandamiento de ejecución en contra de la parte quejosa, por no haber pagado el crédito fiscal determinado en el oficio DGAFEM/SVD/2015-10/3878, por lo que, el diez de marzo se llevó a cabo el requerimiento de pago y se trabó embargo sobre todas y cada una de las cuentas bancarias aperturadas a nombre del quejoso. En contra de dicha requerimiento de pago y mandamiento de ejecución, la parte quejosa interpuso recurso de revocación, medio de impugnación que fue resuelto el doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se determinó: "PRIMERO.- Se desecha por improcedente el recurso de revocación intentado en contra de la resolución contenida en el oficio DGAFEM/SVD/2015-10/3878 de fecha 20 de octubre de 2015, a través de la cual, la Dirección General de Auditoría Fiscal de la entonces Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, determinó al C. Raúl Hernandez Sandoval el crédito fiscal en cantidad de $1,442,269.17 (Un millón cuatrocientos cuarenta y dos doscientos sesenta y nueve pesos 17/100 M.N.) en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013, por los motivos señalados en el punto número del apartado denominado "Motivo de la Resolución. SEGUNDO. Se confirman los actos de cobro consistentes en el mandamiento de ejecución de fecha 08 de marzo de 2021, emitido por el Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y sus correspondientes actas de requerimiento de pago y embargo de fecha 10 de marzo de 2021, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal determinado en la resolución DGAFEM/SVD/2015-10/3878 de fecha 20 de octubre de 2015. Lo anterior por los motivos señalados en el punto número II del apartado denominado "Motivos de la Resolución". TERCERO.- Se declara que no ha prescrito el crédito fiscal determinado en la resolución DGAFEM/SVD/2015-10/3878 de fecha 20 de octubre de 2015, emitida por la Dirección General de Auditoría Fiscal de la entonces Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por lo motivos señalados en el punto número III del apartado denominado "Motivos de la Resolución". La presente resolución podrá ser impugnada por el hoy recurrente a través del juicio contencioso administrativo federal en la Vía Ordinaria, lo anterior en virtud de que el crédito fiscal excede de quince veces la unidad de medida y actualización elevado al año, para lo cual cuenta con un plazo de treinta días hábiles siguientes contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación, lo que se hace de su conocimiento de conformidad con lo señalado en el artículo 132 último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, artículos 2, 13, 58-A y 58-2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 3 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, vigentes." Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso juicio de nulidad, asunto que quedó radicado en la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el número 513/21-24-01-4. No obstante lo anterior, mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora, aquí quejosa desistiéndose del referido juicio de nulidad, por lo que se sobreseyó el mismo. Mediante oficio AFINMORDGR/2021/000069, de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en atención al embargo trabado sobre las cuentas de la parte quejosa, el Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por su conducto se girara oficio a las instituciones bancarias en las que el quejoso tuviera aperturadas cuentas bancarias a efecto de que se asegurara la cantidad de $2,011,880.00 (dos millones once mil ochocientos ochenta pesos 00/100 m.n.). En atención a lo solicitado por la referida Secretaría la Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, giró los oficios 214-1-7952011/2021 y 214-1-7952012/2021, a las instituciones bancarias HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, respectivamente, para que dieran cumplimiento al diverso oficio AFINMORDGR/2021/000069, de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por el Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Finalmente, en atención a dichos oficios las autoridades responsables bancarias bloquearon las cuentas bancarias 6069480218 y 60521911269 aperturadas a nombre del quejoso Raúl Hernandez Sandoval la primera en la Institución Bancaria HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y la segunda Institución Bancaria Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Se debe precisar que la información relacionado con los juicios de amparo directo 812/2018 y 71/2020 se obtuvo al realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con que cuentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, la cual, se invoca como un hecho notorio para quien ahora resuelve, y a la cual, se concede valor probatorio, con apoyo en los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentenciasdel Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Lo anterior, pone de manifiesto que **** tiene un crédito fiscal derivado de un procedimiento administrativo seguido en su contra, que promovió un recurso de reconsideración en contra de la resolución determinante de veinte de octubre de dos mil quince, número DGAFEM/SVD/2015-10/3878 emitida por la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Que dicha resolución fue impugnada mediante el juicio de nulidad ante la Sala Regional en Morelos del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, asunto que fue registrado 96/16-24.-01-6, autoridad que determinó declarar la validez de la determinación reclamada; que dicha resolución fue atacada a través del juicio de amparo directo 812/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que se dejara insubsistente la resolución reclamada y se emitiera una nueva. Que en cumplimiento a dicha determinación constitucional la Sala Regional referida emitió nuevamente sentencia y declaró la validez de la resolución determinante de veinte de octubre de dos mil quince, número DGAFEM/SVD/2015-10/3878, emitida por la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Resolución que nuevamente fue impugnada vía de amparo directo el cual quedó registrado con el número 71/2020 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el cual, mediante ejecutoria de seis de noviembre de dos mil veinte se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, al encontrarse firme el referido crédito fiscal y no haber garantizado su pago el quejoso, se emitió el mandamiento de ejecución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, mientras que el diez de marzo de dicha anualidad, se requirió el pago del crédito fiscal y, al no realizar pago alguno, se procedió a embargar las cuentas bancarias del quejoso. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, se emitió el oficio AFINMORDGR/2021/000069 en el que se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inmovilizara las cuentas localizadas a favor del deudor -Raúl Hernández Sandoval- hasta por el monto del crédito fiscal. Por tanto, se advierte que el aquí quejoso tenía conocimiento del crédito fiscal a su cargo derivado del procedimiento administrativo seguido en su contra, por lo menos desde diecinueve de enero de dos mil dieciséis, fecha en la cual promovió juicio de nulidad en contra de la resolución determinante de veinte de octubre de dos mil quince número DGAFEM/SVD/2015-10/3878. De lo anterior, se observa que al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño, toda vez que como ya se precisó, el mismo tenía conocimiento del procedimiento instaurado en su contra, asimismo interpuso juicio de nulidad y juicio de amparo directo en contra de la determinación en que se decretó el crédito fiscal en su contra. Con tales constancias se desvirtúa el carácter de tercero extraño del quejoso, lo que de suyo haría que se sobreseyera el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, atento a la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Además, se hace patente que al tener conocimiento de dicho procedimiento podía interponer los medios de impugnación que la ley le otorga para controvertir los actos de la autoridad responsable, lo cual se advierte ya realizó. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia firme que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias por parte de una autoridad administrativa puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto o, bien, a través del juicio contencioso administrativo; y, por tal motivo, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a la inmovilización o congelamiento de cuentas bancarias, pues dicho acto puede ser revisado a través del recurso de revocación previsto en los artículos 116, 117, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad, de conformidad con el artículo 14, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo anterior es así, toda vez que los artículos citados del Código Fiscal de la Federación establecen: "Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a). Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c). Dicten las autoridades aduaneras. d). Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c). Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. [.] Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. [.] Artículo 127.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.". Por su parte, el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone: "Artículo 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; [.] Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.". Así pues, en virtud de tales medios de defensa ordinarios [recurso de revocación o, en su caso, juicio contencioso administrativo], resultan idóneos, oportunos y efectivos para revocar, nulificar o modificar la inmovilización o congelamiento de cuentas bancarias, dictado por una autoridad administrativa, toda vez que en ambos casos, tanto el recurso de revocación como el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto reclamado, pues en las dos vías rige lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reformado el diez de diciembre de dos mil diez, el cual no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Ahora bien, como se vio de los antecedentes del acto reclamado la parte quejosa ya hizo valer los medios de impugnación a su alcance, e incluso por lo que respecta al juicio de nulidad 513/21-24-01-4, que promovió en contra de la determinación que desechó su recurso de revocación interpuesto en contra del mandamiento de ejecución de ocho de marzo de dos mil veintiuno, así como requerimiento de pago y embargo, llevados a cabo en su contra el diez de marzo de dos mil veintiuno, el mismo fue presentado previo a la promoción del presente juicio de amparo, por lo que en su caso, el resultado de dicho asunto podría haber sido controvertido en vía de amparo directo. De ahí que, resulte indudable que, conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra las órdenes de inmovilización o congelamiento de cuentas bancarias, como la que en este asunto reclama el peticionario de amparo, son impugnables a través del recurso de revocación previsto en los artículos 116, 117, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación o, en su caso, mediante el juicio de nulidad, de conformidad con el artículo 3, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, medios de impugnación ordinarios a través de los cuales puede obtener la reparabilidad de sus derechos. Sustenta lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J.18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." (lo subrayado es propio). En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. QUINTO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, en contra de las autoridades y por el acto precisado en el segundo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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