Raúl Flecha Díaz
Expediente 1285/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1285/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2023
Partes del expediente
- Raúl Flecha Díaz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******************** Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20 antes mencionado, del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos susceptibles de devolución exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Raúl Flecha Díaz, contra el acto y autoridad que indica. TRÁMITE. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado bajo el número 1285/2023-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico relativo al juicio de amparo, y en su caso, al incidente de suspensión que derive del mismo, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones, etcétera) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE, OFICIAL JUDICIAL "A" Y ACTUARIOS ADSCRITOS. Se instruye al Secretario del Juzgado adscrito, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo,1 que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.2 Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de la Jueza de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas, lo siguiente: ? La resolución emitida en audiencia de diez de julio de dos mil veintitrés, dictada en el cuadernillo de control judicial 491/2022 de su índice, en la que confirma el archivo definitivo por atipicidad en el registro de atención 0405- 101-1301-2022, dictada por el Fiscal del Ministerio Público Investigador 13 adscrito al Área de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.3 ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.4 Ahora bien, respecto al acto reclamado, oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia,5 misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto al acto que reclama el accionante de los derechos fundamentales. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad.6 De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: 1. Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; 2. Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y 3. Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, toda vez que este resulta ser la resolución dictada el diez de julio de dos mil veintitrés, en el Cuadernillo de Control Judicial número 491/2022 en la que confirma el archivo definitivo por atipicidad en el Registro de Atención 0405- 101-1301-2022, dictado el Fiscal del Ministerio Público Investigador 13, adscrito al Área de Investigación y Judicialización de la Fiscalía de Combate a la Corrupción dependiente de la Fiscalía General del Estado, lo cual afecta a su esfera jurídica, pues al declararse el no ejercicio de la acción penal y ser confirmada por el juez de control, no solo se constriñe a ser un acto declarativo, sino que su pronunciamiento puede conllevar a que haya consecuencias jurídicas susceptibles de causar agravio a quien tiene la calidad de víctima. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado; esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo,7 éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días; en tanto que el numeral 18, de la propia ley,8 establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se ostentó sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18, de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que hubiera tenido conocimiento de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado.9 En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32,10 de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". (El énfasis es propio) Así, de la demanda de amparo, se aprecia que el plazo para promover la demanda de amparo, fue a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el diez de julio del año en curso, fecha en la que se llevó a cabo la audiencia de control judicial 491/2022, y la cual fue notificada en esa misma fecha, como se advierte del análisis integral de la demanda de garantías, la cual es una confesión expresa, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, y la cual no ha sido declarada nula. Es aplicable la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se reproduce a continuación: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. 12 En consecuencia, el término para presentar la demanda de amparo venció el uno de agosto de dos mil veintitrés, pues tuvo conocimiento el diez de julio del año en curso y empezó a transcurrir a partir al día siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la determinación que reclama; es decir, el doce de julio siguiente, de conformidad con los artículos 82 fracción I inciso a) y 84 párrafo primero, última parte, del Código Nacional de Procedimientos Penales,13 sin contar los días que mediaron como inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19, de la Ley de la Amparo,14 y el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.15 En ese sentido, si el solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, fecha en la que presentó su demanda en el buzón judicial establecido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia de Cintalapa de Figueroa, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja de la demanda de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17, de la Ley de Amparo. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario. ... Fecha en que presentó su demanda de amparo. De igual forma, debe establecerse que los actos reclamados no se ubican en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, conforme a la Ley de Amparo se tiene que el plazo para presentar la demanda de amparo contra el acto aquí reclamado feneció en exceso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO analizada. Por las razones que informa, al efecto se invoca la jurisprudencia: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.16 DOMICILIO, AUTORIZADOS, EXPEDIENTE, CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Luis Gerardo Jiménez Cruz, toda vez que tiene inscrita su cédula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, misma que lo acredita como licenciado en derecho. Asimismo, de conformidad con el artículo 12, en relación con el diverso, 24, de la ley de la materia, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Sergio Cruz Sánchez, Dilsia Selene Alfaro Nuñez, Lester Corzo Solar, Carolina Esmeralda Dominguez López, Fernanda Sofía Alvarado Martínez y Víctor Ariosto Sánchez López, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, atento a lo peticionado por dicha parte procesal, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario "LUISGEJC", para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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