Raul Flores Rivas

Expediente 521/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
521/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • Secretario de Administración Y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero
  • Raul Flores Rivas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 521/2016, por lo que hace al acto de aplicación reclamado al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos del tercer considerativo de la sentencia recurrida y respecto del acto de aplicación de los artículos 27, 27bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, así como de los diversos numerales 51-A y 51-B de la citada legislación, que prevén los impuestos adicionales pro-educación y asistencia social, pro-caminos y certificados catastrales, bajo los argumentos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A Raúl Flores Rivas, respecto del acto reclamado precisado en el punto III, del considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerativo de la sentencia recurrida. En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y la sentencia, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita ; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que la parte quejosa exhibió un documento con su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibido que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicha documental será destruida junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO... UNA VEZ QUE ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO EL EXPEDIENTE, REMITASE AL TRIBUNAL COLEGIADO PARA LLA SUBSTANCIACIÓN DEL RECURSO...

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 521/2016. RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Raúl Flores Rivas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Secretario de Administración y Finanzas. Director de Ingresos. Ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DEL DIRECTOR DE INGRESOS adscritos al Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; LA ILEGALIDAD EN LA LIQUIDACIÓN Y COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, IMPEUSTOS ADICIONALES PRO-EDUCACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL Y PRO-CAMINOS, Y CERTIFICADOS CATASTRALES MEDIANTE RECIBO NÚMERO EE 1054667, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016". SEGUNDO.- Por acuerdo de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 521/2016; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en la data señalada al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la aplicación de disposiciones locales por una autoridad administrativa que se encuentra en la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se precisa que la parte quejosa reclama del Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la aplicación de la: I. La Ley de Hacienda Municipal número 677, en la parte que regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles (artículos del 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32), en los que se encuentran previstos los elementos esenciales del tributo, a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago). II. Los numerales 51-A y 51-B de la Ley de Hacienda Municipal número 677, que prevén los impuestos adicionales pro-educación y asistencia social, pro-caminos y certificados catastrales. III. Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio de dos mil dieciséis, específicamente los ordinales 1, 2, 3, 4, fracción I, inciso e), 5, 6, 7, 8, 9, 21 al 34, así como de los transitorios Primero, Quinto y Sexto, de la Ley Número 134 de Ingresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis Lo anterior, a través del cobro reflejado en el recibo oficial de pago con folio EE 1054667, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis. No pasa inadvertido, que la parte quejosa que el motivo de su queja descansa en el hecho de que tal entero es inconstitucional porque tiene su fundamento en una ley que de acuerdo a la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnera el derecho fundamental de la legalidad tributaria, porque no fue debidamente refrendada por el funcionario al que le correspondía, de lo que se sigue que en realidad, pretende evidenciar la inconstitucionalidad de la totalidad de los numerales en los que se basó la causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles a su cargo; igual consideración externa en relación con los derechos por certificados catastrales. TERCERO. El Director de Ingresos y el Secretario de Administración y Finanzas, ambos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir el informe justificado refirieron que era parcialmente el acto reclamado, sin embargo, no ha lugar a tenerlo por cierto, porque acorde al sistema tributario mexicano las contribuciones se pueden enterar por propia determinación del particular. Luego, el hecho de que se haya allegado copia certificada del recibo oficial número EE 1054667, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, expedido por dicha dirección municipal, relativo al pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles y derecho por certificados catastrales, el cual dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el cual constan las contribuciones reclamadas, en forma alguna se evidencia que su pago lo efectuó por órdenes de la citada autoridad, para tener por cierto el acto a ella reclamado, pues éste obedeció a que lo realizó de manera espontánea, empero, ese acto no puede ser atribuido a dicha responsable de recibir el pago y expedir el comprobante respectivo; por tanto, su aplicación corrió a cargo de la propia parte quejosa. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En tal virtud, el acto de aplicación atribuido a la autoridad mencionada en este considerando es inexistente; y en consecuencia, con apoyo en lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio a su respecto. CUARTO. Ahora bien, al haberse acreditado, como se explicó en el considerando que antecede, que el entero de las contribuciones reclamadas efectuado por la propia parte quejosa constituye un acto concreto de aplicación de las disposiciones que regulan el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles y derechos por certificaciones catastrales, previo a dilucidar sobre las cuestiones de fondo del asunto y determinar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, es conveniente hacer las siguientes precisiones. Como se adelantó, el objeto de análisis en este juicio de amparo, lo constituye el acto de aplicación de una norma general en la cual se prevé el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuyo sistema de causación amerita hacer las siguientes precisiones a fin de estar en aptitud de resolver este asunto. La Ley de Hacienda Municipal Número 677 prevé en sus artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32, los elementos esenciales de dicho tributo, a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago; a su vez en la Ley 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en los numerales 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, se encuentran también esos elementos. De lo anterior se obtiene que el impuesto en mención se encuentra previsto en dos legislaciones, a saber, la de Hacienda Municipal y la de Ingresos de este municipio para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, como a continuación se advierte: Ley de Hacienda Municipal número 677 del Estado de Guerrero. 1. El Decreto que contiene la Ley de Hacienda Municipal Número 677, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, en la parte que interesa establece: LEY DE HACIENDA MUNICIPAL NÚMERO 677. TÍTULO PRIMERO De los ingresos (.) CAPÍTULO I De los impuestos (.) SECCION SEGUNDA Impuesto sobre adquisición de inmuebles Artículo 27. Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles establecido en esta sección, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consisten en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que se refiere este gravamen. Artículo 28. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. (.) Artículo 30. La base del impuesto será: I. Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor conforme avalúo bancario, catastral o de operación que resulte más alto, reducido en cinco veces el salario mínimo general, elevado al año, de la zona económica en la que se encuentre ubicado el inmueble. b) El 50 por ciento del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50 por ciento restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c) El valor de cada uno de los bienes permutados determinado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta Fracción. d) En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta Fracción. e) Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios, o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta Fracción. f) En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el bancario en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes distintos a los aportados o sobe (sic) el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario. Cuando del inmueble formen parte departamentos habitacionales o locales comerciales la reducción del salario mínimo se hará por cada uno de ellos. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a hoteles. Para efectuar la reducción a que se refiere este artículo se aplicará el salario mínimo correspondiente al año de calendario en que se esté en los supuestos de pago del impuesto a que se refiere el artículo 28. Artículo 31. El impuesto se causará de conformidad con la tasa que establezca la Ley de Ingresos Municipal. Artículo 32. El contribuyente dará aviso de movimiento de propiedad inmueble a la oficina municipal correspondiente, y pagará el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura pública o el contrato privado traslativo de dominio, si el título es otorgado en el Estado; dentro de los 30 días siguientes a la autorización, si la escritura es tirada en cualquier otro lugar de la República, y dentro de 90 días siguientes, si se otorga fuera de la misma, según los siguientes supuestos: I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquiriente. III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación en los términos referidos por los incisos a) a la f) de la Fracción X del artículo 28. IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judical (sic) de la prescripción positiva. V. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en (sic) registro público, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho común, y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes. 2. Respecto del Decreto número 22 por el que se reformó el artículo 28, fracción I, de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en la parte que interesa, se advierte: "Artículo 28. Para los efectos de esta sección se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal. (.)" 3. Tocante al Decreto número 118, por virtud del cual se adicionó el artículo 27 bis y reformó el artículo 31, de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, se establece: "Artículo 27-BIS. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los Municipios del Estado de Guerrero. (.) Artículo 31. El impuesto se causará y pagará aplicando la tasa de hasta el 2% sobre la base determinada por esta Ley." 4. En relación con el Decreto número 416, por el que se reformaron los artículos 30, fracción I, inciso a) y 31 de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, en la parte que interesa, se desprende lo siguiente: "Artículo 30. La base del impuesto será: I.- Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación. (.) Artículo 31. El impuesto se causará y pagará aplicando la tasa que se determine en la Ley de Ingresos Municipal respectiva, misma que no rebasará el 2% sobre la base determinada para el efecto." 5. Finalmente, por lo que hace al Decreto número 334, por el que se reformó la fracción I del artículo 28 de la Ley de Hacienda Municipal número 677, que en lo conducente establece: "Artículo 28. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. (.)" Este juzgado de Distrito en diversos juicios cuya materia de análisis es la aplicación de la citada legislación, ha sostenido que la misma contiene una irregularidad formal consistente en que no fue refrendado por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, no obstante que el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero vigente en la época de su emisión, expresamente como requisito de validez así lo obliga; lo que se traduce en una violación a los derechos de legalidad y seguridad jurídica previstas por el artículo 16 Constitucional. Sobre el tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto en la jurisprudencia 2a./J. 95/2011, publicada en la página 759, tomo XXXIV, Julio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO. Los decretos mediante los cuales el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo ordena publicar las leyes o decretos expedidos por la Legislatura de dicha entidad federativa, constituyen actos de los comprendidos en el artículo 93 de la Constitución Política local, pues al prever este precepto que toda ley o decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo, es incuestionable que su texto literal no deja duda acerca de que también a dichos decretos promulgatorios, en cuanto actos del Gobernador, les es aplicable el requisito de validez previsto en el referido precepto, a saber, que para ser obedecidos deben estar firmados o refrendados por el Secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo a que el asunto o materia del decreto corresponda. Así, por ejemplo, un decreto que reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado debe refrendarlo también el Secretario de Hacienda del Estado, conforme al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y de no hacerse así, no satisface uno de los requisitos para la formación válida del citado acto legislativo." Ahora, los artículos de la Ley número 134 de Ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que establecen los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles son del literal siguiente. "ARTÍCULO 5o. Las contribuciones que se percibirán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, serán las conceptuadas por esta Ley, de acuerdo con el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago a que esta misma ley se refiere. Sin que lo anterior, sea óbice para que las demás contribuciones que se perciban, sean las conceptuadas por esta Ley de conformidad con lo que refiere la Ley de Hacienda Municipal Número 677, respecto al objeto, base, cuota, tasa o Tarija y época de pago." ARTÍCULO 6o. Para efectos de esta Ley se denominará contribuyentes de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos municipales, a las personas físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previsto en esta ley, y cuyas actividades coincidan con el hecho generador de un crédito fiscal. ARTÍCULO 7o. En caso de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos sobre saldos insolutos durante el ejercicio fiscal actual, de conformidad con la tasa señalada en la Sección Novena del Capítulo Segundo del Título Quinto de esta Ley. ARTÍCULO 8o. La recaudación de todos los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos se hará sin excepción alguna; a través de: las oficinas receptoras de la Secretaría de Administración y Finanzas, de Instituciones del Sistema Financiero Mexicano, de los mecanismos electrónicos autorizados, de los Organismos Públicos y/o establecimientos comerciales con los que el Honorable Ayuntamiento celebre convenios. Misma que se concentrará a la Caja General de la propia Secretaría. ARTÍCULO 9. Para la aplicación de esta Ley, el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, cobrará el cien por ciento del monto que arroje la conversión de tasas y factores de esta Ley, por los conceptos señalados en el artículo que precede. Con las excepciones que en esta misma ley se señalan. ARTICULO 21. Están obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco. Así como los derechos relacionados con los mismos. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del 2%. ARTICULO 22. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los Municipios del Estado de Guerrero. ARTÍCULO 23. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente. V. Fusión de sociedades. VI. La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII. Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. VIII. Prescripción positiva. IX. La herencia o la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. X. Enajenación a través del fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso. b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario cedan o pierdan sus derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la fiduciaria o de cualquier persona. c) En el acto de designar fideicomisario si este no se designó al constituirse el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En éstos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones. e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo cuando éste se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto el impuesto correspondiente. XI. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. XII. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. X. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero. ARTICULO 24. Para los efectos de esta ley, la adjudicación de bienes en pago, la que se haga en remate a postor, la cesión onerosa de derechos reales y la dación en pago, se equiparán a la compraventa. ARTÍCULO 25. La base del impuesto será: I.- Tratándose de bienes inmuebles: a). El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación. b). El 50 por ciento del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50 por ciento restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c). El valor de cada uno de los bienes permutados determinado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. d). En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta fracción. e). Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios, o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta fracción. f). En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario. ARTICULO 26. El impuesto se causará y pagará aplicando la tasa que se determine en esta Ley. ARTICULO 27. Los contribuyentes y los notarios darán aviso de movimiento de propiedad inmueble a la oficina municipal correspondiente, y pagarán el impuesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que los otorgantes firmen la escritura pública o el contrato privado traslativo de dominio, si el título es otorgado en el estado; dentro de los 30 días siguientes a la autorización si la escritura es tirada en cualquier otro lugar de la república, y dentro de 90 días siguientes si se otorga fuera de la misma, según los siguientes supuestos: I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de usufructo temporal, cuando se extinga. II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquiriente. III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomiso, cuando se realicen los supuestos de enajenación en los términos referidos por los incisos a) a la f) de la fracción X del artículo 24. IV. Al protocolizarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción positiva. V. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en registro público, para poder surtir efectos ante terceros en los términos del derecho común, y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a las leyes. ARTÍCULO 28.- Tratándose de operaciones con inmuebles se acompañarán con el aviso los siguientes documentos: a). Deslinde catastral con superficie, medidas y colindancias, así como el valor catastral respectivo determinado por las autoridades catastrales, mismas que aplicarán los valores unitarios de suelo y construcciones vigentes en la fecha de operación. b). Avalúo con fines fiscales elaborado por perito valuador y autorizado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a excepción de las adquisiciones de viviendas de interés social a través de créditos hipotecarios y dación en pago, que otorguen únicamente los organismos de servicio social que no rebasen hasta un monto de $350,000.00. c). Certificado de no adeudo predial d). Copia de escritura pública o privada e). Plano de construcción si el terreno estuviere edificado. f). Constancia de no adeudo por los servicios de agua potable y alcantarillado o en su caso de la no existencia de contrato con el organismo operador correspondiente. Los documentos de referencia incluirán hasta el mes en que los notarios o funcionarios que hagan sus veces, autoricen la escritura, o al mes que se produzca el contrato privado. Cuando se trate de predios ubicados en poblaciones donde no existen oficinas de catastro, el contribuyente deberá presentar ante la oficina municipal correspondiente, un croquis donde se establezca superficie, medidas y colindancias actualizadas. En el caso de contrato de venta a plazos, con reserva de dominio o bajo el régimen de propiedad en condominio, se deberá manifestar: I. Para el caso de fraccionadores, mensualmente: a) Nombre del comprador; b) Domicilio; c) Número de contrato; d) Manzana y lote; e) Monto de operación; f) Fecha y número de recibo de abono, y g) Saldo por amortizar. II. Para el caso de venta bajo el régimen de propiedad en condominio, en la primera operación: a) Copia certificada de la escritura constitutiva; b) Tabla de valores de cada unidad o departamento; c) Avalúo con fines fiscales elaborado por perito valuador y autorizado por la secretaría de finanzas y administración, porcentaje de indivisos que correspondan a cada departamento o unidad de las áreas comunes, y d) Descripción del inmueble. ARTÍCULO 29. No se causa el impuesto en los siguientes casos: I. En las adquisiciones de bienes que hagan la Federación, los Estados, el D. F., y los municipios para formar parte del dominio público; así como, los Estados extranjeros en caso de reciprocidad. II. Cuando por sentencia o declaratoria judicial se rescinda o anule el contrato. III. Cuando previamente se haya cubierto el impuesto al efectuarse ventas con reservas de dominio o sujetas a condición. ARTÍCULO 30. Los Notarios Públicos o Funcionarios, que hagan sus veces, no autorizarán ninguna escritura en la que haga constar actos o contratos por los que se adquiera o se transmita la propiedad de bienes inmuebles y derechos reales, si no se les exhibe el comprobante de pago del impuesto de la tesorería municipal. En los testimonios se hará constar el número oficial del comprobante de pago y el monto del impuesto pagado. ARTÍCULO 31. El Registro Público de la Propiedad no inscribirá ningún acto, contrato o documento que implique adquisición o transmisión de la propiedad de los bienes inmuebles o derechos reales, si no se comprueba el pago del impuesto. ARTÍCULO 32. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto y sus accesorios, los siguientes: I. Los transmitentes, cuando el adquirente lo haya eludido. II. Los Notarios Públicos, Corredores y demás Funcionarios encargados de llevar la fe pública, cuando autoricen algún documento que sea objeto de este impuesto sin que previamente se haya efectuado el pago correspondiente a la tesorería municipal donde se encuentre ubicado el inmueble. III. Los demás Funcionarios y Empleados que inscriban o registren esta clase de documentos sin comprobar que se hayan cumplido las obligaciones inherentes a este gravamen, y IV. Los Peritos Valuadores autorizados que no apliquen correctamente en la valuación de predios los valores unitarios aprobados, atendiendo a la clasificación del terreno y construcción de que se trate, por las cantidades dejadas de recaudar. ARTICULO 33. Cuando la transmisión de la propiedad se haya operado con base en contrato de compra-venta con reserva de propiedad o sujetos a condición, para efectos del traslado definitivo, los contribuyentes deberán presentar nuevas declaraciones, dando aviso de lo anterior dentro de los 30 días hábiles siguientes. ARTICULO 34. Las infracciones al presente capítulo serán sancionadas de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal Municipal Número 152." "TRANSITORIOS ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley de Ingresos del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, entrará en vigor el día primero de enero del año 2016. ARTÍCULO QUINTO. Los pagos de impuesto predial tendrán el carácter de pagos provisionales, hasta en tanto no se conozca el valor catastral definitivo de los bienes objeto del impuesto predial. ARTÍCULO SEXTO. A efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 de esta Ley, respecto a las contribuciones que se cobrarán del Impuesto Predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles; se abroga cualquier Disposición y/o Norma Fiscal Legal Vigente del municipio de Acapulco, que se contraponga a lo dispuesto en esta Ley de Ingresos." Asimismo, del cuerpo normativo se obtiene que la citada ley fue promulgada y expedida el veinticuatro de diciembre de dos mil quince, cumpliendo con el único requisito para su refrendo que ordena la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuya última reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado el treinta de junio de dos mil catorce, en la que se estatuye que a quien compete tal actuación es al Secretario General de Gobierno, quien sí hizo ejercicio de su atribución como se desprende a continuación: ".En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida observancia, de la LEY NÚMERO 134 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, en la oficina del titular del Poder Ejecutivo Estatal, ubicada en Palacio de Gobierno en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los veinticuatro días del mes de diciembre del año dos mil quince. LEY NÚMERO 134 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES Rúbrica. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME. Rúbrica." De lo transcrito es importante resaltar que: 1. El impuesto sobre adquisición de inmuebles será conceptuado de acuerdo al objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago referidas en la Ley de Ingresos, circunstancia que no prevalece respecto de otras contribuciones, las cuales serán respecto de los mismos elementos esenciales conforme con la Ley de Hacienda Municipal número 677; 2. En las disposiciones transitorias se deriva la pretensión del legislador de desvincular la regulación del tributo en comento de cualquier otra ley, tan es así que del recibo oficial exhibido en este asunto se citan disposiciones, entre otras, de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis; 3. Conforme con el artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero vigente, los requisitos para la validez y observancia de las leyes promulgadas por el Gobernador del Estado de Guerrero, no señala mayor exigencia que el refrendo del Secretario General de Gobierno, de ahí que dicha legislación no tenga vicio alguno en el proceso legislativo de su creación. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que: A. La Ley de Hacienda Municipal tiene un vicio formal (falta de refrendo), que le resta validez para su aplicación; vicio que no lo contiene la Ley de Ingresos referida en el párrafo que antecede. B. No se trata de dos normas en las cuales exista una relación jerárquica, sino que ambas (hacienda/ingresos) son de igual naturaleza, puesto que tienen la misma fuente y la misma materia de competencia; y, C. La Ley de Ingresos contiene todos los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles al tenor del cual será conceptuado dicho tributo a diferencia de otras contribuciones. Con base en lo expuesto y al regular ambas legislaciones la misma obligación tributaria y a fin de establecer cuál de ellas rige la causación del impuesto en estudio, se debe contestar lo siguiente ¿el método optado por el legislador en la creación de la ley de ingresos es el adecuado para invalidar la aplicación de cualquier otra norma, tratándose del mismo impuesto? ¿las leyes en cita se excluyen entre sí? y ¿es factible que el vicio formal contenido en una de ellas se haga extensivo a otra que no lo tiene?. La respuesta es no; pues aun cuando el método legislativo adoptado para desvincular la regulación del tributo en comento de cualquier otra legislación pudiese ser inadecuado -tópico que en este asunto no es objeto de pronunciamiento respecto de su legalidad o eficacia pues no se trata de un amparo contra leyes-, el vicio formal que contiene la ley de hacienda la cual inválida su aplicación no puede trasladarse a la de ingresos; aunado a que ambas leyes (hacienda/ingresos) no se contraponen ni se complementan, puesto que en la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, también se encuentran la totalidad de los elementos esenciales del impuesto sobre adquisición de inmuebles y no presenta vicio formal en su proceso de creación, lo que hace subsistir la obligación tributaria, pese a que la Ley de Hacienda si lo contenga. QUINTO. Con base en lo expuesto en el considerando que antecede, a continuación se analizará si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. En ese sentido, respecto del acto reclamado identificado con el número I, del considerando segundo, consistente en la aplicación de la Ley de Hacienda Municipal número 677, en la parte que regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles (artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32), este juzgador de amparo advierte que en el caso se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente que la aludida porción normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que causa al amparista; de lo contrario, si dicha norma legal, por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de garantías enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Al particular, tiene aplicación el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 55/97, que se lee en la página 5, tomo VI, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Luego, en el caso, si bien es cierto que los artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal 677, regula el impuesto sobre adquisición de inmuebles, lo que en principio supondría la demostración de su aplicación mediante el entero de la contribución a que se refiere el recibo de pago que al efecto exhibió; no puede soslayarse que el legislador dispuso que a partir del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, dicho tributo se regule respecto de todos sus elementos conforme a las disposiciones de la Ley número 134 de Ingresos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, tan es así que basta imponerse del contenido del artículo 5 de la aludida legislación fiscal para advertir tal circunstancia, pues incluso en el recibo de pago exhibido ni siquiera se invoca como sustento de tal entero las disposiciones reclamadas en primer orden, sino la aplicación de diversos ordenamientos, a saber entre ellos la citada ley de ingresos, no así la referida Ley de Hacienda Municipal Número 677 del Estado de Guerrero. Consecuentemente, puede concluirse que la parte quejosa no exhibió documento alguno para acreditar su interés jurídico y demostrar la aplicación en su perjuicio de los citados artículos 27 y 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32 de la Ley de Hacienda Municipal 677, dado que del recibo oficial número EE 1054667, de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, da cuenta del entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis cuya regulación prescinde de aquellas disposiciones, tal y como se explicó con antelación; situación que estaba obligado a demostrar para que este órgano de control constitucional estuviera en aptitud legal de analizar el fondo de la inconstitucionalidad planteada al respecto. En ese sentido, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de los aludidos preceptos legales reclamados, no se actualiza la existencia de su interés jurídico para reclamarlos en esta instancia constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio a su respecto. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de la aplicación de los artículos 51-A y 51-B de la Ley de Hacienda Municipal número 677, que prevén los impuestos adicionales pro-educación y asistencia social, pro-caminos y certificados catastrales precisados en el punto II del considerando segundo al estimar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 77, ambos de la legislación de la materia, este último interpretado en sentido contrario. Los preceptos citados en último término, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 77, de la ley de la materia, que establece que la finalidad de una sentencia en la que se conceda la protección de la justicia de la Unión consiste en restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Dicha restitución debe atender en todo caso a la naturaleza del acto reclamado, pues si se trata de un acto de naturaleza positiva, el cual implica un hacer de las responsables que afecta la esfera jurídica del gobernado, el efecto de la protección federal será para que las autoridades dejen insubsistentes sus actos, de forma tal que coloquen al quejoso en el mismo estado en el que se encontraba antes de que aconteciera esa afectación. Por su parte, cuando la violación consiste en un acto negativo, ya sea porque la autoridad se niegue a hacer algo o se abstenga de hacerlo, la protección federal se otorgara con la finalidad de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser un medio especulativo, por lo cual, para determinar la procedencia del mismo, es necesario verificar que la sentencia protectora pueda producir la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, y sólo en el hipotético caso de que no se pudieran concretar los efectos de la posible concesión del amparo, dada la referida finalidad práctica, ningún caso tendría estudiar la constitucionalidad del acto reclamado; por lo cual se actualizaría la hipótesis de improcedencia invocada. Ahora bien, a efecto de demostrar la actualización de la aludida causal de improcedencia, se tiene presente que la parte quejosa sostiene entre sus motivos de disenso, una irregularidad formal del Decreto número 677 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el día tres de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, así como en la ley de catastro aludida, consistente en que no fueron refrendadas por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, asegurándose que con ello se transgrede el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y, por consiguiente, los derechos fundamentales de legalidad de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en su redacción anterior a su reforma mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, por haberse emitido dichas leyes en contravención al proceso legislativo aplicable, en tanto que sólo fueron refrendadas por el Secretario General de Gobierno, no obstante que el referido numeral 76 expresamente obligaba el refrendo de todas las leyes y decretos también del funcionario del ramo que corresponda como requisito de validez. De ese modo, los efectos de una eventual sentencia protectora traerían como consecuencia la desincorporación de dichos ordinales de la esfera jurídica de la solicitante del amparo. Empero, la causación de los impuestos adicionales previsto en los artículos 51-A y 51-B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero número 677, de hasta el 15% sobre el producto de diversos conceptos, entre ellos el derecho por servicios catastrales establecido en el diverso numeral 62-E, de la citada ley; también se encuentran contenidos en los artículos 36 y 39, de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, es decir no sólo se funda en la ley impugnada, sino también en otro ordenamiento jurídico diverso como lo es la citada ley de ingresos. De ahí que aun cuando se considerara inconstitucional la ley impugnada, no podría reintegrarse al quejoso en el goce de las garantías individuales que se estimaran transgredidas, puesto que el cobro de los impuestos adicionales pro-educación y asistencia social y pro-caminos, así como del derecho por servicios catastrales se sostendría por los diversos preceptos 36, 39 y 82 de la citada Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, que no fueron impugnados. SÉPTIMO. Por otro lado, las autoridades responsables de este municipio, sostienen que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII del artículo 61, esta última en relación con las fracciones VI y VIII del artículo 108, todos de la Ley de Amparo, pues -aducen- la parte quejosa es omisa en formular conceptos de violación, ya que no hace razonamientos lógico jurídicos, ni señala el perjuicio que le causan los preceptos legislativos que reclama. Los numerales invocados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Platica de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, o por los medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame (.) VIII. Los conceptos de violación." Los artículos en mención refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe entenderse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que el promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de garantías, pues no basta que la parte quejosa en la parte relativa de su libelo señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga uno de los requisitos exigidos por las citadas fracciones VI y VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, en contraposición a lo sostenido por la autoridad municipal, de la lectura integral de la demanda de amparo, sí se advierten motivos de inconformidad dirigidos a combatir los actos reclamados, pues la parte quejosa básicamente argumentó que los preceptos legislativos reclamados vulneran la garantía de legalidad consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, ya que la Ley de Hacienda Municipal 677, no fue refrendada por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, en tanto que los artículos de la Ley número 134 de Ingresos para el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, no se sujetan a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, lo que es suficiente para tenerlos como conceptos de violación; además de que la liquidación contenida en el recibo oficial, carece de fundamentación y motivación, puesto que no se precisaron cuáles fueron las operaciones aritméticas realizadas para determinar la cantidad a pagar por el impuesto de adquisición de inmuebles ni la tarifa en la se clasifica la quejosa. De ahí, que resulte infundada la causal de improcedencia propuesta. Así también, respecto a la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que como se adelantó, también invocada, debe decirse que no vierten razonamiento alguno tendente a tratar de probar su actualización, sino que únicamente se limita a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgador quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, ya que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió, por lo que es de desestimarse. OCTAVO. Al no existir diversa causal de improcedencia que actualice en el caso, procede el análisis del acto reclamado precisado en el punto III, del considerando segundo. En efecto, la peticionaria de amparo refiere que el artículo 21 de la Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, en razón de que el cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles se calcula con base al 2% del valor del bien inmueble y no del costo real del servicio que presta el Estado, y refiere que para que se cumpla con el principio de proporcionalidad, el monto de las tarifas o cuotas de los servicios que preste el estado deben fijarse en proporción a su costo, y para que se respete el principio de equidad, las leyes reguladoras de los derechos deben otorgar un tratamiento igual a todos los usuarios de los servicios; es decir, que las cuotas o tarifas deben ser iguales para quienes reciban servicios análogos; luego refiere que si un bien inmueble tiene un valor más alto que otro, en atención al cálculo que establece el artículo 21 de la referida ley, esta persona física o moral pagará más impuesto que otro, que tenga un bien inmueble con un valor menor. Asimismo, señala que el acto reclamado contraviene las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucional, ya que el recibo oficial carece de fundamentación y motivación, pues no se precisó la razón de las cantidades consignadas en el mismo ni las operaciones aritméticas realizadas para determinar el tributo, la tarifa en la cual se clasifica, cuántos salarios mínimos se aplicaron, el precepto legal ni las circunstancias especiales, causas inmediatas o razones particulares tomadas en cuenta para su emisión. Son infundados dichos planteamientos, atento a lo siguiente. En primer lugar, porque parte de una premisa errónea en tanto que la contribución que aquí se reclama no se trata de un derecho, sino de un impuesto, en la medida en que no es una contribución por el servicio que presta el Estado en funciones de derecho público; sino que constituye una imposición que da origen a una relación eminentemente unilateral entre el Fisco y el causante. En efecto, los impuestos se causan debido a que el sujeto pasivo, al llevar a cabo sus actividades económicas se coloca dentro de la hipótesis o supuesto normativo establecido en la ley impositiva, mientras que el cobro de los derechos se origina en una acto de voluntad de dicho sujeto pasivo que solicita de la Administración Pública la prestación de un servicio que lo beneficia de manera directa y específica. Asimismo, debe puntualizarse que mientras el monto de los impuestos se fija sobre una parte proporcional del ingreso, utilidad o rendimiento que el contribuyente obtiene como consecuencia de la realización de determinadas actividades económicas, el importe de las cuotas de los derechos se establece en función del costo del servicio público particular divisible que se preste en atención al uso o aprovechamiento de dicho servicio que se haga. En efecto, en tratándose de derechos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos; mientras que los impuestos conforme a los siguientes lineamientos. Elementos de las contribuciones conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este precepto refiere: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". De aquí se obtienen como principios de las contribuciones los siguientes: a) Legalidad: entendido como la exigibilidad para que los elementos esenciales de los impuestos estén consignados expresamente en la ley, a saber el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. b) Generalidad: al ser la ley general y abstracta, se entiende que una vez que la ley determina cierta hipótesis jurídica, lo debe hacer de manera general para que cualquiera que se ubique en la hipótesis regulada se le aplique la ley. c) Proporcionalidad: se refiere a que las contribuciones de los gobernados deben ser en proporción a su capacidad contributiva. d) Equidad: significa que se debe tratar como iguales a los que se ubiquen en una misma situación. e). Destino al gasto público: se traduce que los ingresos tributarios tienen como finalidad costear los servicios públicos que el Estado presta. f) Obligatoriedad: consiste en que toda persona que se ubique en alguna de las hipótesis tributarias, adquiere por consecuencia la obligación de cubrir el tributo correspondiente, dentro del plazo que la ley establezca. Luego conviene señalar en qué consisten los elementos esenciales de los tributos, para lo cual se expresa: Sujeto: los sujetos que intervienen en la relación tributaria son un sujeto activo (acreedor) que se corresponde con el Estado, el cual utiliza sus esferas de competencia para recaudar o cobrar los tributos, así el sujeto activo podrá ser la Federación, las Entidades Federativas o los Municipios y, un sujeto activo (deudor) que son los gobernados o ciudadanos que se colocan o realizan actos que la ley establece y que originan y causan tributos. Objeto: es el acto, actividad o recursos económicos que grava el tributo, es decir, responde a la pregunta ¿qué grava ese tributo?. Base: es el monto o cantidad determinada en moneda del curso legal sobre la cual se aplica la tasa o tarifa de los tributos. Tasa: se trata de los porcentajes o medidas para cuantificar los tributos, las cuales poder ser en cantidad fija, cuota fija o tarifa progresiva, o la combinación de ellas. Época de pago: es la fecha o plazo que se otorga al contribuyente para que pueda cumplir con su obligación de pago tributario. Ahora, en líneas pretéritas se expuso que la equidad como principio tributario significa que se debe tratar como iguales a los que se ubiquen en una misma situación. Sobre el propio tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que conforme al principio de equidad, las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, e incluso, ha señalado que el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, que se sustenten en bases objetivas y no caprichosas, que justifiquen un tratamiento diferente que respondan a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Lo anterior, así se advierte del contenido de la jurisprudencia número P./J. 24/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XI, de marzo de 2000, página 35, que expresa: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales". Así como de la diversa jurisprudencia número P./J. 42/97, del mismo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo V, de junio de 1997, página 36, que dice: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica". Acorde con lo anterior, nuestro máximo órgano de justicia ha determinado los elementos objetivos que permiten delimitar al principio de equidad tributaria, los cuales se encuentran descritos en la jurisprudencia número P./J. 41/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo V, de junio de 1997, página 43, que establece: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional". Conforme con lo anterior, se obtiene que esencialmente la equidad tributaria radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los que se encuentren en situaciones diversas, de manera que, no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a ese principio, siempre y cuando tal distinción se justifique con base en razones objetivas. Por su parte, el principio de proporcionalidad se refiere a que las contribuciones de los gobernados deben ser en proporción a su capacidad contributiva, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos, lo cual se logra través de tarifas progresivas, porque con eso se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Lo anterior así lo ha expuesto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Volumen 187-192, Primera Parte, página 113, que expresa: "PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula." A fin de determinar si los preceptos legales reclamados satisfacen los requisitos constitucionales de que se trata se impone desentrañar los elementos de las contribuciones que prevén y para ello es necesario transcribirlos además de los artículos 23 y 24 de la citada ley de ingresos, los cuales complementan dichos elementos como a continuación se verá: ARTICULO 21. Están obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco. Así como los derechos relacionados con los mismos. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del 2%. ARTICULO 22. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los Municipios del Estado de Guerrero. ARTÍCULO 23. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente. V. Fusión de sociedades. VI. La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII. Constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. VIII. Prescripción positiva. IX. La herencia o la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. X. Enajenación a través del fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso. b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario cedan o pierdan sus derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la fiduciaria o de cualquier persona. c) En el acto de designar fideicomisario si este no se designó al constituirse el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En éstos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones. e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo cuando éste se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto el impuesto correspondiente. XI. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. XII. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. X. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero. ARTICULO 24. Para los efectos de esta ley, la adjudicación de bienes en pago, la que se haga en remate a postor, la cesión onerosa de derechos reales y la dación en pago, se equiparán a la compraventa. ARTÍCULO 25. La base del impuesto será: I.- Tratándose de bienes inmuebles: a). El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores, autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y el valor de operación. b). El 50 por ciento del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50 por ciento restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c). El valor de cada uno de los bienes permutados determinado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. d). En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta fracción. e). Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios, o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta fracción. f). En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario. De los numerales transcritos, se desprende que el impuesto sobre adquisición de inmuebles tiene como elementos tributarios los siguientes: El sujeto: son las personas físicas o morales que adquieran inmuebles ubicados en el municipio de Acapulco, así como los derechos relacionados con los mismos. El objeto: la adquisición de bienes inmuebles que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como los derechos relacionados con los mismos. En efecto, en el artículo 21, se distinguen como hechos imponibles de esa contribución: 1. La adquisición de la propiedad de un inmueble; y, 2. La adquisición de cualquier otro derecho real relacionado con un inmueble. Por su parte en el artículo 23, se especifican algunos actos o hechos jurídicos conforme a los cuales pueden adquirirse esos derechos reales (compraventa con reserva de dominio, dación en pago, usufructo, prescripción positiva, herencia o legado, enajenación a través del fideicomiso, permuta, cesión de derechos por fideicomiso, contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos por arrendamiento financiero, etc). La base gravable: de conformidad con el artículo 25, fracción I, de la citada ley de ingresos la base del tributo que nos ocupa (impuesto sobre adquisición de inmuebles), se tasa en función del valor más alto que resulte de los siguientes tres parámetros, a saber, el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales, y el valor de la operación. La tasa o tarifa: El 2% sobre el valor del inmueble (valor más alto que resulte de los siguientes tres parámetros, a saber, el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales, y el valor de la operación). Así, el objeto de dicho impuesto lo constituye la adquisición de la propiedad de un inmueble, así como de cualquier otro derecho real relacionado con el mismo, lo que significa que el legislador, al fijarlo en los preceptos reclamados, tuvo en consideración la riqueza de manera directa, es decir, la propiedad del patrimonio del sujeto pasivo del impuesto, pues en el impuesto al patrimonio, lo que realmente importa es el valor del bien, al tratarse de un impuesto directo, en el que la propiedad de los bienes inmuebles reflejan la riqueza del propietario en forma inmediata y como consecuencia su capacidad contributiva. Por tanto, si el impuesto sobre adquisición de inmuebles grava la propiedad, o bien cualquier otro derecho real relacionado con un inmueble, resulta válido concluir, que la porción de riqueza considerada como fuente gravada es precisamente la que se halla representada por dicho inmueble, y que, en consecuencia, el monto del gravamen debe fijarse en relación directa con el valor de ese bien (el valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales y el valor de operación) pues el modelo tributario descrito evidencia que su hecho imponible recae sobre el acto de adquisición del bien inmueble objeto del gravamen, lo que revela que un particular cuenta con la capacidad suficiente para aportar una parte de su patrimonio al erario; de ahí que se proporcional dicho tributo, además de ser equitativo porque da un trato igual a todos los sujetos que se encuentran dentro de la misma hipótesis normativa, es decir, no se da un trato distinto a todos los que adquieran bienes inmuebles ubicados en el municipio de Acapulco. En efecto, conforme a las disposiciones reclamadas todos los causantes del impuesto sobre adquisición de inmuebles reciben el mismo tratamiento fiscal, en la medida en que para determinar el monto a pagar, se aplica la misma mecánica que se utiliza en la determinación de la base correspondiente; esto es, se toma en cuenta el valor más alto que resulte de considerar entre el avaluó catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por perito valuadores y el valor de operación; es decir, para que en la especie pudiera estimarse que el impuesto es contraria al principio de equidad tributaria, no puede tomarse en cuenta la forma en que se calcula la base, sino la circunstancia consistente en si las normas que rigen dicho elemento esencial consignan una manera distinta para determinarlo, atendiendo para ello al tipo de inmueble; esto es, si prevén una para los que adquieran sólo el suelo, otra para quienes lo hagan con las construcciones y una más, para los que adquieran el suelo y las construcciones adheridas a él; circunstancia que no acontece en la especie. Por otra parte, el restante motivo de queja también es infundado, pues basta imponerse del recibo oficial exhibido para advertir las disposiciones legales en las cuales se funda su pago y el concepto por el que se erogan las cantidades consignadas; además, el impuesto sobre adquisición de inmuebles al ser una contribución que se puede enterar por propia determinación del particular, su cumplimiento no es atribuido a la autoridad exactora. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación propuesto lo que procede es negar la protección de la justicia federal respecto del acto de aplicación del artículo 21, de la Ley número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, del Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 521/2016, por lo que hace al acto de aplicación reclamado al Director de Ingresos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en términos del tercer considerativo de esta sentencia y respecto del acto de aplicación de los artículos 27, 27 bis, 28, fracción I, 30, 31 y 32, de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, así como de los diversos numerales 51-A y 51-B de la citada legislación, que prevén los impuestos adicionales pro-educación y asistencia social, pro-caminos y certificados catastrales, bajo los argumentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia, SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Raúl Flores Rivas, respecto del acto reclamado precisado en el punto III, del considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerativo de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, asistido por Maria del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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