Raúl Hernández Hernández

Expediente 545/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
545/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Raúl Hernández Hernández
  • Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración. Saltillo.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Devuelve exhorto. Agréguese a los autos el oficio, que remite la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 213/2022-LRPE, número de orden 279/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte la imposibilidad de localizar al quejoso directo ...por los motivos ahí expuestos. 1.1 Anotaciones. Dese de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo, sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera el mismo automáticamente. 2. Informe de suspensión de plano. Agréguense a los autos el oficio signado por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano y al efecto remite diversas constancias en copia certificada. 2.1 Acuerdo. En cuanto a su contenido, téngase a la citada autoridad migratoria rindiendo informe de suspensión de plano e informando que el doce de mayo del año en curso, se libró el oficio de salida del país por sus propios medios a favor del quejoso directo . dado su petición expresa de retornar a su lugar de origen, anexando al efecto dicho comunicado, el cual contiene la firma del mismo al calce de su nombre; lo que impidió lograr su notificación respecto al auto de trece de los actuales, mediante el cual se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de la demanda interpuesta a su favor. 3. No presentada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y dada la voluntad del quejoso directo manifestada ante la autoridad la responsable Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, para retornar a su país, se tiene por no presentada la demanda de amparo interpuesta en su nombre, quedando sin efecto las providencias dictadas en este juicio de amparo. 4. Causa estado. En ese contexto, resulta claro que el citado quejoso al encontrarse fuera del territorio nacional, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo, ha causado estado. 5. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del Actuario Judicial adscrito a este juzgado de notificar al quejoso directo ...al haber sido informado por la autoridad migratoria de esta ciudad, que fue trasladado a las seis horas de esta misma fecha, a la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, donde será puesto en libertad para que por sus propios medios para que regrese a su país de origen. 1.1 Exhorto. Atento a lo anterior, con fundamento en los numerales 298 al 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el capítulo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, en turno, con sede en Villahermosa, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva notificar personalmente al quejoso directo ...el proveído de trece de mayo del año que transcurre, cumpliendo con la encomienda ahí establecida, para lo cual se anexa copia digitalizada de la demanda de amparo y del auto referido. En la inteligencia de que el quejoso pudiera encontrarse en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en Villa Hermosa, de acuerdo a la información proporcionada por la autoridad migratoria de esta ciudad. Asimismo, deberá hacerle del conocimiento la suspensión de plano a la autoridad que tenga bajo su resguardo al citado quejoso para los efectos legales a que haya lugar. 1.2 Habilitación de días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el actuario adscrito a dicho juzgado practique la diligencia correspondiente en este asunto, para el efecto de evitar dilaciones en el procedimiento.

  3. Principal

    1. Demanda. Visto el escrito de demanda presentado por Jonathan Hernández Alonso, en representación de . contra actos del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 545/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene únicamente como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades responsables que la parte quejosa señalo como: Titular de la Oficina de Representación Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, Titular de la Oficina de Representación local del Instituto Nacional de Migración, Encargado y/o Jefe de la Estancia Migratoria del Instituto Nacional de Migración y Agentes Federales de Migración adscritos a la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración, todas con sede en esta ciudad, este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, porque el llamamiento a juicio de tales autoridades retardara el acceso de los quejosos a una sentencia definitiva, en virtud de que las restantes reponsables designadas con domicilio en esta ciudad, de acuerdo a la labor propia de este juzgado, se puede advertir que son inexistentes. Con excepción de la que se tiene como autoridad responsable en el punto que antecede. De ahí que este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular al resto de las indicadas autoridades para efectos del trámite de este juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor de los quejosos en su calidad de migrantes, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de éste último; o, Si la detención no tuvo relación con la comisión de un hecho contemplado por la ley como ilícito, sea puesto inmediatamente en libertad. 4.3 Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenidos en flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesta en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que las autoridades responsables hayan efectuado la detención o la tengan a su disposición. Para ello, deberán dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 4.6 No sea exhibida en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que éste sea sometido. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentre sujeto, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Suspensión de plano relativa a la deportación. La parte promovente solicita la suspensión del acto reclamado consistente en la deportación, expulsión o repatriación que las autoridades responsables pretenden ejecutar en contra del quejoso directo ... Con fundamento en el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 15, 126 y 160 de la Ley de la Materia, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados previamente mencionados en favor del quejoso directo . al tratarse de un acto que tiene relación directa y se involucra la libertad personal del mismo, pues tiene como finalidad la deportación del país, por lo que hace a los efectos y consecuencias, esto es, para efecto de que, no se le obligue a abandonar el país a los quejosos. Es decir, se abstengan la autoridad responsable de deportar a su lugar de origen al quejoso, debiendo quedar en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia ejecutoriada que se dicte en el presente juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que la suspensión concedida no constituye un obstáculo para que, de ser voluntad expresa de la aquí parte quejosa, pueda retornar a su país de origen. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.3º.A.J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. 6. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación únicamente a las autoridades responsables de migración que posiblemente tengan intervención en la libertad del quejoso directo, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso directo . con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se les impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 7. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida de Raúl Hernández Hernández, no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 8. Negativa de la suspensión relativa al acto reclamado identificado con el inciso a) en relación a la exposición del Virus COVID-19 y/o SARS-COV-2. Por otro lado, se niega la suspensión solicitada por la parte promovente, respecto del acto reclamado en el escrito de demanda de cuenta, referente a la exposición al virus COVID-19 y/o SARS-COV- 2 por encontrarse hacinado dentro de la estación migratoria de esta ciudad; lo anterior, toda vez que las condiciones en que la autoridad migratoria responsable mantiene alojada a la parte quejosa directa y al resto de las personas de nacionalidad extranjera en las instalaciones que ocupa, es única y exclusivamente responsabilidad de la misma, por lo que, se encuentra expedito su derecho de hacer valer lo que considere necesario ante la instancia correspondiente. 9. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de localizar el hoy quejoso; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración lo siguiente: 9.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. 9.2 Dé fe del estado físico del quejoso directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio el entrevisto; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 9.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra el quejoso. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 9.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de la autoridad mencionada en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. 10. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición a la parte quejosa, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirlo para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en él, debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 11. Notificaciones por lista. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de este proveído, así como los subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estados de este juzgado, al no haber señalado domicilio para tal efecto. 12. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 13. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 14. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.

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