Raúl Gerardo Marroquin Valdivia
Expediente 246/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Raúl Gerardo Marroquin Valdivia
- Julia Aideé Lomelí Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Se agregan oficios del Director General de Ingenierías Forenses Departamento de Delitos Ambientales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, Acusa recibo de los oficios 83265/2018 y 88822/2018 del índice de este juzgado. Remite copia de las notificaciones a la perito oficial Monserrat Marín Beltrán, de los comunicados antes mencionados. Se tiene por recibida la anterior información y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. La perito oficial Monserrat Marín Beltrán, acusa recibo del oficio 79240/2018 del índice de este juzgado Se toma nota de lo informado.
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Se declara que el auto mencionado ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. Glosa de incidente... Se agregó el escrito signado por la parte quejosa solicita se autorice el acceso al expediente electrónico ...
- Principal
Monterrey, Nuevo León, a seis de abril de dos mil dieciocho. Estado procesal. Este juzgado procede a pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, y al ser esta una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Con fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, se terminó de engrosar la sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa [fojas 274 a 289], para que las autoridades responsables procedieran en los siguientes términos: ". la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León: Deje sin efectos la resolución de revisión de treinta de octubre de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 813/2010. Con libertad de jurisdicción emita otra resolución en la que determine lo que en derecho corresponda, sobre el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, y dé respuesta a los argumentos precisados en este considerando, que este juzgador consideró no fueron materia de pronunciamiento por parte de la responsable." Ejecutoria. Por resolución de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, confirmó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables, el cumplimiento del fallo protector [fojas 369 a 378]. Cumplimiento de la autoridad. En acatamiento a lo anterior, dicha potestades realizaron las siguientes acciones: EFECTOS DE LA EJECUTORIA. CUMPLIMIENTO AUTORIDADES RESPONSABLES. ". la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León: 1. Deje sin efectos la resolución de revisión de treinta de octubre de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 813/2010." Oficio recibido el seis de abril de dos mil diecisiete, por el cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior, remite la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis, en la que se determinó dejar insubsistente la resolución de fecha treinta de octubre de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 813/2010 [fojas 382 a 416]. 2. Con libertad de jurisdicción emita otra resolución en la que determine lo que en derecho corresponda, sobre el recurso de revisión interpuesto por la quejosa. Oficio recibido el seis de abril de dos mil diecisiete, por el cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y de la Sala Superior, remite la resolución de seis de abril de dos mil dieciséis, en la que se revoca la resolución incidental de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince y emite una nueva resolución en la que resuelve que no procedió el recurso de revisión interpuesto por la Delegada autorizada por las autoridades del municipio de Guadalupe, Nuevo León, y que procedió parcialmente el recurso de revisión interpuesto por el abogado autorizado por la parte quejosa [fojas 382 a 416]. . dé respuesta a los argumentos precisados en este considerando, que este juzgador consideró no fueron materia de pronunciamiento por parte de la responsable. ARGUMENTOS: 1. Respecto a la instrumental de actuaciones ofrecida por el quejoso, consistente en la confesión de las autoridades responsables, en el sentido de que el quejoso percibía la cantidad de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) a la quincena por concepto de despensa y $600.00 (seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) los días quince de cada mes por concepto de bono anticorrupción. RESOLVIÓ . resulta fundado el argumento en análisis, al no valorar la Sala Ordinaria, la instrumental de actuaciones ya descrita, así como los argumentos de acción expuestos por el actor incidentista, y se tiene que contrario a lo que se estableció por parte de la Sala de Instrucción, esta Sala de Alzada considera que al concatenar el recibo de pago allegado por el accionante, con la confesión expresa, de la autoridad demandada del municipio de Guadalupe, Nuevo León, a las que se les da valor probatorio en términos de los dispuesto por el artículo 81 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, se crea la firme convicción de que sí le asiste el derecho al actor incidentista, a recibir el pago de los conceptos de bono anticorrupción y bono de despensa." 2. Tampoco se pronunció la responsable respecto de la fuerza vinculatoria que podría tener el Manual de Políticas y Procedimientos que llevaba la entonces Dirección de Recursos Humanos del Municipio demandado Guadalupe, Nuevo León, que entró en vigor el treinta y uno de octubre de dos mil uno, con el que pretende acreditar el quejoso que tenía derecho al pago de los bonos de despensa y anticorrupción, el cual fue ofrecido por el impetrante de garantías como hecho notorio. . resulta fundado lo expuesto por el recurrente, en el sentido que la Sala Aquo debió analizar el Manual de Políticas y Procedimientos del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, al constituir una norma reglamentaria, lo anterior según lo dispuesto en el artículo 21 fracción IV, del Reglamento de Gobierno Municipal de Guadalupe, Nuevo León, así como el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, mismo que tiene fuerza vinculatoria respecto al pago de tales prestaciones, pues contrario a lo señalado por la Sala A quo, en el sentido de que "para justificar el otorgamiento del bono de despensa mensual y bono anticorrupción, la parte actora ofertó la prueba documental que se hace consistir en la copia del Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos de la Dirección de Prestaciones y Relaciones Laborales de dicho municipio. 3. Finalmente se advierte que la responsable no realizó pronunciamiento alguno respecto de los argumentos expuestos por el peticionario de derechos fundamentales en relación a los conceptos de bono temporal, pago de aguinaldos y primas vacacionales. . procede a pronunciarse respecto al bono temporal operativo, vigente a partir del mes de marzo de dos mil trece (puesto que los conceptos "pago de aguinaldos y primas vacacionales, contenidos en este punto serán objeto de análisis en el agravio que más adelante se analizará), el que inconforme se duele del hecho que al tratarse de un despido injustificado, se le deben de pagar las prestaciones a que tenía derecho, cuando estuvo vigente la relación laboral administrativa, y por ende las prestaciones o derechos que se hayan generado con posterioridad a la baja, pues de no haber ocurrido esta, el demandante hubiera podido gozar de esos derechos; sin embargo tal argumento resulta infundado. . por lo que hace al pago de los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto solo se deben pagar aquellas que percibía el servidor público hasta el momento en el que se concretó su separación, cese, remoción o baja, es decir únicamente, se deben de pagar los bonos que el servidor recibía mientras se encontraba vigente la relación laboral administrativa, sin que sea el caso otorgar el pago del bono temporal operativo, pues como bien lo determinó la Sala Ordinaria, la relación laboral del accionante ya no se encontraba activa y por ende no es posible otorgar el pago del mismo, puesto que lo anterior constituye cosa juzgada, de ahí lo infundado del agravio en estudio Por acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, este juzgado dio vista a la parte quejosa con dichas constancias, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído manifestara lo que a su derecho convenía, sin que hiciera manifestación alguna, no obstante de estar debidamente notificada, según constancia que obran glosadas en autos a [fojas 417, 422 y 423]. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante de amparo, en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, toda vez que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, dejó sin efectos la resolución de revisión de treinta de octubre de dos mil quince, dictada dentro de los autos del juicio contencioso administrativo 813/2010, y emitió otra resolución en la que proveyó respecto a los recursos de revisión que interpusieron las autoridades del municipio de Guadalupe, Nuevo León, así como por la quejosa, en el cual analizó y dio respuesta a los argumentos en los términos de la ejecutoria; por consiguiente sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsable, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. En tales condiciones, hágase las anotaciones en los libros de gobierno y, en su oportunidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, procédase al archivo de este expediente. Se comunica a las partes, que en sesión ordinaria celebrada el quince de noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Édgar Ulises Rentería Cabañez, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a partir del uno de diciembre de la invocada anualidad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acuerda y firma Édgar Ulises Rentería Cabañez Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante la Secretaria Laura Patricia Moreno Hernández, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se hace del conocimiento de la parte quejosa que el mencionado cheque se encuentra a su disposición, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que sea notificada del presente proveído, acuda al local que ocupa este juzgado debidamente identificada, a fin de que le sea entregado el mismo, previa toma de razón de recibo que para constancia se deje en autos, o bien, manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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