Raúl Hermosillo González

Expediente 2140/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2140/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Raúl Hermosillo González
  • Congreso del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo de veintidós de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el doce de agosto pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el veinte de enero de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en lo que interesa, para los efectos siguientes: "(.) procede conceder el amparo solicitado a Raúl Hermosillo González, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación que imponen la fracción I, inciso h), del anotado numeral secundario 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución; a este respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por el quejoso, documentado en el recibo oficial A 54437371, que no se le aplique en el presente y en lo futuro el artículo 16, fracción I, inciso h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y, por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en dicho inciso, es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,543.00 (cinco mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), numerario que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto y, en su lugar, se emitan otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar el artículo declarado inconstitucional, por ende, respetando las garantías constitucionales aquí ponderadas. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, página 1244, que establece: se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: En el entendido que dicha devolución deberá comprender, en su caso, la actualización, de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco. (.)" Mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, la sentencia de mérito causó ejecutoria, y por consiguiente se ordenó requerir a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el párrafo que precede. Luego, mediante proveído de veintidós de junio de la anualidad que transcurre, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado de Jalisco por el cual remitió copia certificada de la orden de pago 2094905 en que dictamina la devolución a la parte quejosa de las cantidades pagadas y que en este juicio de amparo se estimaron inconstitucionales, así como el recibo por el cual la quejosa recogió tal numerario; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el estado de autos de los que se advierte que a la fecha no obra agregada en autos la constancia de notificación ordenada en auto de veintidós de junio a la parte quejosa, en el que se ordena dar vista a dicha parte con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; por lo que tomando en consideración que resulta necesario notificar dicho auto; se instruye al Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, encargado del presente asunto, para que de inmediato notifique a dicha parte el proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, corriéndole traslado con el oficio y anexo agregado en dicho proveído. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaria de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación de la citada Secretaria, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; al respecto, se provee: agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar y en atención al mismo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexos de cuenta, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se ordenó notificar por oficio a las autoridades responsables, sin que obre en autos las constancias respectivas, por tanto, túrnese los autos al Actuario Judicial que corresponda a efecto de que de inmediato se realicen las notificaciones de referencia.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada en autos, informa que giró oficio , de diecisiete de junio de este año, en el que se conminó a la autoridad responsable a que procediera a dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada en autos, oficio que anexa al oficio de cuenta para los efectos legales correspondientes; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar y téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos.

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