Raul Flores Pérez

Expediente 324/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
324/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Raul Flores Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que el diecisiete de marzo del presente año, se declaró infundado el incidente de repetición de acto reclamado, y toda vez que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados, realizando manifestaciones únicamente al respecto la parte quejosa, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno3, este órgano colegiado resolvió conceder a RRFP, la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable dejara sin efectos la sentencia reclamada y con plenitud de jurisdicción: "- Estime si acorde a lo dispuesto en los numerales 1186, 1187, 1189, 1190, 1191 y 1192 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, o el marco legal que corresponda, los bienes inmuebles son susceptibles a usucapirse por un contrato verbal de compraventa. - Si quien demanda la usucapión sobre un bien inmueble, y ofrece como prueba para acreditar la posesión, en calidad de propietario, un contrato verbal, acredita el justo título necesario para demostrar que existió un acto traslativo de dominio. - Si quien vendió -AFG- tenía algún título de propiedad a su nombre, que justifique que era dueño del inmueble en cuestión para trasladar la posesión o bien si ello no era necesario para tener por demostrada la causa generadora de la posesión. - Por lo cual, se deben valorar nuevamente las pruebas ofrecidas para acreditar la acción de usucapión." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno4, dejó insubsistente la sentencia reclamada, y el veinte de octubre del año en mención5, con plenitud de jurisdicción emitió una nueva en la que: Determinó que de conformidad con los artículos 1186, 1187, 1189, 1190, 1191 y 1192 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los bienes inmuebles son susceptibles a usucapirse por un contrato verbal de compraventa. Asimismo, que la actora reconvencional YFC celebró contrato verbal de compraventa con AFG, respecto de la primera fracción de un sitio para construcción ubicado ***. Igualmente, que a través del mencionado contrato fue suficiente para justificar la transmisión de dominio del bien inmueble a usucapir. Que a través de los medios de prueba (confesional, declaración de partes, inspección judicial, pericial, documental pública, documental privada y presuncional legal y humana) resultaron suficientes para acreditar que YFC adquirió por usucapión el inmueble citado. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en ejercicio de la plenitud jurisdiccional que se le otorgó, dio cumplimiento al fallo protector, como se corrobora de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, son inatendibles por la siguiente consideración. El análisis que este órgano colegiado hace del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tiene por objeto examinar si la autoridad se ciñó a observar lo estrictamente determinado en el fallo protector, debiendo para ello, realizar todos y cada uno de los actos determinados en el mismo; y no así, que a través del mismo, este tribunal se ocupe de analizar la legalidad de la resolución que se haya emitido para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, como lo pretende el inconforme al realizar diversas manifestaciones en cuanto al fondo del asunto; en tanto que para ello, en todo caso tiene expedito su derecho para hacer valer lo que legalmente corresponda. Por ello, los argumentos expuestos, no pueden ser materia del presente estudio; por tanto, lo manifestado por el inconforme, debe ser analizado en otra vía y no en ésta. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que el diecisiete de marzo del presente año, se declaró infundado el incidente de repetición de acto reclamado, y toda vez que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados, realizando manifestaciones únicamente al respecto la parte quejosa, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno3, este órgano colegiado resolvió conceder a RRFP, la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable dejara sin efectos la sentencia reclamada y con plenitud de jurisdicción: "- Estime si acorde a lo dispuesto en los numerales 1186, 1187, 1189, 1190, 1191 y 1192 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, o el marco legal que corresponda, los bienes inmuebles son susceptibles a usucapirse por un contrato verbal de compraventa. - Si quien demanda la usucapión sobre un bien inmueble, y ofrece como prueba para acreditar la posesión, en calidad de propietario, un contrato verbal, acredita el justo título necesario para demostrar que existió un acto traslativo de dominio. - Si quien vendió -AFG- tenía algún título de propiedad a su nombre, que justifique que era dueño del inmueble en cuestión para trasladar la posesión o bien si ello no era necesario para tener por demostrada la causa generadora de la posesión. - Por lo cual, se deben valorar nuevamente las pruebas ofrecidas para acreditar la acción de usucapión." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que mediante acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno4, dejó insubsistente la sentencia reclamada, y el veinte de octubre del año en mención5, con plenitud de jurisdicción emitió una nueva en la que: Determinó que de conformidad con los artículos 1186, 1187, 1189, 1190, 1191 y 1192 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los bienes inmuebles son susceptibles a usucapirse por un contrato verbal de compraventa. Asimismo, que la actora reconvencional YFC celebró contrato verbal de compraventa con AFG, respecto de la primera fracción de un sitio para construcción ubicado ***. Igualmente, que a través del mencionado contrato fue suficiente para justificar la transmisión de dominio del bien inmueble a usucapir. Que a través de los medios de prueba (confesional, declaración de partes, inspección judicial, pericial, documental pública, documental privada y presuncional legal y humana) resultaron suficientes para acreditar que YFC adquirió por usucapión el inmueble citado. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en ejercicio de la plenitud jurisdiccional que se le otorgó, dio cumplimiento al fallo protector, como se corrobora de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, son inatendibles por la siguiente consideración. El análisis que este órgano colegiado hace del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tiene por objeto examinar si la autoridad se ciñó a observar lo estrictamente determinado en el fallo protector, debiendo para ello, realizar todos y cada uno de los actos determinados en el mismo; y no así, que a través del mismo, este tribunal se ocupe de analizar la legalidad de la resolución que se haya emitido para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, como lo pretende el inconforme al realizar diversas manifestaciones en cuanto al fondo del asunto; en tanto que para ello, en todo caso tiene expedito su derecho para hacer valer lo que legalmente corresponda. Por ello, los argumentos expuestos, no pueden ser materia del presente estudio; por tanto, lo manifestado por el inconforme, debe ser analizado en otra vía y no en ésta. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Del estado procesal que guardan los autos del presente asunto, se advierte que por resolución de diecisiete de marzo anterior, se declaró infundado el incidente de repetición del acto reclamado 1/2021 derivado del presente asunto; en tales condiciones, se ordena continuar con el trámite del asunto, a efecto de que se emita la resolución relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 2,480 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano