Raul Hermida Salto

Expediente 1309/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1309/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/01/2022

Partes del expediente

  • Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan de Carpio, Veracruz
  • Raul Hermida Salto

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que los promoventes interpusieran recurso de queja contra el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el seis de enero de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que, como anexos de la demanda, fueron exhibidos documentos en el presente juicio de amparo, ya que el mismo ha concluido y se ordena su archivo, dígase a los promoventes que conforme al antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo General, se dejan a su disposición por el término de noventa días dichos documentos, con el apercibimiento que de no reclamarlos en ese plazo, correrán la suerte del expediente en que se actúa. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19 hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a trece horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, si se presenta a recoger los documentos durante el periodo de contingencia, para la entrega de los mismos, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes...

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos para que surtan los efectos legales procedentes los oficios con anexos signados por el Director Jurídico de Servicios de Salud en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz; en atención a su contenido, téngasele remitiendo copia certificada donde consta que el veintiséis de noviembre del año en curso, se aplicó al menor identificado con iniciales C.J.F.B., la primera dosis de la vacuna Pfizer/Biontech. En razón de lo anterior; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad informando las gestiones relativas a la suspensión de plano concedida en el presente asunto; dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al primero de los oficios en cita, téngase a la autoridad oficiante informando que se programó para el dieciséis de diciembre de este año la aplicación de la segunda dosis de la vacuna PFIZER/BIONTECH al menor quejoso. Ahora, el que suscribe estima innecesario ordenar notificar personalmente a la parte quejosa e informarle lo anterior, ya que es un hecho notorio que en diversos juicios de amparos tramitados en este órgano jurisdiccional la autoridad de salud se pone directamente en contacto con las partes para programar la fecha de aplicación, pues se han recibido promociones del Director Jurídico de Servicios de Salud en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz, informando la aplicación de las dosis, sin que se haya hecho del conocimiento de este juzgado la fecha programada para esta. No obstante lo anterior, y toda vez que ya transcurrió la fecha programada para la aplicación de la segunda dosis al menor quejoso de la vacuna en comento, requiérase a la autoridad citada en el párrafo que antecede a efecto de que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita a este juzgado la constancia donde se acredita la aplicación de la segunda dosis de vacunación Pfizer BIONTECH al menor quejoso. Con apercibimiento que de no cumplir lo solicitado o no informar el impedimento para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, aunado al hecho de que el presente asunto se resolverá con las constancias que obren en autos. Finalmente, no ha lugar a proveer en relación a la designación de delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el correo electrónico proporcionado, pues en el acuerdo de nueve de diciembre pasado se acordó lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de Servicios de Salud, en representación del Secretario de Salud del Estado de Veracruz, téngasele informando que en cumplimiento a la suspensión de plano emitida por este órgano de control constitucional, el dieciocho de noviembre del año en curso, se aplicó la segunda dosis de la vacuna PFIZER/BIONTECH al directo quejoso menor de edad de identidad reservada; lo cual acredita con la copia certificada de la Carta de consentimiento informado para la aplicación de la vacuna y de la Evaluación clínica prevacunación ante Covid-19. Ahora, en el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: I. La omisión de aplicar una Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), a favor de personas de entre 12 y 18 años de edad; lo que genera una afectación directamente de mi menor hija, en su derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud, máxime cuando las autoridades mexicanas e internacionales ya avalaron la aplicación de la vacuna BioNTech-Pfizer (dos dosis) para personas del sector etario ya señalado. Lo anterior con motivo del regreso a clases del ciclo escolar 2021-2022, que inició el 30 de agosto pasado. II. La omisión de llamar, informar y/o notificar a mi menor hija de manera urgente e inmediata, señalándose el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizada, ante el inicio de clases presenciales en esta ciudad. III. La discriminación sin justificación objetiva bastante, afectándose los derechos la vida (sic), a un desarrollo integral en la medida de lo posible y a la salud, engarzados con una violación inminente al principio de interés superior de la niñez. De lo antes transcrito se advierte que si bien la parte quejosa reclama diversos aspectos relativos a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 (COVID-19), así como la discriminación que la falta de inclusión en dicha política causa al menor quejoso; lo cierto es que, del análisis integral de la demanda de amparo se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, lo constituye de forma medular la omisión de aplicar la vacuna BioNTech Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 (dos dosis) a la parte quejosa menor de edad, puesto que los reclamos derivan precisamente de tal omisión. En ese contexto, es un hecho notorio para el que suscribe en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, que la "Guía Técnica para la aplicación de la vacuna BNT162b2 PFIZER/BIONTECH contra el virus SARSCoV2", expedida por el Gobierno Federal el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, establece que son dos dosis para tener el esquema completo de vacunación; lo cual, en la especie ya aconteció. Es así que, este órgano de control constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierte o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La cesación a que se refiere el artículo y fracción invocados se da por revocación o por sustitución; la primera implica la desaparición o destrucción del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna y, la segunda se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. En mérito de lo anterior, la hipótesis que en el presente se actualiza es la primera, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa consistía, medularmente, en la omisión de las autoridades responsables de ordenar que se aplicara a su menor hijo, la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19; sin embargo, de las constancias citadas en los párrafos que anteceden se advierte que ya le fueron suministradas las dos dosis de ese antígeno, es decir, el menor referido ya tiene completo el esquema de vacunación. Documentos remitidos por la autoridad responsable a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, se colige que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, es decir, la omisión violatoria de derechos por parte de las autoridades y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, actualizándose la manifiesta e indudable improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Así como la diversa número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Sin que obste a lo anterior que no se haya remitido a este Juzgado de Distrito por parte de la autoridad responsable oficiante, el certificado de vacunación correspondiente al menor quejoso, pues tal acto no forma parte de la litis constitucional en el presente asunto. En consecuencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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