Raúl Flores Morales

Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
448/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2021

Partes del expediente

  • Raúl Flores Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, el cual transcurrió del treinta y uno de mayo al cuatro de junio, ambos de dos mil veintiuno; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Ahora bien, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    ...Agréguese a sus autos el oficio número 1745/2021, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo número..., así como el acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, emitido dentro de la queja civil número 60/2021, por medio del cual declaró firme el diverso acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó por improcedente el recurso de queja hecho valer; acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se levanta la suspensión del procedimiento en el presente juicio de amparo, decretada en auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte. Se señalan las TRECE HORAS CON TRES MINUTOS DEL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia Constitucional. Ahora bien, y toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se glosen al presente expediente, por lo que únicamente se agregaran aquellas constancias que en original obren en dicho cuaderno. Por otra parte, tomando en consideración que por acuerdos de dieciocho de marzo y veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se reservó dar vista a las partes en el presente juicio con el primero de ellos, respecto de que se tuvo como autoridad sustituta del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Michoacán, al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; por tal motivo, con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, misma que rindió su informe justificado que le fue solicitado y que fue acordado en el segundo de los citados proveídos, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: ...Vista la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Zacapu, Michoacán; se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número... Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XV, del artículo 61, en relación con las fracciones III y V, del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;". "Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. (.) Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: (.) III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así como en materia de revocación de mandato; (.) V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;". En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: "Lo constituye la NEGATIVA del instituto nacional electoral (INE) de entregarme mi credencial de elector.". Ahora bien, de los artículos antes transcritos, se advierte de manera expresa la causa de improcedencia prevista por la ley de la materia y la Constitución Federal, en contra de actos en materia electoral, entendiendo éstos también como actos distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados por el Tribunal Electoral. Asimismo, se debe precisar que el carácter electoral de los actos reclamados, no solamente se desprende en razón de que éstos sean atribuidos a autoridades electorales, sino que tal carácter electoral también debe desprenderse del contenido material de los propios actos, es decir, que los mismos sean de contenido propiamente electoral y versen sobre los derechos políticos de la parte solicitante, siendo en ese caso procedentes los medios de impugnación previstos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la cual es competente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, para esclarecer qué se entiende por materia electoral, cabe señalar que, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1043/2007, estableció criterios que permiten dilucidar cuándo un acto o norma general es de contenido puramente electoral por incidir sobre derechos político-electorales, lo que permite distinguir los casos que se refieran exclusivamente sobre derechos fundamentales. Al respecto, en el invocado precedente se estableció lo siguiente: ""De los criterios a que se ha hecho referencia, se obtiene lo siguiente: La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución, a saber, la de los titulares del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo (en ambos tanto federales como locales), así como los integrantes de los Ayuntamientos (presidente municipal, regidores y síndicos). También forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole, esto es, las funciones de las autoridades electorales y la creación de órganos administrativos para fines electorales, la organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites a las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos, faltas administrativas y sus sanciones, distritación o redistritación, etcétera. Así, conforme a lo que se ha razonado y a lo que se desprende de los diferentes criterios del Tribunal Pleno a que se ha hecho referencia, y con la salvedad respecto a la improcedencia del juicio de amparo en contra de las resoluciones que pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, con independencia del contenido material sobre el que versen, se sigue que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o que una resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que correspondan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido verse sobre procesos electorales o sobre el ejercicio de los derechos político -electorales, o bien, se relacionen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos de una u otra manera, pues el juicio de garantías, excepcionalmente, procederá contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a este tema y, por tanto, no implique el análisis de cuestiones electorales, las involucre o pueda influir en ellas.". Lo anterior es de esta forma, según se desprende del contenido de la tesis número P. LX/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 5, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168997, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables.". Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 10/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 140, de rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES EN CONFLICTOS RELATIVOS A LOS HABERES DE RETIRO DE LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRARON, AL NO TRATARSE, EN ESTRICTO SENTIDO, DE LA MATERIA ELECTORAL.". De lo anterior, se desprende lo siguiente: 1) La materia electoral comprende las cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección previstos directamente en la Constitución. 2) También forman parte de la materia electoral otros aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como las cuestiones propiamente organizativas, administrativas y de otra índole. 3) No basta que una resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que es necesario que correspondan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido verse sobre procesos electorales o sobre el ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, se relacionen directa o indirectamente con tales procesos o puedan influir en ellos de una u otra manera. De lo hasta aquí destacado se concluye que el acto reclamado, como se adelantó, es materialmente electoral y por ese solo hecho el juicio de amparo es improcedente, en términos de la fracción XV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia de la vía constitucional contra resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Lo anterior, porque como se destacó, el quejoso reclama como acto destacado la negativa de expedición de la credencial para votar, lo cual atribuye al Instituto Nacional Electoral; de esa manera es claro que reclamó un acto de una autoridad electoral, porque conforme el artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución Federal, dicho instituto es un organismo público autónomo, autoridad en la materia electoral, encargado de la función estatal de organizar las elecciones. En efecto, en términos del artículo 131, puntos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo el deber de incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la credencial para votar, cuyo documento es indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. Luego, a fin de obtener la expedición de aquélla, los ciudadanos deben seguir el procedimiento que regulan los artículos 135 y 136 de la citada ley general, a fin de que la dirección ejecutiva del registro federal de electores proceda a la emisión del referido documento, según lo establece el precepto 134 del aludido ordenamiento legal. De manera que la emisión y entrega de la credencial para votar se regula por la normativa electoral, está a cargo de una autoridad en tal materia y es el documento indispensable para ejercer el derecho de voto, el cual constituye una de las prerrogativas político-electorales que dispone el artículo 35, fracción I, de la Constitución federal, a favor de los ciudadanos mexicanos. Esto es, el derecho al voto, como derecho fundamental, se encuentra sujeto a limitaciones constitucionales y legales. En ese sentido, la ciudadanía debe cumplir con las obligaciones relativas a la obtención oportuna de la credencial para votar e inscripción en el Padrón Electoral dentro de los plazos señalados para tal fin ante el Instituto Nacional Electoral. De ahí, que no obsta a lo anterior el hecho de que el quejoso alegara transgresión a sus derechos fundamentales, al no actualizarse una excepción a la hipótesis de improcedencia relativa a la impugnación de actos en materia electoral, por alegarse exclusivamente violaciones a derechos ajenos a esa materia. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 743/2005, estableció que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de amparo. Sin embargo, también estableció que dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control de la constitucionalidad se combate la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden exclusivamente sobre cuestiones electorales. Lo anterior, en virtud de que cuando el ejercicio de los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esté estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, el examen de los actos de autoridad que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, no puede efectuarse a través del juicio de amparo. Concluyendo que el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el procedimiento electoral impugnado viola otros derechos fundamentales, como el de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hace procedente tal medio de control de la constitucionalidad, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema de justicia electoral mexicano. Del criterio expuesto se colige que lo objetivamente relevante para determinar la actualización del supuesto de excepción al que se hizo referencia, consiste en que el tema a analizar verse únicamente sobre la transgresión a derechos constitucionales, sin que esté inmiscuida de algún modo la materia electoral, pues, en tal supuesto, la violación debe combatirse a través del sistema judicial de tutela de derechos de esa naturaleza. Del criterio anterior, derivó la tesis P. II/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 103, que dice: "DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, excepcionalmente, cuando junto con la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de garantías; sin embargo, dicha excepción no se actualiza cuando a través de ese medio de control se pretende combatir la violación de derechos políticos que, aun cuando pueden constituir un derecho fundamental, inciden totalmente sobre cuestiones electorales, esto es, sobre el proceso o contienda electoral, ya que cuando el ejercicio de las garantías y prerrogativas que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentre estrechamente vinculado con el sistema de justicia electoral, su examen debe hacerse conforme a los artículos 41 y 116, fracción IV, constitucionales, que regulan los aspectos relacionados con la participación del pueblo en la vida democrática del país y el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por consiguiente, el hecho de que en un juicio de amparo, el quejoso considere que el ordenamiento electoral impugnado viola el ejercicio de algún derecho político (como el de ser votado para un cargo de elección popular), además de otros derechos fundamentales, como el de igualdad, no discriminación, asociación política, libertad de trabajo, etcétera, no hace procedente tal medio de control constitucional, pues el análisis de dichas violaciones tendrá que realizarse de acuerdo con el sistema electoral mexicano, esto es, a través de la acción de inconstitucionalidad y del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano." Hipótesis de excepción que, en el caso no se actualiza, pues el quejoso acudió al amparo a cuestionar la negativa de otorgarle la credencial para votar, lo cual, como se dijo, es un acto de naturaleza electoral, toda vez que dicho documento constituye el requisito indispensable para ejercer el derecho político electoral de votar, en términos del artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De ahí que el acto está vinculado al derecho político electoral de votar. Cobra aplicación, como criterio orientador, la jurisprudencia 16/2008, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "CREDENCIAL PARA VOTAR. LA NO EXPEDICIÓN, SIN CAUSA JUSTIFICADA, TRANSGREDE EL DERECHO AL VOTO.- De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 175 y 176 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se sigue que, para ejercer el derecho de voto, los ciudadanos deben solicitar su inscripción en el Registro Federal de Electores y obtener su credencial para votar, para lo cual, cumplidos los requisitos legales, el Instituto Federal Electoral los debe incluir en el Registro Federal de Electores, expedirles su credencial e incorporarlos a la lista nominal de electores, correspondiente a su domicilio. De esta forma, si la autoridad administrativa electoral niega la expedición de la credencial para votar, sin causa justificada, por ejemplo, por razones técnico-administrativas, no imputables al ciudadano, tal actuación transgrede el derecho de voto, ya que el funcionamiento del sistema de expedición del citado documento, es responsabilidad exclusiva del Instituto Federal Electoral.". Máxime, que la credencial para votar si bien sirve como documento de identificación oficial, esta cuestión es accesoria, ya que su característica principal -con independencia de su uso como tal- es que constituye el documento oficial necesario para ejercer el derecho al voto; por lo que su emisión o no expedición no puede ser analizada exclusivamente a partir de ser un documento identificatorio, dado que el sistema de expedición está a cargo de la autoridad electoral, a partir de la inscripción y actualización de datos en el registro federal de electores, por lo que es un instrumento jurídico regulado en tal materia. Sirve de apoyo, como criterio orientador, la tesis XV/2011, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. AL PERDER VIGENCIA COMO INSTRUMENTO ELECTORAL, TAMBIÉN LA PIERDE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL.". En ese sentido, al no poder desvincularse la conducta negativa atribuida a la autoridad señalada como responsable que reclamó el inconforme, del contexto del que deriva, esto es, la defensa de derechos político-electorales, por la falta de emisión de la credencial para votar, es inconcuso que su examen no es factible mediante el juicio de amparo. Pues de tramitarse el juicio de amparo contra la negativa que reclama el inconforme, la materia de fondo estaría vinculada con el acreditamiento o no de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para la expedición del aludido documento, y en la eventualidad de que se considerara procedente la emisión de la credencial, ello estaría a cargo de la autoridad competente en la materia electoral. De manera que, la pretensión de obtener la credencial para votar sí está vinculada a la materia electoral, pues se relaciona con los derechos político-electorales del ciudadano, temática que es ajena al juicio de amparo. Máxime si se tiene en cuenta que con ello no se deja en estado de indefensión al quejoso porque a través de los medios de defensa relativos al sistema de tutela de derechos electorales, es viable el análisis del acto combatido, a la luz de la posible transgresión de derechos constitucionales. Ello, en términos del artículo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que prevé un medio de defensa para tal efecto. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal en calle..., en esta ciudad, autorizando para tal efecto a..., quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número..., que acredita al citado autorizado como licenciado en derecho, no así a..., en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la citada profesión, por ser la materia del presente asunto el naturaleza administrativa. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,297 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano