Raúl Figueroa Romero
Expediente 24/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Raúl Figueroa Romero
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta que antecede y el estado procesal en que se encuentra el presente juicio de amparo, se advierte que el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo y se notificó a la parte quejosa por lista el veintiocho de enero siguiente, por lo que a la fecha transcurrió el plazo para interponer recurso de queja. En ese contexto, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiuno de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Vista; la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la Institución bancaria Banorte, sucursal 2990, con residencia en esta ciudad. (...) Es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas, la Ley de Amparo instituye las reglas y formas en que los procedimientos se substanciarán y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, en concordancia con los preceptos 6, 10, 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte. En esa tesitura, del artículo 3º de la Ley de Amparo se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, mediante los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros constituidos para su procedencia. De esta manera, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y que no se requerirá firma electrónica, cuando el amparo se promueva en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por otro lado, es menester resaltar que los artículos 6, 10, 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es ineludible que cuenten con firma electrónica reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema y vincular dicho registro con su firma electrónica. También, se prevé que las partes podrán promover, esto es, presentar solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, así como acceder a los expedientes electrónicos, mediante el uso de Firma Electrónica. De igual forma, en los indicados preceptos legales se instaura como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a los numerales 10 y 45 del Acuerdo General 12/2020 de referencia, se tiene que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente. Por su parte, el artículo 52, párrafo tercero, del Acuerdo en comento, señala que cada documento electrónico que se reciba, contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de ésta. Se estima pertinente destacar que el numeral citado en último lugar, si bien se encuentra en la sección tercera, nombrada "De la presentación de promociones y recursos" y no en la sección segunda que regula la presentación de demandas, ambas correspondientes al capítulo quinto denominado "De la presentación de solicitudes, demandas, incidentes, promociones y recursos por vía electrónica", lo cierto es que ese precepto también resulta aplicable en tratándose de los escritos iniciales de demanda de amparo, pues todo documento que se genere de forma electrónica con la firma correspondiente contendrá una evidencia que corrobora que se trata de un documento signado de manera digital. Empero, en el caso sometido a escrutinio, se obtiene que el escrito de cuenta, incumple con lo previsto en los aludidos preceptos legales, al no contener Firma Electrónica del aparente quejoso, conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, desechar de plano la demanda. Al respecto, se destaca que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, quien esto provee estima se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los invocados ordinales a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley.El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De la intelección de los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. El numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En efecto, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa; por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de ella, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda. Bajo ese tenor, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Simultáneamente, es importante subrayar que del contenido de los artículos 10, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es ineludible que la parte promovente ingrese el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó cuando se registró conforme al numeral 16 del citado Acuerdo General, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo e indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. En ese orden de ideas, del ocurso de mérito no se advierte evidencia criptográfica que denote alguna firma electrónica de quien la promueve, el cual es un requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, lo que, como se señaló, surte los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, asociado a que de la misma, se infiere, no se está en un caso de excepción, en virtud de que la quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los que enseguida se precisarán: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: LA INSTITUCIÓN CREDITICIA DE NOMBRE COMERCIAL BANORTE, SUCURSAL 2990. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LO CONSTITUYE LA ORDEN DE BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN SOBRE MI CUENTA BANCARIA DE NÓMINA BANORTE SIN CHEQUERA, EN EL BANDO DENOMINADO BANORTE, DE LA SUCURSAL MINA 2990 CON NÚMERO DE CUENTA 0401013049 POR LA CANTIDAD DE $6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La lectura de lo antepuesto, permite al Juzgador Federal considerar que los actos tildados de inconstitucionales, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. No obstante, en el caso, la demanda de amparo que nos ocupa, tal como se especificó en líneas que anteceden, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica, por lo que no se aprecia la manifestación de la voluntad del promovente de instar el juicio constitucional, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica de éste, el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En consecuencia, ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y se encuentra vigente, el parte promovente de este juicio de amparo, omitió manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, en relación con la certificación secretarial realizada respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta, por haberse presentado sin firma electrónica (evidencia criptográfica). Lo anterior, se reitera, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente y, ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de amparo o mediante la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda, lo que lleva a concluir que la ausencia de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Por tanto, del indicado ocurso se confirma la ausencia de una evidencia criptográfica, que denote firma electrónica de quien la promueve, requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, la cual se insiste, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6 éstos de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo que presentó vía electrónica Raúl Figueroa Romero, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia...
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, así como del numeral 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se notifica por medio de lista a la PARTE QUEJOSA, el proveído de VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, en virtud de que no compareció ante este juzgado de Distrito, a notificarse personalmente dentro de los dos días hábiles siguientes, a la fecha en que se dejó aviso en la puerta del domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones. El referido auto en síntesis dice: "...Vista; la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la Institución bancaria Banorte, sucursal 2990, con residencia en esta ciudad. (...) Es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas, la Ley de Amparo instituye las reglas y formas en que los procedimientos se substanciarán y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, en concordancia con los preceptos 6, 10, 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte. En esa tesitura, del artículo 3º de la Ley de Amparo se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, mediante los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros constituidos para su procedencia. De esta manera, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, la que producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa y que no se requerirá firma electrónica, cuando el amparo se promueva en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por otro lado, es menester resaltar que los artículos 6, 10, 16, 17, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es ineludible que cuenten con firma electrónica reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema y vincular dicho registro con su firma electrónica. También, se prevé que las partes podrán promover, esto es, presentar solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, así como acceder a los expedientes electrónicos, mediante el uso de Firma Electrónica. De igual forma, en los indicados preceptos legales se instaura como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en las que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a los numerales 10 y 45 del Acuerdo General 12/2020 de referencia, se tiene que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda se agregará la firma electrónica vigente. Por su parte, el artículo 52, párrafo tercero, del Acuerdo en comento, señala que cada documento electrónico que se reciba, contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de ésta. Se estima pertinente destacar que el numeral citado en último lugar, si bien se encuentra en la sección tercera, nombrada "De la presentación de promociones y recursos" y no en la sección segunda que regula la presentación de demandas, ambas correspondientes al capítulo quinto denominado "De la presentación de solicitudes, demandas, incidentes, promociones y recursos por vía electrónica", lo cierto es que ese precepto también resulta aplicable en tratándose de los escritos iniciales de demanda de amparo, pues todo documento que se genere de forma electrónica con la firma correspondiente contendrá una evidencia que corrobora que se trata de un documento signado de manera digital. Empero, en el caso sometido a escrutinio, se obtiene que el escrito de cuenta, incumple con lo previsto en los aludidos preceptos legales, al no contener Firma Electrónica del aparente quejoso, conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, desechar de plano la demanda. Al respecto, se destaca que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En la especie, quien esto provee estima se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los invocados ordinales a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso;c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley.El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita."Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.(.)" De la intelección de los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. El numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3°, de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En efecto, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa; por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de ella, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda.Bajo ese tenor, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Simultáneamente, es importante subrayar que del contenido de los artículos 10, 45 y 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es ineludible que la parte promovente ingrese el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó cuando se registró conforme al numeral 16 del citado Acuerdo General, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo e indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. En ese orden de ideas, del ocurso de mérito no se advierte evidencia criptográfica que denote alguna firma electrónica de quien la promueve, el cual es un requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, lo que, como se señaló, surte los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, asociado a que de la misma, se infiere, no se está en un caso de excepción, en virtud de que la quejosa, señala como autoridades responsables y actos reclamados los que enseguida se precisarán: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: LA INSTITUCIÓN CREDITICIA DE NOMBRE COMERCIAL BANORTE, SUCURSAL 2990. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- LO CONSTITUYE LA ORDEN DE BLOQUEO O INMOVILIZACIÓN SOBRE MI CUENTA BANCARIA DE NÓMINA BANORTE SIN CHEQUERA, EN EL BANDO DENOMINADO BANORTE, DE LA SUCURSAL MINA 2990 CON NÚMERO DE CUENTA 0401013049 POR LA CANTIDAD DE $6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). La lectura de lo antepuesto, permite al Juzgador Federal considerar que los actos tildados de inconstitucionales, no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. No obstante, en el caso, la demanda de amparo que nos ocupa, tal como se especificó en líneas que anteceden, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica, por lo que no se aprecia la manifestación de la voluntad del promovente de instar el juicio constitucional, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica de éste, el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En consecuencia, ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y se encuentra vigente, el parte promovente de este juicio de amparo, omitió manifestar su voluntad para dar inicio a la presente instancia constitucional. Así las cosas, en relación con la certificación secretarial realizada respecto de la presentación de tal documento y los diversos razonamientos esgrimidos, se advierte que no se puede dar valor probatorio alguno a la demanda de cuenta, por haberse presentado sin firma electrónica (evidencia criptográfica).Lo anterior, se reitera, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente y, ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de amparo o mediante la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda, lo que lleva a concluir que la ausencia de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional.Por tanto, del indicado ocurso se confirma la ausencia de una evidencia criptográfica, que denote firma electrónica de quien la promueve, requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, la cual se insiste, tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese orden de ideas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el precepto legal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 3, 5 y 6 éstos de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo que presentó vía electrónica Raúl Figueroa Romero, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia..."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,067 expedientes
- Raúl Chagoya Palma454/2015
- Raúl De la Cruz Delgado y Otros.570/2016
- Raúl Eliseo Barrera Zuñiga583/2002
- Raúl Ernesto Guevara Sandoval966/2021
- Raúl Esponda Rodríguez157/2014
- Raúl Figueroa Romero20/2021
- Raúl Francisco Suastegui Regalado20/2019
- Raúl García Morales634/2016
- Raúl González Becerril246/2018
- Raúl Israel Ibarra Berber156/2014
- Raúl Jiménez Méndez1038/2014
- Raúl Lobato Valdeolivar y Otros.40/2019