Raúl Francisco Vicente Luis

Expediente 1141/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1141/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Raúl Francisco Vicente Luis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado; lo anterior, en virtud que el veinte de octubre del presente año, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA a *****, respecto de los actos reclamados en el considerando segundo y por la autoridad mencionada en el considerando tercero, en atención a las consideraciones vertidas en el mismo considerando. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio de la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe previo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con él al momento de celebrar la audiencia incidental. Ahora bien, respecto del correo electrónico y números telefónicos que proporciona la quejosa, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de los mismos, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido, en su caso, se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el escrito de la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Asimismo, de conformidad con en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba que anexa la autoridad responsable; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Respecto del correo electrónico y números telefónicos que proporciona, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota de ellos, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido, en su caso, se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. En ese sentido, visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: la orden de aprehensión o comparecencia por medio de la fuerza pública emitida contra el quejoso, y su ejecución, dictada por la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca, dentro de la causa penal 32/2022. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualizan las causa de improcedencia previstas en la fracción XXI del artículo 61, así como en la fracción IV, del diverso 63, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado uno de los actos reclamados y la inexistencia del otro, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal precepto legal permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública emitida en su contra, y su ejecución, dictada por la Jueza de Control del Circuito Judicial Sierra Norte, sede Ixtlán, Oaxaca, dentro de la causa penal 32/2022. Luego, de las constancias que la jueza responsable remitió en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que tiene radicada la causa penal 32/2022, que se sigue en contra del ahora quejoso Raúl Francisco Vicente Luis, por su probable participación en la comisión de los delitos de lesiones y amenazas, causa penal que dio inicio con la solicitud de la Agente de Ministerio Publico de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que se le formulara comunicación de la imputación inicial; motivo por el cual se señalaron las doce horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós, sin que el ahora quejoso compareciera, no obstante ello, presentó un escrito mediante el cual informó su imposibilidad para comparecer a la audiencia de formulación de la imputación inicial. Sin embargo, la jueza responsable resolvió no tener por justificada su inasistencia, dejando a salvo los derechos del agente del Ministerio Público, para hacerlos valer de conformidad a sus facultades. Derivado de lo anterior, en audiencia privada celebrada el veintiuno de septiembre del año dos mil veintidós, se libró la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública para hacer comparecer ante esa autoridad, al ahora quejoso, a las catorce horas del día veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de comunicación de imputación inicial. Pero, el día veintinueve de septiembre del año dos mil veintidós, la agente de Ministerio Publio expuso que no fue posible dar cumplimiento a la orden de comparecencia, en consecuencia, dejó a salvo los derechos de la representación social para que procediera en los términos que en su derecho correspondiera, sin que a la fecha de la rendición del informe haya promovido lo conducente, de ahí que, señaló que la referida orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública no está vigente. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -trece horas con dieciséis minutos del día veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, conforme al sello de recepción-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que resulte un obstáculo a lo aquí arribado, el hecho que la presentación de la demanda y la data en la cual se ordenó hacer comparecer al quejoso sean de la misma fecha, pues lo cierto es, que la referida cita de comparecencia fue posterior a la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Asimismo, del informe rendido por la autoridad señalada como responsable ordenadora, se advierte que negó la existencia de la orden de aprehensión también reclamada, sin que de autos se advierta dato en contrario. En apoyo de lo anterior, es de citarse la Jurisprudencia VI.2o.J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 77, Número 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Así como la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Núm. 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO" En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por inexistente el diverso acto reclamado, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en las fracciones IV y V del artículo 63 de la citada ley. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, con relación al diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la misma, esto es, las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de octubre del año en curso. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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