Raúl Hernández Muñoz

Expediente 304/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
304/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Raúl Hernández Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    COMPARECENCIA RATIFICACIÓN DE DICTAMEN PERITOS AUTORIDADES RESPONSABLES

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en virtud que no atendió al AVISO de veintidós de febrero del año en curso, que en lo sustancial establece: "... se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes en proveído de trece de enero del año en curso; siendo que ninguna de ellas desahogó la vista concedida. En consecuencia, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental a fin de determinar la cantidad líquida que deberá pagarse a la parte quejosa.

  3. Principal

    .Visto el estado procesal de autos, se advierte que los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo para los efectos siguientes: ".de inmediato tomen todas las medidas pertinentes y hagan uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance, para lograr lo antes posible la notificación a las partes del auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, y desahoguen las pruebas de inspección ocular ofrecidas por las partes en el juicio laboral ***, en la fecha programada -siete de febrero de dos mil veintitrés-.". Lo anterior, a pesar de que por acuerdo de nueve de enero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable para diera cumplimiento a la misma; y posteriormente, en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, se efectuó el siguiente requerimiento: ".se requiere (.) remita las constancias de notificación a las partes -actor y demandados- ordenadas en auto de fecha veinte de enero del año en curso. Asimismo, en el término improrrogable de tres días, contados a partir del siete de febrero de dos mil veintitrés -fecha programada para que tenga verificativo el desahogo de las pruebas de inspección ocular-, remitan copia certificada correspondiente, y para el caso de que no se haya llevado a cabo, envíen el acuerdo respectivo, a fin de que este Juzgado de Distrito provea lo que en derecho corresponda.". 2. CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. Máxime que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional. Por tal razón, en la Ley de Amparo se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. 3. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que en el término improrrogable de tres días, contados a partir de que reciban el presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; toda vez que ha sido omisa en hacer pronunciamiento al respecto, no obstante encontrarse legalmente notificada y de haberle transcurrido el término concedido para tal efecto. 4. APERCIBIMIENTO. Se hace saber a la autoridad obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, que las penas que se le podrán imponer en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo; asimismo, se apercibe a la autoridad constreñida al cumplimiento, que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, hágasele saber que de incurrir en evasivas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se situaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y el diverso 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando dejen el cargo que actualmente ostentan, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuvieran al frente de él, de manera que podrán ser consignadas, aunque dejen de ser titulares obligados. 5. PARTE QUEJOSA SOLICITA SE REQUIERA CUMPLIMIENTO. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la persona quejosa ***; atento a su solicitud de requerir nuevamente a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos, comuníquesele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.

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