Raul Garcia Gomez
Expediente 1309/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Raul Garcia Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS.. SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL ASUNTO..NO SE APERTURO INCIDENTE DE SUSPENSION.. EL JUICIO PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACION...
- Principal
Villahermosa, Tabasco; ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, sin que las partes la hubieran recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, misma que se concedió para el siguiente efecto: ".de inmediato NOTIFIQUE al quejoso el auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio 43/2017 del índice de la responsable." SE LEVANTA RESERVA En ese sentido, mediante proveído de dos de octubre del año en curso, se reservó proveer sobre el oficio y anexo remitidos por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que ya aconteció; por tanto, se levanta la reserva de referencia, y al efecto se provee: Visto el oficio signado por dicha autoridad por el que remitió copia certificada de las constancias de notificación realizada a la parte quejosa en el expediente laboral 43/2017, las cuales se relacionan con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el asunto en que se actúa. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio y anexos de cuenta, por el plazo de tres días, a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, el suscrito, tomando en consideración los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable, resolverá respecto de dicho cumplimiento. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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Villahermosa, Tabasco; dos de octubre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos el oficio y anexo signados por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho y sus respectivas constancias de notificación a las partes, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en autos; sin embargo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto cause ejecutoria la citada resolución; por tanto, agréguense a los presentes autos para que en el momento procesal oportuno, se acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
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En Villahermosa, Tabasco, a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, que enseguida se desarrolla. APERTURA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en audiencia pública el licenciado ******, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1309/2018-II-3, promovido por ******, sin la comparecencia de las partes ni de sus representantes. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: escrito inicial de demanda (fojas 03 a 06), auto admisorio de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 08 a 11), constancia de notificación practicada al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (foja 16), constancia de notificación realizada a las autoridades responsables (fojas 17 y 18) e informes justificados rendidos por esta (fojas 19 y 42). El Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación que se realiza, para todos los efectos legales a que haya lugar. PERIODO PROBATORIO Se declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa consistentes en la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana y la documental que anexó a su demanda de amparo; así como con la documental que anexó a su informe el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que obra agregada al juicio en que se actúa (fojas 19 a 40). Al respecto, el Juez acuerda: en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de cuenta y se desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Se hace constar, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado no realizó intervención alguna. CIERRE DE AUDIENCIA A lo anterior el Juez acuerda: téngase por desahogada la presente audiencia constitucional para los efectos legales procedentes; y, al no existir promoción que acordar ni pruebas por desahogar, se cierra el período de alegatos. Acto continuo, el Juez procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1309/2018-II-3, promovido por *******; y, ANTECEDENTES I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. *****, presentó demanda de amparo en la que solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que se precisan en el apartado correspondiente de esta sentencia. II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. En proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en los artículos 74, fracción I, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito de siete de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 43/2017. La omisión del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de notificar el proveído recaído a la promoción de siete de junio de dos mil dieciocho, en el expediente de origen. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo la tesis siguiente: ******.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, al rendir informes justificados, manifestaron que no eran ciertos los actos reclamados, sin embargo de sus propias manifestaciones, así como de la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 43/2017, se advierte su existencia, toda vez que si bien el tres de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó el escrito del quejoso de siete de junio de dos mil dieciocho, presentado ante ella en la misma data; sin embargo, dicha contestación no le fue notificada a la parte actora; de ahí que, a la fecha de la presentación de la demanda el acto existía (veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho); por lo que deben tenerse por ciertos los mismos. TERCERO. Causal de improcedencia. Ahora, de las constancias que fueron remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado enumerado en el inciso a) consistente en la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito de siete de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 43/2017, HA CESADO EN SUS EFECTOS. Al respecto, cabe precisar que los artículos 61, fracción XXI, y 63 fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior [...]." De los citados preceptos se desprende que, el juicio de amparo deviene improcedente y debe sobreseerse cuando por alguna causa posterior a la presentación de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Se apunta lo anterior, pues del contenido de la constancias que remitió el Tribunal responsable, se advierte que el tres de septiembre de la presente anualidad, dictó un acuerdo en los autos del expediente 43/2017, con el que se pronunció respecto a lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, aquí quejosa, en su escrito de siete de junio de dos mil dieciocho. Tal documental tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida ley de la materia, en términos de su artículo 2°. Por la razón asentada en párrafos previos, se evidencia que a la fecha de la presentación de la demanda, el acto reclamado sí existía (veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho); sin embargo, con motivo de la actuación de la autoridad responsable han cesado sus efectos, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que con fecha tres de septiembre del año en curso dictó el acuerdo correspondiente respecto a lo peticionado en su escrito de siete de junio de dos mil dieciocho, por lo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación reclamada, que lo fue la negativa de acordar dichas pruebas. Tiene aplicación analógica la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *******. "De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, en consecuencia, con apoyo en el artículo 63 fracción V de la ley de la materia, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales. De ese modo, se concluye que aquél acuerdo dictado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Ahora bien, al no existir en la especie diversa causa de improcedencia que analizar, procede entrar al estudio de los conceptos de violación de la parte quejosa, respecto del acto reclamado relativo al inciso b), sin que sea necesario transcribirlo, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca tal obligación, ni tampoco se deja en estado de indefensión a la parte quejosa en caso de resultar adversa la presente resolución a sus intereses, toda vez que tiene la oportunidad de recurrirla, aunado a que nada práctico conduciría el plasmar en la sentencia los razonamientos expresados por el inconforme, sino que lo apropiado es efectuar el estudio de ellos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados en lo esencial los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en virtud de lo siguiente: En principio, debe decirse que el artículo 17 constitucional establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Ahora bien, desentrañando el sentido jurídico de la garantía constitucional prevista en el artículo 17 constitucional de acceso a la justicia- la cual está encaminada a asegurar que las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Así justamente lo razona la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 192/2007, cuyo contenido literal, es el siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En este orden de ideas, del análisis sistemático de tales preceptos legales, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, ello es, que todo gobernado tiene derecho de acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, que se entiende como un valor social que debe ser realizado por los tribunales, como un servicio público en un plazo razonable, en función del necesario equilibrio que debe existir ante la deseable celeridad de los procedimientos judiciales y el tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las actividades que le correspondan. Lo anterior pone de relieve la circunstancia de que la omisión en que ha incurrido la responsable, se traduce en una violación a las garantías de prontitud y expedites consagradas en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en virtud de que en el expediente laboral 43/2017, hasta la presente fecha no se ha llevado a cabo la notificación del auto de siete de septiembre de dos mil dieciocho; por tanto, con su conducta omisa, la autoridad responsable deja en estado de indefensión a la parte quejosa. En esa tesitura, si hasta la presente fecha no obra constancia de la cual se advierta que la responsable, haya notificado a la quejosa dicha resolución, debe concluirse que en el presente asunto el acto de autoridad reclamado se contrapone con la garantía de impartición de justicia dentro de los plazos señalados por la ley, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no notificar a la parte quejosa el auto respectivo. OCTAVO. Decisión. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl García Gómez, para el efecto de que la autoridad responsable Actuario Adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, conforme a lo establecido en el artículo 890 de la Ley Federal del Trabajo, de inmediato NOTIFIQUE al quejoso el auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, en los autos del juicio 43/2017 del índice de la responsable. Por lo expuesto, y fundado se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Raúl García Gómez contra el acto reclamado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de acordar el escrito de siete de junio de dos mil dieciocho en el juicio 43/2017; por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Raúl García Gómez, contra la omisión de notificar el proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho en el expediente 43/2017, reclamada al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; ello, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.
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