Raúl Francisco Díaz Mortera

Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
983/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Raúl Francisco Díaz Mortera
  • Héctor Arias Meriño

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el escrito signado electrónicamente por ***, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Al respecto, no ha lugar a tener por cumplido cabalmente el requerimiento formulado, por los siguientes motivos: En principio, cabe señalar que en auto de veintitrés de agosto de dos mi veintidós se previno a la parte quejosa para el efecto de que precisara el acto reclamado denominado "(.) la falta de cumplimiento de la organización del sistema penitenciario sobre la base del respecto a los derechos humanos y la salud como parte de los medios para lograr la reinserción del sentenciado (.)". No obstante, del ocurso que ahora se provee, se desprende que la parte quejosa no precisa, concretiza o aclara en qué consiste dicha omisión que le atribuye a la autoridad responsable, esto es, únicamente se limitó a señalar de forma genérica diversos datos y estadísticas, sin fijar de manera puntual la afectación u omisión que combate a la autoridad responsable. En efecto, conviene precisar que en la ejecutoria remitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, dictada en el recurso de revisión administrativa 111/2022, se estableció que "(.) la falta de cumplimiento."; constituye la consecuencia de algo, es decir, el resultado de un proceder negativo o positivo por parte de la autoridad responsable. De modo que resulta necesario que la parte quejosa precise cuál fue ese acto concreto que generó la falta de cumplimiento de la organización del sistema penitenciario en el Estado o que implicó no incorporar una verdadera política penitenciaria que velara por el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. Lo anterior, sin que se omita mencionar, que de una lectura íntegra del escrito de cuenta, se advierte que de manera incipiente, la parte quejosa refiere que "la omisión consiste en que las autoridades penitenciarias ante la pandemia por COVID-19, no fijaron una política para contener los contagios y para proteger la salud e incluso la vida de las personas privadas de la libertad."; no obstante, en párrafos posteriores asevera que ".el hecho de que la autoridad no haya considerado los beneficios de preliberación es contrario a la organización del sistema penitenciario.", lo cual, por una parte, es redundante con el segundo acto que reclama la parte quejosa y, por otra, resulta contradictorio dado que no permite a este órgano jurisdiccional fijar con precisión y claridad el acto u omisión que se reclama a la autoridad responsable; ello en razón de que dichas manifestaciones son extensas, ambiguas y confusas y no da lugar a establecer con exactitud cuál es la falta de cumplimiento de la organización del sistema penitenciario. En consecuencia, requiérase nuevamente a la parte quejosa para que señale de manera sucinta y precisa, en qué consiste el acto u omisión que provocó el incumplimiento de la organización del sistema penitenciario, es decir, tal como se enunció en la ejecutoria de referencia, deberá asentar en la demanda de amparo como acto reclamado, de qué manera no se cumplió con la política penitenciaria a la luz de los derechos humanos. Atento a lo anterior, se ordena la interrupción del plazo concedido a la parte quejosa, a efecto de que dé cabal cumplimiento, hasta en tanto sea notificada del presente proveído, lo anterior, con la finalidad de evitar violaciones procesales y que la impetrante de amparo se encuentre en posibilidad de desahogar en sus términos la prevención ordenada. Por tanto, tomando en consideración que el proveído de veintitrés de agosto del año en curso se notificó de manera electrónica el veintinueve de ese mes y surtió efectos ese mismo día, resulta inconcuso que a la fecha de presentación del escrito aclaratorio han transcurrido cuatro de los cinco días que le fueron concedidos en el aludido acuerdo, lo que se advierte de la certificación que antecede. Lo anterior es así, toda vez que si bien, la parte quejosa presentó su escrito al quinto día, lo cierto es no transcurrió con totalidad dicho término. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con UN DÍA del referido plazo, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a efecto de que dé cabal cumplimiento a la prevención formulada. Asimismo, se reitera a la parte quejosa que de conformidad con la fracción I, del artículo 261 de la Ley de Amparo, la persona que en un juicio de amparo con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que les consten, con relación al acto reclamado, a excepción de los contemplados por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será acreedora a una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces la Unidad de Medida y Actualización, en razón al valor diario, que se calculará de conformidad a lo establecido en el párrafo séptimo, Apartado B, del artículo 26 de la Constitución. En ese contexto, hágase del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de no efectuar la prevención realizada en el presente auto, subsiste el apercibimiento con que fue conminada en proveído de veintitrés de agosto del año en curso.

  2. Principal

    Visto el contenido de la constancia de notificación realizada por la actuaria adscrita a éste órgano jurisdiccional al quejoso ***, por el cual se le notificó la suspensión de plano dictada el veintinueve de agosto pasado, dentro del presente sumario, se advierte que ratificó la demanda que promueve *** a su nombre. SE ADMITE a trámite. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, en virtud que por auto de veintinueve del mes actual se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados al quejoso. Por otra parte, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se previene a las partes, para que, dentro del plazo de setenta y dos horas previas al día y hora señalados, informen a este órgano jurisdiccional si es su deseo que la audiencia constitucional se desahogue a través de videoconferencia. De ser así, queda bajo su absoluta responsabilidad contar con los medios tecnológicos necesarios para estar en aptitud de comparecer virtualmente, como son la adecuada conectividad a internet, un dispositivo electrónico con cámara de video y micrófono en condiciones aptas de funcionamiento y la plataforma Cisco Webex, por ser la autorizada para tal efecto por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, deberán proporcionar correo electrónico o número telefónico -fijo o celular-, para que a través de ese medio puedan hacerse de su conocimiento las claves de sesión y de acceso correspondientes; en la inteligencia de que únicamente podrán estar presentes las personas que se identifiquen plenamente mediante identificación oficial vigente, a satisfacción de este órgano jurisdiccional, y que estén legitimadas para tal efecto. Una vez que la parte solicitante proporcione los datos antes referidos, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para que realice la comunicación de dichos datos, levantando la certificación correspondiente. Lo anterior es así, puesto que para llevar a cabo la audiencia constitucional a través de videoconferencia, este juzgado federal debe realizar las gestiones necesarias, como lo es agendar y crear la reunión por conducto de la Coordinadora Técnica Administrativa, solicitar el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información -para los casos que resulte necesario-, e informar oportunamente a las partes el número de reunión y contraseña respectivas. Se hace de su conocimiento que, de no contar con los medios necesarios, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional a fin de que se realicen las gestiones conducentes para el desahogo de la diligencia en comento. Cabe destacar a las partes que la celebración de la audiencia constitucional mediante videoconferencia solo es necesaria cuando se pretenda una participación diversa a expresar alegatos, pues éstos deben presentarse por escrito o vía electrónica, salvo en el supuesto de excepción establecido en el segundo párrafo de dicho numeral. Lo antes expuesto se acuerda en atención a que, la jornada presencial es de cinco horas en el órgano jurisdiccional. De ahí que, a fin de expeditar la gestión judicial de los asuntos, así como solventar las cargas laborales que se generaron con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se otorga a las partes la oportunidad de manifestar su deseo de comparecer a la audiencia constitucional, pero haciéndoles saber que resulta innecesaria una videoconferencia cuando la única intención sea la expresión de alegatos, pues ello, se itera, puede realizarse por escrito o vía electrónica. Se exhorta nuevamente a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica. Pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias originales que avalen la existencia del acto y que soporten su emisión. En el entendido que, de no rendir el informe en el tiempo y forma referido, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el juzgado a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo haga sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedoras a una multa. Asimismo, se le apercibe que, si al rendir su informe justificado expresa un hecho falso o niega la verdad, o sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo solo para insistir con posterioridad con la emisión del mismo, o bien, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo podrá incurrir en las conductas que sanciona el artículo 262 de la Ley de Amparo. De igual forma, se requiere a las partes para que tan pronto hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento deberán informarlo a este juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En ese sentido, como está ordenado en el cuaderno Varios 2020, se ordena al Analista Jurídico (SISE) adscrito a este órgano jurisdiccional, que realice la autorización correspondiente para que el licenciado ***, en su calidad de agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario ***. Asimismo, realícense al fiscal federal ocursante, vía electrónica, las notificaciones correspondientes a este auto, ampliaciones de demanda, admisión de pruebas que deben prepararse -inspección, pericial y testimonial-, sobreseimientos fuera de audiencia, sentencias, interposición de recursos -revisión, queja e inconformidad-, admisiones de incidentes -acumulación, nulidad de notificaciones, etcétera-, y aquellos que por su naturaleza lo ameriten o explícitamente se indiquen en el acuerdo respectivo; en el entendido de que las resoluciones restantes se le notificarán mediante la lista. En este sentido, se faculta al actuario judicial para que, vía electrónica, haga llegar al fiscal federal adscrito copia íntegra del presente acuerdo, así como del escrito de demanda. Por otra parte, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental digitalizada que adjuntó al escrito de demanda, así como las diversas que hace consistir en las presentes actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala y, téngasele rindiendo su informe respecto a la suspensión de plano concedida a la parte quejosa en el presente juicio. De igual modo, comunica que con el fin de que el quejoso sea entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección de derechos humanos, con las obligaciones inherentes a dicha figura; se le requirió, que previamente cumpla con lo dispuesto por el numeral 215 del Reglamento de Migración, para lo cual, deberá otorgar ante esa oficina migratoria una garantía en certificado de depósito, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso, mismo que ordenó notificar de manera personal al directo interesado, por lo que una vez que dé cumplimiento, procederá en los términos indicados mediante auto de veintinueve de agosto de la presente anualidad. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en representación de ***, de nacionalidad cubana contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridad responsable: Subdirector y/o Encargado de la Estación Migratoria de Apetatitlán, Tlaxcala. De las autoridades señaladas como ordenadoras: a) La inminente deportación y/o expulsión del país que se pretende hace en contra del quejoso Héctor Arias Meriño. b) La privación de su libertad por más de treinta y seis horas, ordenada por la autoridad administrativa. c) Así como la ilegal incomunicación en la que se tiene al quejoso Héctor Arias Meriño, toda vez que no se ha podido comunicar con sus familiares después de la detención el día jueves veintisiete de agosto de dos mil veintidós. Suspensión de plano. Ahora bien, atendiendo al principio de impartición pronta y expedita previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee: En este tenor, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que ***, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en representación de ***, pues reclama la detención ilegal, toda vez que se encuentra asegurado en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración del Estado de Tlaxcala, en Apetatitlán, como se advierte de los antecedentes que narra bajo protesta de decir verdad. A fin de decir al respecto, se tiene que los artículos 162, primer párrafo y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. (.)" "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De conformidad con dichos preceptos, cuando se reclame la orden de privación de la libertad, el efecto de la suspensión será que no se ejecute y quedará el órgano jurisdiccional de amparo en aptitud de dictar las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. Asimismo, cuando la detención no tenga relación con la comisión de un delito y sea efectuada por autoridades administrativas distintas del ministerio público, el efecto de la medida cautelar también es dejar en libertad al quejoso. Lo anterior, es acorde al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país." Así, la irregularidad en el ingreso migratorio no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa, por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el derecho a la seguridad jurídica y a la libertad personal, entre otros. El artículo 11 de la Constitución Federal, establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán en conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. El artículo 33 de la Ley Fundamental en su segundo párrafo dispone que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Luego, la constitución reconoce el derecho al debido proceso de los extranjeros que por decisión administrativa se pretende expulsar de territorio nacional, en el entendido que, en tal supuesto, la ley en que se regule el procedimiento administrativo correspondiente debe prever el lugar y tiempo que dure la detención. Se trata pues, de una cláusula de excepción a los principios previstos en los artículos 18, primer párrafo, 19 y 21 de la propia Constitución Federal, en la medida que tácitamente permite la detención por autoridad administrativa y no judicial por más de treinta y seis horas, sin que se persiga delito que merezca pena privativa de libertad que amerite prisión preventiva. El ejercicio de la atribución otorgada por el Poder Constituyente a las autoridades administrativas en tal supuesto, está supeditado al derecho al debido proceso (previa audiencia), la cual, por disposición expresa del propio texto constitucional, debe encontrarse establecida en la ley. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en sus artículos 11 y 18 que todo extranjero que esté en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, para lo cual deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquel en que le haya sido materialmente posible presentarla. El artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. Los preceptos 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. La Ley de Migración establece que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional; la presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se acuerda el alojamiento (detención) temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno (artículo 99). El precepto 111 de la Ley de Migración establece lo siguiente: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles". De la anterior transcripción se advierte que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los supuestos previstos en sus fracciones I a V, ésta última referida al caso en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa; en los demás casos (fracciones I a IV), el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles, y una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. En el caso particular, la promovente del amparo refiere que los quejosos están incomunicados e ilegalmente retenidos en la estación migratoria de referencia, por lo que no se encuentran en los supuestos del aludido artículo 111; sin embargo, en conformidad con el principio de excepcionalidad de la detención previsto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en relación con los principios constitucionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal en tanto no se haya cometido delito alguno que merezca pena privativa de libertad, robustecidos con el principio pro persona previsto en el precepto 1º de la Constitución Federal, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia ley fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso particular debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que asegure que el quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigido. En ese sentido, no existe disposición alguna que establezca que las personas migrantes que no logren comprobar su situación migratoria regular cometen por ese sólo hecho algún delito, sino en todo caso, una falta administrativa. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional. Expuesto lo anterior, resulta pertinente tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 101, 102 y 149 de la Ley de Migración, así como los diversos 214, 215, 216 y 219, del Reglamento de la Ley citada: "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y (hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia: a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio". "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. (...) " "Artículo 149. A cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y permita que se sustraiga del control del Instituto, se le sancionará con multa de quinientos a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra cuando ello constituya un delito y de que se le haga efectiva la garantía prevista en el artículo 102 de esta Ley". "Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona extranjera, en términos del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en consideración lo siguiente: I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en definitiva la situación migratoria de una persona extranjera, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 43 y 111 de la Ley; II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria; III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43, fracción I, de la Ley" "Artículo 215. Además de lo previsto por el artículo anterior, para efectos de que una persona extranjera sea entregada en custodia a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección de los derechos humanos, deberá realizar la solicitud por escrito, la cual deberá ser ratificada mediante comparecencia ante la misma autoridad, dentro del término de tres días naturales siguientes al de su formulación. A la solicitud deberá acompañar los siguientes documentos para su cotejo: I. Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal existencia de la persona moral, así como sus modificaciones, con el fin de verificar que su objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos; II. Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados, si el acta constitutiva no los contiene, para promover actos legales ante autoridades administrativas federales; III. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal, y IV. Comprobante de domicilio, en el cual se llevará a cabo la custodia, cuya fecha de expedición no exceda de treinta días naturales. Una vez autorizada la Custodia, deberá entregar la garantía que haya sido previamente fijada a juicio de la autoridad migratoria" "Artículo 216. Una vez cumplidos los requisitos, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo debidamente fundado y motivado, a través del cual se resuelva la custodia. Durante el período que dure la custodia, la persona extranjera deberá comparecer periódicamente, conforme lo determine la autoridad migratoria. Otorgada la custodia, y en caso de que la persona extranjera se sustraiga a dicho cumplimiento, se dejará sin efectos la misma, haciéndose efectiva la garantía otorgada y emitiéndose la alerta migratoria correspondiente. Asimismo, la persona moral o institución involucrada será inelegible por el Instituto en futuras solicitudes de otorgamiento de custodia, a menos que lo autorice la Secretaría mediante oficio debidamente fundado y motivado". "Artículo 219. Cuando las solicitudes de los interesados no presenten los datos o no cumplan con los requisitos, el Instituto deberá prevenirlos por escrito y por una sola vez para que subsanen la omisión dentro del término de cinco días hábiles a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo sin el desahogo correspondiente se desechará el trámite A partir del día siguiente de la recepción de la solicitud, el Instituto contará con un término de diez días hábiles para emitir el acuerdo de prevención. Fuera de este término no podrá desechar ninguna solicitud argumentando la falta de documentación. El Instituto tendrá un término de treinta días hábiles para emitir el acuerdo que resuelva sobre el destino de la garantía. En caso de que se haya prevenido el trámite, se suspenderá el término hasta el desahogo de la prevención o cuando precluya el término para tales efectos". De los preceptos legales transcritos se advierte que, el extranjero sujeto a un procedimiento administrativo respecto de su situación migratoria podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, hasta, en tanto éste se resuelva, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio, para lo cual, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) otorgar garantía suficiente y a satisfacción: de la autoridad; b) establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) no ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d)presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. En ese contexto, en atención al efecto respecto del cual se solicitó la suspensión, es factible que los quejosos obtengan su libertad provisional acorde a lo previsto en los artículos 162 y 164, de la ley de la materia -transcritos en párrafos precedentes. En tal virtud, de conformidad con los artículos 125, 126 y 160 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO a ***, para el efecto de que dentro del improrrogable término de treinta y seis horas, contados a partir de la legal notificación a la autoridad responsable, sea puesto en libertad, y resuelva su situación migratoria sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte las medidas que asegure que el quejoso no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella y ante quien concedió la suspensión cuantas veces les sea exigido, como puede ser, que se entregue al extranjero a la representación diplomática del país del que es nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. La medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por el promovente, como podría ser la comisión de un delito o, proveniente de autoridad diversa a la designada como responsables en la demanda de amparo. De igual forma, mientras dura el procedimiento administrativo correspondiente a fin de determinar su situación migratoria en territorio nacional, no deberá ser deportado o expulsado del territorio nacional. Ahora bien, respecto a la incomunicación, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, en forma específica, PARA EL EFECTO DE QUE DE INMEDIATO CESEN LOS ACTOS DE INCOMUNICACIÓN de los que se dice, es objeto, ***, toda vez que el derecho a la integridad personal así como a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad y en su caso le sean suministrados los recursos necesarios para que pueda comunicarse con su familia. Se impone el deber de la autoridad responsable de informar dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopte al respecto; con el apercibimiento que de no acatar la anterior determinación, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo vigente, que es del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;." Por tanto, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya ante las instalaciones que ocupan la Estación de Migración en Tlaxcala, del Instituto Nacional de Migración, y constate si ***, se encuentra retenido dentro de dicha dependencia, y de ser así, le notifique personalmente el presente acuerdo; asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días siguientes, manifiesten si es su deseo o no ratificar la demanda promovida en su favor, en la inteligencia de que si la ratifica, se tramitará el presente juicio de amparo. Ahora, de no ser su deseo del quejoso directo ratificar la demanda en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, la misma se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias que con motivo de ella se hubieren dictado de conformidad con los numerales citados con antelación. Hecho lo anterior, acuérdese lo conducente. Se instruye al Oficial Judicial A adscrito a este órgano jurisdiccional, que realice la autorización para que el usuario ***, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente de mérito y recibir las notificaciones en el presente sumario constitucional mediante vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente. En otro orden, téngase por autorizados para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a ***, *** y ***, toda vez que no cuentan con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se tiene como número de teléfono y correo electrónico el que menciona para efectos de entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, respecto de la solicitud de copias que solicita, se hace de su conocimiento que el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solo autoriza a un número limitado del personal de este juzgado para ingresar a laborar presencialmente al edificio sede, por un lapso improrrogable de seis horas en días laborales, de manera que comisionar a una persona para que se encargue del fotocopiado de los presentes autos, repercute directamente en la carga laboral del órgano jurisdiccional. En ese contexto, dígase al ocursante que de conformidad con lo establecido en el artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se le brinde acceso al expediente electrónico, podrá obtener copia de las constancias que obren en el mismo, las cuales, al contener evidencia criptográfica, se consideran como copia certificada electrónicamente. No obstante, si para el promovente le es indispensable que las copias se expidan de manera física, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, expídasele a su costa las copias que solicita, previa constancia que obre en autos, teniendo por autorizado para recibir las misma a las profesionistas que refiere en su misiva de cuenta. Se hace del conocimiento de la promovente, que a efecto de que las copias que solicita le sean expedidas, deberá enviar un correo electrónico a la dirección jariverasa@cjf.gob.mx, en el que precise el número de expediente así como las constancias cuya certificación desea obtener; ello, con la finalidad de que le sea agendada una cita en la que acompañada del personal autorizado por este juzgado federal, puedan reproducirse las actuaciones solicitadas. Se precisa que la data que se señale dependerá de la carga de trabajo y el volumen de las documentales a fotocopiar, la cual se hará de su conocimiento por la misma vía -correo electrónico-. Asimismo, quedará a discreción de la parte interesada generar un código QR en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de ingresar a las instalaciones que ocupa este juzgado federal y que las copias certificadas le sean entregadas; empero, la cita deberá generarse para un día en que medien, cuando menos, cuarenta y ocho horas hábiles contadas a partir del fotocopiado de las constancias relativas, dado que es el lapso indispensable para que el personal reducido que labora presencialmente lleve a cabo los preparativos correspondientes. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Se autoriza a cualquier secretario y/o actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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