Raúl Guadalupe Varela Gallardo

Expediente 1025/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1025/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • Raúl Guadalupe Varela Gallardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Raúl Guadalupe Varela Gallardo, por sí y en representación de sus menores hijos "R.A." y "A.D." ambos de apellidos "V.R."; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. Por ende, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    Se notifica al quejoso por medio de lista el acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por estar ordenado en autos y que diece: Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito de esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución dictada el seis de los actuales, en el recurso de queja civil 21/2017 interpuesto por el quejoso Raúl Guadalupe Varela Gallardo contra el auto emitido el tres de enero de esta anualidad, por este juzgado, en la cual la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja a que este toca se refiere. SEGUNDO. Se ordena al a quo reponer el procedimiento para que se tenga por desahogada la prevención ordenada, por ende, procede a admitir o desechar la demanda de amparo". Asimismo, remite la copia certificada del juicio de amparo indirecto en que se actúa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de garantías, gírese el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar la demanda, para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo, para el desechamiento de plano bajo esa hipótesis de una demanda, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además, que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI."; Ahora bien, de estas disposiciones se obtiene que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados en un procedimiento, procede cuando éstos producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, según queda de manifiesto en la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia Común, Octava Época, página 154, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse que las violaciones procesales son impugnables, generalmente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y, c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de esas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado fundamental consiste en la resolución de segunda instancia de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, residente en Chihuahua, Chihuahua, en los autos del toca de apelación 702/2016 de su índice, en la que se revocó la resolución primigenia dictada el ocho de febrero de la indicada anualidad, por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad y ordenó reponer el procedimiento, a fin de que el juez de primera instancia ordenara notificar personalmente a las partes la admisión del incidente de variación de guarda y custodia de los niños, así como la pérdida de patria potestad de Leticia Rodríguez González, sobre sus hijos, para que la demandada incidentista estuviera en aptitud legal de defenderse correctamente y pudiera ofrecer y desahogar las pruebas que considerara pertinentes para su defensa y así se le respetara sus derechos y seguridad jurídica. De lo anterior, se advierte que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Con dicho acto reclamado sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si la resolución que constituye el acto reclamado ordenó reponer el procedimiento del incidente planteado por el quejoso en el juicio de diverso contencioso 349/2004, a fin de que se notificara personalmente a las partes la admisión del incidente de variación de guarda y custodia de los niños, así como la pérdida de la patria potestad de la madre, es evidente que se trata de cuestiones relativas a la correcta continuación del juicio de origen y por ende los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, lo cual se refleja en el derecho de las partes de defenderse correctamente y poder ofrecer y desahogar las pruebas que consideraran pertinentes para su defensa y así se les respetara sus derechos y seguridad jurídica y tal situación únicamente implica base para la emisión de una resolución definitiva. En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juez del conocimiento y por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte actora, aquí quejosa. Consecuentemente, como se anunció en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el 113 transcrito de la Ley en cita, procede desechar la demanda en estudio. En apoyo a lo anterior, por las razones que la componen resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, editado en noviembre de 2013, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". De igual manera es aplicable, la jurisprudencia P./J. 17/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, localizada en la página 25, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". También es aplicable al caso por las razones que lo informan, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 1099, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en octubre de 1998, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, PARA QUE EL JUEZ DICTE UNA NUEVA SENTENCIA, CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, PARTIENDO DE CIERTOS LINEAMIENTOS, YA QUE NO CAUSA UN GRAVAMEN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La interpretación armónica del artículo 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que el juicio de amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; luego, si una Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ordena reponer el procedimiento de primera instancia, a efecto de que el Juez, con plenitud de jurisdicción, dicte nueva sentencia, en la que proceda al análisis de la acción y de la excepción, como del acervo probatorio, partiendo de la base de que la actora exhibió el título ejecutivo, resulta que esta determinación en modo alguno tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues no causa al quejoso, parte demandada, un perjuicio de manera inmediata, al no atacar alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, ya que aun cuando la decisión de primer grado le fue favorable a sus intereses, resulta que nada obtuvo de inmediato, ni siquiera que se dejara insubsistente el embargo, pues como el recurso de apelación interpuesto por el actor, se admitió en ambos efectos, las cosas quedaron en el estado en que se encontraban, pendiente de la decisión de segundo grado, de ahí que aquella determinación únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales, que en todo caso pueden reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra la sentencia definitiva". Como apoyo a lo anterior se cita la tesis IV.2o.C.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, visible en la página 2159, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Raúl Guadalupe Varela Gallardo por sí y en representación de sus menores hijos "R.A." y "A.D." ambos de apellidos "V.R.".

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en esta ciudad, en el que se transcribe el auto de doce de los actuales, dictado en el toca ********************, por la magistrada presidenta de dicho tribunal, de cuyo contenido se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de tres del mes indicado. Asimismo, acusa recibo del oficio con el que se remitieron el original del recurso de queja y de expresión de agravios, el informe de ley y las constancias certificadas del juicio de amparo 1025/2017, que dan sustento al mismo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Raúl Guadalupe Varela Gallardo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de tres de los actuales, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y en el que formula los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, para los fines del recurso de queja hecho valer contra el proveído de referencia, déjese en el expediente copia del escrito de interposición respectivo y de expresión de agravios. Toda vez que en el auto recurrido se tuvo por no presentada la demanda, sin admitirla a trámite y no existen más partes a quienes notificar del aludido medio de impugnación, acorde a lo señalado por el artículo 100 de la ley de la materia, remítanse al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad fronteriza, original y copia del escrito con que se promueve el aludido medio de impugnación y en el que se expresan agravios, junto con el expediente en que se actúa. Con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja, al que deberá acompañarse copia certificada de las constancias pertinentes.

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