Raul Gilberto Piña Canche

Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
833/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Raul Gilberto Piña Canche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: del estado que guardan los presentes autos, se advierte que hasta la presente data la autoridad responsable foránea Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, Yucatán, no ha rendido su informe justificado, ni obra en el sumario el acuse postal relativo al oficio 9485/2022 de ocho de marzo de dos mil veintidós, por el cual se reexpidió el diverso 33305/2021, de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Con relación a lo anterior, téngase por recibido de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial, dependiente del Servicio Postal Mexicano en esta ciudad, el sobre devuelto que contiene el referido oficio 9485/2022, dirigido a la responsable en cita, el cual fue devuelto por las razones expuestas en el mismo. En consecuencia, mediante oficio que se gire para tal efecto, al cual se deberá adjuntar la misiva de mérito, reenvíese el aludido oficio al domicilio correcto de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Lo anterior, a fin de que se imponga del proveído que se notifica y se encuentre en aptitud de rendir el informe justificado en el presente asunto. En tal virtud, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para este propio día, por tanto, se impone su diferimiento y se fija como nueva fecha para su celebración el VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 119/2022-II-B, promovido por ********************, a nombre de los menores de edad de identidad reservada ********************y ********************, en contra del acto que reclaman a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, ... QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Previo al análisis de la litis constitucional, cabe destacar que en el presente juicio de amparo el acto reclamado que se estudia deriva de una controversia familiar; por tanto, involucra intereses de menores, por lo que resulta evidente que se debe atender al interés superior de éstos. Razón por la cual debe velarse por ello conforme a lo establecido en el artículo 4 constitucional. El artículo 4, párrafos noveno, décimo y onceavo, constitucional refiere al principio del interés superior de la niñez. En la parte que aquí interesa señala expresamente: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. El interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Destaca que el desarrollo y bienestar integral del niño comprende los siguientes derechos: a) Conocer a sus padres y ser cuidado por ellos; b) Preservar las relaciones familiares; c) No ser separado de sus padres, excepto cuando tal separación sea necesaria en atención a su interés superior; d) No ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; e) Protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; y, f) Un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Así, debe observarse en todo momento el interés superior de las niñas y niños. Este principio implica dar prioridad a su bienestar ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. Está reconocido expresamente en la legislación encargada de desarrollar los derechos contemplados en el artículo 4 Constitucional, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo artículo 2 establece: "Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. (.)" Por su parte el diverso 23, párrafo primero de esa misma Ley dice: Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes." De lo expuesto es de apreciarse que el derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de estos últimos, mismo que se extiende a la familia; reconocido por la Constitución y legislación secundaria; así como en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo que, en los casos en que haya separación del menor de alguno de los padres, debe prevalecer el interés superior del niño. Lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, el cual puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio y su familia en general. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CCCLXVIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, página 600, Décima Época, materia constitucional, registro 2007795, siguiente: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES DE EDAD. El derecho a las visitas y convivencias de los padres con los hijos menores es un derecho fundamental de éstos que se encuentra contemplado en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el artículo 4o. constitucional, toda vez que está vinculado directamente con el interés superior del menor, principio que sí está contemplado expresamente en el citado precepto constitucional. En este sentido, es evidente que cuando haya separación del menor de alguno de los padres, como ocurre en los casos en los que sólo uno de ellos detenta su guarda y custodia, debe prevalecer el interés superior del niño, lo que significa que se tomen las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo emocional, lo cual sólo puede lograrse si se mantienen los lazos afectivos con el padre no custodio." En este sentido, el interés superior del menor es uno de los principios rectores más importantes del marco nacional e internacional de los derechos del niño. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 1a./J. 25/2012 (9a.), emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así también, es de exacta aplicación al caso, la tesis XLVII/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto se inserta: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño. Además, debe decirse que incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional. Pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse al menor involucrado. Lo que se pretende es prevenir que enfrente situaciones que le inquiete o perturbe su sano desarrollo y sobre las cuales no sepa aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que le afecte. Asumiendo que a medida que el menor madura, sus opiniones deben tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior. Ilustra lo anterior, la tesis 1a. CVIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL DERECHO A EXPRESAR SU OPINIÓN EN UN PROCESO JURISDICCIONAL DEBE RESPETARSE, INCLUSIVE EN TEMAS EN LOS QUE AÚN NO ESTÉ PREPARADO PARA MANIFESTARSE. De los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, deriva la obligación del Estado de velar por el principio del interés superior del menor, garantizando de forma plena su derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que puedan afectarle y que aluden a determinaciones de su ámbito cotidiano. En ese sentido, incluso en aquellos temas en los que el menor aún no esté preparado para manifestarse, ya sea por su falta de madurez o desconocimiento pleno de la información respecto de las ventajas o desventajas de la situación, debe respetarse el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional, pero siempre teniendo en cuenta que el ejercicio de ese derecho está supeditado a su situación particular, así como al análisis del caso concreto en el cual se cuestione en los términos y parámetros en que debe escucharse a los menores involucrados, pues lo que se pretende es prevenir que enfrenten situaciones que les inquieten o perturben su sano desarrollo, y sobre las cuales no sepan aún externar una opinión madura que pueda considerarse lo suficientemente válida para decidir algún aspecto que les afecte, asumiendo que a medida que el niño o la niña madura, sus opiniones deberán tener cada vez más peso en la evaluación de su interés superior." Cabe agregar que tal hipótesis normativa de velar por el interés superior del menor es de obvia aplicación oficiosa para toda autoridad; razón por la cual, con el fin de salvaguardar los derechos integrales del menor, por encima de los personales expuestos por progenitores, se debe hacer un análisis integral del asunto, prescindiendo de cualquier vicio de forma que pudiera retardar el acceso a la justicia pronta acorde a lo establecido en el artículo 17 constitucional. En ese contexto, los conceptos de violación propuestos se analizan en aras de velar por el citado interés superior, el cual resulta de mayor importancia y trascendencia. Prerrogativa que obliga tanto el suscrito Juez Federal, como la autoridad responsable, a proveer en el más amplio sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establecen: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que los antecedentes destacados que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable son las siguientes: 1. Por proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, admitió a trámite el juicio especial de divorcio promovido por ********************, en contra de ********************, la cual fue registrada con el número ********************; demanda en la que solicitó sustancialmente, la disolución del vínculo matrimonial, le fuese otorgada la guarda y custodia de sus hijos menores de edad de iniciales ********************y ********************, que se le fijara el pago de una pensión alimenticia a favor de sus hijos y a cargo de la demandada, y que se recabara la información necesaria para establecer la capacidad económica de la señalada demandada, (fojas 1 a 83 del anexo I). 2. Posteriormente, la demandada ********************, contestó la demanda instaurada en su contra mediante escrito de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, contestando los hechos, y señalando que no estaba de acuerdo con las pretensiones de la parte actora ni con el convenio que adjuntó a la demanda, por lo que también presentó un convenio como contrapropuesta, (fojas 110 a 166 del anexo I). 3. Luego, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo a la accionada por contestada oportunamente la demanda incoada en su contra, y ordenó dar vista a la parte actora con la misma y con las pruebas ofrecidas. De igual manera se pronunció respecto a las medidas de protección solicitadas por la demanda, y en atención a que del Sistema Informático para la Recopilación y Control de Expedientes (SIRCE) se advertía la existencia del expediente 157/2021, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por ********************, en contra de ********************, ordenó traer el mismo a la vista. Y en atención a que las medidas de protección dictadas en el mismo se encontraban vigentes, determinó que no había lugar a decretarlas, además de que estaba pendiente de resolverse la excepción de litispendencia. Asimismo se reservó fijar medidas provisionales y fijar la audiencia preliminar, hasta contar con mayores elementos, (fojas 167 a 171 del anexo I). 4. Posteriormente, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Juez responsable dictó medidas provisionales en los siguientes términos: Estableció que los menores ********************y ********************, quedaban bajo la guarda y custodia de ********************, y que ambos padres conservaban el ejercicio de la patria potestad sobre dichos infantes. También estableció un régimen de convivencia a favor de los menores, el cual determinó se realizara a través de los diversos medios tecnológicos en modalidad de llamada telefónica o video llamada, en cualquiera de las diversas aplicaciones, la cual sería los días martes, jueves y sábados de cada semana, de diecisiete a dieciocho horas, con la posibilidad que si los menores lo deseaban, podrían convivir con su padre en otra día y hora distintas a las decretadas. Lo anterior en aras de salvaguardar el interés superior de los menores, tomando en consideración su edad, que se desconocía como era la situación actual en la que vivían y el tipo de relación que tenían con su progenitor; que no se tenía certeza de que hubiesen sufrido algún tipo de violencia, aunado al riesgo epidemiológico del Estado, que de acuerdo a la información oficial, el semáforo se encontraba en naranja. Asimismo estableció alimentos en favor de los menores de edad y a cargo de ********************, (fojas 386 a 395 del anexo I) 5. En contra de esa determinación ********************, interpuso recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente mediante resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, (fojas 136 a 146 del anexo II) Y con posterioridad promovió juicio de amparo, el cual se registró bajo el número 2289/2021-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, el cual se resolvió en fecha doce de abril del año en curso, y en el que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: ...En acatamiento al artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio especial de divorcio sin causales ********************, y en su lugar, dicte otra en la que deberá: Por lo que hace al régimen de convivencia: Establecer las convivencias entre los menores y su progenitor aquí quejoso detallando los días y horas para tal efecto, bajo la modalidad virtual, pero en forma supervisada, señalando la plataforma en la que habrá de llevarse a cabo. Para lo cual deberá solicitar al Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, a fin de que designe personal a su cargo del departamento de psicología y/o trabajo social para que supervise las sesiones virtuales ordenadas en autos del juicio de origen, dentro del horario y días previamente establecidos. Así mismo, dicho régimen de convivencia virtual supervisada tendrá una duración de tres meses, sino se emite sentencia y causa ejecutoria la misma con anterioridad, que varíe tal circunstancia. Durante la temporalidad señalada (tres meses), la Juez responsable, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, deberá ordenar que se lleven a cabo evaluaciones psicológicas tanto a los menores, como a sus progenitores, para los fines específicos aquí establecidos. Esto es, para verificar que en el caso no exista alienación parental de alguno de los progenitores hacia los menores, así como para ayudar en forma inmediata a que dentro de lo posible se reanuden a la brevedad las convivencias entre la menor y su padre, así como para que el menor, igualmente, dentro de la medida de lo posible, se puedan realizar las convivencias de manera física. Una vez concluido el plazo señalado (tres meses), atendiendo a los resultados de dichas evaluaciones, con plena libertad de jurisdicción, de existir las condiciones para ello, deberá evaluar la posibilidad de modificar el régimen de convivencia a la modalidad presencial, o en su caso, determinar un diverso plazo, debidamente justificado, no mayor a otros tres meses, para volver a evaluar las circunstancias del caso. Así mismo, deberá ordenar tanto a los progenitores como a la familia ampliada a que se conduzcan en todo momento con respeto hacia los padres de los menores, evitando hacer manifestaciones denostativas o que impliquen calificativos negativos, entre ellos, frente a los menores, a fin de contaminarlos lo menos posible con los problemas derivados del conflicto familiar que se encuentran ventilando; bajo apercibimiento que de no cumplir con ello, se hará uso de las medidas legales que correspondan, de acuerdo a las atribuciones legales al alcance de la juez para hacer cumplir sus determinaciones. Por lo que hace a la pensión alimenticia: Siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, deje insubsistente el porcentaje decretado de pensión alimenticia fijado; y hecho ello, determine con libertad de jurisdicción, con base en el principio de proporcionalidad alimenticia, el porcentaje de pensión alimenticia provisional que corresponda a los menores, de manera fundada y motivada. Sin que con ello se le constriña necesariamente a resolver de una manera distinta a la que lo hizo en cuanto a la fijación del monto de la pensión decretada. 6. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, ********************, solicitó a la juez responsable autorizara que sus hijos mayores de edad pudiesen visitar a sus hermanos ********************y ********************, en los días y horas propuestos; (fojas 408 a 414 del anexo II). 7. A dicho memorial recayó el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se ordenó dar vista a ********************, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, (fojas 424 a 426 del anexo II). 8. Por escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la indicada ********************, desahogó la vista que se le dio, y al respectó manifestó que la petición debió ser realizada por los hermanos mayores de sus hijos y no por el padre, y que en caso de que fuese procedente la petición de ********************, solicitó que la convivencia se llevara a cabo de manera virtual, (fojas 559 y 560 del anexo II). 9. Por proveído de siete de diciembre de dos mil veintiuno, la Juez responsable se pronunció respecto a la petición de ********************, en relación a la solicitud de autorizar que sus hijos mayores de edad pudiesen visitar a sus hermanos ********************y ******************** Y al respecto determinó que si bien era cierto que por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, atendiendo a las circunstancias y privilegiando el derecho de los menores a la salud y a la vida, frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, se dispuso fijar un régimen de convivencia a distancia entre los menores y su progenitor. Considerando que la situación no había cambiado frente al riesgo epidemiológico con motivo de la pandemia, el simple hecho de sustraer a los menores de su domicilio para incorporarlos a un nuevo ambiente, implicaba realizar un evento más propenso a contraer el virus, por lo que no autorizaba a que Carlos, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, visitaran de manera presencial a sus hermanos menores ********************y ******************** (fojas 563 a 567 del anexo II). Lo anterior, como ya se indicó, constituye el acto reclamado por la parte quejosa. Ahora bien, se establece que en sus conceptos de violación, por lo que se refiere a ese acto reclamado, la quejosa señala que el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que negó a Carlos, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, visitaran de manera presencial a sus hermanos menores ********************y ********************, carece de fundamentación y motivación, pues la responsable se limitó a señalar que las circunstancias que se tomaron en cuenta para establecer el régimen de convivencia determinado por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, no habían cambiado, por lo que existía riesgo para los menores de contraer el virus SARS-CoV2; lo que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en el artículo 16 Constitucional. De igual manera señala la parte quejosa que aunado a ello, debió considerarse que parte de su derecho de convivencia es poder tener contacto no sólo con su progenitor no custodio, sino con su familia ampliada, por lo que también debió establecerse un régimen de convivencia con sus hermanos mayores que fuese concomitante con el de su padre. Lo anterior es infundado por lo siguiente. En primer término, debe señalarse que en el caso de menores de edad, el Estado debe asegurarles la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores, o personas responsables de ellos ante la ley, adoptando las medidas necesarias de toda índole para lograrlo, y respetando las responsabilidades de los padres, la familia ampliada y en su caso, la comunidad, de impartir a los menores dirección y orientación apropiadas conforme a su condición, para que ejerza los derechos reconocidos en este instrumento. En ese sentido, la asunción de responsabilidad sobre el cuidado de su propia salud y la prevención de enfermedades, necesariamente se ha de generar en función de su edad y grado de madurez física y mental, y de la información y formación que reciban de los adultos en los ámbitos familiar, escolar y social al respecto, conforme a su autonomía progresiva. Esto, desde luego, sin menoscabo de los deberes de los progenitores y del propio Estado, en la garantía y protección de ese derecho. Por otra parte, es un hecho notorio que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró estado de pandemia por el virus SARS-CoV-2, generador de la enfermedad a la que se dio el nombre de COVID-19. En México, por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés siguiente, el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de la enfermedad COVID-19, y anunció que la Secretaría de Salud establecería medidas de preparación, prevención y control, para su implementación por parte de los entes públicos estatales. Luego, el veinticuatro de marzo del mismo año, la Secretaría de Salud expidió acuerdo en el que se establecieron medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos emanados de la enfermedad COVID-19, entre otras, el ya conocido distanciamiento social, suspensión de actividades escolares y de aquellas que involucraran concentración física, tránsito o desplazamiento de personas; asimismo, se recomendó la práctica de determinados hábitos de higiene. Posteriormente, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud Federal emitió acuerdo en el que estableció acciones extraordinarias para contener la enfermedad, vinculantes para los sectores público, social y privado, estableciendo la suspensión de actividades no esenciales y precisando las que se considerarían esenciales; y en lo que aquí interesa, exhortó a toda la población en el territorio nacional, a mantener un resguardo domiciliario responsable, entendido como la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible. Esa exhortación se prorrogó en diverso acuerdo publicado en el órgano oficial de difusión federal el veintiuno de abril de dos mil veinte. Luego, el catorce de mayo de dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual estableció una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. En ese sentido, el regreso a las actividades escolares, económicas y sociales referidas sería gradual, ordenado y cauto, por regiones, atendiendo a los protocolos sanitarios y conforme a etapas diseñadas para transitar en un semáforo de riesgo epidemiológico para el uso del espacio público, de los colores rojo, naranja, amarillo y verde, regidas por determinadas directrices, de manera sencilla, las siguientes: "Rojo: Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja: Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo: Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde: Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares." Dicha información oficial es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, lo que se pretende dejar asentado es que, aunque el estado de pandemia exista, lo cierto es que no siempre será bajo las mismas circunstancias de restricciones y movilidad, aunque sí siempre con precaución, porque el país opera bajo el esquema de semáforos como la norma oficial, incluso, con una nueva modalidad a partir del esquema de vacunación implementado en el país. Se señala lo anterior, ya que como se puso de manifiesto en párrafos anteriores, la Juez responsable en el acuerdo recurrido, determinó que si bien era cierto que por auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, atendiendo a las circunstancias y privilegiando el derecho de los menores a la salud y a la vida, frente a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, se dispuso fijar un régimen de convivencia a distancia entre los menores y su progenitor. Considerando que la situación no había cambiado frente al riesgo epidemiológico con motivo de la pandemia, el simple hecho de sustraer a los menores de su domicilio para incorporarlos a un nuevo ambiente, implicaba realizar un evento más propenso a contraer el virus, por lo que no autorizaba a que Carlos, ******************** y ********************, todos de apellidos ********************, visitaran de manera presencial a sus hermanos menores ********************y ******************** En el caso, la situación epidemiológica en el Estado de Yucatán, indica la existencia del semáforo verde, que permite todas las actividades, incluidas las escolares. Por lo que esa sola circunstancia podría ser suficiente para conceder la protección Constitucional, a efecto de que la Juez se pronuncie de nueva cuenta en relación a la solicitud realizada por el padre no custodio de los menores involucrados, y que realizó en favor de sus hijos mayores de edad. Sin embargo, de la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 2289/2021-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, se desprende la existencia de la audiencia de escucha de los menores, llevada a cabo el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en autos del procedimiento de origen. Escucha de la que se advierte que los menores involucrados en este asunto, manifestaron cómo es en la actualidad, la relación con sus papás, y el tipo de convivencia que existe con ellos. También se advierte en lo que aquí interesa, que la menor de edad ********************refirió tener hermanastros, y que solo se llevaba con ********************. De donde se desprende que no existe evidencia de que los menores estén inconformes con el tipo de relación que existe con sus hermanos mayores y mucho menos manifestaron su deseo de llevar una convivencia de manera física o presencial con éstos, pues como se indicó, la menor de edad antes indicada manifestó que únicamente se lleva con ********************. Y dado que la quejosa no promovió por su propio derecho, resulta inatendible lo que se menciona en los conceptos de violación, pues es claro que se tratan de argumentos que se pretendieron realizar a nombre de los menores, cuando en la realidad, con base en las pruebas que obran en el juicio de origen, no se desprende en forma clara y evidente que los menores estén inconformes con la convivencia que llevan con sus hermanos mayores. Además, si bien es cierto que en los argumentos vertidos en la demanda de amparo, se señala que los menores quejosos tienen derecho a convivir con su familia ampliada, en el caso, con sus hermanos mayores de edad. Debe decirse que la determinación de la Juez sólo constituye una negativa de que la convivencia entre éstos, se realice de manera presencial; es decir, no implica una prohibición de convivencia entre los quejosos menores de edad y sus hermanos, pues la misma puede desarrollarse de manera virtual o a distancia, en los términos establecidos en el proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Esto es, dentro de los días y horas que ya están fijados para el progenitor, pues los hermanos mayores de los quejosos pertenecen a la familia ampliada del padre, y aunque el derecho de convivencia es individual, su ejercicio debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los miembros que conforman el mismo núcleo familiar. Lo anterior, siempre y cuando sea deseo y/o voluntad de los menores, pues no puede perderse de vista que no debe obligárseles a ello. Resulta aplicable al tema la tesis II.2o.C.23 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página 2405 del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018350, bajo el rubro y texto siguientes: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA ENTRE EL MENOR Y SU FAMILIA AMPLIADA. DEBE FIJARSE DE FORMA CONCOMITANTE CON LA DEL PROGENITOR QUE NO TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA. Los artículos 4, 5 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen el derecho de los menores a una familia ampliada, la cual debe comprender a los tíos, primos, abuelos, etcétera, así como que los Estados Partes deben respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes, en su caso, de los miembros de la familia ampliada según establezca la costumbre local, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en dicha convención. Ahora bien, cuando uno de los progenitores tiene asignada la guarda y custodia sobre su hijo y el otro sólo ejerce la convivencia, y algún miembro de la familia de este último también la solicita pero de modo particularizado, ese derecho debe ejercerse concomitantemente con el del progenitor que ya la tiene asignada y no por separado, toda vez que el señalamiento individualizado de convivencia por cada familiar implicaría reducir el tiempo del que debe disponer el menor para ejercer plenamente ese derecho con sus progenitores. Consecuentemente, la convivencia que debe existir entre los miembros de la familia ampliada y los menores, debe realizarse en los días fijados para el progenitor que no tiene la guarda y custodia, pues si bien el derecho de convivencia es individual, su ejercicio debe hacerse de manera nuclear, esto es, conjuntamente con el de los miembros que conforman el mismo núcleo familiar." A mayor abundamiento, debe establecerse, que en todo caso serán los progenitores de los menores o sus legítimos representantes, los que deben gestionar todo lo relacionado con dicha convivencia y no los hermanos mayores, como sucedió en el caso, que fue la hermana mayor de los menores la persona que promovió el juicio de amparo en su nombre, pues son los primeros (padres), los que en términos de los artículos 276, 277 y 278, fracción I, del código de Familia del Estado de Yucatán, ejercen la representación de sus hijos. En efecto, la interpretación conjunta de los preceptos legales previamente indicados, permite colegir que los hijos menores de edad no emancipados estarán bajo la patria potestad de sus padres, quienes serán sus legítimos representantes. En esa tesitura, conviene precisar que la patria potestad consiste en la regulación jurídica que se hace de los deberes y derechos que se reconocen a los padres en las legislaciones civil y familiar sobre los hijos y sus bienes; lo que implica el reconocimiento de los mismos con el fin de proveer la protección y desarrollo integral de los hijos menores. Así, la patria potestad debe atender a la buena administración y cuidado de las condiciones personales, materiales y económicas para satisfacer las necesidades primarias del menor y generar su buena salud y desarrollo físico y mental, así como sus bienes. A propósito de lo anterior, es ilustrativa la jurisprudencia 42/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LOS HIJOS. La configuración actual de las relaciones paterno-filiales ha sido fruto de una importante evolución jurídica. Con la inclusión en nuestra Constitución del interés superior del menor, los órganos judiciales deben abandonar la vieja concepción de la patria potestad como poder omnímodo del padre sobre los hijos. Hoy en día, la patria potestad no se configura como un derecho del padre, sino como una función que se le encomienda a los padres en beneficio de los hijos y que está dirigida a la protección, educación y formación integral de estos últimos, cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial, acentuándose asimismo la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria del interés del menor. Es por ello que abordar en nuestros días el estudio jurídico de las relaciones paterno-filiales y en particular de la patria potestad, requiere que los órganos jurisdiccionales partan de dos ideas fundamentales, como son la protección del hijo menor y su plena subjetividad jurídica. En efecto, por un lado, el menor de edad está necesitado de especial protección habida cuenta el estado de desarrollo y formación en el que se encuentra inmerso durante esta etapa vital. La protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se impone a los padres y a los poderes públicos. Al mismo tiempo, no es posible dejar de considerar que el menor es persona y, como tal, titular de derechos, estando dotado además de una capacidad progresiva para ejercerlos en función de su nivel de madurez". Sin que se pase por alto que también los hermanos mayores de edad, por su propio derecho, si estimaban que el auto impugnado les causaba perjuicio, lo podían combatir por ellos mismos, lo que en el particular no se hizo. Sin embargo, es claro que a ellos también les asiste el derecho de convivir con sus hermanos menores, respetando la voluntad de estos últimos, a fin de fortalecer los lazos familiares. Además, debe considerarse lo resuelto en el juicio de amparo 2289/2021-VI-A, del índice de este Juzgado de Distrito, pues ello impacta en el presente juicio de amparo, ya que en el mismo se determinó, de entre otras cuestiones, que debía concederse la protección constitucional solicitada para el efecto de que en relación al régimen de convivencia, la responsable haga lo siguiente: Establecer las convivencias entre los menores y su progenitor aquí quejoso detallando los días y horas para tal efecto, bajo la modalidad virtual, pero en forma supervisada, señalando la plataforma en la que habrá de llevarse a cabo. Para lo cual deberá solicitar al Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, a fin de que designe personal a su cargo del departamento de psicología y/o trabajo social para que supervise las sesiones virtuales ordenadas en autos del juicio de origen, dentro del horario y días previamente establecidos. Así mismo, dicho régimen de convivencia virtual supervisada tendrá una duración de tres meses, sino se emite sentencia y causa ejecutoria la misma con anterioridad, que varíe tal circunstancia. Durante la temporalidad señalada (tres meses), la Juez responsable, siguiendo los lineamientos establecidos en la presente resolución, deberá ordenar que se lleven a cabo evaluaciones psicológicas tanto a los menores, como a sus progenitores, para los fines específicos aquí establecidos. Esto es, para verificar que en el caso no exista alienación parental de alguno de los progenitores hacia los menores, así como para ayudar en forma inmediata a que dentro de lo posible se reanuden a la brevedad las convivencias entre la menor y su padre, así como para que el menor, igualmente, dentro de la medida de lo posible, se puedan realizar las convivencias de manera física. Una vez concluido el plazo señalado (tres meses), atendiendo a los resultados de dichas evaluaciones, con plena libertad de jurisdicción, de existir las condiciones para ello, deberá evaluar la posibilidad de modificar el régimen de convivencia a la modalidad presencial, o en su caso, determinar un diverso plazo, debidamente justificado, no mayor a otros tres meses, para volver a evaluar las circunstancias del caso. Así mismo, deberá ordenar tanto a los progenitores como a la familia ampliada a que se conduzcan en todo momento con respeto hacia los padres de los menores, evitando hacer manifestaciones denostativas o que impliquen calificativos negativos, entre ellos, frente a los menores, a fin de contaminarlos lo menos posible con los problemas derivados del conflicto familiar que se encuentran ventilando; bajo apercibimiento que de no cumplir con ello, se hará uso de las medidas legales que correspondan, de acuerdo a las atribuciones legales al alcance de la juez para hacer cumplir sus determinaciones. Es decir, que se mantenga por un período determinado, el régimen de convivencia en la modalidad virtual. El cual, como ya se indicó en párrafos que anteceden, incluye a la familia ampliada del progenitor no custodio, en el caso sus hijos mayores de edad. Y el cual deberá realizarse en los términos ahí determinados en aras de garantizar el interés superior de los menores. De ahí que se consideren infundados los conceptos de violación que se esgrimieron en la demanda de amparo. En esas circunstancias, al resultar infundados los argumentos expuestos por la quejosa en su escrito de demanda, aun suplidos en su deficiencia, respecto del acto reclamado consistente en el auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado promovido por ******************** en contra de ********************del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial en el Estado, y no advertirse queja deficiente que suplir, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitada. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************y ********************, por propio derecho, en contra del acto que reclamaron a la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 208/2022-VII-B, promovido por María Expectación Ortega Graniel, contra el acto que reclama de la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció la nombrada quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Juez Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 208/2022-VII-B y se admitió a trámite el ocho de febrero siguiente; se ordenó dar a la representación social federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; se mandó emplazar a la parte tercero interesada; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dar respuesta al memorial de doce de noviembre de dos mil veintiuno, presentado el diecisiete siguiente, en autos del juicio ordinario civil de prescripción positiva y adquisitiva de propiedad 306/2020, que promovió en contra de Lilia Esther Tamayo Erguera y Rosaura Violeta Tamayo Erguera, a través del cual daba cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, al exhibir copia legible del diverso memorial de veintiocho de octubre del citado año (2021). TERCERA. Es cierto el acto reclamado a la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, pues no obstante que al rendir su informe con justificación lo negó, del contenido del mismo se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, corroborado con las documentales que adjuntó al mismo. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, a criterio de este Juzgador se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, de las constancias que anexó a su informe justificado la aludida Juez responsable, las cuales obran glosadas en autos, y que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que mediante acuerdo dictado el siete de marzo de dos mil veintidós, en autos del procedimiento de origen 306/2020, acordó lo relativo al memorial presentado, por la aquí parte quejosa, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Lo que, además, se le notificó mediante publicación realizada el quince de marzo del presente año, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Todo lo cual, evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, pues ya se emitió el pronunciamiento respectivo a su indicada petición y además, le fue notificado. Lo que aconteció con posterioridad a la promoción del juicio de amparo (veinticinco de enero de dos mil veintidós). Por tanto, es claro que el motivo de improcedencia surgió durante la sustanciación del presente juicio constitucional. Ante ello, resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que el mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que se oponga a la presente determinación, la circunstancia de que hasta este momento procesal no obre en autos el emplazamiento a juicio del tercero interesado, el cual se reservó en auto de catorce de marzo del año en curso; toda vez que el sentido de la presente determinación no le depara agravio alguno. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 556, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y registro: 2017707; que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Así como la tesis I.11o.C.40 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el 09 de abril de 202, Materia(s): (Común), con registro: 2022945, que dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL TERCERO INTERESADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Hechos: En el juicio de amparo indirecto se dictó sentencia que decretó el sobreseimiento; contra dicha resolución el tercero interesado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el tercero interesado carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que decretó el sobreseimiento, al no causarle agravio en su esfera de derechos. Justificación: Lo anterior es así, pues del examen lógico y correlacionado de los artículos 81, fracción I, inciso e) y 82 de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto está condicionada a que dicho fallo cause agravio al recurrente -pues de serle favorable sólo podría promover revisión adhesiva, a fin de tratar de conservar lo ya obtenido en esa sentencia-. Entonces, el derecho subjetivo afectado por una sentencia dictada en la audiencia constitucional es lo que configura el perjuicio que da legitimación para impugnarla en el recurso de revisión. Por ello, no sólo se requiere ser parte en el juicio de amparo para estar en aptitud de recurrir en revisión la sentencia que ahí se emita, sino que ésta afecte un derecho subjetivo del recurrente; de ahí que el interés del tercero interesado radica, comúnmente, en que subsista el acto reclamado, de manera que si el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento, esa determinación no afecta sus derechos como parte en el juicio de amparo, porque produce el efecto de que subsista el acto reclamado." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por María Expectación Ortega Graniel, contra el acto que reclamó de la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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