Raúl Gamez Larralde

Expediente 345/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 29 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
345/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Raúl Gamez Larralde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y tercera interesada se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 400 a 403), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, devuélvase al Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado y diverso acuerdo consistentes en copias certificadas del procedimiento de ejecución de penas número 163/2017 de su índice, así como el incidente de cuantificación de la reparación de daños, en dos tomos; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesada, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 387 y 388), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizara manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 45 a 59), misma que causo ejecutoria mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 82 a 87). Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".Consecuentemente, al haber resultado fundados los motivos de disenso del quejoso Raúl Gámez Larralde, aunque para considerarlo así se haya suplido su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: 1. Deje insubsistente la resolución de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento de ejecución número 163/2017, del índice del Juzgado Regional de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta Ciudad, únicamente en la parte que resolvió el recurso de revocación materia del presente fallo y, en su lugar, 2. Dicte otra, en la que siguiendo los lineamientos establecidos al efecto, con plenitud de jurisdicción en cuanto a su sentido resuelva lo que en derecho proceda, contestando en su caso, de manera fundada y motivada la totalidad de los agravios expresados por la parte inconforme, aquí quejoso y, en caso de considerarlos procedentes, aperture el incidente a que se refiere el artículo 471 del Código Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí y lo continúe hasta su conclusión debiendo dar la intervención a las partes en el procedimiento; y en plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Ahora bien, mediante oficio 3539/2017, de catorce de noviembre de dos mil diecisiete (foja 74), el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la determinación de la misma data, dictada en el procedimiento de ejecución 163/2017, de su índice, de la que se desprende, en principio, que dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la determinación de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (que revocó parcialmente el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete); únicamente lo relativo al recurso de revocación, quedando intocado el resto de dicho auto, en virtud de no formar parte de los agravios del aquí quejoso (fojas 75 a 80). En tanto que, por otra parte, se evidencia que emitió diversa resolución en la que, de oficio procedió por única ocasión y en aras de la protección constitucional a favor de la víctima u ofendido, a la apertura del incidente de cuantificación de la reparación del daño, para fijar el importe de dicho concepto, para que así, el sentenciado (aquí quejoso), siga gozando de su libertad caucionada y pueda surtir efectos el beneficio que se le concedió. Además, mediante oficio 2761/2018 de trece de septiembre de dos mil dieciocho (foja 372), el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 377 a 381), en la cual resuelve en definitiva el incidente de cuantificación de la reparación del daño. Constancias que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, la autoridad responsable dejó insubsistente la determinación de cinco de septiembre de dos mil diecisiete (que revocó parcialmente el proveído de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete), únicamente lo relativo al recurso de revocación, quedando intocado el resto de dicho auto, en virtud de no formar parte de los agravios del aquí quejoso; ello en el procedimiento de ejecución número 163/2017, dictó otra, en la que siguiendo los lineamientos establecidos y con plenitud de jurisdicción resolvió, considerando procedente, aperturar el incidente de cuantificación de la reparación del daño y lo continuó hasta su conclusión, el pasado veintisiete de agosto de la presente anualidad. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados al quejoso Raúl Gámez Larralde; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso y tercera interesada para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, signado por el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, toda vez que párrafos que anteceden se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, mediante la cual la Actuaria de la adscripción manifiesta su imposibilidad para notificar a la tercera interesada Liliana Muñoz Zúñiga, el acuerdo de dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en calle Segunda de las Palmas, número 136, Colonia Las Palmas de esta ciudad, por las razones que en la misma expone. En esas condiciones, toda vez que de autos se evidencia que en ese domicilio se emplazó a la tercera interesada (foja 43) y de autos no se advierte alguno diverso; de ahí que, como dispone el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la citada tercera interesada el proveído de comento, por medio de lista, que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Resulta aplicable en lo conducente la Jurisprudencia número 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Pagina 238, Tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 169843, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Por otra parte, agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta, signado por el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, toda vez que mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 387 y 388), se dio vista a las partes con el cumplimiento que dio la referida autoridad a la ejecutoria de amparo. Cúmplase. Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo y remite por el mencionado medio copia certificada de las constancias respectivas; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. ....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo y remite por el mencionado medio copia certificada de las constancias respectivas; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. ....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.

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