Raul Gerardo Elizondo Duberney
Expediente 335/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 335/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raul Gerardo Elizondo Duberney
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1519/2021, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa Raúl Gerardo Elizondo Duberney, por conducto de su autorizado Luis Alberto Cueva Betancourt, en contra del proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado por este órgano judicial dentro del presente juicio de amparo, quedando registrado como queja 54/2021. De lo anterior tómese nota para los efectos legales a que haya lugar, y se está a la espera de la resolución que respecto de dicho medio de impugnación emita el citado órgano colegiado. Notifíquese...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito de Luis Alberto Cueva Betancourt, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído dictado el doce de marzo del presente año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por el ocursante en contra del proveído en alusión, a través del cual se desechó la demanda de amparo. En relación con lo anterior, debe decirse que, una vez que el presente expediente esté debidamente integrado, es decir, en cuanto obre en autos constancia de notificación a la parte quejosa de este proveído, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo al que deberá adjuntarse el original del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios, y las constancias respectivas, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación. Finalmente, hágase la anotación en el libro de gobierno, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la demanda de cuenta presentada por RAÚL GERARDO ELIZONDO DUBERNEY, contra el acto de la Junta Especial número sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 335/2021-II. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. ..Esencialmente, la tesis en mención al referirse al artículo 145 de la norma abrogada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de contenido similar al artículo 113 del cuerpo normativo vigente, interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y da como resultado el desechamiento de la demanda o el sobreseimiento en el juicio. En ese sentido, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente de amparo hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio laboral 355/2020 (en el cual no se ha dictado laudo), en el que la junta responsable determinó no desechar el llamamiento de terceros, como le fue solicitado por la parte actora y aquí quejosa dado que la parte demandada no exhibió en el plazo de tres días las copias que le fueron requeridas para dicho llamamiento. Conforme a lo anterior, quien aquí provee estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Así es, resulta oportuno destacar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaban actos de tribunales judiciales emitidos dentro del juicio, el amparo indirecto era procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución que fuera de imposible reparación. La citada ley no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación; de ahí que, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientados a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo, contra actos de esa naturaleza. Así, se dijo que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable, cuando: a) Sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trata; y b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predomínate o superior. ...Sin embargo, con la Ley de Amparo vigente, el artículo 107, fracción V, sí establece lo que debe entenderse por un acto que dentro del juicio sea de imposible reparación, su texto es el siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De esta manera, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los tratados internacionales; es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la jurisprudencia ya mencionada. En torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interposición de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley, establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley;" Por lo cual, se considera que el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales. Desde esa óptica jurídica, este juzgador considera que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio laboral 355/2020 (en el cual no se ha dictado laudo), en el que la junta responsable determinó no desechar el llamamiento de terceros, como le fue solicitado por la parte actora y aquí quejosa dado que la parte demandada no exhibió en el plazo de tres días las copias que le fueron requeridas para dicho llamamiento, no constituye un acto de imposible reparación, con el que se transgreda en perjuicio de aquella algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En el caso, el efecto de la determinación reclamada es que se continúe con la tramitación del juicio de origen hasta el dictado del laudo, previa garantía de audiencia a las partes que deban intervenir en dicho juicio; de ahí que esos efectos sean meramente formales y puedan desaparecer si en el laudo la parte hoy quejosa obtiene resolución favorable o en caso que le fuera desfavorable, la violación procesal, si lo desea, puede ser reclamada mediante la vía de amparo directo que al efecto se promueva. De modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal; es decir, no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene resolución favorable, por lo que como ha quedado precisado, constituye una violación a las leyes del procedimiento y es reclamable en amparo directo. Consecuentemente, el acto reclamado por esta vía, no equivale a una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que amerite ser sujeta de inmediato al control constitucional, sin esperar a que se dicte el laudo correspondiente, contra la cual procede el amparo directo, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, que producen efectos dentro del procedimiento y que son susceptibles de ser reparados en aquel juicio uni-instancial. ... ..Aunado a lo anterior, debe decirse que aun cuando la parte quejosa pudiera alegar que el acto reclamado tiene como consecuencia la violación a su derecho a una justicia pronta y expedita, lo cierto es que, no transgrede sus derechos sustantivos; pues de aceptar la hipótesis a que hace referencia, tendría que estimarse procedente el juicio de amparo en la vía indirecta contra cualquier acto que en forma temporal pudiera ocasionar una afectación al derecho de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo que no le otorga por sí solo la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio constitucional, pues como ya se dijo, tales violaciones quedarían sin efecto de obtener resolución favorable en el citado juicio. ... Por todo lo anterior, se reitera, se surte la improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención es notoria y manifiesta, se desecha de plano la demanda de amparo. ... En otro aspecto, téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Nora Elena Betancourt Ruiz, Luis Alberto Cueva Betancourt, Myrna Leticia Rodríguez Guerrero y Jesús Ernesto Torres Castro, quienes cuentan con cédulas profesionales números 2387520, 9656700, 2755173 y 2422267, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a María del Pilar Núñez Ponce, quien no cuenta con registro de cédula en el sistema de trato; sin embargo, dicho requisito no es exigible en tratándose de la parte trabajadora, como se establece en el citado precepto legal. Por último, atendiendo a las cargas de trabajo que se tienen en este juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, con fundamento en la parte in fine del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta a los Actuarios Judiciales adscritos para que en caso de ser necesario se constituyan en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que puedan notificar personalmente las actuaciones derivadas del presente juicio que así lo ameriten. Notifíquese personalmente. ...
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