Raúl Gómez Collazo
Expediente 941/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 09/11/2022
Partes del expediente
- Raúl Gómez Collazo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Del certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintidós mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo; asimismo, el original del incidente de suspensión es depurable conforme al artículo 18, fracción I, inciso a) en virtud de que se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva; y el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión y el presente expediente serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En tanto que, el original del incidente de suspensión, permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Además, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Dado que en el presente asunto obran documentos originales, remitidos por la parte quejosa, requiérase, para que dentro del término de noventa días comparezca para recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo así se procederá a su destrucción; en el entendido de que deberá comparecer el propio quejoso, debidamente identificado con documento oficial y vigente a recogerlos. Finalmente, dado que la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, remitió remite copia certificada del expediente número 371/2010, relativo al juico especial hipotecario de su índice, mediante oficio devuélvanseles a la citada autoridad.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en atención al oficio 30971/2022, informa que Edgar Paz Pérez, solicitó que se le reconozca su personalidad como cesionario del crédito hipotecario, cesionario del crédito hipotecario, sus derechos crediticios, litigiosos y adjudicarios en términos del instrumento notarial 105,212, en los autos del Juicio Especial Hipotecario 371/2010; sin embargo, en proveído de once de agosto del año en curso, se decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda; por tanto, no se pronunció de conformidad con lo solicitado por el aludido promovente, y anexa copia certificada del proveído de mérito. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la falta de emplazamiento en el expediente relativo al Juicio Especial Hipotecario 371/2010, del índice el Juzgado Nueve de lo Civil de la Ciudad de México, y como consecuencia, la orden de lanzamiento y su ejecución; así como, la inscripción de la escritura que contiene la protocolización de la resolución de adjudicación, respecto de la casa habitación edificada en la manzana treinta y uno, ubicada en la calle Rubén Moral Gálvez, número dos mil cuatrocientos uno, del conjunto urbano de tipo medio denominado "Banus 360", en el Municipio de Metepec, Estado de México, y como se advierte de párrafos precedentes en proveído de once de agosto del año en curso, la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en el juicio de origen decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda, por ello, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVll. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)." De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; y d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Dicho supuesto se acredita, ya que el acto que se tildó de inconstitucional por el impetrante en el presente sumario, mismos que aceptó la autoridad responsable ordenadora; sin embargo, el día de la fecha, la aludida responsable informa que decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen a éste, por tanto, se evidencia un cambio de situación jurídica, con lo que se modifican los efectos de los aquí actos reclamados. Sirve de apoyo la tesis 2ª.CXI/96, publicada a página 219, Tomo IV, DICIEMBRE 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese contexto, como se mencionó con anterioridad se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y toda vez que el diverso 63, fracción V, de la misma ley, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por consiguiente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XVlI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras responsables pues el acto no se le reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." En ese tenor, el hecho de que algunos de los criterios invocados, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para el día de la fecha, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, AUTO QUE A LA LETRA: Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en atención al oficio 30971/2022, informa que Edgar Paz Pérez, solicitó que se le reconozca su personalidad como cesionario del crédito hipotecario, cesionario del crédito hipotecario, sus derechos crediticios, litigiosos y adjudicarios en términos del instrumento notarial 105,212, en los autos del Juicio Especial Hipotecario 371/2010; sin embargo, en proveído de once de agosto del año en curso, se decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda; por tanto, no se pronunció de conformidad con lo solicitado por el aludido promovente, y anexa copia certificada del proveído de mérito. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la falta de emplazamiento en el expediente relativo al Juicio Especial Hipotecario 371/2010, del índice el Juzgado Nueve de lo Civil de la Ciudad de México, y como consecuencia, la orden de lanzamiento y su ejecución; así como, la inscripción de la escritura que contiene la protocolización de la resolución de adjudicación, respecto de la casa habitación edificada en la manzana treinta y uno, ubicada en la calle Rubén Moral Gálvez, número dos mil cuatrocientos uno, del conjunto urbano de tipo medio denominado "Banus 360", en el Municipio de Metepec, Estado de México, y como se advierte de párrafos precedentes en proveído de once de agosto del año en curso, la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en el juicio de origen decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda, por ello, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVll. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)." De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; y d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Dicho supuesto se acredita, ya que el acto que se tildó de inconstitucional por el impetrante en el presente sumario, mismos que aceptó la autoridad responsable ordenadora; sin embargo, el día de la fecha, la aludida responsable informa que decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen a éste, por tanto, se evidencia un cambio de situación jurídica, con lo que se modifican los efectos de los aquí actos reclamados. Sirve de apoyo la tesis 2ª.CXI/96, publicada a página 219, Tomo IV, DICIEMBRE 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese contexto, como se mencionó con anterioridad se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y toda vez que el diverso 63, fracción V, de la misma ley, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por consiguiente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en la fracción XVlI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras responsables pues el acto no se le reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." En ese tenor, el hecho de que algunos de los criterios invocados, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, comuníquese a las partes que la audiencia constitucional prevista para el día de la fecha, se deja sin efectos en razón a la determinación anterior.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, Edgar Paz Pérez, en su carácter de cesionario del crédito hipotecario, derechos crediticios, litigiosos y adjudicarios de "BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO" en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración número "651", representada por "PENDULUM", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por Francisco Javier García Hernández, mediante el cual pretende apersonarse como tercero interesado al presente sumario constitucional, personalidad que aduce acreditar con copias certificadas del expediente 324/2022, del índice del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, asimismo, solicita se le corra traslado con copia de la demanda del presente asunto, proporciona usuario para oír y recibir notificaciones a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y designa autorizados para tal efecto. En ese sentido, requiérase a la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe si el promovente Edgar Paz Pérez, en su carácter de cesionario del crédito hipotecario, derechos crediticios, litigiosos y adjudicarios de "BANCO INVEX, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDUCIARIO" en su carácter de fiduciario del fideicomiso irrevocable de administración número "651", representada por "PENDULUM", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, representada por Francisco Javier García Hernández, es parte en los autos del expediente número 371/2010, relativo al juico especial hipotecario de su índice. En consecuencia, se reserva proveer respecto a lo peticionado por el promovente, hasta en tanto la Juez responsable, informe lo precisado en el párrafo que antecede.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- Raul Cirilo Juárez1246/2022
- Raúl Cortes Galindo778/2020
- Raúl Cortes Galindo744/2020
- Raúl Cortes Galindo818/2021
- Raúl Corzo Canales1787/2022
- Raúl Daniel Lara Garduño y Otros.100/2019
- Raúl Gómez Esquivel995/2021
- Raúl Hernández Santoyo319/2020
- Raúl Huerta Rivera272/2021
- Raúl Ibarra López901/2020
- Raúl José Zarate Urbina y Otros.718/2021
- Raúl Luis Martins311/2020