Raúl García Miranda

Expediente 1919/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1919/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • Raúl García Miranda
  • Coordinador General de la Policia de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el acuerdo de once de enero del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se concedió y negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1919/2017-IV-B. R E S U E L V E: Único. Se niega a ***, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados mencionados en el considerando primero, por los motivos expuestos en el diverso tercero.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que anexa la autoridad oficiante. De lo informado por la oficiante este juzgado advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en el proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se ordenó la citación a la audiencia de formulación de imputación, ello emitido en la carpeta administrativa 1410/2017, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXII que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de las copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta administrativa 1410/217, que remitió el Juez responsable, de la cual, se advierte que: El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Tramite en Metepec de Toluca, Estado de México Sonia Santin Romero, solicitó audiencia de formulación de imputación sin detenido en contra del aquí quejoso Raúl García Miranda, por el hecho delictuoso de lesiones (fojas 17 y 18). A tal solicitud, recayó acuerdo en la misma fecha, por el cual la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, fijó las once horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido; asimismo, ordenó notificar personalmente al imputado Raúl García Miranda, para que compareciera a la hora indicada con asistencia de su defensor (foja 19). Sin embargo, por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se reprogramó la audiencia de formulación de imputación sin detenido, atendiendo a que la Juez que presidirá dicha audiencia fue convocada por el Consejo de la Judicatura a asistir un foro, por lo cual se fijaron las ocho horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos diecisiete, ordenando la notificación a las partes (fojas 25 a 30) Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Luego el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable dio inicio a la audiencia de formulación de imputación sin detenido, en la cual se hizo constar la inasistencia del imputado, por lo que el Juez responsable declaró sin materia la precitada audiencia y dejó a salvo los derechos de la fiscal (foja 30); asimismo, señaló las ocho horas con treinta minutos del quince de enero del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación sin detenido. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (audiencia de formulación de imputación sin detenido señalada para el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de que el aquí quejoso no asistió a ella y como consecuencia de tal acto, se dejó sin materia la misma y a salvo los derechos de la fiscal. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al dejarse sin efectos la audiencia de formulación de imputación sin detenido señalada para el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, señalando nueva fecha para la celebración de la misma. De ahí que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse dejado sin efectos la diligencia procesal para el cual se ordenó su presentación, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras; en virtud de que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Quinta Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Cuando el amparo se concede contra la autoridad que ordena el acto, se entiende concedido también contra la autoridad que trata de ejecutarlo, y lo mismo debe decirse cuando se revoca." Como consecuencia de dicha determinación, esto es, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por el quejoso, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación esgrimidos al respecto y, por ende, no puede analizar el fondo de la litis constitucional planteada. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    EN ATENCION AL AVISO DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE ONCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA R.G.M. DETERMINACIÓN QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que anexa la autoridad oficiante. De lo informado por la oficiante este juzgado advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en el proveído de seis de diciembre de dos mil diecisiete, a través del cual se ordenó la citación a la audiencia de formulación de imputación, ello emitido en la carpeta administrativa 1410/2017, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXII que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De la misma forma, la tesis 2a. XLVIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 241 que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Ahora, de las copias certificadas de las constancias relativas a la carpeta administrativa 1410/217, que remitió el Juez responsable, de la cual, se advierte que: 1. El veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Tramite en Metepec de Toluca, Estado de México ***, solicitó audiencia de formulación de imputación sin detenido en contra del aquí quejoso ****, por el hecho delictuoso de lesiones (fojas 17 y 18). 2. A tal solicitud, recayó acuerdo en la misma fecha, por el cual la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, México, fijó las once horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de formulación de imputación sin detenido; asimismo, ordenó notificar personalmente al imputado ****, para que compareciera a la hora indicada con asistencia de su defensor (foja 19). 3. Sin embargo, por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se reprogramó la audiencia de formulación de imputación sin detenido, atendiendo a que la Juez que presidirá dicha audiencia fue convocada por el Consejo de la Judicatura a asistir un foro, por lo cual se fijaron las ocho horas con treinta minutos del dieciocho de diciembre de dos diecisiete, ordenando la notificación a las partes (fojas 25 a 30) Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. 4. Luego el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable dio inicio a la audiencia de formulación de imputación sin detenido, en la cual se hizo constar la inasistencia del imputado, por lo que el Juez responsable declaró sin materia la precitada audiencia y dejó a salvo los derechos de la fiscal (foja 30); asimismo, señaló las ocho horas con treinta minutos del quince de enero del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación sin detenido. Detallado lo anterior, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, surgió un cambio jurídico dentro del entorno en el cual existía el acto reclamado, lo que hace imposible restituir al imperante de amparo en el goce de sus garantías violadas. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que si bien el acto reclamado (audiencia de formulación de imputación sin detenido señalada para el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete), subsistió formalmente, también lo es que dejó de tener la posibilidad de seguir surtiendo efectos, por el hecho de que el aquí quejoso no asistió a ella y como consecuencia de tal acto, se dejó sin materia la misma y a salvo los derechos de la fiscal. Por lo que las repercusiones jurídicas del acto reclamado ya cambiaron, al dejarse sin efectos la audiencia de formulación de imputación sin detenido señalada para el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, señalando nueva fecha para la celebración de la misma. De ahí que, aun cuando de manera formal subsistió el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, el mismo dejó de tener la posibilidad de surtir efectos, ya que el entorno se modificó al haberse dejado sin efectos la diligencia procesal para el cual se ordenó su presentación, con lo que dejó de tener vigencia la materia del presente juicio de amparo y por tanto de surtir efectos jurídicos. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados en estudio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CIV, página 858, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades señaladas como ejecutoras; en virtud de que sus actos no se reclaman por vicios propios, sino como una consecuencia del acto atribuido a la ordenadora. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, Quinta Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Cuando el amparo se concede contra la autoridad que ordena el acto, se entiende concedido también contra la autoridad que trata de ejecutarlo, y lo mismo debe decirse cuando se revoca." Como consecuencia de dicha determinación, esto es, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por el quejoso, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación esgrimidos al respecto y, por ende, no puede analizar el fondo de la litis constitucional planteada. Por tanto, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las nueve horas con treinta minutos del veintidós de enero de dos mil dieciocho.

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