Raúl Gonzalo Castellanos Hernández
Expediente 810/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raúl Gonzalo Castellanos Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
*PRAL. 810/2014 MESA AMP. 3-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil quince. Vistos los autos, advirtiéndose que la autoridad responsable, director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, ha emitido diversos actos en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en audiencia constitucional de diez de septiembre de dos mil catorce, engrosada el treinta siguiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 114 a 128), misma que causó ejecutoria el diez de noviembre del año anterior (fojas 149 a 151). En esas condiciones, este órgano jurisdiccional procede a realizar análisis de las constancias remitidas por la responsable, a fin de establecer si se encuentra cumplido el fallo protector; y, al efecto, se destaca lo siguiente: I. En este juicio de amparo, el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: a) La falta de emplazamiento; b) Las actuaciones y notificaciones practicadas en el procedimiento administrativo 663/RA/2011; y, c) La resolución de fecha nueve de mayo de dos mil catorce, por la que se determinó una sanción. Que le atribuyó a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y director de Procedimientos Jurídicos de dicha Secretaría. II. Mediante sentencia de amparo dictada en audiencia constitucional de diez de septiembre de dos mil catorce, engrosada el treinta siguiente, se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, contra esos actos reclamados (fojas 114 a 128), para los siguientes efectos: ". Por lo que, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, para que las autoridades responsables a) titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, y b) director de Procedimientos Jurídicos de dicha Secretaría: - Dejen sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo 663/RA/2011, a partir de la subsecuente actuación al auto de treinta de junio de dos mil once (foja 45), en la que se ordena iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria en contra de Raúl Gonzalo Castellanos Hernández; - Y en ejercicio de sus facultades, para el caso de que estime procedente nuevamente fijar fecha y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia a que se refiere el numeral 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, su notificación se ordenará conforme al precepto legal 70 de la ley invocada. Sobre los efectos de la sentencia de amparo, se invoca en apoyo la siguiente tesis: "Décima Época Registro: 2000617 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: XI.5o.(III Región) 2 A (10a.) Página: 1828 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE. En la práctica judicial del juicio de amparo, se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio: La noción de tercero extraño se desprende del contenido de los artículos 5o., fracción III, inciso a) y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Partiendo de esa base normativa, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto del tercero extraño a juicio en el que se sitúan: a) al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado; sin embargo, sus derechos están involucrados en la controversia desde su inicio porque las partes se disputan los bienes o derechos del quejoso y, a fin de cumplir con el mandato del artículo 80 de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que se dejen insubsistentes todos los actos procesales del juicio a partir del auto de inicio, a fin de que la autoridad responsable requiera al actor para que, si lo desea, amplíe su demanda contra el quejoso lo que constituirá una exigencia para darle entrada; b) aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. De resultar que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, el efecto de la protección constitucional será restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; c) el tercero extraño por equiparación se presenta con: I) El tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; en este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades; II) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio, que a su vez se manifiesta de dos formas: aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada; el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario, y los efectos de la sentencia de amparo deben extenderse a los codemandados y, el otro, lo representa aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio, caso en que también, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, y para que sea llamado a juicio, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural; y, d) otro supuesto es el del tercero extraño que es afectado por un acto de autoridad que reviste las características de ser un acto privativo, de naturaleza positiva y que se emitió sin respetar la garantía de audiencia; en ese caso, el amparo que se conceda es en forma lisa y llana, para que se deje insubsistente el acto de autoridad, sin que se pueda obligar a la autoridad a emitir otro previo respeto a la garantía de audiencia, pues de hacerlo se rebasaría el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación". QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN". ." III. Por acuerdo de diez de noviembre de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento a las responsables (fojas 149 a 151). IV. En respuesta, la responsable director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, remitió los oficios SCTG/DPJ/CA/5590/2014 y SCTG/DPJ/CA/405/2015, fechados el diecinueve de noviembre de dos mil catorce y dos de junio de este año (fojas 155 y 229), a los que acompañó copia certificada de los acuerdos de fechas doce de noviembre del año anterior (fojas 156 y 157) y veintinueve de mayo de dos mil quince (fojas 230 a 232), dictados en el expediente 663/RA/2011. Con los que se dio vista a la parte quejosa, para que expresara lo que a sus intereses conviniera, dando contestación por escrito presentado en este órgano jurisdiccional el diez de este mes de junio (foja 236), respecto del último auto emitido por la responsable. De dichas constancias, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que: Mediante acuerdo dictado el doce de noviembre de dos mil catorce, la responsable director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, ordenó dejar sin efecto todas las actuaciones posteriores al auto de treinta de junio de dos mil once, dictado en el expediente 663/RA/2011, exclusivamente por el aquí quejoso Raúl Gonzalo Castellanos Hernández (Primer efecto de la sentencia). En proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince (foja 230), determinó lo siguiente: ". En atención a lo ordenado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante la resolución de fecha treinta de septiembre del año dos mil catorce, por lo anterior y tomando en consideración que por el tiempo transcurrido sería inoficioso reponer el procedimiento iniciado en contra del ciudadano RAUL GONZALO CASTELLANOS HERNANDEZ, así como fijar nuevamente fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, toda vez que para el estado causaría un detrimento a la hacienda pública estatal, ya que las faltas administrativas que se le imputan al ciudadano RAUL GONZALO CASTELLANOS HERNANDEZ fueron cometidas en el ejercicio presupuestal 2010, por lo que esta Autoridad ordena archivar como asunto total y definitivamente concluido el presente asunto, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que rigen a los servidores públicos del Estado de Oaxaca (segundo efecto de la sentencia de amparo). En esas condiciones, se desprende que dicha responsable acató los lineamientos en que se dictó la ejecutoria de amparo, porque a) dejó sin efecto todas las actuaciones posteriores al auto de fecha treinta de junio de dos mil once y b) en ejercicio de sus facultades, estimó que no era procedente nuevamente fijar fecha y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia a que se refiere el numeral 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. De ahí que es infundado el argumento de la parte quejosa en el sentido de que en ese auto la responsable debió declarar de oficio la prescripción, acorde a lo dispuesto por el artículo 64, fracción XVIII, del Reglamento Interno de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Ello, dice, como fundamentación y motivación del mismo, ya que el acuerdo así dictado lo sigue dejando en estado de indefensión, porque desconoce si existió desistimiento o después reabrirán -sic- el expediente 663/RA/2011 (fojas 36 y 237). Pues los efectos de la sentencia no fueron para que la responsable dictara un auto fundado y motivado en los términos a que se refiere el quejoso, sino, se reitera, para que se dejara sin efecto todo lo actuado en el procedimiento administrativo 663/RA/2011, a partir de la subsecuente actuación al auto de treinta de junio de dos mil once (foja 45), en la que se ordena iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria en contra de Raúl Gonzalo Castellanos Hernández y en ejercicio de sus facultades, para el caso de que estime procedente nuevamente fijar fecha y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia a que se refiere el numeral 69 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, su notificación se ordenará conforme al precepto legal 70 de la ley invocada. De ahí que así dictada la sentencia de amparo rige en sus términos por no haber sido recurrida por el quejoso, por lo que si no está conforme con la manera en que se ordenó el archivo del asunto, ello es materia de diverso medio de impugnación o juicio de amparo, pero no del cumplimiento de la sentencia de amparo. Por tanto, al no existir exceso o defecto en el cumplimiento de dicha ejecutoria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la sentencia de amparo. Y con apoyo en el párrafo cuarto del invocado precepto 196, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
*PRAL. 810/2014 MESA AMP. 3-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de junio de dos mil quince. Agréguese el escrito del quejoso Raúl Gonzalo Castellanos Hernández; visto su contenido, se provee: a. Se le tiene contestando la vista dada en proveído de cuatro de este mes de junio (foja 233); respecto del cual se reserva acordar lo procedente por cuanto a las manifestaciones planteadas, una vez que se provea lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo. b. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, expídasele copia certificada de las documentales que refiere, teniéndose como autorizados para recibirla a las personas que menciona, previa razón que de su entrega y copia de su identificación se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
*PRAL. 810/2014 MESA AMP. 3-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil quince. Agréguese el oficio número SCTG/DPJ/CA/405/2015, firmado por el director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, mediante el que informa con relación al cumplimiento de la sentencia de amparo y remite al efecto, copia certificada del acuerdo de veintinueve de mayo del año en curso, dictado en el expediente 663/RA/2011. Por lo que, con lo anterior y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho término, resuélvase lo procedente en relación con ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
*PRAL. 810/2014 MESA AMP. 3-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil quince. Agréguese el oficio número T.C.A./1ªJ./3893/2015, firmado por la juez del Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primera Instancia, residente en esta ciudad, mediante el que informa, en atención al requerimiento formulado en proveído de siete de mayo del año en curso (foja 217), que con fecha doce de este mes de mayo causó ejecutoria la sentencia de treinta y uno de marzo anterior, dictada en el expediente 290/2014, promovido por Claudia Gabriela Martínez Zamora y en la misma fecha se ordenó remitir el expediente administrativo 663/RA/2011 a la Dirección de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. En esas condiciones, a fin de establecer sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el numeral 192, último párrafo, de la ley de la materia, se requiere al director de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, residente en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio que con transcripción de este acuerdo se le envíe, informe las medidas que ha adoptado para cumplir en su totalidad con la ejecutoria de amparo. Con apercibimiento a dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se le impondrá en su perjuicio una multa entre cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 y 238 de la ley de la materia invocada; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese.
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